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Analizan aguas subterráneas de los pozos en las comunidades del distrito de Coata para descartar el metal pesado plomo

 

A raíz de la problemática socio ambiental de la cuenca Coata a lo largo de estos últimos años, crece la exigencia de los pobladores quechuas a las instituciones competentes de descontaminar las fuentes de aguas para el consumo humano, ganadería y agricultura.

Preparan para el análisis de las aguas

Es así que, a través de la asociación DHUMA, el voluntario de la Universidad de Harvard de Estados Unidos, Brendan Eappen, y el representante de la ONG Socios en Salud, Yeni Karen Ochoa, realizaron análisis de las aguas subterráneas de los pozos en las comunidades campesinas de Carata (Sector Quiata) Lluco y Jochi San Francisco. También se tomó muestra en el río Coata (puente Coata).

 DHUMA, Brendan Eappen y Yeni Karen Ochoa brindan instrucciones a los comuneros para el análisis de agua

El análisis de las muestras de agua se realizó empleando un Kitts “Drinking water test for lead” (Prueba de agua potable para plomo) instrumento que fue adquirido de Estado Unidos para detectar la presencia del metal pesado de plomo de forma inmediata. Una vez instruido a los representantes comunales y pobladores sobre el procedimiento; recojo de muestra, aplicación e interpretación de los resultados, se procedió analizar muestras en los puntos de mayor posibilidad de contaminación con este metal.

 Los primeros resultados de los análisis de agua

Las muestras recogidas dieron como resultado negativo de plomo, sin embargo, con este resultado no se descarta la contaminación de agua con otros metales pesados, además de otros contaminantes. Por su parte, el presidente del Frente de Defensa de la Cuenca Coata, Dionicio Barrera, se mostró contento al manifestar que el agua de pozo que a diario consumen no tienen plomo. “Nosotros hemos solicitado que los integrantes de la Asociación DHUMA para que acudan a este lugar para verificar si existe plomo en el agua que consumimos, los resultados fueron que no existe, esta es una preocupación menos, ya que ello podría dañar a los niños y pobladores de este sector”. En el futuro se piensa completar con las evaluaciones a las 08 comunidades campesinas restantes que comprende el distrito de Coata, asimismo, realizar análisis de otros metales pesados.

Esperando el resultdo de las muestras.

En la comunidad de Joche San Francisco - Coata

En el Río de Coata (Puente)

 Los pobladores también aprendieron realizar el análisis de agua

 

Ante la declaratoria de Estado de Emergencia en Cusco y Puno

 

La Coordinadora Nacional de Derechos Humanos, Red Muqui, Derechos Humanos Sin Fronteras y las instituciones abajo firmantes que promueven y defienden los derechos humanos, nos pronunciamos ante la declaratoria de estado de emergencia (1)  en los distritos de Wanchaq y San Sebastián de la región Cusco, y el distrito de Juliaca de la región Puno. Por lo que expresamos ante la opinión pública lo siguiente:

 

1.            De acuerdo a la Constitución Política del Perú y normatividad internacional la declaración de estados de emergencia es una medida aplicable de manera “excepcional” y solo debe emplearse cuando se produce perturbación de la paz o del orden interno, de catástrofe o de graves circunstancias que afecten la vida de la Nación, por lo que creemos que el ejecutivo abusa de las facultades que le otorga la Constitución Política limitando y restringiendo el derecho a la protesta social que vienen ejerciendo los maestros. Anteriores declaratorias de estado de emergencia en las propias regiones de Cusco y Puno, en casos como la conflictividad generada por la actividad minera solo los han agudizado.

2.            Esta medida demuestra una vez más, la incapacidad del gobierno para resolver, de forma pacífica y dialogada, la demanda de los maestros que mantienen una huelga de 35 días y reafirma la práctica recurrente del Estado de usar la fuerza para contener los conflictos, pero que no atacan ni resuelven las causas de fondo que las originan. De igual manera, pone en manifiesto el desorden o desconocimiento del gobierno frente a esta situación donde incluso de manera posterior tiene que emitir una fe de errata excluyendo una provincia.

3.            Exigimos al Ministerio Público y al Poder Judicial que cumplan su papel de garantes del orden constitucional; así mismo instamos a la Defensoría del Pueblo mantener un rol activo y vigilante para garantizar los derechos humanos de la ciudadanía.

4.            Invocamos al gobierno peruano a dar solución inmediata y pacífica a las demandas de los maestros y por lo tanto al conflicto que viene afectando a la comunidad educativa y sociedad cusqueña y puneña, dejando sin efecto la medida de declaratoria de estado de emergencia, que lo único que hacen es agudizar más el conflicto y polarizar más el enfrentamiento entre los actores sociales y el Estado.

