Jr. Arequipa 345 "5to Piso" - Puno
Esta dirección de correo electrónico está siendo protegida contra los robots de spam. Necesita tener JavaScript habilitado para poder verlo.

¿Sirve el Tribunal Constitucional para proteger derechos de las comunidades campesinas de Puno?

 

¿SIRVE EL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL PARA PROTEGER DERECHOS DE LAS COMUNIDADES CAMPESINAS DE PUNO?

TRAS 7 AÑOS TENER EL EXPEDIENTE TC DECLARA NULO TODO Y LO ENVÍA A JUEZ DE PUNO PARA COMENZAR DE CERO OTRAS VEZ

 

Área de Pueblos Indígenas de Instituto de Defensa Legal (IDL)

Derechos Humanos y Medio Ambiente (DHUMA)

El Tribunal Constitucional (TC) acaba de emitir una resolución que ha decepcionado a las comunidades campesinas afectadas en sus derechos y algunos organismos de derechos humanos entre los que se encuentra Derechos Humanos y Medio Ambiente de Puno y el Instituto de Defensa Legal.

1. Hace 7 años tiene el Tribunal Constitucional un expediente sin resolver

En el año 2011 la comunidad campesina Arboleda de Puno, presentó la demanda de amparo contra la omisión de consulta previa de las concesiones en su territorio, con el patrocinio legal de DHUMA e IDL. Se trata de una demanda presentada por la comunidad campesina de Arboleda, luego de descubrir que Ingemmet había entregado concesiones mineras sobre los recursos mineros que hay debajo de su territorio, sin nunca avisarles y sin consulta previa.

La demanda fue desestimada en las dos primeras instancias en la Corte de Puno. Es así, en el año 2012, subió el expediente al TC vía recurso de agravio constitucional (RAC), y hasta la fecha no hay sentencia. Es decir, han pasado 7 años desde que el expediente se encuentra físicamente en el TC, y hasta la fecha no hay sentencia, a pesar de haberse realizado dos vistas de la causa (audiencias). En definitiva, son ocho años en total que ha durado el proceso de amparo si tomamos en cuenta desde primera instancia (2011-2019). Siete años en el TC

2. TC declara todo nulo y ordena comenzar el proceso de cero

Primero, en fecha 04 de marzo se nos vuelve a notificar con una resolución que ya había sido emitida en abril del 2012, mediante el cual el TC asume jurisdicción indicando que será él quien decida sobre el fondo y ordenado que se notifique a la entidad demandada, sin embargo, el jueves 7 de marzo pasado, a través de una nueva resolución declaró nula la resolución anterior, así como todo lo actuado y decidió enviar el expediente al juez de 1ra instancia a Puno. (Link a la resolución: https://tc.gob.pe/jurisprudencia/2019/01129-2012-AA%20Resolucion.pdf?fbclid=IwAR2_1-sKVKhWi49N1fhZyuiU81Ow-iPK9xeqpuuyx4MGtH2bAU-sE2jCZG4). No le importó que 8 años haya pasado la comunidad esperando la resolución del caso, para declarar nulo todo lo actuado.

3. ¿Deben demorarse tanto los procesos constitucionales?

El artículo 25 de la Convención Americana de Derechos Humanos es muy claro. Todos tenemos derecho a un recurso sencillo y rápido para proteger nuestros derechos. El artículo 20 del Código Procesal Constitucional aprobado por Ley 28237, dice que el TC se pronunciará dentro de los 30 días hábiles en relación del recurso interpuesto. El artículo III del Título Preliminar del Código Procesal mencionado reconoce los principios de celeridad y economía. El Reglamento Normativo del TC, en su artículo 19.3, señala que son deberes de los magistrados resolver los asuntos de su competencia con sujeción a la garantía del debido proceso y dentro de los plazos legales.

