Jr. Arequipa 345 "5to Piso" - Puno
Esta dirección de correo electrónico está siendo protegida contra los robots de spam. Necesita tener JavaScript habilitado para poder verlo.

Decretan emergencia sanitaria en 12 distritos por metales tóxicos

 

El último viernes se publicó el Decreto Supremo DS 005-2018-SA que declara la emergencia sanitaria en doce distritos del departamento de Pasco. Esta declaratoria y la aprobación del Plan de Acción de la Emergencia Sanitaria, son producto de la lucha de los ciudadanos de Simón Bolívar, quienes vienen exigiendo el tratamiento adecuado pues muchos niños y niñas vienen sufriendo enfermedades por la contaminación con metales tóxicos, producto de décadas de actividad minera irresponsable.

Fuente: DHUMA "Relaves metale stóxicos en el Altiplano puneño"

El Decreto cita diversos informes oficiales que dan cuenta de la gravedad de la situación. Entre ellos, menciona el Informe N° 1595-2017 de la Dirección General de Salud Ambiental, que señala que en el monitoreo de la calidad de agua para consumo humano efectuado en 22 localidades de los distritos de Yanacancha, Simón Bolívar y Chaupimarca muestra presencia de arsénico, aluminio, hierro, manganeso y plomo por encima de los Límites Máximos Permisibles. El mismo informe indica que para el caso de los suelos “los parámetros de Plomo y Arsénico son excedidos en la totalidad de los puntos monitoreados de los distritos de Simón Bolívar, Yanacancha y Chaupimarca”. En tanto el mercurio registra valores que exceden los Estándares de Calidad Ambiental (ECA) para Suelo de uso residencial y parques.

El decreto señala que existe “alto riesgo de presentación de daños a la salud” por la presencia de estos metales tóxicos. La emergencia se justifica puesto que los recursos disponibles en la Dirección Regional de Salud de Pasco resultan insuficientes para una adecuada respuesta.

La emergencia sanitaria tiene una duración de 90 días, tiempo en el cual debiera implementarse el Plan de Acción de la Emergencia Sanitaria.

Como se recuerda, los ciudadanos y ciudadanas de Simón Bolívar realizaron una marcha de sacrificio y se encadenaron en el frontis del Ministerio de Salud en junio pasado, tras lo cual lograron un conjunto de compromisos de atención de salud. Ante el incumplimiento, volvieron a Lima hace pocas semanas y realizaron una improvisada toma del local del Ministerio, luego de lo cual lograron la firma de un nuevo compromiso por parte del actual ministro Abel Salinas.

Cabe recordar que otro de los compromisos asumidos es la aprobación de un Plan Nacional para enfrentar la contaminación con metales tóxicos en diversas zonas impactadas por actividades contaminantes, tales como la minería y la explotación de hidrocarburos. Precisamente, la semana pasada la Plataforma Nacional de Pueblos Afectados por Exposición a Metales Tóxicos envió una carta al Ministerio solicitando la incorporación de la sociedad civil a la comisión sectorial encargada de elaborar dicho plan.

Se calcula que son miles las personas afectadas y en al menos una decena de regiones existen casos abundantemente documentados de contaminación por metales tóxicos asociados a la actividad minera y de hidrocarburos.

Corte Interamericana de Derechos Humanos solidifica el derecho a un medio ambiente sano

La decisión refuerza los derechos de acceso, las obligaciones extraterritoriales y el principio de precaución

La Corte Interamericana de Derechos Humanos emitió un dictamen que establece precedentes que reconoce el derecho a un medio ambiente sano como fundamental para la existencia humana y enumera los deberes clave de los Estados en la protección de ese y otros derechos relacionados con el medio ambiente.

