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Petición para liberar a 10 dirigentes Aymaras procesados a raíz de un conflicto socio-ambiental en Perú.

 

Han pasado 6 años del conflicto socio-ambiental conocido como “El Aymarazo” en Perú, una movilización realizada el 2011 en el departamento de Puno, en rechazo al proyecto minero “Santa Ana”, de propiedad de la empresa canadiense Bear Creek Mining Corporation. Las comunidades Aymaras se movilizaron para proteger su agua y medio ambiente de la contaminación que el proyecto podía generar, y que ponía en riesgo sus fuentes de agua y varios ríos de la región, como el Río Callacami y Desaguadero, este último se conecta con el Lago Titicaca y que comparten Perú y Bolivia. También exigían el respeto a la consulta previa contemplada en las leyes peruanas y el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo – OIT, ratificada por Perú.   

Después de semanas de protestas, la movilización logró que el gobierno anulara el decreto que autorizaba el proyecto. Como consecuencia, 18 dirigentes comunales fueron procesados bajo los cargos de entorpecimiento al funcionamiento de los servicios públicos, disturbio y extorción agravada. La fiscalía pide una pena de entre 16 y 28 años de prisión, y el pago de 7 millones de soles (más de 2 millones de dólares) por concepto de reparaciones.

El juicio penal se encuentra en su etapa final. El 28 de junio se procedió a la audiencia de alegatos finales y la Fiscalía retiró la acusación en contra de 8[1] de los 18 procesados por falta de pruebas. Sin embargo, todavía queda pendiente la audiencia y posible sentencia de los otros 10 procesados[2]. Este 6 de Julio en la ciudad de Puno, se llevará adelante una nueva audiencia de alegatos finales para estos acusados y la posible lectura de una sentencia condenatoria. 

En ese sentido, la organización Derechos Humanos y Medio Ambiente – DHUMA, una institución comprometida con la promoción y defensa de los derechos humanos en la Región de Puno, hace la siguiente petición pública:

·        Ante la inminente emisión de la sentencia en el caso “Aymarazo” EXP-00682-2011, que viene siendo juzgando por el Juzgado Colegiado Penal de la Corte Superior de Puno, pedimos a los jueces que integran esta sala, la emisión de una decisión que exima de responsabilidad penal a los 10 líderes Aymaras, acusado injustamente en este juicio; pues a lo largo del proceso penal no se ha logrado demostrar su responsabilidad.

Este proceso judicial ha vulnerado desde el principio los Derechos de los Pueblos Indígenas, y de los derechos fundamentales. Este proceso se desarrolla en el marco de una política pro-extractivista y de criminalización de la protesta social impulsada por el estado y las empresas en Perú. Esto no ha hecho más que provocar mayores conflictos socio-ambientales, despojo de tierras, desplazamiento de poblaciones y la violación de derechos humanos y colectivos de las comunidades, que luchan por defender sus territorios y sus legítimos derechos en el Perú.

Más información en:

Derechos Humanos y Medio Ambiente – DHUMA http://www.derechoshumanospuno.org/

 Reporte: A 6 años del “Aymarazo” en Perú: Aún existen procesos penales pendientes a dirigentes sociales y una demanda millonaria en el CIADI (Podcast)



[1]Fiscal retira la acusación en favor de los siguientes:  1) Francisca Sarmiento Choque. 2) Pedro Cruz Pari, 3) Rosendo Mendoza Condori, 4) Pablo Salas Charcas, 5) Marco Antonio Uruti Musaja, 6) Eufracio Guido Velez Carito, 7) Edwin Condori Chipana y 8) Emilio Paredes Pari. 

[2]Quedan los siguientes acusados 1- Walter Aduviri  Calizaya 2- Patricio Illacutipa Illacutipa 3- Rufino Machaca Quinto (PPL 27): 4- Domingo Quispe Tancara (PPL 25); 5- Javier Pari Sarmiento (PPL 25); 6- Eddy Uriarte Chambilla ( PPL 25); 7- Gregorio Ururi  Fernandez (PPL 16); 8- Severo Efrain Iturry Gandarrillas (PPL 27);  9- Gilver Chura Yupanqui (PPL 27) y 10- Felix Illacutipa Mamani (PPL 24)

Pretenden nuevamente realizar circo con la imagen de la mujer andina

Nuevamente pretenden propiciar en las principales regiones de nuestro país la presencia de un circo llamado “Paisana Jacinta”. Como ejemplo en Cajamarca, donde los medios y periodistas anuncian con algarabía la llegada a esta ciudad del circo de "la Paisana Jacinta". Fotos, entrevistas al artista que escenifica a tal personaje, y una carpa muy bien montada dentro de un centro comercial para exhibir este mal llamado "espectáculo". Sí, mal llamado espectáculo, porque este personaje no trasmite otra cosa sino la mofa que se hace de la mujer campesina y serrana, de sus formas de vivir, vestir y como no, de entender el mundo.

