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Convulsión social en la Mina la Rinconada tras el enfrentamiento con la policía

 

Hasta esta mañana suman dos fallecidos y varios heridos. En horas de la mañana del día de ayer (18 de julio) los pobladores del centro poblado de Riticucho habrían capturado a ocho delincuentes y posteriormente entregados a los efectivos, donde algunos pobladores exigían que muestren a los maleantes y quisieron apedrear, ahí surge la arremetida de los efectivos policiales quedando un joven con impacto de bala en el estómago, se trata de Percy Tito Cahui quien fallece en el puesto de Salud del centro poblado. Tras el hecho lamentable la población enardecida se concentraron en frontis de la Comisaría de la Rinconada (plaza principal) exigiendo justicia y que presentaran a los delincuentes.

Se agudizó el enfrentamiento en horas de la tarde, los pobladores armados con piedras y palos arremetieron a la comisaría e incendiaron una camioneta de patrullero de PNP, como respuesta los efectivos atrincherados desde la comisaría dispararon, ocurriendo una balacera feroz. Los pobladores no duraron en llevar al cadáver del joven y exponer frente a los efectivos.

Los heridos producto del enfrentamiento fueron acudiendo al centro de salud y los más graves fueron trasladados a la ciudad de Juliaca, se desconoce el número de heridos. En horas de la noche de ayer continuó el enfrentamiento entre la policía y los pobladores mineros sitiando la plaza principal, abría la posibilidad que los mineros usaron dinamitas en el enfrentamiento. Se conoce que en el transcurso de la noche se habrían trasladado un contingente policial desde Ananea y parte de la Comisaría de Putina para tomar refuerzo a los de la Rinconada que fueron replegados por los pobladores mineros.

Los enfrentamientos duraron cerca a la media noche, producto de los enfrentamientos se habría sumado más dos fallecido y que esta mañana fueron difundidos  a través de las redes sociales y medios locales. La convulsión social en la mina la Rinconada se torna cada vez más complicada.

 

Los medios locales informan de los sucesos en la Mina La Rinconada: 

https://www.facebook.com/famatv27/videos/1529702593781873/

https://www.facebook.com/famatv27/videos/1529475930471206/

https://www.facebook.com/famatv27/videos/1529415330477266/

https://www.facebook.com/fredd.puma/videos/1471424086252100/

 
 
 

Petición para liberar a 10 dirigentes Aymaras procesados a raíz de un conflicto socio-ambiental en Perú.

 

Han pasado 6 años del conflicto socio-ambiental conocido como “El Aymarazo” en Perú, una movilización realizada el 2011 en el departamento de Puno, en rechazo al proyecto minero “Santa Ana”, de propiedad de la empresa canadiense Bear Creek Mining Corporation. Las comunidades Aymaras se movilizaron para proteger su agua y medio ambiente de la contaminación que el proyecto podía generar, y que ponía en riesgo sus fuentes de agua y varios ríos de la región, como el Río Callacami y Desaguadero, este último se conecta con el Lago Titicaca y que comparten Perú y Bolivia. También exigían el respeto a la consulta previa contemplada en las leyes peruanas y el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo – OIT, ratificada por Perú.   

Después de semanas de protestas, la movilización logró que el gobierno anulara el decreto que autorizaba el proyecto. Como consecuencia, 18 dirigentes comunales fueron procesados bajo los cargos de entorpecimiento al funcionamiento de los servicios públicos, disturbio y extorción agravada. La fiscalía pide una pena de entre 16 y 28 años de prisión, y el pago de 7 millones de soles (más de 2 millones de dólares) por concepto de reparaciones.

El juicio penal se encuentra en su etapa final. El 28 de junio se procedió a la audiencia de alegatos finales y la Fiscalía retiró la acusación en contra de 8[1] de los 18 procesados por falta de pruebas. Sin embargo, todavía queda pendiente la audiencia y posible sentencia de los otros 10 procesados[2]. Este 6 de Julio en la ciudad de Puno, se llevará adelante una nueva audiencia de alegatos finales para estos acusados y la posible lectura de una sentencia condenatoria. 