4. El problema: ¿7 años demoró el TC en descubrir que los titulares de las concesiones no habían sido emplazados?

En el año 2012 el expediente del TC subió al TC vía RAC. ¿7 años necesitaron para descubrir que los titulares de las concesiones no habían sido emplazados? ¿Es tan difícil darse cuenta de esto?' El TC pone bastante énfasis en proteger los derechos de los demandados y deja de lado los derechos de la comunidad demandante. En su primera resolución del 2012 asume jurisdicción indicando que se debe notificar al INGEMMET para que pueda ejercer su derecho a la defensa. Y ahora, en la resolución de nulidad, cautela el derecho de los titulares de las concesiones mineras, empresas privadas, indicando que es necesario que todo vuelva a fojas cero en virtud de no afectar los derechos de estos últimos. El TC no advierte que con su resolución de nulidad está afectado en sobremanera los derechos de Arboleda, derechos que como pueblos originarios merece especial amparo.

5. ¿Había otra alternativa?

Según la argumentación del TC, declaró nula la resolución que admitía la demanda, pues los titulares de las concesiones mineras nunca fueron emplazados y nunca pudieron defenderse. Por qué el TC, en la resolución inicial que admitía el proceso no emplazó a los titulares de las concesiones. Un simple oficio a Ingemmet pidiendo información sobre los titulares de las concesiones mineras hubiera bastado.

El TC no motiva adecuadamente su decisión. No sopesa otras alternativas menos atentatorias de derechos para las partes. Tampoco toma en cuenta el principio de celeridad y economía establecida en el artículo III del Título Preliminar del Código Procesal Constitucional.

El Código Procesal Civil, como norma supletoria aplicable, indica en su artículo 176º que “Los Jueces sólo declararán de oficio las nulidades insubsanables, mediante resolución motivada, reponiendo el proceso al estado que corresponda.” En la resolución en cuestión no se cumple con lo requerido en este artículo respecto a las condiciones que la nulidad debe tener; primero, con la calidad de insubsanable, es decir que no exista otro remedio, otra alternativa menos drástica, solo es ese supuesto se declara de oficio la nulidad, y, segundo, que la resolución debe estar debidamente motivada, que se esgrima argumentos suficientes que sustente la decisión.

6. ¿Cuál es el mensaje que está resolución envía a las comunidades campesinas afectadas por el Aymarazo?

El mensaje es muy claro. Los mecanismos institucionales creados por la Constitución para resolver los conflictos sociales, como son los procesos constitucionales, no funcionan. No sirven. Luego de 8 años la justicia constitucional no tiene una respuesta. Pero no solo no funciona la justicia constitucional, sino que no funciona el Estado, en su rol de garante de los derechos fundamentales.

Este tipo de resoluciones le dan la razón a aquellos que irresponsablemente promueven salidas extra sistema, salidas muchas veces violentas. Este tipo de resoluciones le dan la razón a aquellos que propugnan la justicia por mano propia, peligrosa e inadmisible en un Estado Constitucional.

Nos pasamos meses DHUMA e IDL convenciendo a las comunidades campesinas que había que confiar en el Estado, en los jueces y en el TC, que estos no eran enemigos de las comunidades. Es así que la comunidad de Arboleda, asimilando esto, interpone esta demanda de amparo a pocos meses después de desatado el Aymarazo. La verdad es que este tipo de respuestas solo incentivan formas de protesta que luego el Estado condena y criminaliza. Y cuando la gente protesta, como lo hicieron en el Aymarazo, les abren proceso penal por la comisión de los delitos de extorsión, disturbios y entorpecimiento del funcionamiento de los servicios públicos.

7. ¿Qué está en juego?

Como se recuerda, la protesta del Aymarazo en el año 2011, fue luego que las comunidades campesinas descubrieran que el 60% del territorio de la región de Puno tenía concesión minera, y ninguna de ellas había sido con consultada con las comunidades campesinas sobre la que se superponía, todo a pesar de la importancia del territorio para los pueblos indígenas.