Jorge Benavides, el creador del personaje de la Paisana Jacinta también ha anunciado que para el 23 de noviembre se estrenará la película de este personaje. Para Benavides ver a la Paisana Jacinta en el formato fílmico representa uno de sus grandes sueños. En anteriores ocasiones el humorista ha manifestado que las acciones para la desaparición de su personaje en la televisión es una limitación a su derecho de trabajo y libre creación de un personaje ficticio. Desde luego que impedir la difusión de la Paisana Jacinta va a mellar sus ingresos económicos. Sin embargo, enriquecerse a través de la burla hacia mujeres andinas que visten polleras no puede ser un trabajo digno. Más aun cuando este grupo de personas es el que sufre el mayor impacto de los azotes del racismo y el patriarcado debido a encontrarse en el nivel más alto de vulnerabilidad.

Este personaje etiqueta a la mujer indígena andina o serrana como una persona vulgar, sucia, violenta, torpe, y de escasa capacidad intelectual, estereotipo que únicamente ocasiona, promueve y refuerza la discriminación por origen étnico y cultural.

Sin embargo, el impacto no es solamente en contra de las mujeres andinas que visten polleras, sino también golpea a la totalidad de la humanidad. El vivir entre un grupo de personas que aceptan implícita o explícita la vulneración a un determinado conjunto de personas sea a través de la burla o sea a través de ataques menos elaborados o “creativos” no puede ser beneficioso para nadie. El perjuicio que la paisana Jacinta ocasiona a la sociedad peruana es extremadamente lesivo. El humor cuando es racista deja de ser humor para convertirse en mofa. A través de la burla, el personaje de la Paisana Jacinta legitima el maltrato verbal y físico hacia las mujeres indígenas de los Andes. Las consecuencias del daño deben ser evitado y en todo caso reparado.

Es alentador que desde diversos frentes como el gobierno peruano y organizaciones nacionales e internacionales y hasta individuos a título personal han intervenido para expresar su rechazo ante la transmisión del programa televisivo de la Paisana Jacinta. La Organización de las Naciones Unidas a través de la Comité para la Eliminación de la Discriminación Racial (CERD) ha manifestado al gobierno peruano que la Paisana Jacinta es un personaje que refuerza los estereotipos negativos sobre las mujeres indígenas andinas y los pueblos indígenas en general. El Ministerio de Transportes sancionó con 20 UITs a Frecuencia Latina por emitir este y otros sketches por los contenidos denigrantes y discriminatorios. Ahora se emite nuevamente en la televisión en señal abierta Frecuencia Latina los días sábado ‘El Wasap de JB’

La Asociación Departamental de Mujeres Campesinas de Puno – ADEMUCP con el apoyo de la Oficina de Derechos Humanos y Media Ambiente – Puno, ha apoyado por su parte y ha presentado una acción de amparo para que este personaje no pueda volver a salir en la televisión peruana. El Ministerio de Cultura en el ejercicio de sus funciones gubernamentales ha apoyado esta acción legal e incidido en la defensa de los derechos de los pueblos indígenas.

Así mismo hay una demanda de amparo en curso promovida por las mujeres cuzqueñas contra este personaje por lesionar el derecho de todas las mujeres de la sierra, se trata de las asociaciones: Dignidad y Derechos de las Mujeres del Cusco, la Escuela de mujeres Micaela Bastidas de Espinar y la red de Mujeres Canchis. Por su parte en el norte del país el Colegio de Abogados de Cajamarca y la Asociación Femenina de Estudiantes del Perú de la Universidad Nacional de Cajamarca emitieron un comunicado en el cual expresa su rechazo a la Paisana Jacinta en dicha ciudad, refieren que “hace una representación negativa a la mujer andina o serrana como una persona vulgar, sucia, violenta, torpe y de escasa capacidad intelectual".

