Jr. Arequipa 345 "5to Piso" - Puno
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Declaman a la Madre Tierra “Pachamama” con canto, cuento y poesía

 

Durante mucho tiempo nuestros antepasados convivieron con la naturaleza, además lo comparaban con el amor de una madre, ya que ella es inmensa y nos protege, por ello aprovechaban el don de la naturaleza, para vestir, alimentarse, ofrendar a las deidades y así estar en armonía con todo lo que nos rodea.

Foto: DHUMA " Concurso de Canto, Cuento y Poesia a la Madre Tierra"

Es por ello, con el objetivo de concientizar para preservar nuestro medio ambiente los niños, jóvenes y adultos del distrito de Platería, declamaron a la madre Tierra “Pachamama” en un Concurso de Canto, Cuento y Poesía con mensajes alusivos a la Madre Tierra. Estas creaciones fueron compuestas por los participantes en su idioma natal aimara.

Foto: DHUMA " Niña aimara dedica a la Madre Tierra"

Se reconocieron a las mejores dedicatorias por los organizadores, resaltando los mensajes de aliento en favor al cuidado del medio ambiente. En su mayoría participaron estudiantes del nivel primario y secundario de las diferentes Instituciones Educativos del ámbito distrital.

Foto: DHUMA " Ofrenda a las deidades"

 

Análisis social del caso “Aymarazo”: desde la mirada del trabajador social

 

Artículo de Opinión

Por:  Maritza Quenta Quispe

Puno, mayo del 2018

Foto: DHUMA "Mujeres aimaras de la zona sur de Puno apoyando a sus líderes procesados en la Corte Superior de Puno"

I. INTRODUCCIÓN

En el presente trabajo se analiza el caso “Aymarazo” desde la mirada del Trabajador Social, se analiza a partir del contexto en que se desarrolló el denominado “Aymarazo”, que estos últimos días está llenando la página de muchos diarios y medios de comunicación, a partir del análisis de la familia como protectora de derechos fundamentales  a vivir en un medio ambiente sano y si se vulnera otros derechos fundamentales y como consecuencia se dio el caso “Aymarazo”, caso ocurrido en la ciudad de Puno, a través de la revisión de diferentes informes y Jurisprudencia, sentencia y otros documentos, llegándose así a la conclusión de que existe vulneración del derecho fundamental que tiene toda persona a gozar de un medio ambiente equilibrado y adecuado al desarrollo de su vida.

Uno de los aspectos más importantes para la vida de los aymaras está en relación a su saber andino como conocimiento que está en relación a sus valores y creencias ancestrales: por cuanto, para ellos los cerros “Apus” se constituyen como los guardianes tutelares de custodia de su vida y su cosmovisión andina; es decir de su cultura. Además, que consideran que la tierra y las especies de flora y fauna tienen vida propia, de ahí su relación magnifica con la “Pachamama” que le da sus frutos no sólo para su subsistencia en relación a sus necesidades básicas de alimentación sino algo más místico y espiritual.

Se analizará sobre; conciencia y papel de la mujer en el “Aymarazo”, en donde le permita desarrollarse en los distintos ámbitos, en donde ya no sea una más, sino “parte de”.

PALABRAS CLAVES:

Aymarazo, derechos, familia, cosmovisión, participación de la mujer.

 

II. CONTENIDO

RECUENTO HISTÓRICO

En el Perú estos conflictos socio-ambientales se dieron durante las llamadas reformas estructurales que se dieron durante la década de los noventas en el Perú, a partir de ello una serie de cambios en los marcos institucionales y normativos abrió las puertas a la inversión privada y a la instauración de la lógica de mercado como la principal asignadora de los recursos. El estado de haber tenido un rol protagónico en la economía y el ordenamiento de lo social, pasó a un rol básicamente regulador. En efecto, la economía inició un crecimiento sostenido basado en ciertos sectores, sobre todo extractivos y en particular alrededor de la explotación minera e hidrocarburífica. A par de esta fase expansiva de la economía, se abrió también un escenario nuevo con la particularidad y persistente presencia de los denominados conflictos socioambientales.

Pero antes de desarrollar el artículo, es necesario precisar que el estado peruano a través del Decreto Supremo N° 083-2007-EM, declara de interés público la inversión privada en la actividad minera y otorga concesión minera “Santa Ana” que se encuentra dentro de los 50 km de la frontera con Bolivia a favor de la empresa Bear Creek Mining Company Sucursal en Perú, en los distritos de Huacullani, Kelluyo y Pizacoma pertenecientes a la provincia de Chucuito - Juli.

CONTEXTO

Según el diario La República, durante los últimos años las concesiones mineras en Puno han aumentado de manera importante, y se ha convertido en la segunda región, después de Arequipa con más concesiones.

En los últimos días, uno de los temas que ha llenado las páginas de muchos diarios y medios de comunicación puneños, ha sido la sentencia dictada en el proceso penal del caso “Aymarazo”.