En ese sentido, la organización Derechos Humanos y Medio Ambiente – DHUMA, una institución comprometida con la promoción y defensa de los derechos humanos en la Región de Puno, hace la siguiente petición pública:

·        Ante la inminente emisión de la sentencia en el caso “Aymarazo” EXP-00682-2011, que viene siendo juzgando por el Juzgado Colegiado Penal de la Corte Superior de Puno, pedimos a los jueces que integran esta sala, la emisión de una decisión que exima de responsabilidad penal a los 10 líderes Aymaras, acusado injustamente en este juicio; pues a lo largo del proceso penal no se ha logrado demostrar su responsabilidad.

Este proceso judicial ha vulnerado desde el principio los Derechos de los Pueblos Indígenas, y de los derechos fundamentales. Este proceso se desarrolla en el marco de una política pro-extractivista y de criminalización de la protesta social impulsada por el estado y las empresas en Perú. Esto no ha hecho más que provocar mayores conflictos socio-ambientales, despojo de tierras, desplazamiento de poblaciones y la violación de derechos humanos y colectivos de las comunidades, que luchan por defender sus territorios y sus legítimos derechos en el Perú.

Más información en:

Derechos Humanos y Medio Ambiente – DHUMA http://www.derechoshumanospuno.org/

 Reporte: A 6 años del “Aymarazo” en Perú: Aún existen procesos penales pendientes a dirigentes sociales y una demanda millonaria en el CIADI (Podcast)



[1]Fiscal retira la acusación en favor de los siguientes:  1) Francisca Sarmiento Choque. 2) Pedro Cruz Pari, 3) Rosendo Mendoza Condori, 4) Pablo Salas Charcas, 5) Marco Antonio Uruti Musaja, 6) Eufracio Guido Velez Carito, 7) Edwin Condori Chipana y 8) Emilio Paredes Pari. 

[2]Quedan los siguientes acusados 1- Walter Aduviri  Calizaya 2- Patricio Illacutipa Illacutipa 3- Rufino Machaca Quinto (PPL 27): 4- Domingo Quispe Tancara (PPL 25); 5- Javier Pari Sarmiento (PPL 25); 6- Eddy Uriarte Chambilla ( PPL 25); 7- Gregorio Ururi  Fernandez (PPL 16); 8- Severo Efrain Iturry Gandarrillas (PPL 27);  9- Gilver Chura Yupanqui (PPL 27) y 10- Felix Illacutipa Mamani (PPL 24)

Crónica sobre la contaminación de la Cuenca Coata: “Un Problema Social”

La cuenca del Lago Titicaca en el sector peruano recibe el aporte de agua a través de 4 ríos principalmente: Ramis, Coata, Huancané y Suches, recibiendo así toda la carga contaminante de las distintas cuencas hídricas. Dentro de las cuencas con mayor índice de contaminación se encuentra la cuenca del río Coata y dentro de ella lagunas y ríos tributarios como el río Torococha.

Fuente: DHUMA "Río Torococha con aguas servidas y desechos sólidos"

Según el informe de la Autoridad Nacional del Agua durante estos últimos años, viene realizando actividades de monitoreo en la cuenca del rio Coata, en cuanto a los informes técnicos en torno a los monitoreos hechos, hacen concluir   que el estado en que se encuentra el río Torococha y las sustancias que contiene  como: demanda bioquímica, oxígeno disuelto, arsénico, coliformestermotolerantes, entre otros; sobrepasan los valores que regulan los Estándares de Calidad Ambiental para Agua, aprobado por el Decreto Supremo N° 015 – 2015  - MINAM. Lo cual conlleva inevitablemente poder presumir que estos ríos contaminados afectan o son un riesgo cierto para el medio ambiente o la salud de las personas que habitan a la rivera de estos ríos[1], por lo tanto el río Coata que desemboca al lago Titicaca, se encontraría en una situación crítica debido a los altos niveles de contaminación que presentaría el vertimiento de aguas servidas y residuos sólidos que han causado la muerte de aves, peces y ranas, informaron autoridades locales. Y peor aún que estas aguas contaminadas son utilizadas de una forma directa o indirecta para el riego de cultivos y para el consumo de la ganadería, cuyos productos llegan a ser ingeridos por los habitantes de la zona y la ciudad.