Desde la asociación DHUMA y en nuestra función de garantizar el respeto a los pueblos indígenas y en este caso a las mujeres consideramos que el proyecto fílmico de Paisana Jacinta constituye una burla hacia la prohibición de emitir el programa en la televisión peruana, además de vulnerar los derechos indígenas y crear un ambiente racista en el que a través de la mofa se acepte el maltrato y vulneración.

Fuente: Asociación DHUMA, Ángela Tapia y Mirta Vásquez 

Especialistas aseguran que juicio por Aymarazo es racista y discriminatorio

 

Hace algunos meses, el abogado y escritor, Boris Espezúa Salmón, publicó un nuevo libro, “El derecho desde la mirada del otro, bases para la construcción del pluralismo jurídico en el Perú”, El autor, asevera que en el ámbito del derecho también existen las desigualdades sociales, la discriminación, el otro que es negado, ninguneado, el indígena, por ejemplo.

Fuente: Foto DHUMA "Poblaciones aymaras apostados en la Corte de Puno"

Espezúa, tiene también una lectura de cómo se ha desarrollado el proceso del “Aimarazo”. En primer lugar, él asevera que, al haberse conducido el juicio a través de la justicia ordinaria, esta no garantiza transparencia, pues no se hizo el impulso de una justicia ancestral. “El aimarazo ha sido una postura colectiva, que debió tener análisis desde el punto de vista de la sociología o la antropología, la visión del aimara es otra y en general no se ha tomado en cuenta a esta nación como tal, evidentemente estamos hablando de una justicia no ordinaria comunal”, subrayó el especialista.

La protesta que tuvo lugar en mayo de 2011, para el también docente de la UNA Puno, tiene características distintas, porque en el proceso se les ha hecho ver como una orda de semisalvajes, saqueadores. Espezúa va más allá, señalando que, se ha develado que la justicia ordinaria ha ejercido una posición excluyente e inclusive racista. “Y es que al ser una protesta la interpretación ha sido distinta para otros y para los aimaras, la lectura es distinta”, refirió.

Finalmente, advirtió que, en el peor de los casos una sentencia condenatoria, generará enormes brechas en la sociedad y es algo que no se puede admitir, toda vez que se está en plena búsqueda de la coexistencia.

Fuente: Foto DHUMA "Poblaciones aymaras en la última audiencia permanecieron hasta 10:00  de la noche"

El expediente 1126 de la Corte Suprema del 2011 del caso de la comunidad nativa de Tres Islas, es un referente que debe ser tomado en cuenta. En este documento se señala: “En este caso es una concesión otorgada sin cumplir las reglas de consulta y de información, por ende, es ilegal, e inconstitucional; el pueblo tenía derecho de ejercer su autoridad de impedir el ingreso de estos terceros. Los actos violentos, no se pueden atribuir a los dirigentes y autoridades comunales que convocaron a una movilización, porque para hacerlo se tiene que probar la cadena de mando obligatoria, como es el cuerpo militar donde el jefe tiene mando militar sobre sus subordinados; si un dirigente convoca a una movilización no quiere decir que hay una estructura militar”.

El letrado, Juan Carlos Ruiz Moledda, especialista en estos temas, opina que en este caso se ha intentado desconocer el derecho a la protesta. “Hay que diferenciar con los actos de vandalismo”, sostiene. 

Fuente: Correo

Fuente: Foto DHUMA "Poblaciones aymaras en su mayoría mujeres"

Fuente: Foto DHUMA "Poblaciones aymaras  se manifiestan sobre el caso del juicio"

 

 

Fuente: Foto DHUMA "Mujeres aymaras en vigilía en la Corte de Puno"

Fuente: Foto DHUMA "Poblaciones aymaras permanecieron hasta altas horas de la noche, pese al intenso frio en el altiplano"

Intentan salvar al Lago Titicaca

 

El río Coata está conectado con diferentes provincias de la región de Puno y es el segundo afluente del Lago Titicaca. Como es previsible es uno de lo más contaminados.

Foto DHUMA "laguna de aguas servidas proveniente de la ciudad de Juliaca que desemboca al río Coata".

Intentando revertir esta realidad, ayer diferentes instituciones desarrollaron una jornada de limpieza  y sensibilización “Unidos por el Titicaca”

En dicha actividad, que también se realizó en la ciudad de Puno, se encontró animales muertos, envases, plásticos, residuos nocivos de los hospitales, entre otros.