Es así que el 9 de mayo del 2011 las comunidades aymaras de Puno emprenden su lucha en defensa de sus recursos naturales, para ellos considerado como fuente de vida y producción.

En este contexto se emitió la sentencia que condenó a Walter Aduviri (en su calidad de dirigente) como autor inmediato de lo ocurrido en aquel momento. Esto constituye una afectación y enfrenta a los derechos de los pueblos indígenas, quienes solo buscaron por medio de las protestas defender los derechos que la constitución política del Estado Peruano les había reconocido en el ejercicio de sus derechos.

ANÁLISIS SOCIAL

Las comunidades campesinas, y por ende el poblador aymara, está íntimamente vinculado a la defensa de su territorio y los recursos naturales considerándolo como fuentes vitales de sobrevivencia y producción, y en caso esto se encuentre en riesgo o amenaza harán lo necesario por asumir actos de defensa, organizándose para evitar tal acontecimiento. Están tan arraigados a su cosmovisión y su forma de vida que si tratamos de modificar esto, se estaría afectando los derechos de los pueblos indígenas y todo lo avanzado tendría un retroceso irreparable.

Las consecuencias a nivel social se dieron desde un lado racista, despectivo y discriminatorio, tildando a todos los aymaras como revoltosos, matones, agresivos e irrespetuosos, generando así tipificaciones despectivas perjudicando su integridad.

Además, la familia sufrió daños y consecuencias irreparables afectando su composición y organización como tal, se generó descomposición y quiebre en su organización dentro de ella.  Entendiéndose que la familia es la primera institución con la que entra en contacto todo ser humano, pues aún antes del nacimiento vive en primera persona el efecto de la relación materno-filial. De tal forma que, desde el inicio de la existencia humana, las funciones prodigadas por la familia respecto de sus miembros son insustituibles y fundamentales.

Dichas funciones no sólo cubren los aspectos materiales (alimentación, vivienda, medicamentos, entre otros) de las necesidades de sus miembros, sino también los aspectos espirituales (educación, solidaridad, afecto, seguridad, comunicación, atención, seguridad, socialización, etc.). Es sobre todo en relación a estos últimos, que la familia se convierte más que en un conglomerado de personas con funciones meramente asistenciales, en una comunidad de amor y de vida en la que cada uno de sus miembros se siente acogido, respaldado y seguro.

En ese sentido, el ambiente familiar proporciona al ser humano los bienes necesarios para desarrollarse adecuadamente y previene o corrige las situaciones que puedan afectar dicho desarrollo. De esta manera, son los padres quienes ostentan la responsabilidad primordial de la crianza, orientación y protección de los niños y niñas, quienes para desarrollarse integralmente necesitan del entorno familiar y del ambiente de felicidad, amor y comprensión que se vive dentro de él; siendo, en consecuencia, los primeros obligados en resguardar el respeto y primacía del interés superior del niño y niña en las situaciones que lo involucran.

En el caso “Aymarazo” las familias sufrieron atropellos que entorpecieron su rol de padres, en muchos de los casos los padres salieron de sus viviendas dejando a su familia en desamparo y velando por la defensa de sus recursos naturales, también hubo hechos de separación y divorcios que desintegraron la familia.

También se generó daños a nivel psicológico afectando o alterando su convivencia en la familia y comunidad limitando la participación en estos espacios en la cual la familia debe participar como institución intermedia entre el individuo y la sociedad, es la comunidad que, a través de la solidaridad como forma de vida, protege y educa a sus miembros para su proyección en la vida social. Y ésta conjunción de funciones es una labor que sólo puede ser cumplida naturalmente por ella y que no puede ser sustituida sin que lleve consigo una afectación para sus miembros.

Se ha denominado como: “Aymarazo” este hecho social, en alusión y la relación en analogía como movimiento social (que por cierto tiene matices diferentes) de lucha de reivindicación social del “Baguazo” de nuestros hermanos de la región del oriente peruano. El conflicto social generado por nuestros paisanos aymaras del sur de nuestra región Puno tiene una explicación percibida desde motivaciones culturales, económicas, ecológicas y sociales hasta políticas; que, por cierto, ha traído consecuencias en las mismas dimensiones.

Tal como lo describe BIGIO, I. (2002), los aymaras han mantenido una serie de instituciones comunitarias y ritos religiosos propios. Posiblemente son el pueblo andino que más haya mantenido los cultos cósmicos, como a los cerros “apus”, al sol “inti” y la madre tierra “pachamama”. Tienen su propio calendario andino cada fecha ellos lo celebran, por ejemplo, el 21 de junio celebran el inicio de su año.

Uno de los aspectos más importantes para la vida de los aymaras está en relación a su saber andino como conocimiento que está en relación a sus valores y creencias ancestrales: por cuanto, para ellos los cerros “Apus” se constituyen como los guardianes tutelares de custodia de su vida y su cosmovisión andina; es decir de su cultura. Además, que consideran que la tierra y las especies de flora y fauna tienen vida propia, de ahí su relación profunda con la “Pachamama” que le da sus frutos no sólo para su subsistencia en relación a sus necesidades básicas de alimentación sino algo más místico y espiritual.

