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(Presentación en Ginebra - Suiza) Situación actual de los defensores y defensoras indígenas de derechos humanos en Puno, Perú

 

Fuente: DHUMA " José Bayardo Chata, Rodrigo Lauracio A. Presentando la situación de las Defensoras y Defensoras de Derechos Humanos de Perú en Ginebra - Suiza.

I. Contexto nacional en Perú

Para hacer una descripción actual contexto nacional peruano en el que las y los defensores de derechos humanos despliegan su labor, creemos oportuno hacer referencia al Informe Anual de la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos-CNDDH[1] del año 2015-2016 (de la que nuestra institución, Derechos Humanos y Medio Ambiente-Puno, forma parte) pues reúne información integrada de la actual situación. En este informe en su sección Criminalización de la Protesta y la situación de los defensores y defensoras de los derechos humanos, se hace una cabal descripción del contexto nacional. Este informe nos brinda los siguientes datos.

 

Situación de las defensoras y defensores de derechos humanos.

  1. Asesinatos de defensores a manos de sicarios y policías.

Durante el gobierno de Ollanta Humala Tasso, 78 defensores de los derechos humanos fueron asesinados. En lo que va de gestión de PPK, se han producido 9 muertes. Estos asesinatos responden a tres dinámicas marcadamente diferenciadas:

  • El 33,3% son asesinatos a manos de sicarios vinculados a industrias extractivas. De estos casos una abrumadora mayoría (98,71%) ocurrieron en el ámbito de influencia de empresas formales como la brasileña Odebredtch.
  • El 67% murieron como resultado de la acción de las fuerzas del orden en situaciones de protesta social.
  • El 17,98% de los defensores asesinados por sicarios fueron dirigentes sindicales de la construcción civil. En cuanto al perfil de las víctimas, se trata mayoritariamente de defensores que operan en zonas rurales (94,87%,), de sexo masculino, y adultos. En torno a un 5,13% de las víctimas causadas por las fuerzas del orden son menores de edad, y un 2,56% del total son mujeres.

A partir de las cifras mencionadas la acción de las fuerzas del orden resalta como el primer factor de riesgo para la vida e integridad personal de las defensoras y defensores, lo que resulta congruente con el peso de la protesta social en la defensa de los derechos humanos en el Perú, sobre todo en sectores sociales que, como los pueblos indígenas, no reciben la protección del Estado cuando emplean los canales institucionales. Como factores que explican la elevada cantidad de víctimas mortales destacan la falta de entrenamiento y equipamiento adecuados por parte de los efectivos, la deficiente planificación de los operativos, así como la prestación de servicios policiales bajo convenios con las industrias extractivas. Bajo esta figura los efectivos policiales actúan siguiendo las instrucciones de las empresas a cambio de diversas contraprestaciones.

A nivel normativo constituyen avances la promulgación de una ley que regula el uso de la fuerza por parte de la PNP y su respectivo reglamento (Decreto Legislativo N° 1186 y Decreto Supremo 012-2016- IN). Estos dispositivos legales no introducen nuevos estándares en el ordenamiento nacional, pero al menos tienen la virtud de acercar a los funcionarios encargados de hacer cumplir la ley y a quienes deben evaluar su conducta los estándares internacionales en la materia.

Por otro lado, la normativa sectorial en materia de uso de la fuerza presenta una serie de limitaciones, las cuales fueron puestas de manifiesto sin resultado al sector Interior antes de la aprobación de las normas en cuestión

1.1. Necesidad de visibilizar la diversidad y generar protocolos de actuación adecuados frente a ésta.

La norma debería excluir toda forma de discriminación en el uso de la fuerza, y establecer la exigencia de adecuar los protocolos de intervención a las características específicas de diferentes grupos poblacionales como las mujeres, adultos mayores, niñas, niños y adolescentes, indígenas, comunidad TLGBI, personas con discapacidad.

Protesta social.

Es necesario regular supuestos diferentes al uso de la fuerza letal, estableciendo requisitos para la disolución de manifestaciones o el uso de armas no letales. En la actualidad estas decisiones son adoptadas con total discrecionalidad por la Policía. Debería quedar constancia de las razones por las que se adoptan estas medidas para permitir un control. Se debería involucrar al Ministerio Público en estas decisiones, por la trascendencia de los derechos involucrados. Los dispositivos que regulen esta materia deberán recoger los estándares fijados por el TC en la sentencia recaída en el expediente 4677-2004-PA.

1.2. Mecanismo administrativo de reparación.

Es necesario garantizar una reparación inmediata a los deudos y heridos en los casos de uso arbitrario de la fuerza. En muchos casos los fallecidos son padres de familia que dejan varios huérfanos en el desamparo. Estos niños no pueden esperar al resultado de procesos judiciales que se demoran varios años y que en la mayoría de los casos son infructuosos.

1.3. Sistema de evaluación del uso de la fuerza.

Deberían realizarse evaluaciones periódicas en base a un plan previamente diseñado que integre objetivos, resultados e indicadores adecuados técnicamente y conformes con los estándares internacionales de derechos humanos. La evaluación debería comprender además de los medios de Policía disponibles y procedimientos operativos aprobados, un balance como mínimo anual del uso de la fuerza a nivel nacional en términos de su cumplimiento de los estándares internacionales de derechos humanos, en base a estadísticas generadas por el sector. Los informes resultantes deberían ser difundidos a la opinión pública.