"Esta opinión amplía y fortalece el creciente corpus de leyes que confirma las obligaciones de los Estados de proteger el derecho a un medio ambiente sano", dice Carla García Zendejas. Abogado Senior en el Centro de Derecho Ambiental Internacional (CIEL). "Este precedente histórico impulsará comunidades que buscan justicia no solo en América Latina sino en todo el mundo, desde comunidades afectadas por la minería en Colombia hasta defensores de la justicia climática en Filipinas y más allá". La opinión es particularmente significativa porque las decisiones de la CIDH tienen jurisprudencia avanzada en tribunales internacionales de todo el mundo durante décadas. El CIEL proporcionó información sobre las cuestiones jurídicas que el tribunal examinaba a través de un informe amicus.

Es importante destacar que la opinión reconoce que el derecho a un medio ambiente saludable es a la vez un derecho individual y colectivo que protege a las generaciones presentes y futuras. Críticamente, reconoce que el deber de un país de proteger estos derechos no se detiene en sus propias fronteras. Los gobiernos tienen el deber en virtud de la Convención de proteger los derechos humanos de los impactos ambientales y los daños causados ​​por actividades bajo la jurisdicción o el control del Estado, incluso cuando los daños caen fuera de su territorio.

"Esta opinión tiene ramificaciones mucho más allá de los entornos marinos que provocaron la pregunta de Colombia", agrega Carroll Muffett, Presidente de CIEL. "Al reconocer que el derecho a un medio ambiente sano trasciende fronteras y generaciones, el Dictamen contribuirá de manera vital a acelerar los esfuerzos para proteger los derechos de las generaciones presentes y futuras del daño transfronterizo, incluidos los impactos del cambio climático".

La decisión también marca un paso vital hacia la codificación de los derechos de acceso consagrado en el Principio 10 de la Declaración de Río. La decisión articula: "Los Estados tienen la obligación de garantizar el acceso a la información con respecto a las actividades que pueden afectar el medio ambiente, el deber de garantizar el derecho a la participación pública en las decisiones y políticas que pueden afectar el medio ambiente y el acceso a la justicia con respecto a Obligaciones del Estado para la protección del medio ambiente ". En momentos en que la negociación de un acuerdo regional vinculante sobre el Principio 10 está llegando a su etapa final en América Latina y el Caribe, la decisión de la Corte agrega energía y urgencia a este esfuerzo.

Analizarán la situación de los defensores y defensoras de derechos humanos en la región Puno.

 

Con el objetivo de realizar el proceso de identificación de riesgo para defensores y defensoras de derechos humano en la región de Puno, a través de la matriz de riesgo, mapa de actores, mapa geográfico y otros instrumentos. Se recogerá datos importantes para conocer la situación que enfrentan los defensores de derechos humanos en el altiplano puneño.

Defensores y defensoras de derechos humanos.

En las últimas décadas, en el sur andino que comprende Cusco, Apurímac y Puno, durante este tiempo se incrementaron el número de operaciones mineras y como consecuencia generaron situaciones críticas, estos casos de afectación de los derechos de los representes de las comunidades campesinas y las organizaciones sociales posibilitan la criminalización de los defensores ambientales. Según informe N° 168 emitido por la Defensoría del Pueblo, menciona que durante el mes febrero de 2018, se evidenciaron 15 conflictos entre activos y latentes en la región Puno, la mayor parte de estos son conflictos socioambientales. 

Por lo tanto, se realizará el “Taller de Identificación de Riesgos para Defensores y Defensoras de Derechos Humanos de la Región” el día miércoles 28 de marzo en el Hotel Terra Puno. En la actividad podrán participar los invitados de los representantes de las comunidades campesinas y organizaciones sociales de base acreditadas de la región de Puno, además que se encuentren en situaciones de riesgo por su labor de defensa de derechos humanos, territorio y recursos naturales.

El evento es promovido por Derechos Humanos y Medio Ambiente (DHUMA), en colaboración con la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos (CNDDHH).

Situación crítica de los defensores y defensoras de los derechos humanos en el Perú, detallan en el informe 2017/2018 de la Amnistía Internacional.