Fuente: DHUMA "Laguna aguas servidas cercanos a depósito a desechos sólidos"

Esta situación es dramática para las poblaciones de los distritos de Coata y Huata, donde la principal fuente de agua de consumo humano y de animales, se encuentra contaminada, afecta además de la población, a los animales, peces, totorales, y ganado, todos ellos importantes para la sobrevivencia de la población, por lo que hace buen tiempo y están propensos a contraer enfermedades, en ese marco es que los pobladores de Huata, Coata y Capachica toman la decisión por la defensa de la descontaminación de sus aguas que al parecer estarían afectando a sus actividades ganaderas, agrícolas, etc. por lo que el 12 de agosto del 2014 inician con su lucha primero recurriendo a la Municipalidad Provincial de San Román para que tome las medidas necesarias en cuanto a la descontaminación del río Torococha; sin embargo el 19 de octubre del 2014, luego de varias gestiones realizadas ante la Comuna Juliaqueña, sin efecto positivo, los pobladores organizados de los distritos Huata, Coata y Capachica no dudaron en bloquear el canal de aguas servidas evacuadas por el río Torococha. Este bloqueo del ducto natural fue realizado justo en el sector Chilla, cansados de protestar contra las aguas negras producto de los vertederos hecho costumbre de la población juliaqueña, el mismo que está generando una serie de problemas medioambientales para los movilizados, peor aun cuando la autoridad edil en varias oportunidades adquirió compromisos de descontaminar el sector, pero que hasta la fecha nunca dio la cara para reunirse con los afectados[2]. Y a raíz de esto forman un frente de Defensa para luego el 23, 24 y 25 de octubre del 2014, los dirigentes de los distritos Huata, Coata y Capachica,realizar un paro de 72 horas por la contaminación de sus tierras con las aguas servidas. Según Servindi, el 31 de octubre, 2014, La situación de las comunidades que viven en las cercanías del Lago Titicaca y sus afluentes, en Puno, se torna cada día más difícil debido a que no tienen más opción que consumir el agua contaminada que allí encuentran, por causa de la ausencia de una planta de tratamiento de aguas servidas.

Cansados de esta situación un grupo de autoridades, entre ellos presidente regional, congresistas, alcaldes, dirigentes campesinos, entre otros, llegaron a Lima para reunirse con funcionarios de la Presidencia del Consejo de Ministros (PCM), que encabeza Ana Jara.

Fuente: DHUMA "Laguna de aguas servidas de la ciudad de Juliaca"

El encuentro tuvo lugar el 28 de octubre y culminó con significativos acuerdos, el de mayor envergadura: la instalación, en la ciudad de Juliaca, de una mesa técnica de trabajo para abordar la problemática que afrontan las comunidades que emplean las aguas del río Coata para diversas actividades[3]; es asíque la Municipalidad Provincial de San Román (Juliaca), en Puno, y el Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento instalaron una mesa de diálogo y posteriormente firmaron un acuerdo para descontaminar el río Torococha, el 08 de noviembre 2014, donde los compromisos fueron: El Ministerio de Vivienda se comprometió a enviar maquinaria para retirar los residuos sólidos que se encuentran en el cauce del río y a emprender una campaña de salud. Mientras que la Gerencia de Gestión Ambiental del municipio, entre tanto, ofreció dar 250 mil soles para la compra de combustible para los vehículos yla dotación de agua a través de cisternas[4].