Este movimiento social terminó en radicalizar sus medidas y estrategias de lucha al enterarse que su Dios tutelar, estaba incluido dentro de los lotes de concesión para la exploración y explotación minera que afecta incluso al país de Bolivia. Este lugar que se constituye “sagrado” dentro de su cultura no sólo resulta ser un Dios tutelar, sino les provee a varias comunidades campesinas y centros poblados de varios distritos de la región sur del líquido elemental agua tanto para su consumo como para sus actividades agropecuarias, además esto afecta al vecino país de Bolivia, porque en Huacullani se encuentra varias cabeceras de agua que desembocan en la zona fronteriza.  Esencialmente ésta es la causa que dio origen al movimiento social de los aymaras que terminó con consecuencias negativas de dimensiones económicas, sociales y políticas que todos sabemos.

PARTICIPACIÓN DE LA MUJER EN EL CASO “AYMARAZO”

En la actualidad se habla bastante sobre toma de decisiones y participación de la mujer en espacios políticos, económicos, ambientales, sociales, culturales, entre otras. Así es capaz de emprender nuevos retos que la lleven a ejercer sus derechos y velar porque estos sean respetados y valorados en el conjunto social. A través de la participación de la mujer, se promueve una cultura equitativa e incluyente para fortalecer los distintos espacios existentes y contribuir a mejorar las condiciones de vida y satisfacción de necesidades de los grupos más excluidos, trabajando en conjunto para legitimar la participación activa y viva de la mujer poniendo en práctica su papel en los procesos de desarrollo.

Específicamente en el caso “aymarazo” muchas mujeres indígenas encabezaron a sus comunidades en la lucha por la defensa de sus territorios y sus recursos naturales, oponiéndose a los proyectos de extracción no reglamentados y a los acaparamientos de tierras realizados en nombre del “desarrollo”. Bajo el ejercicio de sus derechos.

A partir del 2011 hubieron más de 100 personas en investigación, pero solo 19 fueron procesados por el caso aymarazo y 2 de ellos fueron mujeres ex autoridades comunales que en ese momento se encontraban sirviendo a su comunidad. Ellas son: Francisca Sarmiento Choque de la Comunidad de Cumi y Gregoria Calisaya Pineda de la Comunidad de Santa Cruz de Ariguas del sector Huanuni, ambas del distrito de Desaguadero – Puno.

En la actualidad (2018), a pesar que las mujeres aymaras han sido absueltos (libres) del proceso judicial luego de 7 años de litigio en el juzgado de la capital de la región, a lo largo de estos años se demostró su inocencia de las que acusaba el Estado peruano, pero aún quedan las secuelas que han dañado sus vidas en lo económico, psicológico, salud, estigma social, daño a la organización comunal, quebrantamiento en la cosmovisión Andina y la identidad de la cultura Aymara. Estos daños deben ser reparados por parte del Estado peruano.

Sin embargo, la pregunta que se hace es ¿las mujeres realmente participan en estas protestas por la defensa de sus recursos naturales o son manipuladas para cumplir actividades domésticas? La pregunta la hago porque escuche a muchas personas decir; “las mujeres solo van a cumplir labores domésticas”

En este caso me atrevo a decir que las mujeres si tuvieron un rol protagónico y participativo en la defensa de sus recursos naturales, porque en las movilizaciones y paros que se realizó, se observa bastante participación de ellas, tomando la iniciativa, desplazándose a los lugares que sea necesario para defender sus recursos naturales y explicando la razón de su protesta, en esta línea y viendo videos de medios de comunicación local y nacional se puede ver que muchas mujeres pernoctaron en las calles para ser escuchados, un ejemplo de ello fue cuando viajaron a la capital de Lima sin ni siquiera haberlo planificado, solo con el claro objetivo de ser escuchados. Ellas firmes en la defensa de sus recursos y cosmovisión.

A partir de ello se debe hacer un llamado a la reflexión en donde las mujeres adquieran confianza en ellas mismas para promover su participación en el ámbito político y por lo tanto buscar su desarrollo personal y realización como “mujer” que tome decisiones, que se involucre en los distintos procesos y que sea partícipe de su propio desarrollo, dejando atrás los paradigmas que la envuelven en un contexto donde se le clasifica como grupo vulnerable y desprotegido.

La mujer puede asumir un papel que le permita desarrollarse en los distintos ámbitos, en donde ya no sea una más, sino “parte de”, en donde la mujer tenga la oportunidad de mejorar sus condiciones económicas, en donde tenga acceso a un trabajo digno y a capacitarse, que se compartan responsabilidades familiares, que las mujeres adquieran conciencia y que eleven sus niveles de autoestima y seguridad en sí mismas. Esto solo se logra a través de su participación real, protagónica e incidencia en espacios de toma de decisiones políticas.