 

La situación de los Derechos Humanos en el Perú es detallada en el informe 2017/18 de la Amnistía Internacional. Donde se aprecia que, en el caso del Perú, Los defensores y defensoras de los derechos humanos sufren criminalización y acoso mediante procedimientos judiciales con penas elevadas. Por ejemplo, en la región de Puno, durante el año 2017 se conocieron hechos de trascendencia internacional como el caso de CIADI, litigio internacional entre una mina canadiense y república de Perú, que finalmente el fallo favoreció a la minera, además de la condena judicial de un líder Aymara Walter Aduviri sobre el Caso Aymarazo en dos instancias a 7 años de cárcel y reparación de 2 millones de soles. La situación es crítica de los defensores y defensoras en la región Puno, ya que quedan como antecedentes las sentencias emitidas durante el año 2017 y son potenciales instrumentos de amedrentamiento para las comunidades originarias del altiplano que reclamen sus justos derechos ambientales, asimismo, el aparato estatal ha mostrado hostigamiento con los defensores de los derechos humanos en diversos casos y entre otros.    

 

CASO PERÚ: INFORME COMPLETO  2017/18 AMNISTÍA INTERNACIONAL

Los derechos relacionados con la tierra y el territorio seguían viéndose amenazados por la adopción de leyes que debilitaban el marco de protección de los derechos de los pueblos indígenas y socavaban el derecho al consentimiento libre, previo e informado. La violencia contra las mujeres y los índices de embarazo en niñas continuaban en aumento, sin que hubiera una respuesta eficaz del Estado.

El indulto y gracia presidenciales concedidos por razones humanitarias al ex presidente peruano Alberto Fujimori causaron honda preocupación por lo que suponían para la impunidad y las garantías del debido proceso.

DEFENSORES Y DEFENSORAS DE LOSDERECHOS HUMANOS

Continuaban las amenazas y el acoso por parte de agentes tanto estatales como no estatales contra defensores y defensoras de los derechos humanos, especialmente contra quienes trabajaban sobre cuestiones relativas a la tierra, el territorio y el medio ambiente, sin que existieran políticas para su protección efectiva ni un reconocimiento público de la importancia de su labor. Los defensores y defensoras de los derechos humanos sufrían criminalización y acoso mediante procedimientos judiciales con penas elevadas, y normalmente carecían de recursos económicos para asegurarse una asistencia letrada adecuada.

En mayo, la Corte Suprema de Justicia confirmó la absolución de Máxima Acuña, con lo que puso fin a un proceso judicial infundado por usurpación de tierras que había durado más de cinco años. Máxima Acuña y su familia seguían denunciando actos de intimidación, mientras la propiedad de las tierras en las que vivían continuaba pendiente de una resolución judicial.

DERECHOS DE LOS PUEBLOS INDÍGENAS

La adopción de una serie de normas que rebajaban los requisitos ambientales y facilitaban los procedimientos de acceso a la tierra con el objetivo de promover proyectos extractivos o de infraestructura seguía colisionando con el marco de protección de los derechos de los pueblos indígenas. Los pueblos indígenas de la comunidad de Cuninico, en la región de Loreto, y de las comunidades de Espinar, en la región del Cusco, seguían padeciendo una crisis de salud porque sus únicas fuentes de agua habían sido contaminadas con metales tóxicos, y el gobierno no realizaba las acciones necesarias para brindarles atención médica especializada y acceso a agua limpia y apta para el consumo.

No se hicieron progresos significativos en el caso de cuatro líderes indígenas asháninka a los que mataron en 2014, en la región de Ucayali, tras haber denunciado ante las autoridades amenazas de muerte de madereros ilegales.