Dionisio Barrera Pelinco, presidente del Frente de Defensa de la Cuenca Coata, mencionó que por un pésimo tratamiento de las aguas residuales de la ciudad de Juliaca, ellos usan el agua contaminada para su alimentación. “Para los animales de la zona, el líquido vital que necesitamos es contaminado por 4000 mil litros por segundo que ingresa de la ciudad de Juliaca desde el río Torococha”, dijo.

El dirigente coateño sostuvo que esta realidad se empeora a medida que pasa el tiempo, pues las autoridades no plantean soluciones. “Yo recuerdo que el lago era lindo y nosotros consumíamos de aquí el carachi, pejerrey, trucha; ahora ni un solo pescado podemos ver. Al costado de este río teníamos nuestras parcelitas y ahora no producen porque el agua está contaminada. Lo único que nos queda es la totora que se está empezando a negrear”, acotó.

Otro de los pobladores contó que el río provoca enfermedades en los niños, animales, pastizales, pescados la totora. “Ahora nosotros no tenemos nada, los niños se enferman, los animales se mueren y nosotros nos enfermamos, las autoridades locales nos dicen que no hay el presupuesto suficiente, lo que pediría a las autoridades es que no apoyen”, agregó Isidro Calla Mamani, presidente de la comunidad campesina de Catara – Coata.

Fuente: Sin Fronteras

¡¡¡Mina no, agua si¡¡¡ Aymaras se movilizan en respaldo a los 18 acusados por el conflicto Minero Bear Creek.

 

En la sesión de audiencia oral desarrollada ayer en horas de la mañana en la Corte Superior de Justicia de Puno, donde estaba previsto dar los alegatos finales por parte de los colegiados que lleva el caso del Conflicto Socioambiental minero Santa Ana, sin embargo, se ha priorizado dar las declaraciones de los acusados Rosendo Mendoza Condori y Severo Efraín Iturry Gandarillas. Mientras tanto el resto de los acusados han preferido guardar silencio por lo que no declaran en la audiencia que se sigue en curso como: Francisca Sarmiento, Patricio Illacutipa, Guido Velez, Domingo Tancara y entre otros.

Pobladores aymaras provenientes de la zona sur, en la plaza de la ciudad de Puno en apoyo a los 18 acusados.

Los magistrados del proceso: Roger Fernando Istaña Ponce, Víctor Calizaya Coila y Yessica Condori Chata establecieron reprogramar la sesión de la audiencia oral con los alegatos finales para el día miércoles 28 de junio a horas 2.30 de la tarde.

Los pobladores provenientes de la zona sur de Puno, se movilizaron por diversas arterias de la ciudad, arengando diversas frases y asimismo portando pancartas alusivas a la defensa de la madre tierra, territorio y los recursos naturales. Donde se podría leer algunos mensajes que llevaban: “Por la defensa de la tierra y territorio”, “Digan lo que digan los aymaras no se rinden”, “Cuidar el agua es cuidar nuestra vida”, “la tierra no se vende”, “No a la criminalización de la protesta social”, “Ayamaras unidos por la pachamama hoy y siempre”, “No al despojo de la tierra comunal, exigimos respeto a los pueblos originarios”, “Somos pueblos originarios exigimos respeto”, “Justicia a los acusados”, “Madre tierra el pueblo aymara no contamina”, “Exigimos que se aplique justicia intercultural plena”, “Yo defiendo a la pachamama y es mi deber”, “Exigimos respeto a la pachamama”, “La tierra es nuestra madre nuestra vida nuestra libertad, hay que protegerlo”, “Madre tierra y agua es vida ¨cuidémoslo”, “Agua es vida”, “Aymaranakajja arjjatasipjtwa akapacha jakaña” y “Somos aymaras luchando por nuestra tierra”.

Los pobladores aymaras se manifestaron indicando que: “venimos por la defensa de los recursos naturales y en este caso hay una persecución política del gobierno nacional”, “Nuestros dirigentes están siendo procesado y porque no se involucra al ex presidente Alan García y a sus ex ministros quienes han promulgado el Decreto Supremo N° 083 y son culpables”, “Venimos a pedir justicia para nuestros dirigentes y si no se resuelve iremos a Lima para exigir que libere a los acusados”.

 

Fotografias: Pobladores aymaras provenientes de la zona sur se movilizan por diversas arterias de la ciudad de Puno.

 

 

Informe pericial determina que los acusados del conflicto minero Santa Ana tienen pertinencia cultural aymara.