Por lo tanto, es imperativo impulsar acciones que promuevan la participación protagónica de las mujeres a nivel social y político. Para eso las mujeres deben ser capaces de expresar sus necesidades y defender sus intereses en el ámbito privado y ampliarse al público. Los proyectos de desarrollo deben contribuir y estimular la autonomía de las mujeres promoviendo el desarrollo de capacidades que les permitan ejercer sus derechos como ciudadanas y sujetas políticas de cambio. Asimismo, producir el empoderamiento de las mujeres que permita su involucramiento en los procesos de participación social y el ejercicio de derechos y ciudadanía.

Es importante dar el primer paso para la participación de las mujeres, motivándolas a involucrarse en los distintos procesos económicos, sociales, culturales y políticos de la sociedad, que permitan la igualdad, generando el involucramiento de las mujeres en el campo de la política, dando a conocer la temática y abriendo espacios de formación, diálogo, debate, concertación y participación, ejerciendo los derechos como ciudadanas.

 

III. CONCLUSIONES

  • Las comunidades campesinas, y por ende el poblador aymara, está íntimamente vinculado a la defensa de su territorio y los recursos naturales considerándolo como fuentes vitales de sobrevivencia y producción, para ellos “suma jakaña”.
  • El caso “Aymarazo” tuvo una fuerte carga discriminatoria y despectiva, tildándolos de vándalos, asesinos, revoltosos e irrespetuosos.
  • En este caso la familia sufrió daños y consecuencias irreparables que afectaron y/o quebrantaron su composición y organización como tal, dentro de ella.
  • Uno de los aspectos más importantes para la vida de los aymaras es “suma jakaña” la cual está en relación a su saber andino como conocimiento que está en relación a sus valores y creencias ancestrales: por cuanto, para ellos los cerros “Apus” se constituyen como los guardianes tutelares de custodia de su vida y su cosmovisión andina; es decir de su cultura.
  • Se debe generar conciencia y papel de las mujeres en el caso “Aymarazo”, que le permita desarrollarse en los distintos ámbitos, en donde ya no sea una más, sino “parte de”, en donde la mujer tenga la oportunidad de mejorar sus condiciones económicas, en donde tenga acceso a un trabajo digno y a capacitarse, que se compartan responsabilidades familiares, que las mujeres adquieran conciencia y que eleven sus niveles de autoestima y seguridad en sí mismas.

 

IV. REFERENCIAS BIBLIOGRAFICAS

  • Derechos Humanos y Medio Ambiente, (22 de mayo de 2018). Conflicto socioambiental Aymara. Puno – Perú [Archivo de video]. Extraído el 14 de mayo del 2018 de: https://youtu.be/eZ9pUHf4480
  • Derechos Humanos y Medio Ambiente, (22 de mayo de 2018). La verdad de las mujeres indígenas procesadas del caso aymarazo. Puno – Perú [Archivo de video]. Extraído el 14 de mayo del 2018 de https://youtu.be/DL8SFq4qWdk

 

 

Las comunidades campesinas de Nuñoa temen ser afectadas por el proyecto minero Santo Domingo de Minsur

 

Debido a las leyes de promoción de las inversiones y de minería, actualmente las concesiones mineras se han extendido por todo el país, una de ellas es el proyecto Santo Domingo de la Empresa Minera Minsur S. A. El impacto ambiental que generaría en nacimientos de las cuencas del distrito de Nuñoa (Melgar) como son; Ccasahuallata, Antuyo, Ccacumani, Juhyurumini y Fani, habría la posibilidad que afecte a las cuencas aledaños.

Foto: DHUMA "Reunión de las  comunidades campesinas de Nuñoa"

En una reciente reunión de la población de las comunidades, temen ser afectadas por el proyecto Santo Domingo, y piden el retiro de la empresa, ya que podrían sufrir contaminación de sus recursos que son el sustento de las familias. Los habitantes de las comunidades se dedican al pastoreo de las alpacas, donde las cuencas poseen un potencial en la crianza de camélidos suramericanos por la presencia de inmensas pampas de humedales y rica en pastizales.   

Foto: DHUMA "protegiendo las cabeceras de cuenca"

En la Ley Nº 29785, del Derecho a la Consulta Previa a los Pueblos Indígenas u Originarios y su reglamentación, que recoge aspectos del Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) y que fue ratificado por el Estado peruano, por lo tanto, el Estado debe realizar la consulta previa tratándose de un derecho colectivo que tienen los pueblos originarios, en su mayoría están ubicados en el área de influencia del proyecto en vías de exploración y explotación minera, ya que cuyos derechos pueden verse afectados de forma directa e indirecta.