IMPUNIDAD

Un año después de su aprobación, aún no se había implementado el Plan Nacional de Búsqueda de Personas Desaparecidas. El 24 de diciembre, el presidente Kuczynski concedió un indulto y gracia por razones humanitarias al ex presidente Alberto Fujimori, que cumplía desde 2009 una condena a 25 años de prisión por crímenes de lesa humanidad. La decisión presentaba deficiencias importantes: falta de transparencia, de imparcialidad, de respeto

al debido proceso y de participación de las víctimas y sus familias, especialmente dada la gravedad de los crímenes de derecho internacional en cuestión. En junio, la Corte Suprema de Chile confirmó la ampliación de la solicitud de extradición de Alberto Fujimori para incluir

los homicidios de seis habitantes del distrito de Pativilca, departamento de Lima, cometidos en enero de 1992. En julio, la Tercera Fiscalía Penal Nacional de Perú acusó a Alberto Fujimori de ser responsable de ese delito, cometido por sus subordinados en complicidad con otras personas. No obstante, la gracia que le fue concedida el 24 de diciembre dejó sin efecto cualquier procedimiento judicial contra él y, por lo tanto, hizo temer que el caso de Pativilca quedara impune. En agosto, varios militares fueron condenados por la tortura, desaparición forzada y ejecución extrajudicial de 53 personas ocurridas en el cuartel militar de Los Cabitos, Ayacucho, en 1983.

En septiembre comenzó el juicio contra varios exmiembros de la Marina acusados formalmente de matar a más de 100 personas en 1986 durante un motín en la prisión de El Frontón, unas muertes que podrían constituir un crimen de lesa humanidad.

VIOLENCIA CONTRA MUJERES Y NIÑAS

Entre enero y septiembre, el Ministerio Público registró 17.182 denuncias de “delitos contra la libertad sexual”, que incluían violación y otros tipos de violencia sexual. El poder judicial solamente hizo un seguimiento de 2.008 (un 11%) de esas denuncias. El registro de las denuncias no especificaba el género de quienes las presentaron.

Durante ese mismo período, el Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables reportó 94 casos de feminicidio. No hubo avances concretos en materia de políticas o legislación para combatir la violencia contra las mujeres y las niñas.

DERECHOS SEXUALES Y REPRODUCTIVOS

Los índices de embarazo de niñas seguían siendo altos. Según cifras oficiales, al menos 12 niñas de 11 años o menos y 6.516 niñas de entre 12 y 17 años dieron a luz entre enero y marzo. El aborto continuaba penalizado en todas

las circunstancias, excepto cuando la salud o la vida de la mujer o niña embarazada corriera peligro. Estaba pendiente de trámite ante el Congreso un proyecto de ley para la despenalización del aborto en casos de violación.

Más de 5.000 mujeres habían sido incluidas en el Registro de Víctimas de Esterilizaciones Forzadas; sin embargo, no había habido avances para lograr que se hiciera justicia y se les brindara reparación.

DERECHOS DE LESBIANAS, GAYS, BISEXUALES, TRANSGÉNERO E INTERSEXUALES

Perú carecía aún de legislación específica que reconociera y protegiera los derechos de las personas LGBTI, quienes seguían afrontando discriminación y violencia por su orientación sexual o su identidad de género. En mayo, el Congreso derogó parcialmente el Decreto Legislativo 1323, incluido el apartado que establecía que “la orientación sexual y la identidad de género” de la víctima eran agravantes en ciertos delitos y constituían elementos del delito de discriminación. Las personas transgénico seguían sin contar con un reconocimiento social y jurídico de su identidad de género, y se veían privadas de sus derechos a la libertad de circulación, la salud, el trabajo, la vivienda y la educación, entre otros.

Líderes Aymaras enfrentarán el segundo juicio oral por el caso Aymarazo

 

Los líderes aymaras enfrentan un nuevo juicio oral por el caso Aymarazo, entre los acusados se encuentra Walter Aduviri Calisaya, José Aurelio Cupi Claros, Javier Pari Sarmiento, Patricio Illacutipa Illacutipa y Rufino Machaca Quinto, quienes fueron acusados por la Fiscalia Provincial Mixta del distrito de Desaguadero como coautores mediatos del delito contra la seguridad pública, en la modalidad de delitos contra los medios de transporte, comunicación y servicios públicos.

