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Acerca de la sentencia del “Aymarazo”

 

Después de seis años de iniciado el proceso penal por los hechos suscitados a partir de la enorme protesta social incoada por las comunidades campesinas perteneciente al pueblo ancestral Aymara por la presencia de concesiones mineras en la zona sur de la región de Puno, hoy se dio la lectura de sentencia en la que se falla en contra del aymara Walter Aduviri.

Foto DHUMA "Pobladores aymaras de la zona sur de Puno apoyando a sus lideres aymaras procesados"

 

De lo dicho por los magistrados que conforman del Colegiado Penal a cargo de la causa, respecto a cada uno de los delitos por lo que se les procesaba a los diez dirigentes aymaras, lo más destacado resulta que, sobre el delito de extorsión, el colegiado después de haber realizado un control de convencionalidad, calificó de “inconstitucional” el tipo penal que sanciona el delito de extorsión agravada, que para el presente caso no es atribuible a los imputados ya que con la medida de fuerza adoptada se debía perseguir como objeto de obtener de las autoridades cualquier beneficio o una ventaja económica indebida, tan como lo indica el segundo párrafo, agravante del delito de extorsión (artículo 200° del Código Penal), y que como se ha demostrado en el proceso, el fin de la protesta aymara era la derogatoria del Decreto Supremo 083-2007-EM mediante el cual se permitía a incursión del proyecto minero Santa Ana de la empresa canadiense Bear Creek dentro de los cincuenta kilómetros de frontera. “Fue legítimo el reclamo de los aymaras, no existiendo la búsqueda de una ventaja indebida, por lo que es atípico”, sustentó el colegiado.

Foto DHUMA "Medida se seguridad fue extrema"

 

En cuanto al delito de entorpecimiento de los servicio públicos (artículo 283° CP), aquí el colegiado se ciñó a la aplicación del test de proporcionalidad, valorando, por un lado, el derecho al normal funcionamiento del transporte y el derecho a la libertad de tránsito, y por el otro lado los derechos a la vida, a la tierra y territorio, la autodeterminación y a la consulta previa, resaltando que el menoscabo de los primero derechos era la única medida a adoptarse para que los segundos se vean visibilizados por las autoridades y se tomaran las acciones que los manifestantes exigían por parte del aparato estatal; por ende dándose un supuesto de aplicación de causal de justificación, contemplada en el artículo 20° del CP.

 

Foto DHUMA "A pesar del resguardo extrema de la Policia los pobladores ingresaron a la Plaza de Puno"

 

Y por último, sobre el delitos de disturbios (art. 315 CP), el colegiado ha indicado que se encuentra demostrado que la intervención de los imputados en la parte ejecutiva no se ha probado, a excepción de Walter Aduviri, agregando que éste ejercía dominio sobre el hecho (la protesta), ya que se advierte el dominio de la voluntad de Aduviri sobre los demás imputados, organizaciones y personas que participaron en la protesta, teniendo el control de su desarrollo, continuidad o no, aprovechándose de esa situación, por lo que es factible imputar responsabilidad penal al acusado Walter Aduviri Calisaya, no como coautor (como figuraba en la acusación fiscal), sino a título de autor mediato.

 

Foto DHUMA "Pobladores aymaras con bandera de Tahuantinsuyo y las wifalas"

 

De este ilícito, el colegiado resaltó que sí existían otras alternativas, como el derecho a la protesta, una protesta pacífica; o acudir a las vías legales, como otros pueblos lo han hecho, como por ejemplo a través de acciones judiciales contra las concesiones mineras inconsultas, no siendo aplicable para el presente caso un estado de necesidad justificante.

Los magistrados apuntaron que el caso penal de los Aymaras se trata de una situación muy distinta a la desenvuelta en el caso de Bagua y otros similares sobre protestas socioambientales.

 

Foto DHUMA "Desde tempranas horas un centenar de efectivos acordonaron el Corte de Puno y varias arterias de la ciudad, asi como el local de la Fiscalía fue resguardado por los efectivos"

 

Es así que se cierra esta primera instancia judicial: Walter Aduviri sentenciado por el delito de disturbios a siete años de pena privativa de la libertad efectiva y al pago de dos millones de soles de reparación civil, siendo sus otros nueve coprocesados absueltos de todos los cargos. La continuación de este caso emblemático se realizará ante la Sala Penal de Apelaciones.