Si bien los compromisos estaban hechos, estos no fueron cumplidos por las autoridades; puesto que, ya habían transcurrido seis meses desde la firma de dicho del acuerdo y aun no se avanzaba con la descontaminación del Río Torococha, por lo que los pobladores de Huata, Coata y Capachica, volvieron a alzar su voz de protesta por medio de sus dirigentes como es el caso, en fecha 19 de mayo del 2015 en una entrevista en un medio impreso local la dirigente Maruja Inquilla señaló: El año pasado, los pobladores afectados por la contaminación de la cuenca del río Coata cerraron el cauce del río, lo que originó el colapso de buzones de desagüe en la zona urbana de Juliaca además de que se realizó un paro de 72 horas. A raíz de estas medidas de fuerza, las autoridades instalaron una mesa de diálogo; sin embargo, todavía no hay resultados positivos, “Prometieron dotarnos agua potable en cisternas, pero no cumplen” y así mismo el presidente del comité de lucha por la defensa del río Coata, Dionisio Barrera Pelinco, señaló que es muy poco lo que se ha avanzado, ya que aún no reciben agua en cisternas, ni se ha recuperado las áreas degradadas, así como tampoco se han realizado acciones de descontaminación y advirtió que nuevamente cerrarán la desembocadura del río Torococha, debido al incumplimiento de los compromisos asumidos por la mesa de trabajo, para la descontaminación de esta cuenca y del lago Titicaca. Y es por esto que radicalizan su protesta. Y efectivamente el 13 de agosto del 2015 el presidente del comité de lucha por la defensa del río Coata, Dionicio Barreda Pelinco y otros dirigentes se encadenaron en las rejas del templo de Santa Catalina de Juliaca, provincia de San Román (región Puno), ante la inacción para descontaminar esta cuenca hídrica. Adoptaron esta protesta porque la mesa de trabajo para la descontaminación de la cuenca del río Coata y las fuentes del lago Titicaca, instalada por el viceministro de Construcción y Saneamiento, Francisco Dumler no estaría cumpliendo con los compromisos asumidos para con los afectados por la contaminación generada por las aguas residuales de Juliaca.

Fuente: DHUMA "Ingreso de aguas servidas sin tratar"

Estas nuevas protestas vuelven a abrir el diálogo entre pobladores de la Municipalidad Provincial de San Román y pobladores de Coata, Huata Capachica y Caracoto y tras la reunión sostenida el 01 de octubre 2015, se acordó que en 15 días se empezará con la limpieza de los cauces de los ríos Coata y Torococha para mitigar su contaminación, en donde el gerente general de la comuna edil, Enith Montreuel García, se comprometió que se enviarán cuadrillas que inicien la jornada de limpieza, teniendo en cuenta también que esta es una de las acciones que se están priorizando a nivel nacional ante la llegada del Fenómeno El Niño (FEN). Asimismo dijo que se ha notificado a los lavadores de ropa y cuero en el puente Unocolla, mientras que por intermedio de la subgerencia de seguridad ciudadana se controlará la extracción de arena por parte de los volqueteros[5]. Así mismo el subgerente de Gestión Ambiental de la municipalidad de Juliaca, Ebed Paredes, dijo que debe hacerse un trabajo en equipo; puesto que esteproblema incluye a varias instituciones como Seda- Juliaca, quien tiene un proyecto de vertimiento de aguas residuales y por su parte la comuna local debe realizar el trabajo de limpieza y descontaminación del río”, dice Ebed Paredes, al tiempo de admitir que no se tiene un estudio sobre el grado de contaminación que se da en el lugar. Finalmente hizo una dura crítica al señalar que si no se tiene el compromiso de inversión de presupuesto para solucionar el problema por parte de instituciones como: Seda – Juliaca, Gobierno regional y la comuna local, el problema de contaminación siempre va a existir.