Según el expediente N° 00097-2012 tramitado en el Juzgado de Desaguadero, donde el Fiscal de Desaguadero solicita nuevamente 7 años de pena privativa de libertad con el carácter de efectiva para cada uno de los acusadosy 2 millones de soles por reparación civil quienes en forma solidaria deberán pagar a favor del Estado.  Además, el señor Fiscal de Desaguadero responsabiliza a los líderes aymaras como coautores mediatos, Asimismo, este segundo juicio por el caso aymarazo se llevará a cabo el día jueves 10 de mayo del 2018, a horas 10:00a.m. en la localidad de Desaguadero, pero hay la posibilidad de trasladar el juicio a la ciudad de Puno.

“…quienes, en su calidad de dirigentes institucionales, y con dominio de esta masa irracional, enardecida que jamás dio razones, ni entendió las mismas, empujaron a la población a la comisión de …” Argumenta el fiscal en el expediente.

Se considera que la Sentencia Penal Colegiada, contenida en la Resolución N° 63, de fecha 18 de Julio 2017, (aymarazo I) ya viene replicándose para reprimir a los defensores Ambientales y los derechos humanos de los pueblos indígenas, indicando que los denunciados convocaron a una movilización ilegal en contra del proyecto minero Santa Ana en el distrito de Huacullani en el año 2011.

Inicialmente en este proceso, Julio Alain Talledo Chávez procurador Púbico  especializado en asuntos de Orden Público del Ministerio del Interior denunció a 7 líderes aymaras entre ellos a Walter Aduviri Calizaya, Rufino Machaca, José Cupi Claros, Gilber Chura, Benjamín Choque, Patricio Illacutipa y Domingo Quispe, pero en el transcurso del proceso algunos fueron excluidos, Sin embargo el fiscal sustenta que los dirigentes habrían movilizado a más de 50.000 pobladores ayamaras para realizar disturbio en el distrito de Desaguadero.

Fuente: DHUMA

Mineras formales contaminan la cuenca de Llallimayo en la provincia de Melgar - Puno

 

Entidades del Estado y comisionado de mesa de diálogo desaíran a la población de la cuenca Llallimayo, al no presentarse a la reunión fijada para el día de ayer (8 de marzo) en la localidad de Ayaviri. El ministerio del Ambiente, Minas, Salud y OEFA debieron presentar informe de estudios finales de la situación de la contaminación de la cuenca Llallimayo.

Foto: DHUMA "Situación de la Contaminación de la Cuenca Llallimayo".

Como se conoce, que mediante el informe 077-2017 de OEFA, se confirma que existe contaminación minera causada por las operaciones mineras de Aruntani, ya que las aguas contaminadas provienen del botadero “Yesica”. Se encontró que allí existe afloramiento de agua subterránea ácida con altas concentraciones de aluminio, cobalto, cobre, hierro y manganeso. Sin embargo, la fiscalía continúa exigiendo más pruebas.

 se conoce que el río Hatun Ayllo, cabecera de la cuenca del río Llallimayo, mostraba una coloración extraña desde hace tiempo. La población sostuvo que este cambio se explicaría por relaves mineros de la Mina Arasi de la empresa Aruntani S.A.C.

Según el informe de OEFA, dichas aguas contaminadas provienen del botadero “Yesica”. Se encontró que allí existe afloramiento de agua subterránea ácida con altas concentraciones de metales pesados.

Por su parte el Estado continúa ofreciendo un plan de acción desde los ministerios de Vivienda, Salud, Educación, y Energía y Minas, indicando que la contaminación se va a mitigar instalando paneles solares y construyendo más canales de riego. Sin tomar encuentra la problemática ambiental y social.