5.            Instamos a la ciudadanía que ante cualquier restricción y vulneración de derechos están expeditas las acciones de hábeas corpus, entre otras acciones legales, y/o denunciar públicamente cualquier atropello a sus derechos fundamentales ante las instancias correspondientes.

Finalmente; salidas arbitrarias y violentas al abordaje de los conflictos como la declaratoria de estados de emergencia en el país ponen en riesgo el respeto por los derechos humanos y la democracia. El rol de Estado es garantizar estos derechos fundamentales de la ciudadanía. El dialogo es fundamental en democracia por lo que esta medida no es justificada.

 

Suscriben:

•             Coordinadora Nacional de Derechos Humanos

•             Red Muqui Nacional

•             Red Muqui Sur

•             Derechos Humanos Sin Fronteras-DHSF

•             Derechos Humanos y Medio Ambiente-DHUMA

•             Asociación por la Vida y Dignidad-APORVIDAH

•             Instituto de Estudios de las Culturas Andinas-IDECA

•             Instituto de Defensa Legal- IDL

 

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(1) Mediante el Decreto Supremo N° 078-2017-PCM del 20 de julio se declaró el Estado de Emergencia, sin embargo, el 21 de julio se ha emitido la Fe de Erratas que precisa los ámbitos de aplicación, excluyendo una provincia de región Cusco.

Convulsión social en la Mina la Rinconada tras el enfrentamiento con la policía

 

Hasta esta mañana suman dos fallecidos y varios heridos. En horas de la mañana del día de ayer (18 de julio) los pobladores del centro poblado de Riticucho habrían capturado a ocho delincuentes y posteriormente entregados a los efectivos, donde algunos pobladores exigían que muestren a los maleantes y quisieron apedrear, ahí surge la arremetida de los efectivos policiales quedando un joven con impacto de bala en el estómago, se trata de Percy Tito Cahui quien fallece en el puesto de Salud del centro poblado. Tras el hecho lamentable la población enardecida se concentraron en frontis de la Comisaría de la Rinconada (plaza principal) exigiendo justicia y que presentaran a los delincuentes.

Se agudizó el enfrentamiento en horas de la tarde, los pobladores armados con piedras y palos arremetieron a la comisaría e incendiaron una camioneta de patrullero de PNP, como respuesta los efectivos atrincherados desde la comisaría dispararon, ocurriendo una balacera feroz. Los pobladores no duraron en llevar al cadáver del joven y exponer frente a los efectivos.

Los heridos producto del enfrentamiento fueron acudiendo al centro de salud y los más graves fueron trasladados a la ciudad de Juliaca, se desconoce el número de heridos. En horas de la noche de ayer continuó el enfrentamiento entre la policía y los pobladores mineros sitiando la plaza principal, abría la posibilidad que los mineros usaron dinamitas en el enfrentamiento. Se conoce que en el transcurso de la noche se habrían trasladado un contingente policial desde Ananea y parte de la Comisaría de Putina para tomar refuerzo a los de la Rinconada que fueron replegados por los pobladores mineros.

Los enfrentamientos duraron cerca a la media noche, producto de los enfrentamientos se habría sumado más dos fallecido y que esta mañana fueron difundidos  a través de las redes sociales y medios locales. La convulsión social en la mina la Rinconada se torna cada vez más complicada.

 

Los medios locales informan de los sucesos en la Mina La Rinconada: 

https://www.facebook.com/famatv27/videos/1529702593781873/

https://www.facebook.com/famatv27/videos/1529475930471206/

https://www.facebook.com/famatv27/videos/1529415330477266/

https://www.facebook.com/fredd.puma/videos/1471424086252100/

 
 
 

Dura condena contra líder aymara devela política de criminalización de la protesta en Perú.

 

Líder de aymara es condenado a 7 años de prisión por resistir a un Proyecto Minero Canadiense.

Por Sian Cowman y Aldo Orellana López

FOTO: Comunidades Aymaras en vigilia afuera del Juzgado de Pun el 28 de junio de 2017, durante las audiencias finales del juicio.

El mes pasado, 18 dirigentes Aymaras enfrentaron la etapa final de un juicio que contemplaba la posibilidad de enviarlos a prisión hasta por 28 años, además del pago exorbitantes multas, por sus supuestos roles en la movilización social del 2011 conocida como el “Aymarazo”, en contra del proyecto minero de plata “Santa Ana”, ubicado cerca de la frontera entre Perú y Bolivia. Los dirigentes Aymaras fueron acusados penalmente por los supuestos delitos de entorpecimiento al funcionamiento de los servicios públicos, disturbio y extorsión agravada contra del estado.