1.4 Necesidad de establecer un cronograma de implementación del reglamento.

El reglamento de uso de la fuerza establece medias de importancia vital para lograr una actuación policial acorde a los estándares fijados en este dispositivo incluyendo la dotación de armas adecuadas, entrenamiento policial, desarrollo normativo, evaluación de efectivos, etc. Sin embargo, al no establecerse un cronograma de implementación para estas medidas se corre el riesgo de agotar su contenido en simples enunciados.

2. La política del doble rasero: impunidad para los agresores, persecución judicial a defensores.

Durante el gobierno de Ollanta Humala y el primer semestre de gobierno de PPK la impunidad de los ataques a defensores ha continuado siendo la tónica general.

En los casos de asesinatos a manos de sicarios se han logrado avances en el procesamiento de los autores materiales, pero no a los autores intelectuales, directamente vinculados con intereses empresariales. Cuando se trata de muertes a manos de policías y militares la tónica general es la de nulo avance en las investigaciones, y una marcada resistencia a incorporar a los mandos policiales. El contraste con el nivel de avance y duración de los procesos contra dirigentes sociales es evidente. La criminalización es actualmente la principal dinámica de hostigamiento contra los defensores. Actualmente 792 defensores enfrentan procesos judiciales a nivel nacional, el 55% por acciones relacionadas con la defensa de los derechos ambientales y de los pueblos indígenas107. Al igual que sucedió en el proceso por los hechos ocurridos en la Curva del Diablo, casi la totalidad de los casos terminan archivándose porque no existen elementos que sostengan las acusaciones. Sin embargo los procesos se prolongan durante varios años y afectan económica, laboral y emocionalmente a los defensores, debilitando en consecuencia el tejido social. Además estos procesos sin fundamento constituyen un despilfarro de recursos para el sobrecargado sistema de justicia.

El Ministerio Público podría jugar un papel fundamental para superar esta situación, estableciendo filtros rigurosos a fin de bloquear los procesos sin fundamento. Para ello se podría generar un dispositivo normativo con estándares similares a los establecidos a nivel del Poder Judicial en el Acuerdo Plenario 1-2009/ CJ-116 sobre rondas y derecho penal, así como los fijados por la CIDH en el Informe Criminalización de las defensoras y defensores de derechos humanos, y a nivel de Naciones Unidas en el reciente Informe sobre la gestión adecuada de manifestaciones.

Un aspecto que requiere particular atención es el derecho al debido proceso, el cual determina exigencias específicas en el caso de los defensores indígenas. En este campo debemos destacar los avances normativos y en generación de capacidades impulsados desde la Oficina Nacional de Justicia de Paz y Justicia Indígena, con la aprobación de un Protocolo de actuación en procesos que involucren a comuneros y ronderos, y la constitución de un directorio nacional de intérpretes judiciales indígenas. Así mismo, a nivel jurisprudencial destaca la sentencia emitida en el proceso por los hechos de la Curva del Diablo, reconociendo el valor probatorio de la pericia antropológica, e incorporando amplias referencias a la normativa nacional e internacional en materia de derechos de los pueblos indígenas. Es destacable además la plena comprensión del derecho al intérprete manejado por la Sala, hasta el punto de garantizar la interpretación de todas las audiencias y no solo de los momentos en que los acusados indígenas debieron manifestarse.

3. Militarización y estados de emergencia: el pan nuestro de cada día

Especial preocupación genera la Sentencia del TC recaída en el proceso de inconstitucionalidad planteado contra el art. 4.3 del Decreto Legislativo 1095. Presumiblemente el Tribunal se ha dejado llevar por la demanda social de “mano dura” frente a la inseguridad ciudadana, y ha confirmado un ámbito de discrecionalidad extraordinariamente amplio para que el ejecutivo autorice la intervención de las fuerzas armadas en el control del orden interno sin declarar el estado de emergencia.

Esta disposición contraviene el estándar fijado por la CIDH, la cual rechaza la intervención de las fuerzas armadas en el control de la protesta social por el riesgo que genera, ya que las fuerzas militares carecen del entrenamiento y equipamiento adecuados para la intervención en manifestaciones. De la misma manera, la declaratoria de estado de emergencia en situaciones de conflictividad social contraviene los estándares internacionales, los cuales autorizan la suspensión de derechos únicamente en situaciones “que pongan en peligro la vida de la nación” o en una situación de tal magnitud “que amenace la independencia o seguridad del Estado”. Pese a lo señalado, la declaratoria de estado de emergencia y la intervención de las fuerzas armadas han sido durante el último gobierno recursos habituales en situaciones de conflictividad social. Es más, las medidas se han extendido “preventivamente” a territorios y momentos donde no existía conflictividad social. Ello sucedió por ejemplo en el 2016 cuando se declaró en emergencia la zona de Espinar en Cusco, en una situación donde la movilización se desarrollaba únicamente en la zona de Cotabambas en Abancay.