José Bayardo Chata (Abogado de DHUMA)

Foto DHUMA "Corte de Puno con resguardo policia, mientras los jueces daban el adelanto de fallo"

 

 

Foto DHUMA "En el interior de la Corte de Puno"

 

Foto DHUMA "Pobladores aymaras portando parcartas"

 

Foto DHUMA "Pobladores aymaras de la zona sur de Puno apoyando a sus lideres aymaras procesados"

 

 

 

Foto DHUMA "Poblador aymara portando imagen de Tupac Amaru II"

 

 

Foto DHUMA "Pobladores aymaras de la zona sur de Puno apoyando a sus lideres aymaras procesados"

 

 

 

¡¡¡Mina no, agua si¡¡¡ Aymaras se movilizan en respaldo a los 18 acusados por el conflicto Minero Bear Creek.

 

En la sesión de audiencia oral desarrollada ayer en horas de la mañana en la Corte Superior de Justicia de Puno, donde estaba previsto dar los alegatos finales por parte de los colegiados que lleva el caso del Conflicto Socioambiental minero Santa Ana, sin embargo, se ha priorizado dar las declaraciones de los acusados Rosendo Mendoza Condori y Severo Efraín Iturry Gandarillas. Mientras tanto el resto de los acusados han preferido guardar silencio por lo que no declaran en la audiencia que se sigue en curso como: Francisca Sarmiento, Patricio Illacutipa, Guido Velez, Domingo Tancara y entre otros.

Pobladores aymaras provenientes de la zona sur, en la plaza de la ciudad de Puno en apoyo a los 18 acusados.

Los magistrados del proceso: Roger Fernando Istaña Ponce, Víctor Calizaya Coila y Yessica Condori Chata establecieron reprogramar la sesión de la audiencia oral con los alegatos finales para el día miércoles 28 de junio a horas 2.30 de la tarde.

Los pobladores provenientes de la zona sur de Puno, se movilizaron por diversas arterias de la ciudad, arengando diversas frases y asimismo portando pancartas alusivas a la defensa de la madre tierra, territorio y los recursos naturales. Donde se podría leer algunos mensajes que llevaban: “Por la defensa de la tierra y territorio”, “Digan lo que digan los aymaras no se rinden”, “Cuidar el agua es cuidar nuestra vida”, “la tierra no se vende”, “No a la criminalización de la protesta social”, “Ayamaras unidos por la pachamama hoy y siempre”, “No al despojo de la tierra comunal, exigimos respeto a los pueblos originarios”, “Somos pueblos originarios exigimos respeto”, “Justicia a los acusados”, “Madre tierra el pueblo aymara no contamina”, “Exigimos que se aplique justicia intercultural plena”, “Yo defiendo a la pachamama y es mi deber”, “Exigimos respeto a la pachamama”, “La tierra es nuestra madre nuestra vida nuestra libertad, hay que protegerlo”, “Madre tierra y agua es vida ¨cuidémoslo”, “Agua es vida”, “Aymaranakajja arjjatasipjtwa akapacha jakaña” y “Somos aymaras luchando por nuestra tierra”.

Los pobladores aymaras se manifestaron indicando que: “venimos por la defensa de los recursos naturales y en este caso hay una persecución política del gobierno nacional”, “Nuestros dirigentes están siendo procesado y porque no se involucra al ex presidente Alan García y a sus ex ministros quienes han promulgado el Decreto Supremo N° 083 y son culpables”, “Venimos a pedir justicia para nuestros dirigentes y si no se resuelve iremos a Lima para exigir que libere a los acusados”.

 

Fotografias: Pobladores aymaras provenientes de la zona sur se movilizan por diversas arterias de la ciudad de Puno.

 

 

Petición para liberar a 10 dirigentes Aymaras procesados a raíz de un conflicto socio-ambiental en Perú.

 

Han pasado 6 años del conflicto socio-ambiental conocido como “El Aymarazo” en Perú, una movilización realizada el 2011 en el departamento de Puno, en rechazo al proyecto minero “Santa Ana”, de propiedad de la empresa canadiense Bear Creek Mining Corporation. Las comunidades Aymaras se movilizaron para proteger su agua y medio ambiente de la contaminación que el proyecto podía generar, y que ponía en riesgo sus fuentes de agua y varios ríos de la región, como el Río Callacami y Desaguadero, este último se conecta con el Lago Titicaca y que comparten Perú y Bolivia. También exigían el respeto a la consulta previa contemplada en las leyes peruanas y el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo – OIT, ratificada por Perú.   