17 acusados fueron absueltos de todos los cargos; Sin embargo, el 18 de julio, Walter Aduviri fue condenado a siete años de prisión y se le ordenó pagar una multa de 2 millones de soles (más de 600,000 dólares). Su abogado, Martín Ticona, se dirigió a la gente después de la lectura de la sentencia en Puno, indicando irregularidades en el proceso judicial, por lo que apelaría la sentencia de Aduviri. El fiscal, Juan Monzón Mamani, también manifestó su intención de apelar la decisión por razones que aún no están claras. 

Aymaras tildados de delincuentes por su resistencia contra la minería

Inicialmente fueron 100 Aymaras los que enfrentaron procesos criminales después de las protestas del “Aymarazo” en el departamento de Puno. No obstante, las  investigaciones en contra de 82 personas fueron levantadas, dejando 18 para ser juzgados. Todos habían sido acusados por entorpecimiento al funcionamiento de los servicios públicos, disturbio y extorsión agravada. Posteriormente, el 28 de junio, las acusaciones en contra de ocho líderes - incluyendo a Francisca Sarmiento, la única mujer acusada – fueron retiradas por falta de pruebas. De los 10 que finalmente enfrentaban el proceso final, solamente Walter Aduviri fue encontrado culpable por el cargo de disturbios.

De archivo: DHUMA

"El gobierno ha dicho que para la protesta social, hay que enjuiciar a los dirigentes. Entonces ¿cuál es nuestra respuesta? organizarnos entre los Aymaras y todo el pueblo en general”, explica un hombre Aymara en un video producido por la organización Derechos Humanos y Medio Ambiente - DHUMA, Puno.

Los acusados han pagado un alto precio durante los últimos seis años que duró el proceso, no sólo en términos de tiempo y dinero gastado para asistir a numerosas audiencias, sino que también han tenido que hacer frente al trauma psicológico de la criminalización y la fuerte amenaza de 28 años de prisión.  La lucha de la población Aymara en general también se ha enfrentado a una narrativa pública dominante que estigmatiza al pueblo Aymara, etiquetándolos de presuntos "criminales" o "anti-desarrollo", según organizaciones locales y activistas.

La movilización del “Aymarazo” en 2011

Los rumores sobre la mina comenzaron a circular ya el año 2004. Las comunidades comenzaron a preocuparse de inmediato por el proyecto minero debido a su ubicación en una zona muy vulnerable. Las operaciones mineras son inherentemente intensivas en el uso del agua. En ese sentido, Santa Ana no sólo podría haber utilizado los recursos acuíferos escasos en la región, sino que también podía contaminar el agua de la zona, afectando a la agricultura, los medios de subsistencia y la seguridad alimentaria para cientos de personas.

"Vamos a decir claro que la Mina Santa Ana quería operar en la zona donde existen ríos", dijo una mujer en una reciente manifestación registrada por DHUMA. "El rio Callacami recorre la zona y podría contaminarse hasta llegar al pueblo de Desaguadero,  donde está el lago Titicaca…  se podría contaminar toda la zona acuática  afectando  a toda la región, incluso a Bolivia".

Vídeo: Conflicto Socioambiental Aymara 

Si bien las comunidades habían tenido conocimiento del proyecto minero mediante  rumores el 2004, no fue hasta los años 2007 que la noticia se oficializó, cuando el gobierno autorizó las operaciones de la mina Santa Ana. Fue entonces que las comunidades comenzaron a realizar una serie de peticiones públicas, denuncias administrativas y procedimientos dirigidos al gobierno local, regional, y a las autoridades ambientales. Después de que sus inquietudes no fueran atendidas, comenzaron a organizarse y manifestarse en sus comunidades y pueblos a lo largo de las orillas del Lago Titicaca, cerca de la frontera con Bolivia, pero también en la ciudad de Puno, donde la resistencia y el Aymarazo llegó a su máxima expresión entre Marzo y Junio de 2011.

Las protestas culminaron después de varios días de movilización masiva en Mayo, desarrollada en Puno, en donde participaron más 15.000 personas de origen Amara provenientes de todo el sur del Perú. Las protestas paralizaron partes de la ciudad durante varios días. Las comunidades exigían no sólo la cancelación del proyecto minero Santa Ana, sino de todas las concesiones mineras existentes en la región, además de una moratoria sobre futuras concesiones – afirma Rodrigo Lauracio, abogado de DHUMA, en una extensa entrevista con los autores. El territorio indígena en la provincia de Puno ha experimentado un aumento masivo en los permisos para proyectos extractivos en las últimas dos décadas,  algo que se refleja también en las tendencias nacionales, afirma  Lauracio.

"El Aymarazo fue una protesta social no solamente de las comunidades que se ubicaban en el distrito de Huacallani (donde se encuentra el proyecto minero), que eran los afectados directos, sino de muchas comunidades que eran afectados indirectos", dice Lauracio. "El estudio de impacto ambiental contemplaba que tres comunidades eran las afectadas, pero en realidad eran muchas más (las que iban a ser afectadas)".