El TC no comprende la importancia de este caso. A nivel nacional, hay más de 7,000 comunidades campesinas y aproximadamente el 50% del territorio de ellas tienen concesión minera. A pesar que el artículo 7.1 del Convenio 169 habla del derecho a su propio modelo de desarrollo y a controlar su territorio, en ejercicio de su derecho a la libre determinación, se les quiere impone otro modelo de desarrollo, se les quiere imponer un modelo extractivista que demandará grandes cantidades de agua, recurso escaso que los pueblos indígenas necesitan para sus actividades de subsistencia como es la actividad agropecuaria.

8. ¿Por qué las comunidades campesinas cuestionan la constitucionalidad de las concesiones mineras ante la justicia constitucional?

Primero, luego de recortarles a los gobiernos regionales la facultad de hacer ordenamiento territorial, ahora Ingemmet ordena el territorio desde intereses mineros, es decir, un funcionario de Ingemmet que nadie ha elegido decide el uso del territorio por 30 millones de peruanos, y solo exclusivamente desde intereses de inversión minera.

Segundo, las concesiones mineras nunca son notificadas realmente a las comunidades campesinas, según su norma, solo sacan avisos del petitorio minero que se pretende concesionar, en diarios en español que solo circulan en zonas urbanas y no llegan al campo donde viven las comunidades. Pero además, estos avisos, nunca dicen los nombres de las comunidades realmente afectadas, ni las zonas involucradas, solo se señala las coordenadas UTM de la cuadrícula de concesión. Y cuando estas concesiones son aprobadas, es decir, tituladas, su publicación se da a conocer a través de solo el Diario Oficial El Peruano, de circulación más restringida mediante resoluciones de presidencia del Ingemmet, las cuales que son emitidas meses, incluso años después, tampoco siendo de alcance a las comunidades.

En tercer lugar, al no ser notificadas realmente con el petitorio de concesión, nunca pueden interponer el recurso de oposición dentro del mismo procedimiento administrativo, y cuando se enteran de las concesiones ya pasó el plazo para presentarlo. Tampoco pueden acceder a un proceso judicial, puesto que de la misma forma no se notifica con los títulos de concesión a las comunidades. En cuarto lugar, se han entregado concesiones debajo de restos arqueológicos como las chullpas de Sillustani en Puno o las montañas de 7 colores en Cusco; y quinto, las normas que regulan la consulta previa niegan la consulta de las concesiones mineras, con el argumento que estas no afectan a las comunidades.

Todo ello a pesar que el párrafo 50 de la sentencia de interpretación del Caso Saramaka de la Corte IDH, dice que la entrega de concesiones si afecta y restringe el uso y goce del derecho de propiedad sobre sus territorios de los pueblos indígenas.

9. Cuál es la situación actual de las concesiones mineras en la comunidad Arboleda?

Luego de presentada la demanda de amparo, las concesiones fueron anuladas por Ingemmet, pues sus titulares no pagaron el derecho de vigencia. No obstante, hoy hay nuevas concesiones mineras como lo dicen en el video (Link al vídeo https://youtu.be/zY-mElUX4fY). Por esta razón, corresponde un amparo innovativo, de acuerdo con el segundo párrafo del artículo 1 del Código Procesal Constitucional, que precisa que cuando el hecho lesivo es irreversible o ha cesado la violación deberá declararse fundada la demanda a efectos que no vuelva a ocurrir la violación.

La concesión minera actual se denomina Nautilus I, tiene código 010258118, la misma que se encuentra en estado de trámite ante el Ingemmet para su posterior titulación. Tiene una dimensión de 1000 hectáreas. Su peticionante es la empresa minera STONE WOLF MINING COMPANY S.A.C.

10. A manera de conclusión

Los jueces hablan por sus sentencias. Por ella debemos juzgar a los jueces. La realidad de las cosas es que el TC le dio la espalda a las comunidades campesinas de Puno. Y decimos en plural, porque Arboleda no es el único caso. El caso de la comunidad campesina de San José de Llungo es similar y está esperando sentencia en el TC. Los pueblos indígenas están en un callejón sin salida.

