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SALA PENAL DE APELACIONES ADMITE RECURSO DE CASACIÓN DEL EXVOCERO AYMARA WALTER ADUVIRI

 

Como se recuerda en agosto de 2019, Walter Aduviri Calisaya fue sentenciado por el Juzgado Colegiado Penal de Puno, a seis años de prisión efectiva y al pago de dos millones de soles de reparación civil a favor del Estado peruano; la misma que fue ratificada en diciembre del mismo año por la Sala Penal de Apelaciones de la Corte Superior de Justicia de Puno.

Magistrados de la Primera Sala de Apelaciones de la Corte Superior de Justicia de Puno

Ante esta situación, la defensa del exvocero aymara interpuso recurso de casación contra la sentencia de vista de causa, que confirma la sentencia condenatoria contra Aduviri Calisaya por los hechos ocurridos en el año 2011 conocido como el Aymarazo.

Esta fue concedida por la Sala Penal de Apelaciones de Puno; lo que implica la elevación del proceso a la Corte Suprema del Perú por segunda vez, para que ésta se pronuncie excepcionalmente en última y definitiva sobre el recurso de casación que busca anular la sentencia confirmatoria.

             Sentencia

Exvocero aymara Walter Aduviri Calisaya

Por las protestas sociales suscitadas en 2011 (caso Aymarazo) Walter Aduviri fue sentenciado a seis años de pena privativa de libertad efectiva como coautor no ejecutivo, por el delito de disturbios; además del pago de 2 millones de soles de reparación civil a favor del Estado.

En la actualidad cumple condena en el recinto Penitenciario de Yanamayo-Puno desde 26 de agosto de 2019.

APELAN LA SENTENCIA CONDENATORIA CONTRA EXVOCERO AYMARA WALTER ADUVIRI

Abogado Pablo Ricardo Abdo, defensa del exvocero Aymara, Walter Aduviri Calisaya, interpuso recurso de apelación contra la sentencia condenatoria dada por el Juzgado Penal Colegiado de Puno.

El documento de apelación fue remitido a las Juezas del Juzgado Penal Colegiado Supraprovincial de Puno, pidiendo la revocatoria de la sentencia, y la absolución de toda la responsabilidad penal y civil, seguidamente el archivamiento del caso. En otro extremo, también la defensa solicitó la anulación de la sentencia, con la posibilidad de que se realice nuevo juzgamiento con la designación de un nuevo colegiado.

Dentro de los argumentos se pide la suspensión de la condena contra Aduviri, ya que este cumple deberes de funcionario público en Puno, que no han sido cuestionados en el proceso penal. También se indica que lo que hizo Aduviri fue afirmar un arraigo natural, respecto de las labores que el mandato del pueblo le confiere. Para la defensa técnica, la decisión del juzgado causa perjuicio al necesario funcionamiento de las actividades administrativas del gobierno de Puno. Legis.pe tuvo acceso a la apelación completa:

Como se conoce Walter Aduviri Calisaya exvocero Aymara fue condenado 6 años de prisión efectiva y el pago de 2 millones de soles de reparación civil, esto por los hechos ocurridos en el año 2011 conocido como el Aymarazo; lucha de las comunidades aymaras de la zona Sur de la región de Puno contra el proyecto minero Santa Ana, empresa de origen canadiense.  En la sentencia se atribuye el grado de participación como coautor no ejecutivo por atentar la tranquilidad pública.

Aduviri Calisaya actualmente se encuentra purgando condena en el penal de máxima seguridad de Yanamayo, ubicado en la zona de Alto Puno.

 Clic aquí para descargar la apelación

2020 EL AÑO DE LA SALUD

El presente año 2020 fue designado con el nombre de “Año de la Universalización de la Salud”. Llama bastante la denominación del año que nos rige.

Al respecto, unas breves consideraciones.

Derecho a la salud.

Junto con otros derechos, la salud es uno de los derechos que no viene siendo respetado en nuestro país como se debiera, quedando aún pendiente ser cubierto a favor de la totalidad de las personas, sobre todo a quienes conforman poblaciones vulnerables, tales como niños, niñas y adolescentes, mujeres en estado de gravidez, adultos mayores, personas con capacidades diferentes, personas en situación de pobreza extrema, entre otros.

La OBLIGACIÓN (subrayemos esta palabra) del Estado deviene en acciones tendentes a PREVENIR los daños a la salud de las personas, CONSERVAR las condiciones necesarias que aseguren el efectivo ejercicio de este derecho, y ATENDER, con la urgencia y eficacia que el caso exija, las situaciones de AFECTACIÓN A LA SALUD DE TODA PERSONA.