La presentación pública del estudio de impacto ambiental de Bear Creek Mining Corp. en febrero de 2011, un documento mal traducido al Aymara y presentado en un auditorio muy pequeño en donde no cabía la gente, sólo profundizó los temores de la población, según Lauracio.

"Debemos mencionar que este proyecto minero se asienta en territorio de comunidades indígenas campesinas Aymara", afirma. "Muchas de estas observaciones no fueron absueltas por la empresa minera en ese momento, y como consecuencia, se produjo muchas dudas en las personas, lo cual causó que muchas comunidades se opongan al proyecto minero".

Consecuencias de las movilizaciones

Las protestas del Aymarazo torcieron la mano del gobierno, que finalmente derogó el controvertido Decreto 083 que autorizaba a Bear Creek operar el proyecto minero, posponiéndolo indefinidamente.

Los procesos penales represivos posteriores a la movilización, son sólo una de las consecuencias de las movilizaciones. La derogación del decreto que autorizaba la operación del proyecto minero Santa Ana, también dio paso a otra demanda de carácter internacional. El año 2014 la empresa presentó una demanda de 1,200 millones de dólares en contra del Perú en el Centro Internacional para el Arreglo de Diferencias relativas a las Inversiones - CIADI, del Banco Mundial. Bear Creek sostiene que el Perú violó los términos del Tratado de Libre Comercio entre Canadá y Perú al no permitirle operar la mina. Las audiencias, que están en curso, se desarrollan en un tribunal cerrado, en un proceso altamente antidemocrático.

Bear Creek afirma que las protestas del Aymarazo fueron motivadas políticamente. Sin embargo, DHUMA y otras organizaciones de apoyo afirman que las comunidades rechazaron el proyecto para proteger sus fuentes de agua, y porque ni Bear Creek ni el estado peruano siguieron los procedimientos legales exigidos por ley. La empresa intentó acercarse a las comunidades con estrategias de manipulación, y tanto el Estado como la corporación, llevaron adelante sus planes con una completa falta de transparencia, haciendo caso omiso del derecho nacional e internacional sobre la consulta libre, previa e informada, afirma Rofrigo Lauracio.

Políticas represivas y múltiples abusos de poder

El Perú ha experimentado un aumento de los Acuerdos de Libre Comercio y una flexibilización de la protección ambiental en los últimos años. Estas políticas tienen como objetivo facilitar la entrada de empresas transnacionales y la inversión internacional en Perú, en rubros como la minería y otras actividades extractivas que han aumentado en todo el país.

También ha habido un aumento en las "políticas normativas que modifican nuestro sistema jurídico para viabilizar proyectos  mineros y para tipificar nuevos delitos en contra de las personas que participan en protestas sociales", afirma Lauracio. La oleada de políticas neoliberales y represivas en el Perú no sólo le dan una mano a la industria extractiva en general, sino que también crean nuevos mecanismos legales para criminalizar la resistencia al extractivismo. Estos mecanismos están diseñados para inhibir nuevas protestas como el Aymarazo y ayudar a allanar el camino para futuros proyectos extractivos.

FOTO: La policía está de guardia fuera del juzgado. Foto: DHUMA

Las tácticas represivas plasmadas en los procesos penales, van de la mano con otras formas de criminalización impulsadas desde el Estado. Algunas de ellas también estuvieron presentes durante el Aymarazo. Por ejemplo, las campañas de difamación en contra de las protestas sociales, y tildar a los que organizan y participan de estas protestas como "criminales violentos" o "anti - desarrollo". El Estado también intervino en el Aymarazo mediante un mecanismo que generó más violencia: la declaración de un estado de emergencia, que permitió mayor represión y violencia por parte de las fuerzas armadas y la policía, provocando traumas, lesiones y muerte.

Estas dinámicas no sólo se desarrollan en Puno, sino en todo el Perú, en donde actualmente existen al menos 39 conflictos mineros, registrados por el Observatorio de Conflictos Mineros en América Latina. En la misma semana en la que se dio lectura a la sentencia por el caso Aymarazo, tres líderes sociales de la provincia de Espinar, en el departamento de Cuzco, también enfrentaron la etapa final de un juicio por cargos relacionados con protestas que exigían el cumplimiento de las regulaciones ambientales y sanitarias por parte del estado y la compañía minera, en este caso la corporación Glencore Xstrata. Las acusaciones criminales están relacionadas con las protestas alrededor de la minería en 2012, en las cuales 3 personas fueron asesinadas por la policía peruana durante un estado de emergencia. En este caso los tres dirigentes han sido absueltos, después de pasar cinco años de procedimientos criminales injustos.