 

 

En Isaías Domingo Llanque Chana: Reflexiones y aportes para el Sínodo 2019

 

En Derechos Humanos y Medio Ambiente (DHUMA) se inició las actividades del año con la reunión del movimiento Isaías Domingo Llanque Chana, compartiendo un espacio de reflexión y reencuentro con los hermanos y hermanos provenientes de las organizaciones y congregaciones del sur andino. Con la agenda de construir aportes a la Asamblea Especial del Sínodo para la Región Panamazónica sobre el tema: Nuevos caminos para la Iglesia y para una ecología integral, que se llevará a cabo en octubre del presente año.

Foto: Padres, hermana Maryknoll acompañado por una mujer originaria lideresa 

Como se conoce, el Papa francisco inició el año pasado la reflexión de Panamazónico que conforman 9 países de la Amazonía (Perú, Colombia, Ecuador, Bolivia, Brasil, Argentina, Uruguay, Paraguay y Venezuela) En la parte sur de la selva peruana existe una interrelación de las comunidades andinas, por una parte, la migración de los pobladores del ande (aymaras y quechuas) y la otra se comparte la geografía de la cordillera hacia la Amazonía. Se evidencian la misma problemática ambiental de la contaminación del medio ambiente y escasez de las fuentes de agua y la incursión de las empresas extractivas formales e informales.

El Estado y las empresas extractivas son los principales agentes que violan derechos y atentan contra la integridad de los pueblos indígenas. Entre las principales acciones se encuentra el otorgamiento de concesiones mineras, sin conocimiento ni participación de las comunidades campesinas, así como procedimiento de concesiones hídricas, vulnerando el derecho al territorio, medio ambiente y recursos naturales que poseen ancestralmente, ocasionando el despojo de sus fuentes de vida y poniendo en riesgo su existencia.

La problemática ambiental en el Perú, se manifiesta en la contaminación de las fuentes hídricas con residuos sólidos y aguas servidas, nuestra nación es el tercer país en ser afectados por los efectos del cambio climático, sobre todo en el altiplano se presentan alteraciones en las precipitaciones, aguas ácidas y alteraciones climáticas; trayendo como consecuencia la inseguridad hídrica y la desaparición de la biodiversidad biológica.

Las reflexiones del Sínodo Especial superan el ámbito estrictamente eclesial amazónico, porque se enfocan a la Iglesia universal y también al futuro de todo el planeta. Partimos de un territorio específico, desde donde se quiere hacer un puente hacia otros biomas esenciales de nuestro mundo: cuenca del Congo, corredor biológico Mesoamericano, bosques tropicales de Asia Pacífico, acuífero Guaraní, entre otros.

Escuchar a los pueblos indígenas y a todas las comunidades que viven en la Amazonía, como los primeros interlocutores de este Sínodo, es de vital importancia también para la Iglesia universal. Para ello necesitamos una mayor cercanía. Este Documento Preparatorio está dividido en tres partes correspondientes al método “ver (identidad y clamores de la panamazonía), juzgar (discernirhacia una conversión pastoral y ecológica) y actuar (nuevos caminos para una iglesia con rostro amazónico)”.

 

Sustentan en el proceso de amparo: la sistemática omisión de consulta a las comunidades originarias de las concesiones mineras

 

En setiembre de 2015 los pobladores de la comunidad Jatucachi, distrito de Pichacani – Laraqueri provincia de Puno, presentaron una acción de amparo contra el Instituto Geológico Minero, y Metalúrgico (Ingemmet) y el Ministerio de Energía y Minas (MINEM), por la sistemática omisión de consultas de las 13 concesiones mineras, expedidas sin consentimiento alguno de la comunidad.

Foto: DHUMA "Los representantes de la comunidad campesina de Jatucachi

La comunidad campesina de Jatucachi, que es fronterizo con Moquegua, tiene 37 mil 670 hectáreas de extensión, en la zona se dedica a la crianza de ganadería (alpacas, llamas y vicunas) y poca actividad agrícola. De esta extensa área, casi el 50% tenía concesiones mineras, pero jamás hicieron una “consulta previa” como manda en las normas, y la libre determinación de los pueblos recogida en el convenio 169 de la OIT.