Si  buscamos una “definición” al derecho a la salud, El Tribunal Constitucional la ha fijado como «la facultad que tiene todo ser humano de mantener la normalidad orgánica funcional, tanto física como mental; y de restablecerse cuando se presente una perturbación en la estabilidad orgánica y funcional de su ser, lo que implica, por tanto, una acción de conservación y otra de restablecimiento; acciones que el Estado debe proteger tratando de que todas las personas, cada día, tengan una mejor calidad de vida, para lo cual debe invertir en la modernización y fortalecimiento de todas las instituciones encargadas de la prestación del servicio de salud, debiendo adoptar políticas, planes y programas en ese sentido». (STC. 2945-2003-AA/TC; FJ. 28)

Salud ambiental.

La obligación del Estado de atender la salud no sólo se restringe cuando una enfermedad o alguna infección afecte a las personas y estos tengan la necesidad de acudir a un centro de salud. La presencia del Estado también debe manifestarse al atender la salud ambiental de la población cuando esta sufra contaminación por metales tóxicos producto de actividades extractivas como la minería y la explotación de hidrocarburos u otra actividad.

Son miles los casos de personas afectadas por metales tóxicos en el país, focalizadas en 17 regiones, incluyendo sobre todos territorios de comunidades indígenas que se encuentran expuestas a diversas fuentes de contaminación que involucran diversos sectores económicos.

Y nuestra región de Puno no es ajena a esta situación de afectación medioambiental. Son varias las comunidades campesinas que se encuentran afectadas por contaminación por metales tóxicos. Las cuencas de Llallimayo, del Ramis y del Coata (a la fecha declarado en estado de emergencia medioambiental) son muestras fehacientes de lo que la explotación minera irresponsable puede generar en la salud de la gente. La identificación de las personas intoxicadas, su atención, seguimiento, control y remediación en su salud son temas que se espera sean tomados en cuenta en este año y conforme al trabajo multisectorial necesario desde las distintas instancias del Gobierno, se aúnan fuerzas para que los niños, niñas, adolescentes, madres gestantes, ancianos y demás población vulnerable, vean su necesidad urgente de atención medica al fin cubierta.

Esperamos que los esfuerzos que venimos emprendiendo la Plataforma Nacional de Personas Afectadas por Metales Tóxicos, las organizaciones sociales y las instituciones que venimos trabajamos por la vigencia del derecho a la salud ambiental, nos traigan más logros y resultados que se deseamos, y que toda la población sea atendida conforme a las políticas de atención integral e implementación lineamientos que despliegue el aparato estatal en este 2020 que empieza a correr.

Puno, enero de 2020

 

José Bayardo Chata Pacoricona

Derechos Humanos y Medio Ambiente (DHUMA)

SOLICITAN QUE LA APELACIÓN DEL EXVOCERO AYMARA WALTER ADUVIRI SE DESARROLLE EN OTRO DISTRITO JUDICIAL.

El argumento de trasladar a otro Distrito Judicial el proceso desarrollado hasta este momento en Puno contra exvocero Aymara Walter Aduviri Calisaya; se fundamenta en los últimos hechos registrados en la ciudad de Puno e interior de la región; donde pobladores de las comunidades campesinas realizaron “movilizaciones” en solidaridad con el exvocero Aymara, sentenciado a 6 años de prisión efectiva y pago de dos millones de soles de reparación civil a favor del Estado.

Guadalupe Manzaneda Peralta, Fiscal de la Segunda Fiscalía Superior Penal de Puno, remitió el documento pidiendo al Presidente de la Sala Penal de Apelaciones de la Corte Superior de Justicia de Puno, la transferencia de competencia en el proceso seguido contra exvocero Aymara Walter Aduviri Calisaya por el delito de disturbios en agravio del Estado Peruano.

En el petitorio refiere la aceptación del trámite, y consecuentemente trasladar el proceso a otro Distrito Judicial del país, a fin de garantizar el proceso de apelación que está en curso. En el documento narra también los desmanes ocurridos en el Aymarazo de 2011 donde quedaron afectadas las instituciones públicas y privadas.

Finalmente, ¿Qué significa este pedido? Lo dejamos al criterio y análisis de la situación.

