Cacerolazos, alternativa de protesta en el contexto de la cuarentena.

Cacerolazos, alternativa de protesta en el contexto de la cuarentena.

La Protesta Social: el primer derecho

A la protesta se le denomina “el primer derecho” ya que sin él los otros derechos que no les son reconocidos o respetados a las minorías o a los invisibilizados no podría ser reivindicados o conquistados. Es así que su valor pesa por encima de los demás derechos que se puedan ver vulnerados, como el libre tránsito o la tranquilidad pública.

Además, la protesta va muy de la mano con el derecho a la libertad de expresión, siendo este último no un derecho más sino uno de los primeros y más importantes fundamentos de toda la estructura democrática: el socavamiento de la libertad de expresión afecta directamente al nervio principal del sistema democrático.

 

Denuncia penal contra dirigentes

La utilización del Derecho Penal como arma de persecución y amedrentamiento de voceros sociales, comunales, sindicales y gremiales, continúa reflejando el ánimo de criminalizar la protesta social. La reciente denuncia del procurador del Ministerio del Interior (Mininter) en contra de los dirigentes que convocaron a un próximo cacerolazo, habla nítidamente y en voz alta de que esta práctica sigue vigente y con fuerza en nuestro país.

El Tribunal Constitucional (TC) ya indicó que “el Estado debe recurrir como última ratio al ejercicio del ius puniendi” (poder punitivo del Estado), y no debe ser la primera salida al querer lidiar con las demandas e insatisfacción de diversos sectores de la sociedad.
Los esfuerzos del Estado se centran no en encontrar soluciones prontas a lo que se le reprocha, sino que se enfoca más en su deseo de canear a quien se atreva criticar su gestión.

 

Sobre los delitos que se denuncian

Los delitos que el procurador del Mininter denuncia en vía de prevención del delito generan bastantes dudas.

Para que el delito de disturbios tipifique se requiere de una reunión tumultuaria que atente contra la integridad física de las personas y/o se causa daño a la propiedad pública o privada. ¿Con un cacerolazo se puede producir este resultado típico?

Referente al delito de entorpecimiento de los servicios públicos, se exige obstaculizar el normal funcionamiento del transporte, de los servicios públicos de comunicación, de la provisión de agua, electricidad, hidrocarburos o de sustancias energéticas similares. Nuevamente, ¿con un cacerolazo se puede producir este resultado?

Sobre la resistencia o desobediencia a la autoridad; en este contexto, el mandato expreso del gobierno es el del confinamiento domiciliario obligatorio, quien desacate esta orden acarrea responsabilidad penal. Este cacerolazo se pretende desarrollar, como otros anteriores, desde los domicilios de cada ciudadano, con el golpeo de objetos metálicos que resuenen y generen bullicio en masa. Otra vez, no hay posibilidad idónea para que el delito en mención se consuma.

Una denuncia sin fundamentos se devela como una forma de cacería y silenciamiento a través de abuso del Derecho.

 

EL CACEROLAZO CONFIGURA EL DELITO A LA GRAVE PERTURBACIÓN DE LA TRANQUILIDAD PÚBLICA.

En estos tiempos de encierro domiciliario, los cacerolazos se han convertido en las formas atractivas para expresar el malestar de la población, el reclamo en masa, el descontento popular. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos ha señalado que una protesta social puede manifestarse de muy diversas formas, siendo una de ellas los cacerolazos.

Pero, y qué hay del ruido molesto que generan los cacerolazos. ¿Acaso su derecho a protestar no termina cuando empieza el mío? Primeramente, se presume la legitimidad de toda protesta mientras no se determine lo contrario, y no al revés, de ver a la protesta social como un delito en sí misma. Es un derecho fundamental reconocido por sentencia del TC (STC 009-2018-AI).

Y sobre el ruido, se debe entender que toda protesta configura en su desarrollo una finalidad disruptiva. Tiene que producir incomodidad, alteración en la cotidianeidad social, pues, si no se manifestara en ese sentido, pierde su total esencia y razón de ser. La protesta se realiza para llamar la atención y esta atención se consigue, en la mayoría de las veces, alterando la normalidad, levantando la voz, haciéndose notar.

La CIDH avala que el ejercicio de este derecho a la protesta distorsiona la rutina de funcionamiento cotidiano, especialmente en las grandes concentraciones urbanas, y que, inclusive, puede llegar a generar molestias o afectar el ejercicio de otros derechos que merecen de la protección y garantía estatal.