 

A través del informe pericial antropológico Socio cultural presentado por los expertos de la Universidad Nacional del Altiplano Jeamil Esthiff Terán Toledo y Luperio David Onofre Mamani determinan que los pobladores acusados tienen pertinencia social y culturalmente a los pueblos originarios “Las poblaciones aymara y quechuas estudiados son considerados e identificados por los organismos internacionales y nacionales como pueblos indígenas, nativos y originarios. Así lo ratifican también los fundamentos teóricos, consuetudinarios y legales de nuestro país” menciona en la primera conclusión de las diez que han establecido los especialistas.  

"Pobladores se autoidentifican aymaras y quechuas"

Además, se indica que las poblaciones aymaras y quechuas mantienen su propia cosmovisión que se puede apreciar en los valores, mitos, creencias, costumbres y rituales que estas se practican cotidianamente en las comunidades campesinas de la zona sur de la región de Puno. También se establecen algunas características de las comunidades aymaras y quechuas que son solidarios, respetuosos y hospitalarios.

Sobre la defensa de la tierra manifiestan que el territorio es uno de los principales derechos colectivos que poseen, ya que para los aymaras la tierra representa su divinidad, su vida, su proyecto de futuro y sobre todo su fuente de alimentación. Además los expertos indican sobre la autonomía de los pueblos aymaras y quechuas se establece en las actividades cotidianas y decisiones que la comunidad adopta en temas que beneficien a la colectividad.

"las mujeres aymaras pertenecen a comunidades originarias"

Los jueces de Caso del conflicto socioambiental denominada “Aymarazo”, tendrán que tomar la respectiva valoración del informe pericial que corresponde a la base científica desde lo social y cultural; y de los acontecimientos ocurridos en el año 2011 a raíz de la actividad minera del Proyecto Santa Ana de la empresa canadiense Bear Creek Mining que buscaba la licencia social del pueblo aymara para iniciar la mina de plata. Por lo tanto la asociación DHUMA se mantiene vigilante frente a este caso que es considerado de vital importancia para las comunidades aymaras y quechuas de la región de Puno.

Como se conoce, en la audiencia oral del pasado mes de abril se establecía por oficio a través de la Resolución N° 44 del 26 de abril para realizar la pericia antropológica por el caso de conflicto socio- ambiental denominada “Aymarazo”, luego de las coordinaciones con la universidad el juzgado a designado a los expertos el día 4 mayo, dándole el plazo de 15 días para la presentación del informe. Sin embargo, en la sesión de la audiencia realizada el 18 de mayo "día de la presentación del informe pericial", el colegiado establece dar ampliación al peritaje hasta el 5 de junio, durante este tiempo los especialistas tendrían que complementar los estudios y acudir a las comunidades más alejadas y de difícil acceso. Para que el 8 de junio se realiza el examen de la pericia antropológica ante los tribunales de los jueces que lleva este caso.

"Comunidades aymaras exigen esclarecimiento del caso"

Para este proceso los colegiados: Roger Fernando Istaña Ponce, Víctor Calizaya Coila y Yessica Condori Chata establecieron siete puntos a ser estudiados por los peritos donde contempla los siguientes puntos: 1) Determinar si los acusados pertenecen a pueblos originarios o de comunidades campesinas, 2) Determinar qué tipo de cosmovisión tienen los acusados, 3) Determinar el proceso histórico social y cultural de los pueblos aymaras y quechuas, 4) Determinar el sentido de pertenencia étnico cultural de los acusados que viven en la comunidad habitualmente y de los acusados que siendo naturales de la comunidad ya no viven o han salido, 5) Determinar cuáles son las características de los aymaras y quechuas como pueblo, 6) Determinar cuáles son los derechos colectivos de los pueblos aymaras y quechuas y 7) Determinar los pilares de la autonomía de los pueblos aymaras y quechuas dentro de un estado multicultural.

Los peritos visitaron a las comunidades: Ipokate del distrito de Santa Lucia, Santa Cruz de Ayriguas, Alto Aracachi y Maycu Phujo del distrito de Kelluyo, Santa Cruz de Cumi y Santa Cruz de Cumi Carancas del distrito de Desaguadero, Llusta del distrito de Mazocruz, Yorocco del distrito de Huacullani, Molino Kapia del distrito de Zepita, Anccacca del distrito de Pichacani y la ciudad de Juli.    

"Las poblaciones aymaras defienden sus recursos naturales"