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Situación crítica de los defensores y defensoras de los derechos humanos en el Perú, detallan en el informe 2017/2018 de la Amnistía Internacional.

 

La situación de los Derechos Humanos en el Perú es detallada en el informe 2017/18 de la Amnistía Internacional. Donde se aprecia que, en el caso del Perú, Los defensores y defensoras de los derechos humanos sufren criminalización y acoso mediante procedimientos judiciales con penas elevadas. Por ejemplo, en la región de Puno, durante el año 2017 se conocieron hechos de trascendencia internacional como el caso de CIADI, litigio internacional entre una mina canadiense y república de Perú, que finalmente el fallo favoreció a la minera, además de la condena judicial de un líder Aymara Walter Aduviri sobre el Caso Aymarazo en dos instancias a 7 años de cárcel y reparación de 2 millones de soles. La situación es crítica de los defensores y defensoras en la región Puno, ya que quedan como antecedentes las sentencias emitidas durante el año 2017 y son potenciales instrumentos de amedrentamiento para las comunidades originarias del altiplano que reclamen sus justos derechos ambientales, asimismo, el aparato estatal ha mostrado hostigamiento con los defensores de los derechos humanos en diversos casos y entre otros.    

 

CASO PERÚ: INFORME COMPLETO  2017/18 AMNISTÍA INTERNACIONAL

Los derechos relacionados con la tierra y el territorio seguían viéndose amenazados por la adopción de leyes que debilitaban el marco de protección de los derechos de los pueblos indígenas y socavaban el derecho al consentimiento libre, previo e informado. La violencia contra las mujeres y los índices de embarazo en niñas continuaban en aumento, sin que hubiera una respuesta eficaz del Estado.

El indulto y gracia presidenciales concedidos por razones humanitarias al ex presidente peruano Alberto Fujimori causaron honda preocupación por lo que suponían para la impunidad y las garantías del debido proceso.

DEFENSORES Y DEFENSORAS DE LOSDERECHOS HUMANOS

Continuaban las amenazas y el acoso por parte de agentes tanto estatales como no estatales contra defensores y defensoras de los derechos humanos, especialmente contra quienes trabajaban sobre cuestiones relativas a la tierra, el territorio y el medio ambiente, sin que existieran políticas para su protección efectiva ni un reconocimiento público de la importancia de su labor. Los defensores y defensoras de los derechos humanos sufrían criminalización y acoso mediante procedimientos judiciales con penas elevadas, y normalmente carecían de recursos económicos para asegurarse una asistencia letrada adecuada.

En mayo, la Corte Suprema de Justicia confirmó la absolución de Máxima Acuña, con lo que puso fin a un proceso judicial infundado por usurpación de tierras que había durado más de cinco años. Máxima Acuña y su familia seguían denunciando actos de intimidación, mientras la propiedad de las tierras en las que vivían continuaba pendiente de una resolución judicial.

DERECHOS DE LOS PUEBLOS INDÍGENAS

La adopción de una serie de normas que rebajaban los requisitos ambientales y facilitaban los procedimientos de acceso a la tierra con el objetivo de promover proyectos extractivos o de infraestructura seguía colisionando con el marco de protección de los derechos de los pueblos indígenas. Los pueblos indígenas de la comunidad de Cuninico, en la región de Loreto, y de las comunidades de Espinar, en la región del Cusco, seguían padeciendo una crisis de salud porque sus únicas fuentes de agua habían sido contaminadas con metales tóxicos, y el gobierno no realizaba las acciones necesarias para brindarles atención médica especializada y acceso a agua limpia y apta para el consumo.

No se hicieron progresos significativos en el caso de cuatro líderes indígenas asháninka a los que mataron en 2014, en la región de Ucayali, tras haber denunciado ante las autoridades amenazas de muerte de madereros ilegales.