Otro ejemplo de políticas que criminalizan la protesta, corresponde a la modificación de las leyes en Perú el 2014, que exime de responsabilidad penal a los agentes de policía y militares que, "en cumplimiento del deber", provoquen lesiones o muertes. Además que policía también está autorizada a contratar con empresas para proporcionar servicios de seguridad privada.

Bear Creek, por un lado, aún tiene registrado el proyecto Santa Ana en su sitio web (sin duda con la esperanza de que su precio de las acciones no caiga, como lo hizo después de las protestas de 2011). En el contexto de la demanda internacional, el estado peruano podría verse obligado a pagar 1,200 millones de dólares a Bear Creek y/o podría volver a emitir un permiso para operar Santa Ana. Por otro lado, el estado peruano busca encarcelar a Walter Aduviri y criminalizar la resistencia antiminera, en un intento de silenciar futuras protestas. Sin mencionar que las multas que exigen son exorbitantes, más de 2 millones de dólares en la demanda inicial en contra de los 18 dirigentes, que se convirtieron en 600.000 dólares para Aduviri contemplados en la sentencia en su contra. Para poner esa cantidad en contexto, el salario mínimo mensual en Perú es alrededor de 270 dólares – es decir que Aduviri necesitaría 185 años de salarios mínimos para pagar la multa.

Dinámicas políticas detrás de la sentencia condenatoria a Aduviri

Walter Aduviri ha afirmado en múltiples ocasiones que el juicio está motivado políticamente y que su persona es objeto de persecución política. Esto debido a su postulación para la presidencia del gobierno regional del departamento de Puno en 2014, en una plataforma que muchos tildaron de polémica, acusado por aquellos que intentan desacreditar las demandas de las protestas 2011, de usar el movimiento como plataforma de liderazgo para ganar votos. 

Foto: Walter Aduviri en campaña, 2014. Fuente: YouTube

Si bien al final fue absuelto del cargo de extorsión agravada y perturbación del transporte público,  Aduviri es acusado de ser el cabecilla, no sólo de la protesta, sino de los actos de destrucción de la propiedad estatal que ocurrieron durante el Aymarazo en 2011: su sentencia condenatoria por el cargo de disturbios, dice que él es autor mediato de esos hechos. En ese sentido, su participación en el liderazgo de un movimiento, su política y el amplio apoyo que recibe en Puno, parecen estar incluidos en el esta sentencia condenatoria.

En las afueras del juzgado en Puno, el 6 de julio, día en el que se dio a conocer la sentencia provisional, cientos de aymaras se movilizaron en apoyo de Aduviri. La gente gritaba: "¡Si no hay solución, Quechuazo y Aymarazo!  El 7 de Julio Aduviri ya había declarado su inocencia en una conferencia de prensa. El 18 de julio, el día de la sentencia final, se dirigió a las multitudes en Puno en un efusivo discurso, interrumpido por gritos de consignas que denunciaban a los fiscales y jueces de haberse parcializado. Aduviri no está en la cárcel porque la sentencia no puede ser ejecutada mientras su apelación está en curso.

Con la sentencia en el caso del CIADI, programada preliminarmente para septiembre de este año, sumada a la dura condena a Walter Aduviri, vemos que se produce  una confluencia entre  la política del estado de criminalizar las protestas en contra la minería y los impactos tóxicos de las herramientas del poder corporativo, como los Tratados De Libre Comercio, que se activan cuando las protestas hacen que se detenga un proyecto minero rechazado por la población, que busca proteger su agua y sus derechos de la destrucción que provocan estos proyectos extractivos. 

Fuente: https://intercontinentalcry.org/

Crónica sobre la contaminación de la Cuenca Coata: “Un Problema Social”

La cuenca del Lago Titicaca en el sector peruano recibe el aporte de agua a través de 4 ríos principalmente: Ramis, Coata, Huancané y Suches, recibiendo así toda la carga contaminante de las distintas cuencas hídricas. Dentro de las cuencas con mayor índice de contaminación se encuentra la cuenca del río Coata y dentro de ella lagunas y ríos tributarios como el río Torococha.