El 12 de diciembre de 2017 el Tercer Juzgado Mixto de Puno, declaró fundada la acción constitucional, disponiendo que se anulen los tres títulos de concesión, entre ellos “Acumulación Mariela”, que sería propiedad de la empresa minera Aruntani S.A.C, que explotó las zonas de Aruntaya (tributando a Moquegua cuando pertenece a Puno).

El juez Guido Chavarría Tisnado, también sentenció que para que en el futuro tengan validez las concesiones mineras, deberán efectuarse una consulta previa a la población afectada, con lo cual todos los actos administrativos quedaban nulos.

Sin embargo, el fallo fue apelado por el Ministerio de Energía y Minas e Ingemmet, fue observado algunos aspectos. En tanto, las mineras siguieron explotando, como el Proyecto Tucani, también de Aruntani S.A.C. y ahora último la incursión de la Empresa Minera Anglo Américan Perú con su proyecto minero Quellaveco, propiciando conflicto, divisionismo y desmedro a las poblaciones locales con la posible contaminación y estrés hídrico. 

Ayer (5 de marzo) se llevó a cabo la vista de causadel proceso de amparo presentado por la comunidad campesina Jatucachi contra INGEMMET y MINEM, donde la parte de denunciante ratificó los cargos con la defensa del Abog. Juan Carlos Ruiz Molleda del Instituto de Defensa Legal (IDL), y la participación de los Abogados Cristobal Yugra y José Bayardo de Derechos Humanos y Medio Ambiente (DHUMA) ante la masiva concurrencia de los comuneros y el Ministerio de Energía y Minas, a través de sus abogados, insistió en que las concesiones mineras eran legales y que no afectaba a Jatucachi, apelando a la ley de minería, ya que esta no obliga notificar a los comuneros para concesionar, indicando que son meros declarativos las “concesiones mineras”.

los hechos fueron argumentados por el ex presidente de la comunidad campesina de Jatucachi Tomas Medina Mamanchura, quien indicó que nunca fueron consultados los comuneros y que estas acciones les vienen afectando negativamente. Asimismo, la comitiva conformaba por el actual presidente de la comunidad Isidro Lucio Ramos Ccopa y la Vice presidenta María Checaya Carrión.

Por su parte el expresidente de Jatucachi, Tomás Medina Mamanchura, hizo un llamado al gobernador regional Walter Aduviri, a los alcaldes de Puno y Pichacani, para que apoyen la causa judicial y que en simultáneo atiendan esa parte fronteriza de la región

“El fallo judicial en favor de Jatucachi beneficia a toda la región porque se reivindica nuestras tierras, también puede ser usado por todas las comunidades del país”.  

Vídeo completo de Audiencia de Jatucachi:  https://www.youtube.com/watch?v=ywlCXz1_J_E&t=178s

 

Empresa minera explota oro donde eran bofedales y pastizales a pesar de Acción de Amparo

 

S. F. ha revelado el horrendo panorama dejado por la minería ilegal e informal, que dé a pocos ha matado la vida que existía en las zonas de Pampa Blanca y la Comunidad Campesina de Ananea.

Lo que otrora fueron sábanas verdes de ichu, bofedales y diversas lagunas, donde convivían guayatas, alpacas y abundante fauna, se han tornado en un revoltijo de relaves con formas de cráteres y cuan intrusos, un movimiento agitador de maquinaria pesada, chutes y motobombas por doquier. En esas zonas parece no existir Autoridad Nacional del Agua (ANA), porque el poco recurso que queda. utilizado en la actividad extractiva, e incluso los pastizales se secan debido al uso indiscriminado de los escasos bofedales.

Hoy nos topamos con un drama que suma todos los atentados. Una familia de la Comunidad Campesina de Ananea, ha sido acosada y expulsada por la minería informal, que incluso se zurró sobre una acción de amparo que debió paralizar la actividad.