LABORES:

A inicios del presente año la mesa de trabajo de la problemática socio ambiental de la cuenca de Llallimayo, del ámbito de los distritos de Ayaviri, Cupi, Llalli y Umachiri de la Provincia de Melgar en reunión acordó remitir el informe final complementario a la Presidencia del consejo de Ministros, Ministerio de Energía y Minas, Ministerio de Agricultura y Riego, Ministerio del ambiente. Donde la población exige la presencia de comisión de alto nivel, con el fin de plasmas acuerdo concretos.

INFORMES

De acuerdo al informe Técnico Nº 138-2017-ANA-DGCRH-GOCRH del último mes del pasado año, las aguas de la zona alta de la cuenca donde se ubica la mina, que corresponde a la quebrada Lluchusani, río Azufrini y río Chacapalca, son ácidas y se encuentran contaminadas   por metales pesados con Aluminio, Arsénico, Berilio, Litio, Magnesio, Hierro, Cobalto, Cobre, Cadmio y Plomo.

Así también, el informe Nº 039-2017/DESA/DSB/DIRESA/GR-PUNO del 21 de abril del 2017, llega a la conclusión de que las aguas que consumen en los distritos de Llalli, Cupi, Umachiri y Ayaviri, no cumplen con los límites máximos permisibles del reglamento de calidad de agua para consumo humano.

ANTECEDENTES

Cabe precisar que de acuerdo al informe 038-2015, respecto a la posible contaminación, OEFA no se pronunció y suscribe que tampoco puede hacerlo respecto a la infracción sobre los límites máximos permisibles. 

El informe 009-2015, en la interpretación de análisis de laboratorio, el organismo concluye que no se puede pronunciar y ni puede hacerlo respecto a la presunta responsabilidad administrativa de la empresa minera Aruntani. 

El informe 110-2015 OEFA, sobre un procedimiento de monitoreo, el organismo concluye que arriba de la operación minera sí contamina, pero abajo no, o sea no asume responsabilidad la operación minera.

El 30 de diciembre, el organismo de fiscalización emite un cuarto informe 258- 2015 calidad de agua aire de Ocuviri de interés del cual refiere que han sido elevadas las concentraciones de arsénico, mercurio, plomo, en sedimentos en el río; condiciones que de acuerdo a la información realizada, podría estar relacionada a la presunta existencia de actividades de pequeña minería y artesanal desarrolladas en la parte alta de la microcuenca. 

Sin embargo, a raíz de varias movilizaciones emprendidas de los distritos afectados por la contaminación OEFA emite el informe 054 en mayo del 2017. En las fojas 1011 y 1024, refiere los resultados de concentración de: aluminio, cadmio, cobalto, cobre, hierro, manganeso, ha incrementado su concentración respecto al monitoreo de años anteriores, asociadas a las actividades mineras de la zona. 

¿CONSULTA PREVIA?

Lo indignante para los pobladores de Ocuviri es que el Ministerio de Energía y Minas viene convocando al proceso de formulación del plan de consulta previa según establecido en el convenio Nº 169-OIT, sobre los pueblos indígenas u originarios.

En el oficio Nº 0199-2018-MEM-DGAAM, donde se invita a representantes de las comunidades para que puedan participar en la reunión de preparatoria para la consulta previa, donde MINEM señala que llevará el proceso de evaluación de la solicitud de inicio de actividades del proyecto de explotación minera Carlos Este es parte de la unidad minera Aruntani.

El proyecto está en el ámbito del territorio a la comunidad de Hatun Ayllu, por tal razón, el sector Energía y Minas determinó que se debe iniciar con el proceso de consulta previa. Se conoce que la primera convocatoria habría sido desairada por los pobladores, el MINEM habría sorprendido con estos anuncios a los comuneros, también se indica que deben participar el Estado, representantes de comunidades y población en general. Para esta consulta, indican que no se requiere un quórum representativo de la comunidad para el proceso de evaluación de la consulta previa.