4.- Acoso administrativo.

Durante el gobierno de Ollanta Humala el APCI ha sido empleado como un instrumento de acoso contra las organizaciones sociales que defienden los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres y contra aquellas que defienden los derechos de las poblaciones en el ámbito de influencia de las industrias extractivas. La situación se ha agravado con la aprobación mediante Resolución Directoral Ejecutiva 085-2015/ APCI-DE de un nuevo reglamento que amplia de manera exorbitante las facultades del APCI, condicionando la conservación del registro de las ONGS a la alineación con los objetivos fijados por el gobierno, de acuerdo a las recomendaciones que con amplísima discrecionalidad puede emitir el APCI118. En abril del 2016 la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos presentó una acción popular contra esta norma, al considerar que viola la libertad de asociación, restringiendo la posibilidad de que las ONGS trabajen en función de los objetivos libremente elegidos por ellas119.

5. Hostigamiento mediático

Las redes sociales y los medios de comunicación convencionales continúan siendo herramientas para la difamación de las y los defensores y la descalificación de su labor.

 La situación es especialmente patente en el caso de los defensores ambientalistas y las organizaciones que defienden los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres, pues enfrentan poderes de facto con una amplia capacidad acceder a los medios de comunicación y movilizar periodistas a sueldo. Las agresiones contra mujeres defensoras adoptan características particulares, incluyendo las alusiones de connotación sexual y las injerencias en la vida privada las defensoras. Por su parte las y los defensores tienen muchas barreras para acceder a los medios convencionales por las dinámicas de autocensura que imponen los poderes de facto mencionados. Hasta el momento no existe ningún mecanismo en el Perú que garantice el derecho a la comunicación de las y los de fensores, ya que los medios de comunicación son tratados como mercancías y no como instrumentos necesarios para garantizar el derecho humano a la comunicación.

II. El cazo “aymarazo”: Walter Aduviri y el pueblo aymara criminalizados 

1. Breve descripción de los hechos

 

Este caso se inicia en el año 2007, cuando la empresa minera BEAR CREEK MINIG CORPORATION (Canadiense) solicitó al Estado peruano se declare de necesidad pública su proyecto minero “Santa Ana”, logrando que se emite el D.S. 083 – 2007 – EM que declaraba como tal. Este proyecto minero se ubicaba en el Distrito de Huacullani de la Provincia de Chucuito del Departamento de Puno, espacio que es habitado por comunidades campesinas del pueblos indígena aymara.

Este decreto supremo autorizaba a la empresa a adquirir derechos mineros dentro de los 50 kilómetros dentro de la zona de frontera  y en territorio del pueblo indígena aymara.  Lamentablemente este proyecto minero declarado de necesidad pública imponía una forma de desarrollo distinta a la cosmovisión de pueblo aymara, al igual que, tampoco fue consultada y ponía en riego su territorio.

Estos hechos trajo como consecuencias que entre el año 2008 al 2011 se iniciaran diversas acciones administrativas  como ordenanzas regionales hasta proyectos de ley  que buscaban cancelar el proyecto minero; al igual que protestas sociales por parte de las comunidades aymaras (“aymarazo”) en contra de del “proyecto minero Santa Ana”. Como resultados de estas acciones  se logró la cancelación del proyecto minero “Santa Ana” a través de la emisión del D.S. 032 – 2011 – EM en fecha 24 de junio del 2011, que derogó el Decreto Supremo Nº 083 – 2007 – EM.

Como consecuencia de la derogatoria la empresa minera BEAR CREEK MINIG CORPORATION decidió iniciar un proceso arbitral, demando al Estado peruano ante el CIADI, buscando obtener una reparación de más de un billón de dólares. Argumentando que i) el Estado peruano había cancelado el derecho adquirido por BEAR CREEK MINIG CORPORATION de forma arbitraria, ii) la empresa minera siempre mantuvo una buena relación con las comunidades de influencia directa e indirecta, obteniendo la licencia social para el desarrollo del proyecto minero, iii) las protestas sociales (“aymarazo”) no tuvieron ninguna relación con el proyecto minero “Santa Ana”; por el contrario estas obedecían a intereses políticos de determinados “líderes” . Argumentos por los cuales la empresa exige una reparación económica de 522 millones de dólares. Resolviendo el tribunal concediéndoles una reparación parcial de 18, 2 millones de dólares.

2. Proceso penales iniciados en contra de los voceros del pueblo aymara

Walter Aduviri Calizaya, Domingo Quispe Tancara, Patricio Illacutipa Illacutipa, Rufino Machaca Quinto y Gilver Chura Yupanqui en el procesos de mostrar su disconformidad con el proyecto minero que se pretendía desarrollar en su territorio, tomaron la postura de voceros del pueblo aymara,  comunicando las demandas de las comunidades campesinas aymaras de la zona sur de la región de Puno.