IMPUNIDAD

Un año después de su aprobación, aún no se había implementado el Plan Nacional de Búsqueda de Personas Desaparecidas. El 24 de diciembre, el presidente Kuczynski concedió un indulto y gracia por razones humanitarias al ex presidente Alberto Fujimori, que cumplía desde 2009 una condena a 25 años de prisión por crímenes de lesa humanidad. La decisión presentaba deficiencias importantes: falta de transparencia, de imparcialidad, de respeto

al debido proceso y de participación de las víctimas y sus familias, especialmente dada la gravedad de los crímenes de derecho internacional en cuestión. En junio, la Corte Suprema de Chile confirmó la ampliación de la solicitud de extradición de Alberto Fujimori para incluir

los homicidios de seis habitantes del distrito de Pativilca, departamento de Lima, cometidos en enero de 1992. En julio, la Tercera Fiscalía Penal Nacional de Perú acusó a Alberto Fujimori de ser responsable de ese delito, cometido por sus subordinados en complicidad con otras personas. No obstante, la gracia que le fue concedida el 24 de diciembre dejó sin efecto cualquier procedimiento judicial contra él y, por lo tanto, hizo temer que el caso de Pativilca quedara impune. En agosto, varios militares fueron condenados por la tortura, desaparición forzada y ejecución extrajudicial de 53 personas ocurridas en el cuartel militar de Los Cabitos, Ayacucho, en 1983.

En septiembre comenzó el juicio contra varios exmiembros de la Marina acusados formalmente de matar a más de 100 personas en 1986 durante un motín en la prisión de El Frontón, unas muertes que podrían constituir un crimen de lesa humanidad.

VIOLENCIA CONTRA MUJERES Y NIÑAS

Entre enero y septiembre, el Ministerio Público registró 17.182 denuncias de “delitos contra la libertad sexual”, que incluían violación y otros tipos de violencia sexual. El poder judicial solamente hizo un seguimiento de 2.008 (un 11%) de esas denuncias. El registro de las denuncias no especificaba el género de quienes las presentaron.

Durante ese mismo período, el Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables reportó 94 casos de feminicidio. No hubo avances concretos en materia de políticas o legislación para combatir la violencia contra las mujeres y las niñas.

DERECHOS SEXUALES Y REPRODUCTIVOS

Los índices de embarazo de niñas seguían siendo altos. Según cifras oficiales, al menos 12 niñas de 11 años o menos y 6.516 niñas de entre 12 y 17 años dieron a luz entre enero y marzo. El aborto continuaba penalizado en todas

las circunstancias, excepto cuando la salud o la vida de la mujer o niña embarazada corriera peligro. Estaba pendiente de trámite ante el Congreso un proyecto de ley para la despenalización del aborto en casos de violación.

Más de 5.000 mujeres habían sido incluidas en el Registro de Víctimas de Esterilizaciones Forzadas; sin embargo, no había habido avances para lograr que se hiciera justicia y se les brindara reparación.

DERECHOS DE LESBIANAS, GAYS, BISEXUALES, TRANSGÉNERO E INTERSEXUALES

Perú carecía aún de legislación específica que reconociera y protegiera los derechos de las personas LGBTI, quienes seguían afrontando discriminación y violencia por su orientación sexual o su identidad de género. En mayo, el Congreso derogó parcialmente el Decreto Legislativo 1323, incluido el apartado que establecía que “la orientación sexual y la identidad de género” de la víctima eran agravantes en ciertos delitos y constituían elementos del delito de discriminación. Las personas transgénico seguían sin contar con un reconocimiento social y jurídico de su identidad de género, y se veían privadas de sus derechos a la libertad de circulación, la salud, el trabajo, la vivienda y la educación, entre otros.

Hacer que las voces de la comunidad se escuchen en el Arbitraje Inversor-Estado

Durante los arbitrajes entre inversores y estados, a menudo se pasan por alto los derechos e intereses de las comunidades locales. Un seminario web reciente discutió los mecanismos que están poniendo sobre la mesa las preocupaciones de las comunidades locales.

Cada vez más, los inversores presentan demandas arbitrales internacionales contra los estados relacionadas con inversiones en proyectos relacionados con recursos naturales.

Las inversiones que dan lugar a estos reclamos a menudo afectan los derechos e intereses de las comunidades locales. Un seminario web reciente organizado conjuntamente por el IIED y el Centro de Columbia sobre Inversión Sostenible (CSSI) analizó las formas en que los grupos de la sociedad civil están trayendo las perspectivas de la comunidad, los derechos humanos y las cuestiones ambientales a la atención de los tribunales arbitrales.