Foto: DHUMA "Ofrenda a Pachamama"

 

SUSPENDEN EL SEGUNDO JUICIO ORAL SEGUIDO A LOS LÍDERES DEL CASO AYMARAZO

 

El Juez Penal Unipersonal de Desaguadero - CHucuito Marco Antonio Ticona Mirando hoy jueves 10 de mayo a las 10 horas aproximadamente instaló la audiencia por el segundo juicio oral por el caso Aymarazo, esta vez se llevó en la sede la Corte Superior de Justicia de Puno por medida de seguridad ya que debería llevarse en Desaguadero, los líderes acusados son José Aurelio Cupi Claros, Javier Pari Sarmiento, Patricio Illacutipa Illacutipa, Rufino Machaca Quinto y Walter Aduviri Calisaya; este último presentó un documento indicando que el día mañana 11 de mayo tiene Audiencia en la Corte Suprema de Lima por lo que el juez admitió y programó continuar el día lunes 21 de mayo a horas 10 horas en la misma sede.

Según el expediente N° 00097-2012 tramitado en el Juzgado de Desaguadero, donde el Fiscal de Desaguadero solicita nuevamente 7 años de pena privativa de libertad con el carácter de efectiva para cada uno de los acusadosy 2 millones de soles por reparación civil quienes en forma solidaria deberán pagar a favor del Estado.  Además, el señor Fiscal de Desaguadero responsabiliza a los líderes aymaras como coautores mediatos.

“…quienes, en su calidad de dirigentes institucionales, y con dominio de esta masa irracional, enardecida que jamás dio razones, ni entendió las mismas, empujaron a la población a la comisión de …” Argumenta el fiscal en el expediente.

Se considera que la Sentencia Penal Colegiada, contenida en la Resolución N° 63, de fecha 18 de Julio 2017, (aymarazo I) ya viene replicándose para reprimir a los defensores Ambientales y los derechos humanos de los pueblos indígenas, indicando que los denunciados convocaron a una movilización ilegal en contra del proyecto minero Santa Ana en el distrito de Huacullani en el año 2011.

Inicialmente en este proceso, Julio Alain Talledo Chávez procurador Púbico  especializado en asuntos de Orden Público del Ministerio del Interior denunció a 7 líderes aymaras entre ellos a Walter Aduviri Calizaya, Rufino Machaca, José Cupi Claros, Gilber Chura, Benjamín Choque, Patricio Illacutipa y Domingo Quispe, pero en el transcurso del proceso algunos fueron excluidos, Sin embargo el fiscal sustenta que los dirigentes habrían movilizado a más de 50.000 pobladores ayamaras para realizar disturbio en el distrito de Desaguadero.

Fuente: DHUMA

Manifiesto Público Internacional ¡¡Alto a la Criminalización de la Protesta Social en Perú!! /International Public Sign-On Letter: Stop the Criminalisation of Social Protest in Peru!!

 

MANIFIESTO PÚBLICO INTERNACIONAL

 

¡¡ALTO A LA CRIMINALIZACIÓN DE LA PROTESTA SOCIAL Y A LA IMPUNIDAD CORPORATIVA EN PERÚ!! / STOP CRIMINALISATION OF PROTESTS

 

A la Corte Suprema de Justicia del Perú

Al Gobierno Peruano

A las empresas mineras  

Los abajo firmantes, organizaciones de la sociedad civil nacional e internacional, nos dirigimos a ustedes en solidaridad con las comunidades Aymaras del Sur del Perú, que se organizan para defender sus bienes naturales, su territorio, su agua y la salud de su población frente a los diferentes proyectos mineros asentados en la región.  

En particular vemos con mucha preocupación las tendencias que apuntan a exacerbar la criminalización de la protesta social mediante la instauración abusiva de procesos judiciales en contra de líderes de organizaciones sociales y de comunidades, a través del uso desnaturalizado de figuras penales (como la extorsión y autoría mediata) que tienen graves impactos en los DDHH, la libertad de expresión y la movilización social, debido a que en la práctica equiparan a las organizaciones sociales con entes criminales creados para delinquir y  a sus portavoces como instigadores al delito.

LOS HECHOS:

Nos referimos específicamente a los juicios derivados del conflicto socio-ambiental conocido como el “Aymarazo” del año 2011, cuando las comunidades del departamento de Puno se movilizaron en contra del proyecto minero Santa Ana, de propiedad de la empresa canadiense Bear Creek. La protesta exigía la cancelación del proyecto por los riesgos de contaminación de las fuentes de agua (incluyendo el Lago Titicaca que comparten Perú y Bolivia), la falta de consulta a las comunidades, la ilegalidad del proyecto y la falta de transparencia y mala fe de la empresa con las comunidades.  La protesta desembocó en una dura represión por parte del estado y en la cancelación del proyecto.  Sin embargo,la Fiscalía de Puno inició procesos penales a los principales dirigentes, que derivó en la condena de Walter Aduviri, principal portavoz – sentenciado a 7 años de prisión y a pagar una multa de 2 millones de soles (aprox. 600,000 dólares y 2,500 salarios mínimos vitales en Perú).  

En diciembre de 2017 los tribunales en Puno ratificaron esta sentencia y ordenaron la detención de Aduviri, quien al conocer el fallo se declaró en la clandestinidad. Su defensa presentó un recurso de casación ante la Corte Suprema de Justicia para anular la sentencia, que fue aceptada en enero 2018 y que ahora está siendo revisada.