En este entender, los pobladores del distrito de Coata, Huata, Capachica y Caracoto, vienen exigiendo reiteradas veces al alcalde de la Municipalidad de San Román y a SEDA Juliaca, que se deje de verter las aguas servidas de la ciudad al río Torococha, que luego son descargadas directamente al río Coata contaminando las aguas que beben los pobladores[6] afectando principalmente los derechos a la vida digna, a la salud, al agua potable, a la alimentación y el derecho a gozar de un medio ambiente adecuado y equilibrado. Sin embargo, después de dos años de mesas de diálogos, de firmas de acuerdos hasta la fecha no se ha hecho mayores esfuerzos por la descontaminación por lo que el presidente del Frente de Defensa de la cuenca del río Coata (región Puno), Dionicio Barreda Pelinco lamentó que no se estén cumpliendo los compromisos asumidos por los Ministerios del Ambiente y Vivienda, Construcción y Saneamiento, así como del gobierno regional y local para intervenir en la zona contaminada. A la vez que cuestionó que la Fiscalía en Materia Ambiental no intervenga sobre el caso, ya que no se realizaron las jornadas de limpieza programadas, por lo que esperarán para tener una respuesta, de lo contrario acatarán su medida de protesta, como es el de cerrar el Rio Torococha nuevamente con sus propias manos de forma definitiva.

En referencia a ello en fecha 06 de Octubre de 2016, los pobladores de la cuenca del río Coata, en la región de Puno, no encontraron mejor forma de llamar la atención de las autoridades de la región altiplánica, que llevando consigo más de cien ranas muertas por la contaminación de las aguas de la cuenca, en la Plaza de Armas de Puno.“Me he visto obligada a traer a las ranas que murieron porque las autoridades no se dan cuenta de cómo estamos viviendo, no tienen ni idea cuál es la magnitud de la contaminación. La situación es desesperante, lo peor es que nadie hace nada”, dijo Maruja Inquilla, miembro del comité de lucha de Coata[7].

Ante ello, el 20 de enero del 2017, la Defensoría del Pueblo solicitó al administrador Local del Agua de Juliaca (oficio N.° 040-2017-DP/OD-PUNO/M-JUL-SSM) información respecto a las acciones administrativas para dar celeridad al trámite administrativo ante la Autoridad Administrativa del Agua (AAA) Titicaca, sobre la delimitación de la faja marginal del río Coata. Asimismo, se propuso al alcalde de la Municipalidad Provincial de San Román, mediante oficio N.° 039-2017-DP/OD-PUNO/M-JUL-SSM,  una serie de recomendaciones, entre ellas elevar ante el Concejo Municipal la propuesta de ordenanza municipal con la cual se aprueba el cuadro único de infracciones y sanciones para tipificar conductas que afecten al río Coata y a otras fuentes de agua y a su vez conformar  una  Comisión Ambiental Municipal como instancia de gestión ambiental encargada de coordinar y concertar las políticas ambientales, promoviendo el diálogo y el acuerdo entre los sectores público y privado; y la sociedad civil, entre otras. Y por su parte el 15 de febrero del 2017 las autoridades de la Municipalidad Provincial de Puno, tras una visita técnica ambiental, que recorrieron la zona junto a los pobladores afectados que denunciaron un atentado ambiental producto de las actividades humanas, reportaron daños al ecosistema, en la que Arturo Álvarez Mendoza, gerente de la comuna puneña dijo “Encontramos en este recorrido innumerables elementos de contaminación, objetos que son arrastrados desde el río Torococha (Juliaca) al interior del lago Titicaca”.