Por qué necesitamos más participación de la comunidad en el arbitraje inversionista-estado

El arbitraje entre inversores y estados permite a los inversores presentar una demanda contra los estados ante un tribunal arbitral internacional cuando consideran que un gobierno ha violado un tratado de inversión internacional (IIT), una ley o un contrato.

Si bien los procedimientos involucran formalmente a las partes contendientes, el inversionista y el estado, los derechos e intereses de 'terceros' como las comunidades locales a menudo están en juego, pero se pasan por alto. Las inversiones en disputa pueden afectar el acceso de las comunidades a la tierra y los recursos naturales, sus derechos humanos o dañar el medio ambiente del que dependen estas comunidades para su sustento.

Estas cuestiones rara vez son presentadas por las partes contendientes. Sin embargo, las organizaciones de la sociedad civil (OSC) están tomando medidas para que los problemas de las comunidades afectadas se reconozcan a través de ' presentaciones amicus curiae . Estas presentaciones pueden permitir a aquellos cuyos derechos o intereses se ven afectados por la disputa proporcionar su perspectiva al respecto.

El caso de Bear Creek v Perú

El inversionista canadiense, Bear Creek Mining Corporation, inició un arbitraje inversor-estado contra Perú en relación con un proyecto minero. Algunos miembros de las comunidades locales habían protestado contra el proyecto, temiendo que contaminara el agua y dañara sus tierras.

Carlos López, de la Comisión Internacional de Juristas (ICJ), explicó a los participantes en el seminario los pasos que él y la CSO local peruana, la Asociación de Derechos Humanos y Medio Ambiente de Puno (DHUMA) siguieron para presentar una petición al tribunal internacional (PDF). La presentación tenía como objetivo llamar la atención del tribunal sobre las perspectivas de las comunidades y alentar al tribunal a considerar la licencia social de la compañía para operar. 

Los panelistas Cristóbal Yugra Villanueva y Rodrigo Lauracio, de DHUMA, explicaron que siempre hay incertidumbre sobre cómo una presentación de la sociedad civil podría afectar la decisión del tribunal. Después de la presentación, el tribunal requirió a las partes que comentaran sobre estos asuntos (PDF) y les remitió su decisión final (PDF).

Cómo las presentaciones de la sociedad civil pueden proporcionar valor

Lise Johnson, de CCSI, discutió cómo las presentaciones de la sociedad civil pueden servir para diferentes propósitos. Son una herramienta útil para sacar a la luz las perspectivas de la comunidad y pueden resaltar hechos pasados por alto que podrían ser críticos para el resultado de la disputa. También pueden ayudar al tribunal a interpretar los IIT y las leyes nacionales de inversión a la luz de las normas internacionales de derechos humanos y ambientales. Las partes en la disputa raramente traen estos argumentos a la luz.

En el caso Bear Creek, CCSI también solicitó el permiso del tribunal para presentar otra presentación centrada en cuestiones de derecho para aportar perspectivas no avanzadas por Perú o Bear Creek, incluido el papel de los derechos humanos en la interpretación del IIT Canadá-Perú. Aunque el tribunal no otorgó el permiso de CSSI, al realizar la solicitud y publicar la presentación, CCSI llamó la atención del público sobre estos temas.

Lecciones aprendidas, desafíos y la necesidad de una reforma

Como muestra el caso de Bear Creek, los tribunales pueden estar especialmente dispuestos a aceptar presentaciones de organizaciones de base como DHUMA, ya que tienen conocimiento de primera mano de los hechos. Sin embargo, pocos tienen experiencia con la presentación de presentaciones. Establecer una alianza con una organización experta familiarizada con IIT y el arbitraje inversor-estado es fundamental.

Presentar una presentación puede ser un proceso desafiante: terceros deben obtener el permiso del tribunal, las normas y procedimientos no siempre son claros, el acceso a la información del caso a menudo está restringido y las instituciones de arbitraje no brindan apoyo (incluido el financiero).

En el caso de Bear Creek, DHUMA pudo acceder a los documentos de arbitraje y asistir a la audiencia, pero no se le permitió dirigirse al tribunal ni a las partes, y la presentación no tuvo un impacto sustancial en la decisión final del tribunal.