Consideramos que, si la sentencia es ratificada por la Corte Suprema, se estarían sentando duros precedentes en contra de la defensa de los DDHH y del territorio en Perú, debido a que Aduviri es acusado de ser “autor mediato” del supuesto delito de “disturbios” durante el Aymarazo, es decir, de instigar a terceros a cometerlos.  Esto podría derivar en la persecución de más líderes que podrían ser considerados “autores mediatos” de supuestos delitos cometidos en conflictos similares, sin pruebas, y sólo por el hecho de ser portavoz de una organización o comunidad.Además, durante el proceso, y en una actitud profundamente racista, Aduviri fue despojado de sus derechos indígenas como miembro del pueblo Aymara – derecho al territorio, a la consulta, identidad, autonomía, etc. -, debido a que, a criterio de los jueces, posee estudios superiores. Es por eso que sus derechos indígenas no fueron tomados en cuenta en el juicio.

POR TODO ELLO LOS ABAJO FIRMANTES:

1.Exhortamos a los Jueces de la Corte Suprema de Justicia del Perú a resolver el caso de Walter Aduviri teniendo en cuenta los estándares internacionales de los derechos de los pueblos indígenas, reconocidos en tratados internacionales vinculantes para el Estado peruano, como es el Convenio 169 de la OIT, al igual que la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas. Con ese sustento legal y legítimo consideramos que en definitiva debe anularse la sentencia en contra de Walter Aduviri, quien no hizo más que exigir la protección de de los derechos del pueblo Aymara. 

2.Repudiamos con firmeza el uso arbitrario de figuras penales como el de “autoría mediata” (usadas en contra del ex presidente Alberto Fujimori y del líder de Sendero Luminoso Abimael Guzmán por violaciones a los DDHH) para judicializar la defensa del territorio y perseguir a miembros de organizaciones sociales y comunidades. Consideramos que es de vital importancia que el Estado respete la decisión del pueblo de rechazar cualquier proyecto minero en su territorio, en legítima defensa de sus derechos, sin que por ello sean sujetos de persecución y estigmatización.

3.Exigimos a la empresa Bear Creek Mining Corporation  y a las empresas mineras que se encuentran principalmente en el Sur del Perú a respetar los derechos y decisiones de las comunidades, en relación al proyecto Santa Ana y a cualquier otro proyecto minero en todo el país. La sociedad civil internacional organizada estará vigilando estos casos, siempre en compromiso con los pueblos afectados y sus derechos.

Consideramos que el caso de Walter Aduviri no es un caso aislado. Es parte de una política pro-minera en Perú, a la que se suman las constantes declaratorias de estados de emergencia en las zonas mineras, la suspensión de los derechos constitucionales de la población, la represión policial y la criminalización y estigmatización generalizada de las organizaciones sociales y comunidades. Al igual que en Perú, a lo largo del continente las multinacionales recorren los territorios con el único objetivo de extraer los recursos, dejando comunidades y ecosistemas destruidos. Cuando existe resistencia, el estado reprime, encarcela y hasta crea las condiciones para el asesinato impune de defensoras y defensores del territorio.

Las empresas también recurren a tribunales internacionales para demandar a los países compensaciones cuando sienten que sus inversiones han sido afectadas de cualquier forma.  Después del Aymarazo, Bear Creek demandó al Perú en el Centro Internacional para el Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (CIADI) del Banco Mundial – que le ordenó pagar a la empresa la suma de 18,2 millones de dólares, que sumados a los intereses y costos legales de la demanda asciende a 37 millones.

Todos estos hechos demuestran una vez más y con mayor fuerza la necesidad de movilizarnos globalmente para presionar a los estados a que respeten y hagan respetar los DDHH y el territorio, además de la urgencia de generar un marco legal internacional vinculante para que las empresas transnacionales rindan cuentas por sus acciones alrededor del mundo y se termine la impunidad que las protege.

FIRMAS

 Más Información en Derechos Humanos y Medio Ambiente – DHUMA, PUNO, PERÚ. http://www.derechoshumanospuno.org

 

 

 

INTERNATIONAL PUBLIC SIGN-ON LETTER: STOP THE CRIMINALISATION OF

SOCIAL PROTEST AND CORPORATE IMPUNITY IN PERU!!

 

 

To the Supreme Court of Justice Peru

To the Peruvian Government

To the mining corporations

The undersigned, national and international civil society organisations, address you in solidarity with the Aymara communities of Southern Peru, who have organised to defend their natural wealth, their territory, their water and the health of their people against the various mining projects established in the region.

We are disturbed to note a growing tendency towards deepening criminalisation. The abusive imposition of penal processes against social organisation leaders and communities via a distorted use of criminal offenses (such as aggravatedextortion and Indirect Perpetration) is particularly worrying. Such wilful misinterpretation of the law seeks to equate social organisations with criminal groups and their spokespeople with instigators of crime. As such it represents a grave attack on human rights; on freedom of expression and on social mobilisation.