Después de semanas de protestas, la movilización logró que el gobierno anulara el decreto que autorizaba el proyecto. Como consecuencia, 18 dirigentes comunales fueron procesados bajo los cargos de entorpecimiento al funcionamiento de los servicios públicos, disturbio y extorción agravada. La fiscalía pide una pena de entre 16 y 28 años de prisión, y el pago de 7 millones de soles (más de 2 millones de dólares) por concepto de reparaciones.

El juicio penal se encuentra en su etapa final. El 28 de junio se procedió a la audiencia de alegatos finales y la Fiscalía retiró la acusación en contra de 8[1] de los 18 procesados por falta de pruebas. Sin embargo, todavía queda pendiente la audiencia y posible sentencia de los otros 10 procesados[2]. Este 6 de Julio en la ciudad de Puno, se llevará adelante una nueva audiencia de alegatos finales para estos acusados y la posible lectura de una sentencia condenatoria. 

En ese sentido, la organización Derechos Humanos y Medio Ambiente – DHUMA, una institución comprometida con la promoción y defensa de los derechos humanos en la Región de Puno, hace la siguiente petición pública:

·        Ante la inminente emisión de la sentencia en el caso “Aymarazo” EXP-00682-2011, que viene siendo juzgando por el Juzgado Colegiado Penal de la Corte Superior de Puno, pedimos a los jueces que integran esta sala, la emisión de una decisión que exima de responsabilidad penal a los 10 líderes Aymaras, acusado injustamente en este juicio; pues a lo largo del proceso penal no se ha logrado demostrar su responsabilidad.

Este proceso judicial ha vulnerado desde el principio los Derechos de los Pueblos Indígenas, y de los derechos fundamentales. Este proceso se desarrolla en el marco de una política pro-extractivista y de criminalización de la protesta social impulsada por el estado y las empresas en Perú. Esto no ha hecho más que provocar mayores conflictos socio-ambientales, despojo de tierras, desplazamiento de poblaciones y la violación de derechos humanos y colectivos de las comunidades, que luchan por defender sus territorios y sus legítimos derechos en el Perú.

Más información en:

Derechos Humanos y Medio Ambiente – DHUMA http://www.derechoshumanospuno.org/

 Reporte: A 6 años del “Aymarazo” en Perú: Aún existen procesos penales pendientes a dirigentes sociales y una demanda millonaria en el CIADI (Podcast)



[1]Fiscal retira la acusación en favor de los siguientes:  1) Francisca Sarmiento Choque. 2) Pedro Cruz Pari, 3) Rosendo Mendoza Condori, 4) Pablo Salas Charcas, 5) Marco Antonio Uruti Musaja, 6) Eufracio Guido Velez Carito, 7) Edwin Condori Chipana y 8) Emilio Paredes Pari. 

[2]Quedan los siguientes acusados 1- Walter Aduviri  Calizaya 2- Patricio Illacutipa Illacutipa 3- Rufino Machaca Quinto (PPL 27): 4- Domingo Quispe Tancara (PPL 25); 5- Javier Pari Sarmiento (PPL 25); 6- Eddy Uriarte Chambilla ( PPL 25); 7- Gregorio Ururi  Fernandez (PPL 16); 8- Severo Efrain Iturry Gandarrillas (PPL 27);  9- Gilver Chura Yupanqui (PPL 27) y 10- Felix Illacutipa Mamani (PPL 24)

Pretenden nuevamente realizar circo con la imagen de la mujer andina

Nuevamente pretenden propiciar en las principales regiones de nuestro país la presencia de un circo llamado “Paisana Jacinta”. Como ejemplo en Cajamarca, donde los medios y periodistas anuncian con algarabía la llegada a esta ciudad del circo de "la Paisana Jacinta". Fotos, entrevistas al artista que escenifica a tal personaje, y una carpa muy bien montada dentro de un centro comercial para exhibir este mal llamado "espectáculo". Sí, mal llamado espectáculo, porque este personaje no trasmite otra cosa sino la mofa que se hace de la mujer campesina y serrana, de sus formas de vivir, vestir y como no, de entender el mundo.

Jorge Benavides, el creador del personaje de la Paisana Jacinta también ha anunciado que para el 23 de noviembre se estrenará la película de este personaje. Para Benavides ver a la Paisana Jacinta en el formato fílmico representa uno de sus grandes sueños. En anteriores ocasiones el humorista ha manifestado que las acciones para la desaparición de su personaje en la televisión es una limitación a su derecho de trabajo y libre creación de un personaje ficticio. Desde luego que impedir la difusión de la Paisana Jacinta va a mellar sus ingresos económicos. Sin embargo, enriquecerse a través de la burla hacia mujeres andinas que visten polleras no puede ser un trabajo digno. Más aun cuando este grupo de personas es el que sufre el mayor impacto de los azotes del racismo y el patriarcado debido a encontrarse en el nivel más alto de vulnerabilidad.