Existe un debate creciente sobre cómo reformar los IIT y el arbitraje inversor-estado. Aquellos con intereses o derechos en juego en una disputa, incluidas las comunidades locales, deben poder intervenir de una manera significativa y efectiva, más allá de hacer presentaciones como terceros. Los IIT pueden ellos mismos ayudar a promover o aclarar los estándares de derechos humanos, medioambientales y sociales aplicables a los inversores, por ejemplo, estableciendo las obligaciones de los inversores de respetar estándares específicos.

Si bien las presentaciones pueden desempeñar un papel al sacar a la luz las perspectivas de la comunidad y articular asuntos importantes que las partes contendientes no abordaron de otra manera, el proceso de presentación de las presentaciones de la sociedad civil puede ser un desafío y existe la necesidad de una reforma.

A medida que continúa la discusión sobre la reforma de los IIT, se debe hacer un mayor esfuerzo para amplificar las voces y proteger los derechos de las comunidades locales y otros afectados por los arbitrajes entre inversores y estados. Por ejemplo, la propuesta de la Unión Europea de un tribunal multilateral de inversiones y el Grupo de trabajo de la CNUDMI sobre la reforma de la solución de controversias entre inversores y Estados deben considerar cómo integrar las perspectivas de la comunidad en cualquier modelo reformado.

Thierry Berger (Esta dirección de correo electrónico está siendo protegida contra los robots de spam. Necesita tener JavaScript habilitado para poder verlo.) es un abogado calificado y asociado de IIED que se enfoca en la ley y el desarrollo sostenible. Jesse Coleman (Esta dirección de correo electrónico está siendo protegida contra los robots de spam. Necesita tener JavaScript habilitado para poder verlo.) es un investigador jurídico del Columbia Centre on Sustainable Investment, que se centra en las leyes y políticas de inversión, los recursos naturales y la intersección entre los derechos humanos y el desarrollo sostenible.

Recursos adicionales

  • Ley de Inversión Internacional y el Sector de las Industrias Extractivas (PDF), Lise Johnson y Jesse Coleman (2016)
  • Dilemas del trato con la tierra: agravios, derechos humanos y protección del inversionista (PDF), Kaitlin Y. Cordes, Lise Johnson y Sam Szoke-Burke (2016)
  • Derechos sobre la tierra y tratados de inversión: explorando la interfaz, Lorenzo Cotula (2015), Informe IIED

Fuente: https://www.iied.org/getting-community-voices-heard-investor-state-arbitration

Mineras formales contaminan la cuenca de Llallimayo en la provincia de Melgar - Puno

 

Entidades del Estado y comisionado de mesa de diálogo desaíran a la población de la cuenca Llallimayo, al no presentarse a la reunión fijada para el día de ayer (8 de marzo) en la localidad de Ayaviri. El ministerio del Ambiente, Minas, Salud y OEFA debieron presentar informe de estudios finales de la situación de la contaminación de la cuenca Llallimayo.

Foto: DHUMA "Situación de la Contaminación de la Cuenca Llallimayo".

Como se conoce, que mediante el informe 077-2017 de OEFA, se confirma que existe contaminación minera causada por las operaciones mineras de Aruntani, ya que las aguas contaminadas provienen del botadero “Yesica”. Se encontró que allí existe afloramiento de agua subterránea ácida con altas concentraciones de aluminio, cobalto, cobre, hierro y manganeso. Sin embargo, la fiscalía continúa exigiendo más pruebas.

 se conoce que el río Hatun Ayllo, cabecera de la cuenca del río Llallimayo, mostraba una coloración extraña desde hace tiempo. La población sostuvo que este cambio se explicaría por relaves mineros de la Mina Arasi de la empresa Aruntani S.A.C.

Según el informe de OEFA, dichas aguas contaminadas provienen del botadero “Yesica”. Se encontró que allí existe afloramiento de agua subterránea ácida con altas concentraciones de metales pesados.

Por su parte el Estado continúa ofreciendo un plan de acción desde los ministerios de Vivienda, Salud, Educación, y Energía y Minas, indicando que la contaminación se va a mitigar instalando paneles solares y construyendo más canales de riego. Sin tomar encuentra la problemática ambiental y social.