La postura del pueblo aymara fue puesta en conocimiento de las autoridades estatales regionales y nacionales, frente a la presencia de estas concesiones mineras sobrepuestas sobre sus territorios ancestrales, las cuales para el pueblo aymara suponían una afectación directa a sus derechos colectivos, poniendo en riesgo su sobrevivencia como pueblo originario. Frente a la falta de respuesta del estado a sus demandas, y el inminente inicio de las actividades de explotación minera a gran escala en abril 2011, se vieron obligados como última alternativa ejercer su derecho a la protesta social a fin de ser atendidos. Como consecuencias de estos hechos, el Estado peruano, después de 45 días de protesta, reconoció la legitimidad del reclamo del pueblo Aymara y la necesidad de la derogación del decreto supremo en cuestión como medida de reconocimiento de los derechos colectivos aimaras.

Asimismo, el Estado actuó, a través del Ministerio Público, en forma represiva en contra de 32 personas aymaras y uno quechua, aperturándoles acciones de investigación penal por los delitos de extorción agravada, disturbios, entorpecimiento de los servicios públicos, supuestamente cometidos en el marco de la protesta. En dicho proceso penal (expediente 00682-2011- 7-2101- JR-PE- 02), después de seis años, el 18 de julio de 2017, se dictó sentencia de primera instancia, condenándose a uno de los acusados aymaras (Walter Calisaya Aduviri) a siete años de pena privativa de la libertad y al pago de dos millones de soles a favor del Estado. La corte usó el concepto de “coautoría mediata”, que hasta entonces estaba usado únicamente en el contexto de la comisión de crímenes contra la humanidad, para condenar a Aduviri por los daños causados a propiedad público y privado durante los protestas. El Corte indica que Aduviri despliegue tales condiciones de liderazgo que sea capaz de manejar a discreción a toda la población aymara protestante, situación que las mismas comunidades niegan totalmente. Esta posición es completamente contradictoria al position del estado en el caso de arbitraje en CIADI, donde dice que “Ningún individual o partido político podría haber provocado el nivel de malestar social que ocurrió”. La sentencia se emitió sin ninguna prueba de la participación de Aduviri en los eventos, contradiciendo la garantía de presunción de inocencia.

El fiscal no conforme con la sentencia, solicito vía recurso de apelación que los cuatro otro voceros sean condenadas. Este caso fue visto en segunda instancia por el Juzgado de apelaciones de la Corte Superior de Justicia de Puno, ratificando la condena en contra de Water Aduviri y absolviendo a los demás voceros. Actualmente se encuentra en revisión por la Corte Suprema del Perú, esperando la decisión. 

Anotar también que, las comunidades aymaras han manifestado su descontento y desacuerdo con la decisión condenatoria, pues consideran el Estado peruano está criminalizando la protesta social, que a diferencia de otros casos (Bagua/Amazonas, Espinar/Cusco) en los que no se ha condenado a los líderes que son voceros de las comunidades indígenas, no siendo actores autónomos que manifestaban un interés particular sino que expresaban la voluntad de las comunidades que representaba.

3. Impactos que se produjeron como consecuencia de la criminalización penal

Los impactos generados a partir de la persecución judicial a los líderes indígenas aymaras fueron diversas, afectando sobremanera diversos aspectos de su vida.

En el ámbito familiar, como consecuencia del largo durar del proceso penal, se generó un ambiente de sufrimiento psicológico, manifestándose, por ejemplo, en la desintegración familiar. Durante el proceso judicial, los procesados tuvieron que dejar de pasar tiempo en sus hogares con su cónyuge e hijos, situaciones que desencadenaron en fracturas en las relaciones matrimoniales y filiales.

Asimismo, laboralmente, debido a las medidas restrictivas derivadas del proceso, tuvieron que abandonar sus centros laborales por el tiempo que demandaba la asistencia a las distintas diligencias judiciales, condiciones que agravaban las crisis económicas y familiares de los dirigentes acusados.

También las barreras en la administración de justicia para los pueblos indígenas, que provocaron una situación que vulneración al derecho al correcto desarrollo del proceso penal, principalmente respecto al idioma, no existiendo un espacio de discusión y debate intercultural que considere y respete los valores de los pueblos aymaras y quechuas.

Los denunciados son personas que proceden de pueblos alejados, situación que generó menoscabo económico por la obligación de trasladarse a la sede judicial en la ciudad de Puno donde se llevó a cabo las diligencias judiciales, así como asumir conceptos de alimentación y estadía. A esto se suma el requerimiento obligatorio de un abogado que cumpla como defensa técnica; profesionales que no abundan en el conocimiento en temas de derechos de los pueblos indígenas y por la complejidad del caso, acrecentándose el perjuicio económico.

Además de estos impactos sobre las personas que se enfrentan a procesos penales y sus familias, el pueblo Aymara en su conjunto sufrió y sigue sufriendo una serie de impactos sobres sus derechos como resultado de las acciones e inacciones del Estado.

Los cuarenta y cinco días de protesta implicaron costos económicos y sociales, ya que cerca quince mil aymaras tuvieron que abandonar sus hogares y sus familias para cumplir con un éxodo necesario a las ciudades. Durante este tiempo sus tierras y su ganado, que constituyen la base de su subsistencia, no podían ser atendidos, mientras que las comunidades aymaras, que están entre las personas más pobres del Perú, tuvieren que cobrar los gastos del viaje y subsistencia en las ciudades.