THE FACTS:

We refer here specifically to the charges related to the socio-environmental conflict known as the ‘Aymarazo’ of 2011. During said conflict, communities from the district of Puno took action against the Santa Ana mine, a project under the ownership of Canadian mining corporation, Bear Creek. The protest articulated demands to cancel the project, due to the risks of contamination to water associated with the operation (including risks to Lake Titicaca which straddles Peru and Bolivia). It also called out the lack of consultation of communities, the illegality of the project as well as the lack of transparency and bad faith in which the corporation acted in relation to the communities. The protest resulted in a fierce repression at the hands of the Peruvian State and, ultimately, in the cancelation of the project. However, the Prosecution of Puno initiated criminal processes against the main spokespersons, which resulted in Walter Aduviri – the main spokesperson – being charged with 7 years in prison and fined 2 million Soles (approximately US$600,000, the equivalent of 2,500 minimum wages in Peru).

In December 2017, the tribunals of Puno ratified the sentence against Aduviri and ordered his detention. Upon learning of the ruling, Aduviri went into hiding. His defense presented a Cassation Appeal to overturn the sentence, which was accepted in January 2018. Aduviri’s case is currently being considered by the Supreme Court of Justice of Peru.

We consider that, if the Supreme Court ratify the sentence against Aduviri, a dangerous judicial precedent will be set that would undermine the defense of human rights and of territory in Peru. This concern relates to the fact that Aduviri stands accused of being an ‘Indirect Perpetrator’ behind the alleged unrest that took place during the Aymarazo - in other words, of having ordered others to commit crimes on his behalf. Such a ruling would place others at risk of being considered as ‘Indirect Perpetrators’ regardless of any lack of material evidence and where the only ‘crime’ is that of being spokesperson for an organisation or community. Furthermore, during the process and because of a deeply racist attitude, Aduviri was denied indigenous rights owed to him as a member of the broader Aymara community. These special rights include, but are not limited to, the right to territory; to consultation; to identity and to autonomy. The judges ruled that, in Aduviri’s case, special indigenous rights could not be taken into account since he had undertaken a university education.

Because of these observations, the undersigned below state the following:

1.- We urge the judges of the Supreme Court of Justice of Peru to resolve Walter Aduviri’s case, taking into account internationally recognised rights of indigenous peoples, as upheld in binding international treaties that have been ratified by the Peruvian State. These treaties include the International Labour Organisation (ILO) Convention 169, as well as the United Nations Declaration on the Rights of Indigenous Peoples. Upon this legitimate legal basis, we consider that the sentence taken against Aduviri, who did nothing more than demand that the rights of the Aymaran people be respected, must be definitively overturned.

2.- We firmly reject the arbitrary use of penal figures such as ‘Indirect Perpetrator’ (used against former President Alberto Fujimori and Shining Path leader Abimael Guzman for violations of human rights) as a pretext for persecuting members of social organisations and of community members. We consider it to be of vital importance that the State respect the decision of communities to reject mining projects in their territory in legitimate defense of their rights and that this be exercised without fear of being subject to persecution or stigmatization.

3.- We demand that the transnational Bear Creek Mining Corporation and the mining corporations that are mainly concentrated in the South of Peru respect the rights and decisions of communities in relation to the Santa Ana project and of any other mining project in the country. International Civil Society Organisations are monitoring these cases, in solidarity with affected communities and the upholding of their rights.

We recognise that Walter Aduviri’s case is not an isolated one. Rather, it forms part of a pro-mining agenda in Peru. Another example of this architecture is the constant declaration of States of Emergency in mining zones. These States of Emergency suspend the most fundamental constitutional rights of the population, bringing with it political repression; criminalisation and the general stigmatization of social organisations and communities. As in Peru, across the continent, multinationals enter territories with the sole intention of converting common goods into financialised resources, leaving communities and ecosystems destroyed in their wake. Where there is resistance, the state systematically represses, imprisons and even creates the conditions for the assassination of defenders.

These multinational corporations also turn to international tribunals to sue countries for compensation when they feel that their profits have been put at risk in any way. In 2014, Following on from the Aymarazo, Bear Creek Mining Corporation sued Peru in the International Center for Settlement of Investment Disputes (ICSID) of the World Bank. The World Bank ruled in Bear Creek’s favour, ordering Peru to pay the transnational the sum of US$18.2 million. This amount, added to the interests and legal costs incurred by the Peruvian State, have totalled a skyrocketing US$37 million.

These facts reveal once again - and more urgently - the need to mobilise globally to pressure states to respect and enforce human rights and territory. It also echoes the importance of putting in place an internationally binding legal framework so that transnational corporations can be made accountable for their actions around the world, bringing to an end the impunity that keeps them and their narrow interests safe.