LABORES:

A inicios del presente año la mesa de trabajo de la problemática socio ambiental de la cuenca de Llallimayo, del ámbito de los distritos de Ayaviri, Cupi, Llalli y Umachiri de la Provincia de Melgar en reunión acordó remitir el informe final complementario a la Presidencia del consejo de Ministros, Ministerio de Energía y Minas, Ministerio de Agricultura y Riego, Ministerio del ambiente. Donde la población exige la presencia de comisión de alto nivel, con el fin de plasmas acuerdo concretos.

INFORMES

De acuerdo al informe Técnico Nº 138-2017-ANA-DGCRH-GOCRH del último mes del pasado año, las aguas de la zona alta de la cuenca donde se ubica la mina, que corresponde a la quebrada Lluchusani, río Azufrini y río Chacapalca, son ácidas y se encuentran contaminadas   por metales pesados con Aluminio, Arsénico, Berilio, Litio, Magnesio, Hierro, Cobalto, Cobre, Cadmio y Plomo.

Así también, el informe Nº 039-2017/DESA/DSB/DIRESA/GR-PUNO del 21 de abril del 2017, llega a la conclusión de que las aguas que consumen en los distritos de Llalli, Cupi, Umachiri y Ayaviri, no cumplen con los límites máximos permisibles del reglamento de calidad de agua para consumo humano.

ANTECEDENTES

Cabe precisar que de acuerdo al informe 038-2015, respecto a la posible contaminación, OEFA no se pronunció y suscribe que tampoco puede hacerlo respecto a la infracción sobre los límites máximos permisibles. 

El informe 009-2015, en la interpretación de análisis de laboratorio, el organismo concluye que no se puede pronunciar y ni puede hacerlo respecto a la presunta responsabilidad administrativa de la empresa minera Aruntani. 

El informe 110-2015 OEFA, sobre un procedimiento de monitoreo, el organismo concluye que arriba de la operación minera sí contamina, pero abajo no, o sea no asume responsabilidad la operación minera.

El 30 de diciembre, el organismo de fiscalización emite un cuarto informe 258- 2015 calidad de agua aire de Ocuviri de interés del cual refiere que han sido elevadas las concentraciones de arsénico, mercurio, plomo, en sedimentos en el río; condiciones que de acuerdo a la información realizada, podría estar relacionada a la presunta existencia de actividades de pequeña minería y artesanal desarrolladas en la parte alta de la microcuenca. 

Sin embargo, a raíz de varias movilizaciones emprendidas de los distritos afectados por la contaminación OEFA emite el informe 054 en mayo del 2017. En las fojas 1011 y 1024, refiere los resultados de concentración de: aluminio, cadmio, cobalto, cobre, hierro, manganeso, ha incrementado su concentración respecto al monitoreo de años anteriores, asociadas a las actividades mineras de la zona. 

¿CONSULTA PREVIA?

Lo indignante para los pobladores de Ocuviri es que el Ministerio de Energía y Minas viene convocando al proceso de formulación del plan de consulta previa según establecido en el convenio Nº 169-OIT, sobre los pueblos indígenas u originarios.

En el oficio Nº 0199-2018-MEM-DGAAM, donde se invita a representantes de las comunidades para que puedan participar en la reunión de preparatoria para la consulta previa, donde MINEM señala que llevará el proceso de evaluación de la solicitud de inicio de actividades del proyecto de explotación minera Carlos Este es parte de la unidad minera Aruntani.

El proyecto está en el ámbito del territorio a la comunidad de Hatun Ayllu, por tal razón, el sector Energía y Minas determinó que se debe iniciar con el proceso de consulta previa. Se conoce que la primera convocatoria habría sido desairada por los pobladores, el MINEM habría sorprendido con estos anuncios a los comuneros, también se indica que deben participar el Estado, representantes de comunidades y población en general. Para esta consulta, indican que no se requiere un quórum representativo de la comunidad para el proceso de evaluación de la consulta previa.

Declaran de interés Sistema de Tratamiento de las Aguas Residuales de la Cuenca del Lago Titicaca.

Pro Inversión dio inicio al proceso para sacar adelante iniciativa privada de más de US$300 millones. Terceros interesados tendrán 90 días para presentar sus propuestas.