El hecho de que su modo de vida y sus territorios han sido amenazados desde 2007, cuando se emitió el Decreto Supremo que autorizaba las concesiones de Bear Creek, ha causado una gran preocupación y alerta enorme en las comunidades aymaras. Este sigue siendo el caso porque las concesiones siguen en vigor y representan una amenaza permanente a los derechos del pueblo aymara, a su modo de vida y su existencia. Un ambiente de intranquilidad se cierne sobre las comunidades aymaras de la región de Puno.

Por otra parte, la presencia de la empresa durante el periodo de exploración y su otorgamiento de beneficios económicos a un segmento muy pequeño de los aymaras ha causado divisiones significativas dentro y entre las comunidades aymaras.

Finalmente resáltanos que, el hecho de que el gobierno emitió concesiones mineros inconsultos en territorios de los pueblos aymara  y no busque su consentimiento, además de violar sus derechos territoriales y culturales, contribuye a debilitar sus instituciones de gobernación y sus leyes y prácticas consuetudinarias, constituyendo  un intento de-facto de asimilación  forcado de los aymaras en la sociedad peruana dominante, algo que el Convenio 169 de la OIT tenía por objeto evitar.

Frente a las políticas de criminalización de la protesta y la persecución judicial de la que fueron pasibles los primeros lideres aymaras, se puede observar en las poblaciones indígenas aymaras una suerte de culpa por la sentencia que recae en uno de sus líderes. Sin embargo, pese a estos ataques a los dirigentes, los ánimos de lucha en defensa de sus derechos no se han visto disminuidos, más por el contrario la vigilancia de sus territorios ahora se manifiesta más permanente y minuciosa.

Estas situaciones nos llevar a reafirmar que las medidas de protección a los defensores y defensoras de derechos humanos y pueblos indígenas, como el caso del pueblo aymara, son nulas. Actualmente en el Perú no existe una política real e integral para protegerlos, más que “buenas intenciones” de declaratoria de políticas.

 

Ginebra, 19 y 20 de marzo del 2018.

W. Rodrigo Lauracio Apaza

Derechos Humanos y Medio Ambiente.

 

FOTOGRAFÍA DE LA PRESENTACIÓN EN GINEBRA - SUIZA

 

Fuente: DHUMA "Relatoría de los Pueblos Indígenas - ONU"

Fuente: DHUMA "Rodrigo Lauracio A. Sustentando el caso Aymara en la Relatoría de los Pueblos Indígenas - ONU"

 

Fuente: DHUMA " Representantes de los diversos casos ante la Relatoría de los Pueblos Indígenas - ONU"

 

Fuente: DHUMA "Participación de la Universidad Columbia - EE. UU. ante la Relatoría de los Pueblos Indígenas - ONU"

 

Fuente: DHUMA " Sede de la Relatoría de los Pueblos Indígenas - ONU"


Líderes Aymaras enfrentarán el segundo juicio oral por el caso Aymarazo

 

Los líderes aymaras enfrentan un nuevo juicio oral por el caso Aymarazo, entre los acusados se encuentra Walter Aduviri Calisaya, José Aurelio Cupi Claros, Javier Pari Sarmiento, Patricio Illacutipa Illacutipa y Rufino Machaca Quinto, quienes fueron acusados por la Fiscalia Provincial Mixta del distrito de Desaguadero como coautores mediatos del delito contra la seguridad pública, en la modalidad de delitos contra los medios de transporte, comunicación y servicios públicos.

Según el expediente N° 00097-2012 tramitado en el Juzgado de Desaguadero, donde el Fiscal de Desaguadero solicita nuevamente 7 años de pena privativa de libertad con el carácter de efectiva para cada uno de los acusadosy 2 millones de soles por reparación civil quienes en forma solidaria deberán pagar a favor del Estado.  Además, el señor Fiscal de Desaguadero responsabiliza a los líderes aymaras como coautores mediatos, Asimismo, este segundo juicio por el caso aymarazo se llevará a cabo el día jueves 10 de mayo del 2018, a horas 10:00a.m. en la localidad de Desaguadero, pero hay la posibilidad de trasladar el juicio a la ciudad de Puno.

“…quienes, en su calidad de dirigentes institucionales, y con dominio de esta masa irracional, enardecida que jamás dio razones, ni entendió las mismas, empujaron a la población a la comisión de …” Argumenta el fiscal en el expediente.

Se considera que la Sentencia Penal Colegiada, contenida en la Resolución N° 63, de fecha 18 de Julio 2017, (aymarazo I) ya viene replicándose para reprimir a los defensores Ambientales y los derechos humanos de los pueblos indígenas, indicando que los denunciados convocaron a una movilización ilegal en contra del proyecto minero Santa Ana en el distrito de Huacullani en el año 2011.