Signatures

For more information see Human Rights and Environment – DHUMA, PUNO, PERU

http://www.derechoshumanospuno.org

 

Colegio de Abogados de Puno presenta demanda de inconstitucionalidad contra norma que criminaliza la protesta social

NOTA DE PRENSA

COLEGIO DE ABOGADOS DE PUNO PRESENTA DEMANDA DE INCONSTITUCIONALIDAD CONTRA NORMA QUE CRIMINALIZA LA PROTESTA SOCIAL 

El día jueves 19 de abril, el Ilustre Colegio de Abogados de Puno, con el apoyo del Instituto de Defensa Legal (Lima), Derechos Humanos sin Fronteras (Cusco), Asociación por la Vida y La Dignidad Humana (Cusco), Derechos Humanos y Medio Ambiente de (Puno) y el Instituto de Estudios de las Culturas Andinas (Puno), presentó una demanda de inconstitucionalidad contra el artículo 200 del Código Penal, pues esta norma tipifica como delito de extorsión la toma de carreteras o locales públicos, incluyendo los casos en que estas se realizan en el marco del legítimo derecho a la protesta social.

Foto: DHUMA "Protesta social de las comunidades campesinas"

Como sabemos, el ejercicio del derecho a la protesta no es ilegal ni inconstitucional. Todo lo contrario, el ejercicio de la protesta, constituye el ejercicio de la libertad de reunión (artículo 2.12 de la Constitución), libertad de expresión (artículo 2.7 de la Constitución), petición (artículo 2.20 de la Constitución), el derecho a la participación política (artículo 2.17 de la Constitución), entre otros.

Como sabemos, luego de sucesivas modificaciones el artículo 200 del Código Penal admite la posibilidad que el delito de extorsión pueda tipificarse aun cuando no tenga una finalidad patrimonial en los siguientes términos:

Artículo 200.- Extorsión

El que mediante violencia o amenaza obliga a una persona o a una institución pública o privada a otorgar al agente o a un tercero una ventaja económica indebida u otra ventaja de cualquier otra índole, será reprimido con pena privativa de libertad no menor de diez ni mayor de quince años.

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El que mediante violencia o amenaza, toma locales, obstaculiza vías de comunicación o impide el libre tránsito de la ciudadanía o perturba el normal funcionamiento de los servicios públicos o la ejecución de obras legalmente autorizadas, con el objeto de obtener de las autoridades cualquier beneficio o ventaja económica indebida u otra ventaja de cualquier otra índole, será sancionado con pena privativa de libertad no menor de cinco ni mayor de diez años.

Esta norma permitirá condenar, en una sentencia o una resolución que dicte presión preventiva, a líderes sociales que ejercen el derecho a la protesta en el marco procesos de investigación policial y fiscal, tal como ocurrió con Walter Aduviri, a quien se le acuso entre otros delitos, por cometer extorsión.

Consideramos que este tipo de normas penales, junto con los convenios de seguridad celebrados entre empresas extractivas y la Policía Nacional del Perú, que privatizan el orden público, y los estados de emergencia dictados para proteger el Corredor Minero, sin antes acreditarse la existencia de grave afectación al orden interno o a la seguridad ciudadana, constituyen parte de un andamiaje institucional que promueve, tolera y encubra la criminalización de la protesta.

El problema de fondo es que grupos sociales afectados en sus derechos, como ocurrió con las comunidades campesinas durante el Aimarazo luego que el Estado entregó concesiones mineras a empresas mineras, sobre sus territorios ancestrales de espaldas a ellos, como luego lo acreditó la Corte de Justicia de Puno en el caso Atuncolla, encuentran en la protesta social una expresión y herramienta especialmente útil, pues les permite una vía eficaz para finalmente hacer llegar sus reclamos a la sociedad. Ser escuchados.

Y es que, como la propia Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) ha reconocido, “cuando se está frente a marcos institucionales que no favorecen la participación, o frente a férreas barreras de acceso a formas más tradicionales de comunicación de masas, la protesta pública parece ser el único medio que realmente permite que sectores tradicionalmente discriminados o marginados del debate público puedan lograr que su punto de vista resulte escuchado y valorado”[1].  

Concluye la CIDH que “las huelgas, los cortes de ruta, el copamiento del espacio público e incluso los disturbios que se puedan presentar en las protestas sociales pueden generar molestias o incluso daños que es necesario prevenir y reparar. Sin embargo, los limites desproporcionados de la protesta, en particular cuando se trata de grupos que no tienen otra forma de expresarse públicamente, comprometen seriamente el derecho a la libertad de expresión”[2].

Confiamos en el Tribunal Constitucional, en su rol de supremo intérprete de la Constitución y defensor de los derechos fundamentales, haga suya nuestra demanda y la declara fundada con prontitud, en protección del derecho a la protesta social de los pueblos más postergados del país.

 

 

[1]CIDH. Relatoría Especial para la Libertad de Expresión. Una agenda hemisférica para la defensa de la libertad de expresión, 2010, p. 24. Disponible en:

http://www.cidh.org/pdf%20files/Un%20agenda%20Hemisferica%20espanol.pdf

[2]Ibid., pp. 24 y 25.