Este personaje etiqueta a la mujer indígena andina o serrana como una persona vulgar, sucia, violenta, torpe, y de escasa capacidad intelectual, estereotipo que únicamente ocasiona, promueve y refuerza la discriminación por origen étnico y cultural.

Sin embargo, el impacto no es solamente en contra de las mujeres andinas que visten polleras, sino también golpea a la totalidad de la humanidad. El vivir entre un grupo de personas que aceptan implícita o explícita la vulneración a un determinado conjunto de personas sea a través de la burla o sea a través de ataques menos elaborados o “creativos” no puede ser beneficioso para nadie. El perjuicio que la paisana Jacinta ocasiona a la sociedad peruana es extremadamente lesivo. El humor cuando es racista deja de ser humor para convertirse en mofa. A través de la burla, el personaje de la Paisana Jacinta legitima el maltrato verbal y físico hacia las mujeres indígenas de los Andes. Las consecuencias del daño deben ser evitado y en todo caso reparado.

Es alentador que desde diversos frentes como el gobierno peruano y organizaciones nacionales e internacionales y hasta individuos a título personal han intervenido para expresar su rechazo ante la transmisión del programa televisivo de la Paisana Jacinta. La Organización de las Naciones Unidas a través de la Comité para la Eliminación de la Discriminación Racial (CERD) ha manifestado al gobierno peruano que la Paisana Jacinta es un personaje que refuerza los estereotipos negativos sobre las mujeres indígenas andinas y los pueblos indígenas en general. El Ministerio de Transportes sancionó con 20 UITs a Frecuencia Latina por emitir este y otros sketches por los contenidos denigrantes y discriminatorios. Ahora se emite nuevamente en la televisión en señal abierta Frecuencia Latina los días sábado ‘El Wasap de JB’

La Asociación Departamental de Mujeres Campesinas de Puno – ADEMUCP con el apoyo de la Oficina de Derechos Humanos y Media Ambiente – Puno, ha apoyado por su parte y ha presentado una acción de amparo para que este personaje no pueda volver a salir en la televisión peruana. El Ministerio de Cultura en el ejercicio de sus funciones gubernamentales ha apoyado esta acción legal e incidido en la defensa de los derechos de los pueblos indígenas.

Así mismo hay una demanda de amparo en curso promovida por las mujeres cuzqueñas contra este personaje por lesionar el derecho de todas las mujeres de la sierra, se trata de las asociaciones: Dignidad y Derechos de las Mujeres del Cusco, la Escuela de mujeres Micaela Bastidas de Espinar y la red de Mujeres Canchis. Por su parte en el norte del país el Colegio de Abogados de Cajamarca y la Asociación Femenina de Estudiantes del Perú de la Universidad Nacional de Cajamarca emitieron un comunicado en el cual expresa su rechazo a la Paisana Jacinta en dicha ciudad, refieren que “hace una representación negativa a la mujer andina o serrana como una persona vulgar, sucia, violenta, torpe y de escasa capacidad intelectual".

Desde la asociación DHUMA y en nuestra función de garantizar el respeto a los pueblos indígenas y en este caso a las mujeres consideramos que el proyecto fílmico de Paisana Jacinta constituye una burla hacia la prohibición de emitir el programa en la televisión peruana, además de vulnerar los derechos indígenas y crear un ambiente racista en el que a través de la mofa se acepte el maltrato y vulneración.

Fuente: Asociación DHUMA, Ángela Tapia y Mirta Vásquez 

Especialistas aseguran que juicio por Aymarazo es racista y discriminatorio

 

Hace algunos meses, el abogado y escritor, Boris Espezúa Salmón, publicó un nuevo libro, “El derecho desde la mirada del otro, bases para la construcción del pluralismo jurídico en el Perú”, El autor, asevera que en el ámbito del derecho también existen las desigualdades sociales, la discriminación, el otro que es negado, ninguneado, el indígena, por ejemplo.