Fuente: DHUMA "Río Torococha con aguas servidas y desechos sólidos"

Según el informe de la Autoridad Nacional del Agua durante estos últimos años, viene realizando actividades de monitoreo en la cuenca del rio Coata, en cuanto a los informes técnicos en torno a los monitoreos hechos, hacen concluir   que el estado en que se encuentra el río Torococha y las sustancias que contiene  como: demanda bioquímica, oxígeno disuelto, arsénico, coliformestermotolerantes, entre otros; sobrepasan los valores que regulan los Estándares de Calidad Ambiental para Agua, aprobado por el Decreto Supremo N° 015 – 2015  - MINAM. Lo cual conlleva inevitablemente poder presumir que estos ríos contaminados afectan o son un riesgo cierto para el medio ambiente o la salud de las personas que habitan a la rivera de estos ríos[1], por lo tanto el río Coata que desemboca al lago Titicaca, se encontraría en una situación crítica debido a los altos niveles de contaminación que presentaría el vertimiento de aguas servidas y residuos sólidos que han causado la muerte de aves, peces y ranas, informaron autoridades locales. Y peor aún que estas aguas contaminadas son utilizadas de una forma directa o indirecta para el riego de cultivos y para el consumo de la ganadería, cuyos productos llegan a ser ingeridos por los habitantes de la zona y la ciudad.

Fuente: DHUMA "Laguna aguas servidas cercanos a depósito a desechos sólidos"

Esta situación es dramática para las poblaciones de los distritos de Coata y Huata, donde la principal fuente de agua de consumo humano y de animales, se encuentra contaminada, afecta además de la población, a los animales, peces, totorales, y ganado, todos ellos importantes para la sobrevivencia de la población, por lo que hace buen tiempo y están propensos a contraer enfermedades, en ese marco es que los pobladores de Huata, Coata y Capachica toman la decisión por la defensa de la descontaminación de sus aguas que al parecer estarían afectando a sus actividades ganaderas, agrícolas, etc. por lo que el 12 de agosto del 2014 inician con su lucha primero recurriendo a la Municipalidad Provincial de San Román para que tome las medidas necesarias en cuanto a la descontaminación del río Torococha; sin embargo el 19 de octubre del 2014, luego de varias gestiones realizadas ante la Comuna Juliaqueña, sin efecto positivo, los pobladores organizados de los distritos Huata, Coata y Capachica no dudaron en bloquear el canal de aguas servidas evacuadas por el río Torococha. Este bloqueo del ducto natural fue realizado justo en el sector Chilla, cansados de protestar contra las aguas negras producto de los vertederos hecho costumbre de la población juliaqueña, el mismo que está generando una serie de problemas medioambientales para los movilizados, peor aun cuando la autoridad edil en varias oportunidades adquirió compromisos de descontaminar el sector, pero que hasta la fecha nunca dio la cara para reunirse con los afectados[2]. Y a raíz de esto forman un frente de Defensa para luego el 23, 24 y 25 de octubre del 2014, los dirigentes de los distritos Huata, Coata y Capachica,realizar un paro de 72 horas por la contaminación de sus tierras con las aguas servidas. Según Servindi, el 31 de octubre, 2014, La situación de las comunidades que viven en las cercanías del Lago Titicaca y sus afluentes, en Puno, se torna cada día más difícil debido a que no tienen más opción que consumir el agua contaminada que allí encuentran, por causa de la ausencia de una planta de tratamiento de aguas servidas.

Cansados de esta situación un grupo de autoridades, entre ellos presidente regional, congresistas, alcaldes, dirigentes campesinos, entre otros, llegaron a Lima para reunirse con funcionarios de la Presidencia del Consejo de Ministros (PCM), que encabeza Ana Jara.

Fuente: DHUMA "Laguna de aguas servidas de la ciudad de Juliaca"

El encuentro tuvo lugar el 28 de octubre y culminó con significativos acuerdos, el de mayor envergadura: la instalación, en la ciudad de Juliaca, de una mesa técnica de trabajo para abordar la problemática que afrontan las comunidades que emplean las aguas del río Coata para diversas actividades[3]; es asíque la Municipalidad Provincial de San Román (Juliaca), en Puno, y el Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento instalaron una mesa de diálogo y posteriormente firmaron un acuerdo para descontaminar el río Torococha, el 08 de noviembre 2014, donde los compromisos fueron: El Ministerio de Vivienda se comprometió a enviar maquinaria para retirar los residuos sólidos que se encuentran en el cauce del río y a emprender una campaña de salud. Mientras que la Gerencia de Gestión Ambiental del municipio, entre tanto, ofreció dar 250 mil soles para la compra de combustible para los vehículos yla dotación de agua a través de cisternas[4].