Foto: Dhuma "Aguas residuales Chilla" en Juliaca

Este fin de semana el Consejo Directivo de Pro Inversión aprobó la declaratoria de interés del proyecto para construir plantas de tratamiento de aguas residuales en la cuenca del lago Titicaca, en Puno.

Según Pro Inversión, indicó que es debido al cumpliendo con el acuerdo establecido en la última reunión con autoridades y congresistas de Puno, el Consejo Directivo de ProInversión aprobó la Declaratoria de Interés de la Iniciativa Privada Cofinanciada del proyecto Sistema de Tratamiento de las Aguas Residuales de la Cuenca del Lago Titicaca, ubicado en la región Puno. Esta Asociación Público-Privada tiene por objetivo darle solución al déficit de tratamiento de las aguas residuales producidas por las 10 ciudades de mayor tamaño que actualmente contaminan los recursos hídricos de la cuenca del Lago Titicaca: Juliaca, Puno, Ilave, Ayaviri, Juli, Moho, Yunguyo, Azángaro, Huancané y Lampa.

BENEFICIOS

Gracias a este proyecto se reducirá la cantidad de agua contaminada que recibe el Lago Titicaca y a mediano plazo se podrá remediar la contaminación de sus orillas. Ello redundará en mejores condiciones sociales y de salubridad para la población local, en especial, para aquellos que habitan aguas abajo de las Plantas de Tratamiento existentes y para quienes hacen uso directo de los recursos naturales y turísticos que provee el ecosistema lacustre. Asimismo, el proyecto considera tener en perfecto estado el 100% de la infraestructura durante el periodo de concesión, de modo que se asegure el cumplimiento de los niveles de servicio.

Cabe resaltar que esta iniciativa privada -que demandará una inversión de US$304 millones- se desarrollará de forma preliminar sobre la base de la infraestructura ya existente. Además, según se informó, será ejecutada bajo la modalidad de concesión por un plazo de 30 años.

EXPRESIÓN DE INTERES

Con la declaratoria de interés, Pro Inversión informó que el proponente del proyecto tendrá 10 días de plazo para presentar: la conformidad a la declaratoria de interés; su adecuación para cumplir con los requisitos para el socio estratégico; la presentación de la garantía de seriedad de oferta; y el pago del monto correspondiente a la publicación de la referida declaratoria de interés.

También, los terceros interesados en el desarrollo del citado proyecto contarán con un plazo de 90 días, después del día siguiente de la publicación de esta Declaratoria de Interés, para presentar sus expresiones de interés respecto de la ejecución del mismo Proyecto u otra alternativa.

Cabe precisar que la concesión del proyecto se otorgará por un plazo de 30 años, contado desde la suscripción del Contrato de Concesión. El Concedente es el Estado Peruano, representado por el Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento (MVCS), que co-financiará el proyecto en beneficio de la población de la región altiplánica.

DATOS

La construcción de estas plantas de tratamiento, que se llevará a cabo a través de una Asociación Público-Privada (APP), es uno de los cinco proyectos que integra la cartera de Pro Inversión en cuanto a temas de saneamiento.

Al respecto, el presidente de la Central Única de Barrios de la ciudad de Puno, refirió que la comuna puneña debe agilizar el saneamiento físico legal de los terrenos para que pueda concretarse la ejecución de este anhelado proyecto de Inversión Público – Privada.

Fuente: Pro Inversión, Diario El Comercio y Radio Onda Azul.

 

Las mujeres de ayer, hoy y de siempre transforman la vida de las mujeres

En el Día Internacional de la Mujer

LAS MUJERES DE AYER, HOY Y DE SIEMPRE TRANSFORMAN LA VIDA DE LAS MUJERES

Foto: Dhuma "Andrea Osnayo" mujer quechua.

Desde Derechos Humanos y Medio Ambiente, saludamos a todas las mujeres del campo y de la ciudad, en especial a la mujer del altiplano puneño al recordarse hoy 8 de marzo el día Internacional de la Mujer, indicando a no bajar guardia y sumar esfuerzo para seguir conquistando sus derechos individuales y colectivos. 