Este raso aconteció en el sector Suichata, donde don Juan Alata Calizaya pastaba sus alpacas hace más de seis décadas. En el lugar solo queda una rústica casa de adobe, abandonada, con algunas covachas destecha-das. Al costado, se yergue imponente, el campamento de la Cooperativa Minera Nueva Teresita

El comunero dejó de existir a inicios del 2015. La con-tienda legal que mantuvo desde hacía años con esa minera, lo desgastó y lo llevó a mejor vida.

Hoy, su hija Lucrecia Alata Cajchalla, irradia su impotencia, porque tras haber sido prácticamente desalo-jada por la siniestra actividad, dice estar convencida de que el poder del oro se impone al de la justicia, también del propio Poder.

Nos cuenta que el patriarca "Juan Alata; inició una demanda en el Juzgado Mixto de Manea que fue elevada al despacho de Puno, logrando que el juez Peter Manzaneda Cabala admita una Acción de Amparo contra la Cooperativa Nueva Teresita, el 7 de diciembre de 2012, pero la resolución no tuvo tanto peso como para paralizar la supuesta invasión. El caso se ventila en expediente 01651-2012-0-2101-JM- C1-01.

"Esa fecha, como presidente de Nueva Teresita estaba Juan Mamani, no le interesó, hizo caso omiso. Después, cuando era presidente Hernán Chambi, iniciaron las operaciones. Los animales que teníamos, las alpacas, comenzaron a morir por la contaminación del agua, posiblemente porque usaban mercurio y otros venenos", sostiene.

La mujer explica que a la par del litigio, eran objeto de amenazas y ataques físicos. "Éramos nosotros contra el poder, nos atacaban, salíamos de la casa y se presentaban extraños robos. Tu-vimos que abandonar este lugar, llevamos nuestras alpacas a un terreno alquilado en Lambda, que queda en Putina", añade.

Señala que la empresa minera alega que esas tierras las vendió una persona, que, presentando supuestas escrituras públicas antiguas, se hizo pasar como dueño de Pampa Blanca, incluidas las 140 hectáreas en el sector de Suichata, propiedad que seda de Juan Alata.

"El terreno está en juicio ¿acaso han hecho caso a la acción de amparo? Mientras no se pronuncie el Poder Judicial, no debieron explotar, han contaminado todo, en

vez de mis alpacas hay maquinaria, no me imagino cómo dejarán, lleno de relaves y huecos, nos devolverán cuando ya no valga nada ni sirva para nada" enfatiza

Diálogos rotos

Doña Lucrecia nos cuenta que, al margen del proceso judicial, intentó dialogar con los representantes de la minera, pero no fueron efectivos. “En mayo de 2014 hubo un diálogo entre la DREM, la comunidad de Ananea y Nueva teresita, dijeron que no iban a trabajar, tampoco acataron. Después en setiembre de 2016, nos citamos a otro diálogo, pero no se presentaron, nos hacen la burla. Ahora vamos a demandar a la DREM porque permiten que sigan explotando, a la ANA porque se hacen de la vista gorda, ya ni sé qué pensar los acuerdos que habrán tenido”, concluye la comunera.

Nos contactamos con el extitular de la Dirección Refional de Energía y Minas (DREM) de Puno, Miguel Rodríguez, quien admitió el litigio entre la cooperativa y la señora, pero indicó que ello es por el terreno superficial, y que efectivamente, la minera se incluyó al proceso de formalización minera en el año 2012, y que presentó la documentación requerida por ley. “Nosotros podríamos frenar la actividad, además cuando se hizo ¿acaso quién hace caso allá? Tengo entendido que esa cooperativa presentó la compra venta de 1900 hectáreas de un tal Hermanegildo, en tanto cumplan con lo que pida el Reinfo, no se puede hacer nada”, sostuvo vía celular.

El Vigilante

A unos metros del lugar, encontramos a don Timoteo Mamani Ramírez, un anda-no de unos 80 años, tendido en la tierra. Vestía un mameluco azul oscuro desgastado, su casco minero y una chalina.