Fuente: DHUMA "Río Torococha con  desechos sólidos"

Estos hechos conllevaron a que el día 13 de marzo del 2017, diversas comunidades campesinas interpusieron una demanda ante Poder Judicial por la contaminación del Lago Titicaca, con la asesoría legal de la Asociación de Derechos Humanos y Medio Ambiente (DHUMA) de Puno (ex Vicaría de Juli) y el Instituto de Defensa Legal (IDL). La demanda de amparo fue presentada en la sede del Juzgado Mixto de San Román contra de Gobierno Regional de Puno, la Dirección Regional de Salud de Puno, la Municipalidad Provincia de San Román, la Entidad Prestadora de Servicios de Saneamiento del distrito de Juliaca (SEDA-Juliaca) y el Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento, por su inacción frente a la contaminación por aguas residuales y los mismos que vierten al río Torococha y a la vez desemboca al río Coata[8].

La población organizada y dispuesta a colaborar con el proceso de descontaminación según el portal de la página web DHUMA de fecha 18 de abril del 2017, Maruja Inquilla Sucasaca, Vice Presidenta del Comité de Lucha del Río Coata, manifestó que hace unos días se reunió con los dirigentes de Coata, Huata, Caracoto, Capachica y Amantani, ya que son las principales comunidades afectadas por la contaminación del río Coata, en dicha reunión se coordinó una paralización ante el incumplimiento de promesas por parte de las autoridades como la entrega de 72 mil tanques de agua “Rotoplas” a las familias, asimismo, el día 26 se realizará la limpieza del río, invoco a las autoridades a que se apersonen a esta actividad”[9].

Como se observa, los pobladores afectados por la contaminación de la cuenca del río coata, están cansados del incumplimiento por parte de las autoridades del gobierno central, y de alcaldes provinciales y consideran que no hay un compromiso real de todos los niveles de gobierno para atender su problemática, puesto que las diversas mesas de diálogo solo han estado meciéndoles, cuando en realidad no hay nada en concreto, por lo que se puede avizorar que nos encontramos ante un conflicto eminente.

Fuente: DHUMA "reunión de la Asociacion DHUMA y las comunidades de Coata afectados por la contaminación "

[1] http://portalANA.snirh.gob.pe/img/I/18/T48/IMCO10232011.pdf

[2] http://www.losandes.com.pe/miércoles 19.04.2017

[3] https://www.servindi.org/actualidad/117134

[6]Defensoría del Pueblo: Reporte Mensual de Conflictos Sociales N.° 137, Julio 2015. p. 87.

[7] http://elcomercio.pe/sociedad/puno/puno-JUEVES 06 DE OCTUBRE DEL 2016

[8] http://www.noticiasser.pe/15/03/2017/puno.

[9] http://www.derechoshumanospuno.org/agenda/noticias

Especialistas aseguran que juicio por Aymarazo es racista y discriminatorio

 

Hace algunos meses, el abogado y escritor, Boris Espezúa Salmón, publicó un nuevo libro, “El derecho desde la mirada del otro, bases para la construcción del pluralismo jurídico en el Perú”, El autor, asevera que en el ámbito del derecho también existen las desigualdades sociales, la discriminación, el otro que es negado, ninguneado, el indígena, por ejemplo.

Fuente: Foto DHUMA "Poblaciones aymaras apostados en la Corte de Puno"

Espezúa, tiene también una lectura de cómo se ha desarrollado el proceso del “Aimarazo”. En primer lugar, él asevera que, al haberse conducido el juicio a través de la justicia ordinaria, esta no garantiza transparencia, pues no se hizo el impulso de una justicia ancestral. “El aimarazo ha sido una postura colectiva, que debió tener análisis desde el punto de vista de la sociología o la antropología, la visión del aimara es otra y en general no se ha tomado en cuenta a esta nación como tal, evidentemente estamos hablando de una justicia no ordinaria comunal”, subrayó el especialista.

La protesta que tuvo lugar en mayo de 2011, para el también docente de la UNA Puno, tiene características distintas, porque en el proceso se les ha hecho ver como una orda de semisalvajes, saqueadores. Espezúa va más allá, señalando que, se ha develado que la justicia ordinaria ha ejercido una posición excluyente e inclusive racista. “Y es que al ser una protesta la interpretación ha sido distinta para otros y para los aimaras, la lectura es distinta”, refirió.