Ahora nos encontramos en un momento decisivo para los derechos de la mujer. Las desigualdades históricas y estructurales que han dado lugar a la opresión y la discriminación están saliendo a la luz como nunca antes. Desde América Latina hasta Asia, pasando por Europa, en las redes sociales, los platós de cine, las fábricas y las calles, las mujeres están pidiendo que se produzca un cambio duradero y que no se toleren ni las agresiones sexuales ni el acoso ni ninguna clase de discriminación.

Conseguir la igualdad de género y empoderar a las mujeres y las niñas son tareas pendientes de nuestra época y constituyen el mayor desafío en materia de derechos humanos del mundo.

El tema del Día Internacional de la Mujer, hoy 8 de marzo, es "Ahora es el momento: Las activistas rurales y urbanas transforman la vida de las mujeres".

Este año, el Día Internacional de la Mujer llega justo después de que se iniciara un movimiento global sin precedentes por los derechos, la igualdad y la justicia de las mujeres. Dicho movimiento ha tomado la forma de marchas y campañas mundiales, incluidas las campañas homólogas en otros países, sobre temas que van desde el acoso sexual y el feminicidio hasta la igualdad de remuneración y la representación política de las mujeres.

Tal y como están las cosas, hoy jueves 8 de marzo es el Día Internacional de la Mujer más reivindicativo de los últimos tiempos. Puede marcar un antes y un después en las movilizaciones feministas porque toda pinta a que van a ser más masivas que nunca. El ambiente está muy caldeado. Y es que el último ha sido un año especialmente combativo, desde el revulsivo de las denuncias contra los abusos sexuales y toda la porquería machista que después ha salido a flote aquí y allá, hasta las reclamaciones de igualdad salarial con datos contantes y sonantes presentados en diversos ámbitos o la toma de conciencia colectiva de que es necesario ir más rápido en la igualdad porque nadie quiere esperar dos siglos para ganar el mismo sueldo que su compañero. Ni para que le otorguen un puesto de alta responsabilidad sin fijarse en su condición de madre o su edad fértil.

Fuente: DHUMA, Diario El Mundo y ONUMUJERES

 

COMUNICADO INTERNACIONAL Ecuador-Belarús LOS TRATADOS DE COMERCIO DEBEN INCLUIR UN ENFOQUE BASADO EN DERECHOS HUMANOS

Por contradecir el Art. 422 de la Constitución de la República que establece “que no se podrá celebrar tratados o instrumentos internacionales en los que el Estado ecuatoriano ceda jurisdicción soberana a instancias de arbitraje internacional, en controversias contractuales o de índole comercial, entre el Estado y personas naturales o jurídicas privadas”, la Asamblea Nacional y, posteriormente, el Ejecutivo -en mayo del año pasado-, denunciaron 17 tratados bilaterales de inversión. Otros 13, de los 30 TBIs suscritos entre 1968 y 2002, habían perdido vigencia por diversas causas.

Sin embargo, el ministro de Comercio Exterior, en esa misma fecha, durante su último acto público, ratificó que Ecuador negociará nuevos acuerdos con esos países.

En estos días, la ministra de Relaciones Exteriores, María Fernanda Espinosa, ha efectuado un anuncio público, durante la segunda reunión de consultas políticas a nivel de los vicecancilleres de Ecuador y Belarús, sobre el inicio en los próximos meses de la negociación de un acuerdo comercial, en el marco de la Unión Económica Euroasiática.

La firma de nuevos acuerdos bilaterales de inversión debe ajustarse a normas y estándares internacionales que respeten, protejan y garanticen los derechos humanos, en general, y los derechos económicos, sociales, culturales, ambientales y los derechos de la naturaleza, en particular.

Y, sobre todo, en su negociación deben primar los principios de las relaciones internacionales establecidos en el Art. 416 de la Constitución de la República. Por tanto, una posible negociación de un acuerdo comercial entre Ecuador y Belarús, debe considerar las siguientes inquietudes en materia de derechos humanos:

1.-La Federación Internacional de Derechos Humanos (FIDH) ha denunciado que la tortura y el maltrato se utilizan de forma generalizada para forzar a los sospechosos a incriminarse a sí mismos en ausencia de un abogado. Se vulnera sistemáticamente el derecho a la defensa jurídica. Los abogados y jueces carecen por lo general de independencia, al igual que todo el sistema judicial.