Dejando en claro que la protesta social es un derecho Constitucional…

 

HOY SE DEFINE LA APELACIÓN DEL EXVOCERO AYMARA WALTER ADUVIRI, CONDENADO POR EL CASO DEL AYMARAZO

La audiencia de la lectura de sentencia está programada para las 8 am en la Sala Penal de Apelaciones del Poder Judicial de Puno. Como es de conocimiento el pasado seis de diciembre en el Establecimiento Penitenciario de Puno - ex Yanamayo; se realizó la audiencia de vista de causa, debatiéndose la apelación planteada desde la defensa del exvocero aymara, la nulidad de la sentencia de 6 años de prisión efectiva y al pago de 2 millones de reparación civil.

Los abogados defensores, Pablo Ricardo Abdo y José Bayardo Chata Pacoricona (DHUMA) alegaron que los medios probatorios con los que ha sido sentenciado Aduviri Calisaya no están probados, en referencia al nivel de participación como coautor no ejecutivo en la planificación, organización y dirección de la protesta social de las comunidades aymaras del año 2011; pidiéndose la absolución y su inmediata libertad de Aduviri Calisaya que purga condena en el recinto Penitenciario.

Por su parte, la Fiscal Superior del Ministerio Público, Guadalupe Manzaneda Peralta solicitó la confirmación de la sentencia dada en primera instancia (Juzgado Penal Colegiado de Puno). Asimismo, la Procuraduría del Ministerio del Interior pidió que la reparación civil impuesta de 2 millones de soles sea incrementada a 5 millones.

Según la sentencia dada en primera instancia, el exvocero aymara Walter Aduviri es responsable de causar daños graves a la propiedad pública y privada durante las protestas sociales denominado el Aymarazo en el año 2011 en contra del proyecto minero Santa Ana de  propiedad de la empresa Canadiense.

Hoy, viernes 20 de diciembre se conocerá la decisión de la Sala Penal de Apelaciones, integradopor los magistrados Oscar Fredy Ayestas Ardiles, Ivan Arias Calvo y Roger Díaz Haytara,

Existen tres escenarios de pronunciamiento; la primera confirmar la sentencia de 6 años de cárcel y al pago de 2 millones de soles de la reparación civil, la segunda revocar y absolver, y la tercera declarar nulo y nuevo juicio oral.

 

CINCO VOCEROS AYMARAS AFRONTARAN DE NUEVO EL PROCESO JUDICIAL ESTE VIERNES 8 DE NOVIEMBRE (AYMARAZO II)

Entre los acusados se encuentran; José Cupi Claros, Javier Parí Sarmiento, Patricio Illacutipa Illacutipa, Rufino Macha Quinto y Walter Aduviri Calisaya este último encarcelado a 6 años de prisión efectiva y pago de 2 millones de soles de reparación civil, esto por los hechos acontecidos en la ciudad de Puno.

FOTO: DHUMA

Los voceros aymaras son acusados como coautores por el delito contra la tranquilidad pública y entorpecimiento al funcionamiento de los servicios públicos; por participar de las movilizaciones en la localidad de Desaguadero año 2011. Donde comunidades aymaras exigieron la derogatoria del DS. N° 083-2007 EM, la que declaraba de necesidad pública el proyecto minero Santa Ana de origen Canadiense ubicado dentro de los 50 Km de la línea de frontera con Bolivia. Asimismo, las otras motivaciones por los que participaron en la protesta social fueron por la omisión del derecho a la Consulta Previa estipulado en el Convenio 169 de la OIT, defensa del agua, tierra y territorio que ocuparon como pueblos originarios.   

  
FOTO: DHUMA

Como es de conocimiento, el proceso conocido como Aymarazo II terminó en junio del año pasado con la absolución de los implicados, sin embargo, la Segunda Sala de Apelaciones anuló la sentencia dada en Primera Instancia ordenando el proceso judicial pueda iniciar de nuevo.

Este proceso judicial está fijado para este viernes 8 de noviembre del presente año, según la notificación del 1° Juzgado Unipersonal con sede en Yunguyo. Los acusados comparecerán en la Sala de Audiencias del Juzgado Unipersonal de Juli a cargo del magistrado Juan Manuel Flores Sánchez.

Los voceros aymaras que afrontar este nuevo proceso, están bajo el orden de advertencia de estar presentes en el inicio del juicio oral, de lo contario serian declarados contumaces, es decir, rebeldes consecuentemente ordenar su conducción compulsiva.

Finalmente, expresamos que la protesta social es un derecho Constitucional que tiene todo ciudadano para expresar su punto de vista en el marco de la libertar de expresión y reunión. Por consiguiente, estamos en la tarea de analizar las formas y acciones de criminalización de la protesta social que se dan a partir del caso Aymarazo I y II.

FOTO: DHUMA