Según los lugareños, el longevo vigila que nadie invada sus tierras en ese sector, ya que -comentan-, en varias ocasiones vinieron a invadir su territorio para explotar el oro que se oculta en la superficie.

Con sus ojos legañosos y los tímpanos maltratados, solo nos dice, "¡No me sacan ni muerto!". Nos retiramos, porque nos considera que somos empresarios mineros. El varón es lúcido y lo deja en claro.

El abogado Juan Argandoña nos indica que su vehemencia ha traído la presencia de la Fiscalía que evitó algunas usurpaciones.

En la DREM presentan otros planos

S. F. tuvo acceso a cierta documentación presentada por la Cooperativa Minera Nueva Teresita, ante la DREM Puno, para sustentar la autorización de uso del terreno superficial como indica la norma, aparece un plano donde el propietario no es Lucrecia Mamani, sino otros dos. En dicho plano geofísico contemplan que el código asignado es 0101 63006 y está dividido en dos mitades; un parte adscrito a Hermenegildo Mamani la otra a la comunidad Cajonhuyo.

"Ese Hermenegildo Mamani ha hecho prevalecer documentos irreales, la Reforma Agraria dio esas tierras a la Comunidad de Ananea, que está inscrito en Registros Públicos desde 1977. Además, sus padres de Hermenegildo Mamani vendieron sus tierras a Natomas Company of Perú", explicó Lucrecia.

Presidentes comunales y JASS reciben capacitación sobre la ley de comunidades campesinas y uso de recurso hídricos

 

Con la finalidad de fortalecer las capacidades de los nuevos directivos comunales y presidentes de las Juntas Administradoras de Servicio y Saneamiento (JASS) en el uso de la tierra y territorio y los recursos hídricos en el ámbito jurisdiccional de territorio comunal, se realizó el “Curso taller sobre la ley de comunidades campesinas y la ley de recursos hídricos” en el salón de Museo municipal de la localidad de Juli, provincia de Chucuito – Puno.

Foto: DHUMA "Mujeres aymaras - presidentas de la comunidades campesinas"

El evento se inició con la presentación de Derechos Humanos y Medio Ambiente (DHUMA), a cargo del Director Cristóbal Yugra Villanueva con el tema de “Comunidades Campesinas y normatividad” para dar a conocer las ventajas y desventajas que conlleva ser comunidad. Asimismo, se pone en realce sobre las leyes que les favorecen para su desarrollo y el respeto de sus derechos, tanto individual y colectivo frente a instituciones estatales y privadas.

Foto: DHUMA "Director de Derechos Humanos y Medio Ambiente, presidentes de la comunidades y JASS"

Posteriormente, el Abog. José B. Chata Pacoricona presentó sobre el tema de los “Recursos Hídricos y JASS” precisando las potestades que tienen las comunidades campesinas sobre el uso del agua y las limitaciones de este derecho, expresado en las leyes que amparan el uso del agua y las JASS como organización administradora del agua que se encuentra dentro de las comunidades campesinas, parcialidades y centros poblados.

Foto: DHUMA "Abog. Jose B. Chata P. impartiendo sobre la ley de recursos hídricos"

Por su parte, Rufino Alanguía Mamani presidente de JASS de Juli, agradeció a la Asociación DHUMA por los temas impartidos y resaltó la importancia de las normas que amparan a las comunidades campesinas, además el dirigente se mostró preocupado por los cobros excesivos por el uso del agua por parte de las entidades del Estado.

Empresa Minera Bear Creek renuncia a las concesiones mineras del proyecto Santa Ana y gobierno prohíbe su denuncio por 5 años.