2.- En Belarús se vulneran los derechos de las personas condenadas a muerte y esto ocurre en todas las etapas del proceso judicial, por lo que la aplicación de la pena de muerte en dicho país es ilegal y arbitraria. Desde su independencia en 1991, se ha ejecutado a alrededor de 400 personas en el país..

3.- En el 35º período de sesiones del Consejo de Derechos Humanos, órgano intergubernamental de las Naciones Unidas en el que Ecuador es miembro, elRelator Especial sobre la situación de los derechos humanos en Belarús reiteró su preocupación porque se volvió a poner en práctica la política de represión a gran escalacontra aquellos ciudadanos que ejercen o defienden sus derechos.

4.- Según el Relator Especial, las elecciones legislativas de septiembre de 2016 fueron objeto de un férreo control, y el Parlamento elegido siguió sin ser plural pese a que, tras 20 años, dos candidatos de la oposición pudieron obtener sendos escaños. Hubo una intensificación general del estricto control que ejercen las autoridades sobre la vida pública y del acusado deterioro de sus actuaciones con respecto a los derechos de reunión y asociación y a los derechos de los medios de comunicación.

5.- El marco jurídico que regulaba la vigilancia secreta permitió a las autoridades llevar a cabo amplias operaciones de vigilancia con escasa o nula justificación. El Sistema de Actividades Operativas e Investigativas (SORM) que permitía la interceptación legal de todas las comunicaciones electrónicas, daba a las autoridades acceso directo a las comunicaciones telefónicas y por Internet y a los datos conexos, según el informe anual de Amnistía Internacional.

6.- Esta organización, además, denunció en año pasado que tanto las ONG como los partidos políticos continuaron sufriendo restricciones indebidas, como la obligación de registrarse. Las solicitudes de registro solían rechazarse arbitrariamente por infracciones minúsculas u otros motivos no especificados. Según el artículo 193.1 del Código Penal, fundar una organización no registrada o participar en sus actividades seguía siendo delito, punible con hasta dos años de prisión.

7.- El Relator Especial, la Organización Internacional del Trabajo (OIT), el Parlamento Europeo y la FIDH, han condenado y han hecho un llamamiento a Belarús para pedir una reforma profunda de las políticas estatales que ponga fin a toda forma de trabajo forzado, inclusive mediante la derogación de las leyes abusivas y de los decretos presidenciales suscritos por el presidente Aleksandr Lukashenko, en el poder desde julio de 1994.

Por tales antecedentes, las organizaciones de derechos humanos de Ecuador exhortamos al Poder Ejecutivo representado por el presidente Lenin Moreno, a supeditar la suscripción de acuerdos comerciales a la vigencia de los derechos humanos.

El Estado ecuatoriano está obligado a cumplir con los preceptos constitucionales, cuya prelación en materia de derechos humanos es fundamental para la vida democrática.

Ecuador es uno de los países que lidera en el seno del Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas la elaboración de un tratado vinculante sobre empresas transnacionales y otras empresas respecto a los derechos humanos. Y esta postura debe mantener coherencia con las negociaciones de tratados comerciales bilaterales y multilaterales.

Las relaciones diplomáticas con otros Estados, cuyo historial de violación a los derechos humanos es cuestionado por los organismos supranacionales, deberán como en el caso de las negociaciones de tratados comerciales, incluir una evaluación interna en nuestro país acerca de la vigencia en esos Estados de los derechos que Ecuador asume como principios. Y, además, de incorporarlos como una variable en las negociaciones, deberá evidenciarlos ante la ciudadanía de las dos partes. Negociar acuerdos en silencio con Estados transgresores de derechos humanos es una forma de complicidad inadmisible para una nación democrática como la ecuatoriana, solidaria con los pueblos del mundo que viven en una situación de opresión.-

Quito, febrero 22 del 2018

 

Pablo A. de la Vega M.

Centro de Documentación en Derechos Humanos “Segundo Montes Mozo S.J.” (CSMM)

César Ricaurte

Fundación Andina para la Observación y Estudio de Medios (Fundamedios)

Luis Verdesoto Custode

Plataforma por la Defensa de los Derechos Humanos y la Democracia en Ecuador (PDDHE)