Inicialmente en este proceso, Julio Alain Talledo Chávez procurador Púbico  especializado en asuntos de Orden Público del Ministerio del Interior denunció a 7 líderes aymaras entre ellos a Walter Aduviri Calizaya, Rufino Machaca, José Cupi Claros, Gilber Chura, Benjamín Choque, Patricio Illacutipa y Domingo Quispe, pero en el transcurso del proceso algunos fueron excluidos, Sin embargo el fiscal sustenta que los dirigentes habrían movilizado a más de 50.000 pobladores ayamaras para realizar disturbio en el distrito de Desaguadero.

Fuente: DHUMA

Decretan emergencia sanitaria en 12 distritos por metales tóxicos

 

El último viernes se publicó el Decreto Supremo DS 005-2018-SA que declara la emergencia sanitaria en doce distritos del departamento de Pasco. Esta declaratoria y la aprobación del Plan de Acción de la Emergencia Sanitaria, son producto de la lucha de los ciudadanos de Simón Bolívar, quienes vienen exigiendo el tratamiento adecuado pues muchos niños y niñas vienen sufriendo enfermedades por la contaminación con metales tóxicos, producto de décadas de actividad minera irresponsable.

Fuente: DHUMA "Relaves metale stóxicos en el Altiplano puneño"

El Decreto cita diversos informes oficiales que dan cuenta de la gravedad de la situación. Entre ellos, menciona el Informe N° 1595-2017 de la Dirección General de Salud Ambiental, que señala que en el monitoreo de la calidad de agua para consumo humano efectuado en 22 localidades de los distritos de Yanacancha, Simón Bolívar y Chaupimarca muestra presencia de arsénico, aluminio, hierro, manganeso y plomo por encima de los Límites Máximos Permisibles. El mismo informe indica que para el caso de los suelos “los parámetros de Plomo y Arsénico son excedidos en la totalidad de los puntos monitoreados de los distritos de Simón Bolívar, Yanacancha y Chaupimarca”. En tanto el mercurio registra valores que exceden los Estándares de Calidad Ambiental (ECA) para Suelo de uso residencial y parques.

El decreto señala que existe “alto riesgo de presentación de daños a la salud” por la presencia de estos metales tóxicos. La emergencia se justifica puesto que los recursos disponibles en la Dirección Regional de Salud de Pasco resultan insuficientes para una adecuada respuesta.

La emergencia sanitaria tiene una duración de 90 días, tiempo en el cual debiera implementarse el Plan de Acción de la Emergencia Sanitaria.

Como se recuerda, los ciudadanos y ciudadanas de Simón Bolívar realizaron una marcha de sacrificio y se encadenaron en el frontis del Ministerio de Salud en junio pasado, tras lo cual lograron un conjunto de compromisos de atención de salud. Ante el incumplimiento, volvieron a Lima hace pocas semanas y realizaron una improvisada toma del local del Ministerio, luego de lo cual lograron la firma de un nuevo compromiso por parte del actual ministro Abel Salinas.

Cabe recordar que otro de los compromisos asumidos es la aprobación de un Plan Nacional para enfrentar la contaminación con metales tóxicos en diversas zonas impactadas por actividades contaminantes, tales como la minería y la explotación de hidrocarburos. Precisamente, la semana pasada la Plataforma Nacional de Pueblos Afectados por Exposición a Metales Tóxicos envió una carta al Ministerio solicitando la incorporación de la sociedad civil a la comisión sectorial encargada de elaborar dicho plan.

Se calcula que son miles las personas afectadas y en al menos una decena de regiones existen casos abundantemente documentados de contaminación por metales tóxicos asociados a la actividad minera y de hidrocarburos.

Corte Interamericana de Derechos Humanos solidifica el derecho a un medio ambiente sano

La decisión refuerza los derechos de acceso, las obligaciones extraterritoriales y el principio de precaución

La Corte Interamericana de Derechos Humanos emitió un dictamen que establece precedentes que reconoce el derecho a un medio ambiente sano como fundamental para la existencia humana y enumera los deberes clave de los Estados en la protección de ese y otros derechos relacionados con el medio ambiente.

"Esta opinión amplía y fortalece el creciente corpus de leyes que confirma las obligaciones de los Estados de proteger el derecho a un medio ambiente sano", dice Carla García Zendejas. Abogado Senior en el Centro de Derecho Ambiental Internacional (CIEL). "Este precedente histórico impulsará comunidades que buscan justicia no solo en América Latina sino en todo el mundo, desde comunidades afectadas por la minería en Colombia hasta defensores de la justicia climática en Filipinas y más allá". La opinión es particularmente significativa porque las decisiones de la CIDH tienen jurisprudencia avanzada en tribunales internacionales de todo el mundo durante décadas. El CIEL proporcionó información sobre las cuestiones jurídicas que el tribunal examinaba a través de un informe amicus.

Es importante destacar que la opinión reconoce que el derecho a un medio ambiente saludable es a la vez un derecho individual y colectivo que protege a las generaciones presentes y futuras. Críticamente, reconoce que el deber de un país de proteger estos derechos no se detiene en sus propias fronteras. Los gobiernos tienen el deber en virtud de la Convención de proteger los derechos humanos de los impactos ambientales y los daños causados ​​por actividades bajo la jurisdicción o el control del Estado, incluso cuando los daños caen fuera de su territorio.