Si bien los compromisos estaban hechos, estos no fueron cumplidos por las autoridades; puesto que, ya habían transcurrido seis meses desde la firma de dicho del acuerdo y aun no se avanzaba con la descontaminación del Río Torococha, por lo que los pobladores de Huata, Coata y Capachica, volvieron a alzar su voz de protesta por medio de sus dirigentes como es el caso, en fecha 19 de mayo del 2015 en una entrevista en un medio impreso local la dirigente Maruja Inquilla señaló: El año pasado, los pobladores afectados por la contaminación de la cuenca del río Coata cerraron el cauce del río, lo que originó el colapso de buzones de desagüe en la zona urbana de Juliaca además de que se realizó un paro de 72 horas. A raíz de estas medidas de fuerza, las autoridades instalaron una mesa de diálogo; sin embargo, todavía no hay resultados positivos, “Prometieron dotarnos agua potable en cisternas, pero no cumplen” y así mismo el presidente del comité de lucha por la defensa del río Coata, Dionisio Barrera Pelinco, señaló que es muy poco lo que se ha avanzado, ya que aún no reciben agua en cisternas, ni se ha recuperado las áreas degradadas, así como tampoco se han realizado acciones de descontaminación y advirtió que nuevamente cerrarán la desembocadura del río Torococha, debido al incumplimiento de los compromisos asumidos por la mesa de trabajo, para la descontaminación de esta cuenca y del lago Titicaca. Y es por esto que radicalizan su protesta. Y efectivamente el 13 de agosto del 2015 el presidente del comité de lucha por la defensa del río Coata, Dionicio Barreda Pelinco y otros dirigentes se encadenaron en las rejas del templo de Santa Catalina de Juliaca, provincia de San Román (región Puno), ante la inacción para descontaminar esta cuenca hídrica. Adoptaron esta protesta porque la mesa de trabajo para la descontaminación de la cuenca del río Coata y las fuentes del lago Titicaca, instalada por el viceministro de Construcción y Saneamiento, Francisco Dumler no estaría cumpliendo con los compromisos asumidos para con los afectados por la contaminación generada por las aguas residuales de Juliaca.

Fuente: DHUMA "Ingreso de aguas servidas sin tratar"

Estas nuevas protestas vuelven a abrir el diálogo entre pobladores de la Municipalidad Provincial de San Román y pobladores de Coata, Huata Capachica y Caracoto y tras la reunión sostenida el 01 de octubre 2015, se acordó que en 15 días se empezará con la limpieza de los cauces de los ríos Coata y Torococha para mitigar su contaminación, en donde el gerente general de la comuna edil, Enith Montreuel García, se comprometió que se enviarán cuadrillas que inicien la jornada de limpieza, teniendo en cuenta también que esta es una de las acciones que se están priorizando a nivel nacional ante la llegada del Fenómeno El Niño (FEN). Asimismo dijo que se ha notificado a los lavadores de ropa y cuero en el puente Unocolla, mientras que por intermedio de la subgerencia de seguridad ciudadana se controlará la extracción de arena por parte de los volqueteros[5]. Así mismo el subgerente de Gestión Ambiental de la municipalidad de Juliaca, Ebed Paredes, dijo que debe hacerse un trabajo en equipo; puesto que esteproblema incluye a varias instituciones como Seda- Juliaca, quien tiene un proyecto de vertimiento de aguas residuales y por su parte la comuna local debe realizar el trabajo de limpieza y descontaminación del río”, dice Ebed Paredes, al tiempo de admitir que no se tiene un estudio sobre el grado de contaminación que se da en el lugar. Finalmente hizo una dura crítica al señalar que si no se tiene el compromiso de inversión de presupuesto para solucionar el problema por parte de instituciones como: Seda – Juliaca, Gobierno regional y la comuna local, el problema de contaminación siempre va a existir.

En este entender, los pobladores del distrito de Coata, Huata, Capachica y Caracoto, vienen exigiendo reiteradas veces al alcalde de la Municipalidad de San Román y a SEDA Juliaca, que se deje de verter las aguas servidas de la ciudad al río Torococha, que luego son descargadas directamente al río Coata contaminando las aguas que beben los pobladores[6] afectando principalmente los derechos a la vida digna, a la salud, al agua potable, a la alimentación y el derecho a gozar de un medio ambiente adecuado y equilibrado. Sin embargo, después de dos años de mesas de diálogos, de firmas de acuerdos hasta la fecha no se ha hecho mayores esfuerzos por la descontaminación por lo que el presidente del Frente de Defensa de la cuenca del río Coata (región Puno), Dionicio Barreda Pelinco lamentó que no se estén cumpliendo los compromisos asumidos por los Ministerios del Ambiente y Vivienda, Construcción y Saneamiento, así como del gobierno regional y local para intervenir en la zona contaminada. A la vez que cuestionó que la Fiscalía en Materia Ambiental no intervenga sobre el caso, ya que no se realizaron las jornadas de limpieza programadas, por lo que esperarán para tener una respuesta, de lo contrario acatarán su medida de protesta, como es el de cerrar el Rio Torococha nuevamente con sus propias manos de forma definitiva.

