Frentes de Defensa de Coata rechazan las acciones intimidatorias por parte del Ministerio Público y la Procuradoría del Interior sobre la protesta social en defensa de la vida y la salud de las personas afectadas por metales, metaloides y otras sustancias

Frentes de Defensa de Coata rechazan las acciones intimidatorias por parte del Ministerio Público y la Procuradoría del Interior sobre la protesta social en defensa de la vida y la salud de las personas afectadas por metales, metaloides y otras sustancias

Se emitió la Disposición Fiscal Nº 0001-2020-MP-FEPD-SR-JULIACA, de fecha seis de noviembre de 2020, mediante el cual se le exhorta a Félix Suasaca Suasaca, como presidente de Frente de Defensa Unificado en Contra de la Contaminación de la Cuenca Coata y del Lago Titicaca, y a Marcelino Surco Quispe, alcalde de la Municipalidad Distrital de Cupi, al cumplimiento del decreto supremo que ordena el estado de emergencia nacional (restricción del derecho de reunión), así como evitar la comisión de los delitos de Entorpecimiento de los servicios públicos, disturbios y resistencia o desobediencia a la autoridad. Este tipo de respuestas es la típica actitud de criminalización de la protesta social por la cual el Estado, a través de sus procuradores, intenta instrumentalizar el derecho penal para perseguir a quienes, ejerciendo nuestro derecho fundamental a la protesta social, anunciamos la realización de un paro en oposición a omisiones gubernamentales que afectan nuestros derechos constitucionales.

Desde el Frente de Defensa Unificado en Contra de la Contaminación de la Cuenca Coata y del Lago Titicaca RECHAZAMOS enfáticamente estas acciones intimidatorias por parte del Ministerio Público y la Procuraduría del Ministerio del Interior, por medio de esta disposición fiscal que busca, por medio del amedrentamiento a nuestros voceros y representantes, frustrar la demanda justa de las personas de los distritos de Coata, Huata, Capachica, Caracoto y Juliaca en la defensa de la vida, la salud, el ambiente, el agua, el agro, el río Coata y lago Titicaca, frente a la inoperancia e desidia de las autoridades del sector salud.

El Procurador Adjunto Especializado en Asuntos de Orden Público del Ministerio del Interior manifiesta que “la convocatoria a un paro indefinido implica desde la experiencia demostrada a lo largo de los años, una alta probabilidad de que algunos participantes salgan a las calles y generen posibles actos que alteren la tranquilidad y seguridad pública de la ciudadanía.” Al respecto, debemos decir también que la experiencia, no sólo de años sino de siglos, ha demostrado que el ejercicio del derecho a protestar se ha manifestado como una de las vías contundentes y a las que el pueblo recurre como instancia necesaria y urgente para la reivindicación y conquista de derechos, frente a un Gobierno que no cumple sus funciones, pese a la insistencia de la sociedad civil organizada.

El TC reconoció que la protesta social es un derecho fundamental. Entonces, el derecho de protestar existe y no se puede intentar criminalizar a quienes lo hacen. Y si resultasen acciones individuales ajenos a la protesta, estos no deslegitiman la protesta en sí en ningún sentido, ya que la responsabilidad penal es personal. Teniendo en consideración el ejercicio del derecho a la protesta social, debemos hacerle recuerdo al Ministerio Público y al Ministerio del Interior que la Constitución señala que “es nulo y punible todo acto que prohíba o limite al ciudadano el ejercicio de sus derechos" (último párrafo del artículo 31 de la Constitución).

Resulta alarmante que la representante del Ministerio Público dé por sentado que participar en una protesta social es incurrir en los delitos que se manifiesta en la disposición fiscal en mención. Y si hubiera alguna denuncia, tendrán que acreditar el delito y quién o quiénes lo cometieron, no suponiendo responsabilidad alguna de quienes comunican el inicio de una legítima protesta social como a la que se manifestó a la opinión pública a través de los medios de comunicación.

Asimismo, la fiscal requiere a la Policía Nacional del Perú que registre mediante videos el desarrollo de la huelga, sin embargo, se olvida de invocar a los efectivos de la PNP a actuar en bajo los principios de proporcionalidad, racionalidad y, sobre todo, humanidad, buscando garantizar que las actuaciones policiales deben dirigirse en defensa de los derechos fundamentales, evitando intervenciones arbitrarias y abusivas, como en la mayoría de las veces ocurre. El encontrarnos en un estado de emergencia, no faculta a la Policía Nacional actuar a libre discreción y con comportamientos que mellen la dignidad, vida e integridad de los pobladores en protesta.

Por último, la finalidad del estado de emergencia por el coronavirus es salvaguardar la vida y la salud de la Nación, y la restricción del derecho a reunión sigue esa lógica. Pues, manifestamos que nosotros protestamos en pos de salvaguardar esto mismo, la vida y la salud de las personas de nuestros distritos, y que la ineptitud al resolver esta la problemática medioambiental agrava aún más la condición salubre de los que vivimos en esta cuenca, y frente al letargo del aparato estatal, no nos queda más alternativa que ponernos en pie de lucha.

SUSCRIBEN:

Frente de Defensa Unificado en Contra de la Contaminación de la Cuenca del Río Coata y el Lago Titicaca.

Frente de Defensa Contra la Contaminación de la Bahía del Lago Titicaca del Distrito de Capachica

Frente de Defensa Contra la Contaminación de la Cuenca del Río Coata

Frente de Defensa Contra la Contaminación de la Bahía del Lago Titicaca del Distrito de Huata

Frente de Defensa del Distrito de Caracoto

Frente de Defensa Contra la Contaminación del sector de Chilla del Distrito de Juliaca

Derechos Humanos y Medio Ambiente - DHUMA

Coata, 08 de noviembre de 2020.