"Esta opinión tiene ramificaciones mucho más allá de los entornos marinos que provocaron la pregunta de Colombia", agrega Carroll Muffett, Presidente de CIEL. "Al reconocer que el derecho a un medio ambiente sano trasciende fronteras y generaciones, el Dictamen contribuirá de manera vital a acelerar los esfuerzos para proteger los derechos de las generaciones presentes y futuras del daño transfronterizo, incluidos los impactos del cambio climático".

La decisión también marca un paso vital hacia la codificación de los derechos de acceso consagrado en el Principio 10 de la Declaración de Río. La decisión articula: "Los Estados tienen la obligación de garantizar el acceso a la información con respecto a las actividades que pueden afectar el medio ambiente, el deber de garantizar el derecho a la participación pública en las decisiones y políticas que pueden afectar el medio ambiente y el acceso a la justicia con respecto a Obligaciones del Estado para la protección del medio ambiente ". En momentos en que la negociación de un acuerdo regional vinculante sobre el Principio 10 está llegando a su etapa final en América Latina y el Caribe, la decisión de la Corte agrega energía y urgencia a este esfuerzo.

Analizarán la situación de los defensores y defensoras de derechos humanos en la región Puno.

 

Con el objetivo de realizar el proceso de identificación de riesgo para defensores y defensoras de derechos humano en la región de Puno, a través de la matriz de riesgo, mapa de actores, mapa geográfico y otros instrumentos. Se recogerá datos importantes para conocer la situación que enfrentan los defensores de derechos humanos en el altiplano puneño.

Defensores y defensoras de derechos humanos.

En las últimas décadas, en el sur andino que comprende Cusco, Apurímac y Puno, durante este tiempo se incrementaron el número de operaciones mineras y como consecuencia generaron situaciones críticas, estos casos de afectación de los derechos de los representes de las comunidades campesinas y las organizaciones sociales posibilitan la criminalización de los defensores ambientales. Según informe N° 168 emitido por la Defensoría del Pueblo, menciona que durante el mes febrero de 2018, se evidenciaron 15 conflictos entre activos y latentes en la región Puno, la mayor parte de estos son conflictos socioambientales. 

Por lo tanto, se realizará el “Taller de Identificación de Riesgos para Defensores y Defensoras de Derechos Humanos de la Región” el día miércoles 28 de marzo en el Hotel Terra Puno. En la actividad podrán participar los invitados de los representantes de las comunidades campesinas y organizaciones sociales de base acreditadas de la región de Puno, además que se encuentren en situaciones de riesgo por su labor de defensa de derechos humanos, territorio y recursos naturales.

El evento es promovido por Derechos Humanos y Medio Ambiente (DHUMA), en colaboración con la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos (CNDDHH).

Situación crítica de los defensores y defensoras de los derechos humanos en el Perú, detallan en el informe 2017/2018 de la Amnistía Internacional.

 

La situación de los Derechos Humanos en el Perú es detallada en el informe 2017/18 de la Amnistía Internacional. Donde se aprecia que, en el caso del Perú, Los defensores y defensoras de los derechos humanos sufren criminalización y acoso mediante procedimientos judiciales con penas elevadas. Por ejemplo, en la región de Puno, durante el año 2017 se conocieron hechos de trascendencia internacional como el caso de CIADI, litigio internacional entre una mina canadiense y república de Perú, que finalmente el fallo favoreció a la minera, además de la condena judicial de un líder Aymara Walter Aduviri sobre el Caso Aymarazo en dos instancias a 7 años de cárcel y reparación de 2 millones de soles. La situación es crítica de los defensores y defensoras en la región Puno, ya que quedan como antecedentes las sentencias emitidas durante el año 2017 y son potenciales instrumentos de amedrentamiento para las comunidades originarias del altiplano que reclamen sus justos derechos ambientales, asimismo, el aparato estatal ha mostrado hostigamiento con los defensores de los derechos humanos en diversos casos y entre otros.    

 

CASO PERÚ: INFORME COMPLETO  2017/18 AMNISTÍA INTERNACIONAL

Los derechos relacionados con la tierra y el territorio seguían viéndose amenazados por la adopción de leyes que debilitaban el marco de protección de los derechos de los pueblos indígenas y socavaban el derecho al consentimiento libre, previo e informado. La violencia contra las mujeres y los índices de embarazo en niñas continuaban en aumento, sin que hubiera una respuesta eficaz del Estado.

El indulto y gracia presidenciales concedidos por razones humanitarias al ex presidente peruano Alberto Fujimori causaron honda preocupación por lo que suponían para la impunidad y las garantías del debido proceso.

DEFENSORES Y DEFENSORAS DE LOSDERECHOS HUMANOS

Continuaban las amenazas y el acoso por parte de agentes tanto estatales como no estatales contra defensores y defensoras de los derechos humanos, especialmente contra quienes trabajaban sobre cuestiones relativas a la tierra, el territorio y el medio ambiente, sin que existieran políticas para su protección efectiva ni un reconocimiento público de la importancia de su labor. Los defensores y defensoras de los derechos humanos sufrían criminalización y acoso mediante procedimientos judiciales con penas elevadas, y normalmente carecían de recursos económicos para asegurarse una asistencia letrada adecuada.