Fuente: Foto DHUMA "Poblaciones aymaras apostados en la Corte de Puno"

Espezúa, tiene también una lectura de cómo se ha desarrollado el proceso del “Aimarazo”. En primer lugar, él asevera que, al haberse conducido el juicio a través de la justicia ordinaria, esta no garantiza transparencia, pues no se hizo el impulso de una justicia ancestral. “El aimarazo ha sido una postura colectiva, que debió tener análisis desde el punto de vista de la sociología o la antropología, la visión del aimara es otra y en general no se ha tomado en cuenta a esta nación como tal, evidentemente estamos hablando de una justicia no ordinaria comunal”, subrayó el especialista.

La protesta que tuvo lugar en mayo de 2011, para el también docente de la UNA Puno, tiene características distintas, porque en el proceso se les ha hecho ver como una orda de semisalvajes, saqueadores. Espezúa va más allá, señalando que, se ha develado que la justicia ordinaria ha ejercido una posición excluyente e inclusive racista. “Y es que al ser una protesta la interpretación ha sido distinta para otros y para los aimaras, la lectura es distinta”, refirió.

Finalmente, advirtió que, en el peor de los casos una sentencia condenatoria, generará enormes brechas en la sociedad y es algo que no se puede admitir, toda vez que se está en plena búsqueda de la coexistencia.

Fuente: Foto DHUMA "Poblaciones aymaras en la última audiencia permanecieron hasta 10:00  de la noche"

El expediente 1126 de la Corte Suprema del 2011 del caso de la comunidad nativa de Tres Islas, es un referente que debe ser tomado en cuenta. En este documento se señala: “En este caso es una concesión otorgada sin cumplir las reglas de consulta y de información, por ende, es ilegal, e inconstitucional; el pueblo tenía derecho de ejercer su autoridad de impedir el ingreso de estos terceros. Los actos violentos, no se pueden atribuir a los dirigentes y autoridades comunales que convocaron a una movilización, porque para hacerlo se tiene que probar la cadena de mando obligatoria, como es el cuerpo militar donde el jefe tiene mando militar sobre sus subordinados; si un dirigente convoca a una movilización no quiere decir que hay una estructura militar”.

El letrado, Juan Carlos Ruiz Moledda, especialista en estos temas, opina que en este caso se ha intentado desconocer el derecho a la protesta. “Hay que diferenciar con los actos de vandalismo”, sostiene. 

Fuente: Correo

Fuente: Foto DHUMA "Poblaciones aymaras en su mayoría mujeres"

Fuente: Foto DHUMA "Poblaciones aymaras  se manifiestan sobre el caso del juicio"

 

 

Fuente: Foto DHUMA "Mujeres aymaras en vigilía en la Corte de Puno"

Fuente: Foto DHUMA "Poblaciones aymaras permanecieron hasta altas horas de la noche, pese al intenso frio en el altiplano"

Intentan salvar al Lago Titicaca

 

El río Coata está conectado con diferentes provincias de la región de Puno y es el segundo afluente del Lago Titicaca. Como es previsible es uno de lo más contaminados.

Foto DHUMA "laguna de aguas servidas proveniente de la ciudad de Juliaca que desemboca al río Coata".

Intentando revertir esta realidad, ayer diferentes instituciones desarrollaron una jornada de limpieza  y sensibilización “Unidos por el Titicaca”

En dicha actividad, que también se realizó en la ciudad de Puno, se encontró animales muertos, envases, plásticos, residuos nocivos de los hospitales, entre otros.

Dionisio Barrera Pelinco, presidente del Frente de Defensa de la Cuenca Coata, mencionó que por un pésimo tratamiento de las aguas residuales de la ciudad de Juliaca, ellos usan el agua contaminada para su alimentación. “Para los animales de la zona, el líquido vital que necesitamos es contaminado por 4000 mil litros por segundo que ingresa de la ciudad de Juliaca desde el río Torococha”, dijo.

El dirigente coateño sostuvo que esta realidad se empeora a medida que pasa el tiempo, pues las autoridades no plantean soluciones. “Yo recuerdo que el lago era lindo y nosotros consumíamos de aquí el carachi, pejerrey, trucha; ahora ni un solo pescado podemos ver. Al costado de este río teníamos nuestras parcelitas y ahora no producen porque el agua está contaminada. Lo único que nos queda es la totora que se está empezando a negrear”, acotó.

Otro de los pobladores contó que el río provoca enfermedades en los niños, animales, pastizales, pescados la totora. “Ahora nosotros no tenemos nada, los niños se enferman, los animales se mueren y nosotros nos enfermamos, las autoridades locales nos dicen que no hay el presupuesto suficiente, lo que pediría a las autoridades es que no apoyen”, agregó Isidro Calla Mamani, presidente de la comunidad campesina de Catara – Coata.

Fuente: Sin Fronteras