 

El 13 de noviembre de 2018, la empresa Bear Creek Mining Company – Sucursal del Perú manifestó su renuncia a las concesiones mineras que conformaban el proyecto minero Santa Ana, que se encontraba en la zona sur de la región de Puno. A partir de esta manifestación por parte de la empresa minera, el Instituto Geológico Minero Metalúrgico (INGEMMET) – a través de su página web que contiene la base de datos del GEOCATMIN donde consta la situación del catastro minero nacional– da cuenta que las concesiones mineras que conformaban el proyecto minero Santa Ana, de titularidad de la empresa minera canadiense Bear Creek Corporation, se encuentra en condición de extinguidas, es decir, titularidad de estas concesiones se revierten a dominio del Estado peruano, esto conforme a la Ley General de Minería (Decreto Supremo N° 014-92-EM), que en su artículo 58º nos indica que las concesiones mineras se extinguen por caducidad, abandono, nulidad, renuncia y cancelación. Las concesiones mineras extintas conformaban el proyecto minero Santa Ana son las denominadas KARINA 1, KARINA 2, KARINA 5, KARINA 6, KARINA 7 Y KARINA 9A, que en conjunto abarcaban un área de 5 400 hectáreas. Este acto de renuncia quedó consentida el 10 de diciembre del año pasado.

Foto. Dhuma "Ex campamento de la Empresa Bear Creek"

A la información minerocatastral del GEOCATMIN, se aúna la promulgación del Decreto Supremo 003-2019-EM, mediante el cual se decreta declarar como Área de No Admisión de Petitorios Mineros al área denominada “ANAP AJARUNI”, de 9,900 hectáreas, ubicada en los distritos de Huacullani y Kelluyo, provincia de Chucuito del departamento de Puno, por el plazo de cinco (05) años. El mencionado decreto detalla que el Presidente del Consejo Directivo del INGEMMET solicitó al Ministerio de Energía y Minas la expedición de un decreto supremo que autorice el Área de No Admisión de Petitorios Mineros, comprendiendo las concesiones mineras que conformaran el proyecto minero Santa Ana, emitiendo la Dirección General de Minería opinión favorable a este pedido, y finalmente publicándose este decreto supremo en el Diario Oficial El Peruano hoy 8 de enero de 2019.

Como dato resaltante para lo primero se tiene que, durante el proceso de arbitraje ante el CIADI, fue la defensa legal del Estado peruano condicionó el pago de la reparación que demandaba la empresa canadiense al Perú a cargo de que renunciara a las concesiones minera que hacían parte del Proyecto Santa Ana en la zona sur de Puno. La exigencia de este pedido de condicionamiento fue hecho alcance a los abogados del Perú por parte de la oficina de Derechos Humanos y Medio Ambiente (DHUMA) en vista que las concesiones mineras que involucraban este proceso arbitral continuaban vigentes en el catastro del GEOCATMIN, incluso durante el desarrollo de las audiencias ante el tribunal arbitral internacional, situación que en nada contribuía a la satisfacción de las expectativas de ser atendidos en sus reclamos de freno al avance minero de parte de las comunidades aymaras de la zona.

Recordemos que estas concesiones mineras extintas se sobreponían a los territorios ancestrales de las comunidades campesinas originarias aymaras del extremo sur del departamento de Puno, resultando los distritos de Huacullani y Kelluyo, en la provincia de Chucuito, los dos distritos afectados directamente por este proyecto. Así también que fue la revelación de la existencia de estas concesiones mineras el detonante de la protesta socioambiental conocida como el “Ayamarazo” en marzo del 2011, en el cual las comunidades aymaras de la zona sur de Puno procedieron en protesta demandando la nulidad de todas estas por la repercusiones sociales, económicas, culturales y ambientales que les amenazaban, y por el menoscabo que sufrían como pueblos ordinarios al no respetárseles los derechos contenidos en la Convenio 169 de la OIT (consulta previa, territorio, identidad cultural, autodeterminación entre otros) con las dación de estos títulos de concesión.

IMAGEN: Cuadrículas en negro de las concesiones mineras extintas que conformaban el proyecto minero Santa Ana. Cuadro en rojo que conforma el área declarada como Área de No Admisión de Petitorios Mineros denominada “ANAP AJARUNI”

Foto. Dhuma "Concesiones mineras caducos y  declarados área de no admisión a Petitorios Mineros por 5 ños"