En mayo, la Corte Suprema de Justicia confirmó la absolución de Máxima Acuña, con lo que puso fin a un proceso judicial infundado por usurpación de tierras que había durado más de cinco años. Máxima Acuña y su familia seguían denunciando actos de intimidación, mientras la propiedad de las tierras en las que vivían continuaba pendiente de una resolución judicial.

DERECHOS DE LOS PUEBLOS INDÍGENAS

La adopción de una serie de normas que rebajaban los requisitos ambientales y facilitaban los procedimientos de acceso a la tierra con el objetivo de promover proyectos extractivos o de infraestructura seguía colisionando con el marco de protección de los derechos de los pueblos indígenas. Los pueblos indígenas de la comunidad de Cuninico, en la región de Loreto, y de las comunidades de Espinar, en la región del Cusco, seguían padeciendo una crisis de salud porque sus únicas fuentes de agua habían sido contaminadas con metales tóxicos, y el gobierno no realizaba las acciones necesarias para brindarles atención médica especializada y acceso a agua limpia y apta para el consumo.

No se hicieron progresos significativos en el caso de cuatro líderes indígenas asháninka a los que mataron en 2014, en la región de Ucayali, tras haber denunciado ante las autoridades amenazas de muerte de madereros ilegales.

IMPUNIDAD

Un año después de su aprobación, aún no se había implementado el Plan Nacional de Búsqueda de Personas Desaparecidas. El 24 de diciembre, el presidente Kuczynski concedió un indulto y gracia por razones humanitarias al ex presidente Alberto Fujimori, que cumplía desde 2009 una condena a 25 años de prisión por crímenes de lesa humanidad. La decisión presentaba deficiencias importantes: falta de transparencia, de imparcialidad, de respeto

al debido proceso y de participación de las víctimas y sus familias, especialmente dada la gravedad de los crímenes de derecho internacional en cuestión. En junio, la Corte Suprema de Chile confirmó la ampliación de la solicitud de extradición de Alberto Fujimori para incluir

los homicidios de seis habitantes del distrito de Pativilca, departamento de Lima, cometidos en enero de 1992. En julio, la Tercera Fiscalía Penal Nacional de Perú acusó a Alberto Fujimori de ser responsable de ese delito, cometido por sus subordinados en complicidad con otras personas. No obstante, la gracia que le fue concedida el 24 de diciembre dejó sin efecto cualquier procedimiento judicial contra él y, por lo tanto, hizo temer que el caso de Pativilca quedara impune. En agosto, varios militares fueron condenados por la tortura, desaparición forzada y ejecución extrajudicial de 53 personas ocurridas en el cuartel militar de Los Cabitos, Ayacucho, en 1983.

En septiembre comenzó el juicio contra varios exmiembros de la Marina acusados formalmente de matar a más de 100 personas en 1986 durante un motín en la prisión de El Frontón, unas muertes que podrían constituir un crimen de lesa humanidad.

VIOLENCIA CONTRA MUJERES Y NIÑAS

Entre enero y septiembre, el Ministerio Público registró 17.182 denuncias de “delitos contra la libertad sexual”, que incluían violación y otros tipos de violencia sexual. El poder judicial solamente hizo un seguimiento de 2.008 (un 11%) de esas denuncias. El registro de las denuncias no especificaba el género de quienes las presentaron.

Durante ese mismo período, el Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables reportó 94 casos de feminicidio. No hubo avances concretos en materia de políticas o legislación para combatir la violencia contra las mujeres y las niñas.

DERECHOS SEXUALES Y REPRODUCTIVOS

Los índices de embarazo de niñas seguían siendo altos. Según cifras oficiales, al menos 12 niñas de 11 años o menos y 6.516 niñas de entre 12 y 17 años dieron a luz entre enero y marzo. El aborto continuaba penalizado en todas

las circunstancias, excepto cuando la salud o la vida de la mujer o niña embarazada corriera peligro. Estaba pendiente de trámite ante el Congreso un proyecto de ley para la despenalización del aborto en casos de violación.

Más de 5.000 mujeres habían sido incluidas en el Registro de Víctimas de Esterilizaciones Forzadas; sin embargo, no había habido avances para lograr que se hiciera justicia y se les brindara reparación.

DERECHOS DE LESBIANAS, GAYS, BISEXUALES, TRANSGÉNERO E INTERSEXUALES

Perú carecía aún de legislación específica que reconociera y protegiera los derechos de las personas LGBTI, quienes seguían afrontando discriminación y violencia por su orientación sexual o su identidad de género. En mayo, el Congreso derogó parcialmente el Decreto Legislativo 1323, incluido el apartado que establecía que “la orientación sexual y la identidad de género” de la víctima eran agravantes en ciertos delitos y constituían elementos del delito de discriminación. Las personas transgénico seguían sin contar con un reconocimiento social y jurídico de su identidad de género, y se veían privadas de sus derechos a la libertad de circulación, la salud, el trabajo, la vivienda y la educación, entre otros.