En referencia a ello en fecha 06 de Octubre de 2016, los pobladores de la cuenca del río Coata, en la región de Puno, no encontraron mejor forma de llamar la atención de las autoridades de la región altiplánica, que llevando consigo más de cien ranas muertas por la contaminación de las aguas de la cuenca, en la Plaza de Armas de Puno.“Me he visto obligada a traer a las ranas que murieron porque las autoridades no se dan cuenta de cómo estamos viviendo, no tienen ni idea cuál es la magnitud de la contaminación. La situación es desesperante, lo peor es que nadie hace nada”, dijo Maruja Inquilla, miembro del comité de lucha de Coata[7].

Ante ello, el 20 de enero del 2017, la Defensoría del Pueblo solicitó al administrador Local del Agua de Juliaca (oficio N.° 040-2017-DP/OD-PUNO/M-JUL-SSM) información respecto a las acciones administrativas para dar celeridad al trámite administrativo ante la Autoridad Administrativa del Agua (AAA) Titicaca, sobre la delimitación de la faja marginal del río Coata. Asimismo, se propuso al alcalde de la Municipalidad Provincial de San Román, mediante oficio N.° 039-2017-DP/OD-PUNO/M-JUL-SSM,  una serie de recomendaciones, entre ellas elevar ante el Concejo Municipal la propuesta de ordenanza municipal con la cual se aprueba el cuadro único de infracciones y sanciones para tipificar conductas que afecten al río Coata y a otras fuentes de agua y a su vez conformar  una  Comisión Ambiental Municipal como instancia de gestión ambiental encargada de coordinar y concertar las políticas ambientales, promoviendo el diálogo y el acuerdo entre los sectores público y privado; y la sociedad civil, entre otras. Y por su parte el 15 de febrero del 2017 las autoridades de la Municipalidad Provincial de Puno, tras una visita técnica ambiental, que recorrieron la zona junto a los pobladores afectados que denunciaron un atentado ambiental producto de las actividades humanas, reportaron daños al ecosistema, en la que Arturo Álvarez Mendoza, gerente de la comuna puneña dijo “Encontramos en este recorrido innumerables elementos de contaminación, objetos que son arrastrados desde el río Torococha (Juliaca) al interior del lago Titicaca”.

Fuente: DHUMA "Río Torococha con  desechos sólidos"

Estos hechos conllevaron a que el día 13 de marzo del 2017, diversas comunidades campesinas interpusieron una demanda ante Poder Judicial por la contaminación del Lago Titicaca, con la asesoría legal de la Asociación de Derechos Humanos y Medio Ambiente (DHUMA) de Puno (ex Vicaría de Juli) y el Instituto de Defensa Legal (IDL). La demanda de amparo fue presentada en la sede del Juzgado Mixto de San Román contra de Gobierno Regional de Puno, la Dirección Regional de Salud de Puno, la Municipalidad Provincia de San Román, la Entidad Prestadora de Servicios de Saneamiento del distrito de Juliaca (SEDA-Juliaca) y el Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento, por su inacción frente a la contaminación por aguas residuales y los mismos que vierten al río Torococha y a la vez desemboca al río Coata[8].

La población organizada y dispuesta a colaborar con el proceso de descontaminación según el portal de la página web DHUMA de fecha 18 de abril del 2017, Maruja Inquilla Sucasaca, Vice Presidenta del Comité de Lucha del Río Coata, manifestó que hace unos días se reunió con los dirigentes de Coata, Huata, Caracoto, Capachica y Amantani, ya que son las principales comunidades afectadas por la contaminación del río Coata, en dicha reunión se coordinó una paralización ante el incumplimiento de promesas por parte de las autoridades como la entrega de 72 mil tanques de agua “Rotoplas” a las familias, asimismo, el día 26 se realizará la limpieza del río, invoco a las autoridades a que se apersonen a esta actividad”[9].

Como se observa, los pobladores afectados por la contaminación de la cuenca del río coata, están cansados del incumplimiento por parte de las autoridades del gobierno central, y de alcaldes provinciales y consideran que no hay un compromiso real de todos los niveles de gobierno para atender su problemática, puesto que las diversas mesas de diálogo solo han estado meciéndoles, cuando en realidad no hay nada en concreto, por lo que se puede avizorar que nos encontramos ante un conflicto eminente.

Fuente: DHUMA "reunión de la Asociacion DHUMA y las comunidades de Coata afectados por la contaminación "

[1] http://portalANA.snirh.gob.pe/img/I/18/T48/IMCO10232011.pdf

[2] http://www.losandes.com.pe/miércoles 19.04.2017

[3] https://www.servindi.org/actualidad/117134

[6]Defensoría del Pueblo: Reporte Mensual de Conflictos Sociales N.° 137, Julio 2015. p. 87.

[7] http://elcomercio.pe/sociedad/puno/puno-JUEVES 06 DE OCTUBRE DEL 2016

[8] http://www.noticiasser.pe/15/03/2017/puno.

[9] http://www.derechoshumanospuno.org/agenda/noticias