Finalmente, advirtió que, en el peor de los casos una sentencia condenatoria, generará enormes brechas en la sociedad y es algo que no se puede admitir, toda vez que se está en plena búsqueda de la coexistencia.

Fuente: Foto DHUMA "Poblaciones aymaras en la última audiencia permanecieron hasta 10:00  de la noche"

El expediente 1126 de la Corte Suprema del 2011 del caso de la comunidad nativa de Tres Islas, es un referente que debe ser tomado en cuenta. En este documento se señala: “En este caso es una concesión otorgada sin cumplir las reglas de consulta y de información, por ende, es ilegal, e inconstitucional; el pueblo tenía derecho de ejercer su autoridad de impedir el ingreso de estos terceros. Los actos violentos, no se pueden atribuir a los dirigentes y autoridades comunales que convocaron a una movilización, porque para hacerlo se tiene que probar la cadena de mando obligatoria, como es el cuerpo militar donde el jefe tiene mando militar sobre sus subordinados; si un dirigente convoca a una movilización no quiere decir que hay una estructura militar”.

El letrado, Juan Carlos Ruiz Moledda, especialista en estos temas, opina que en este caso se ha intentado desconocer el derecho a la protesta. “Hay que diferenciar con los actos de vandalismo”, sostiene. 

Fuente: Correo

Fuente: Foto DHUMA "Poblaciones aymaras en su mayoría mujeres"

Fuente: Foto DHUMA "Poblaciones aymaras  se manifiestan sobre el caso del juicio"

 

 

Fuente: Foto DHUMA "Mujeres aymaras en vigilía en la Corte de Puno"

Fuente: Foto DHUMA "Poblaciones aymaras permanecieron hasta altas horas de la noche, pese al intenso frio en el altiplano"

Acerca de la sentencia del “Aymarazo”

 

Después de seis años de iniciado el proceso penal por los hechos suscitados a partir de la enorme protesta social incoada por las comunidades campesinas perteneciente al pueblo ancestral Aymara por la presencia de concesiones mineras en la zona sur de la región de Puno, hoy se dio la lectura de sentencia en la que se falla en contra del aymara Walter Aduviri.

Foto DHUMA "Pobladores aymaras de la zona sur de Puno apoyando a sus lideres aymaras procesados"

 

De lo dicho por los magistrados que conforman del Colegiado Penal a cargo de la causa, respecto a cada uno de los delitos por lo que se les procesaba a los diez dirigentes aymaras, lo más destacado resulta que, sobre el delito de extorsión, el colegiado después de haber realizado un control de convencionalidad, calificó de “inconstitucional” el tipo penal que sanciona el delito de extorsión agravada, que para el presente caso no es atribuible a los imputados ya que con la medida de fuerza adoptada se debía perseguir como objeto de obtener de las autoridades cualquier beneficio o una ventaja económica indebida, tan como lo indica el segundo párrafo, agravante del delito de extorsión (artículo 200° del Código Penal), y que como se ha demostrado en el proceso, el fin de la protesta aymara era la derogatoria del Decreto Supremo 083-2007-EM mediante el cual se permitía a incursión del proyecto minero Santa Ana de la empresa canadiense Bear Creek dentro de los cincuenta kilómetros de frontera. “Fue legítimo el reclamo de los aymaras, no existiendo la búsqueda de una ventaja indebida, por lo que es atípico”, sustentó el colegiado.

Foto DHUMA "Medida se seguridad fue extrema"

 

En cuanto al delito de entorpecimiento de los servicio públicos (artículo 283° CP), aquí el colegiado se ciñó a la aplicación del test de proporcionalidad, valorando, por un lado, el derecho al normal funcionamiento del transporte y el derecho a la libertad de tránsito, y por el otro lado los derechos a la vida, a la tierra y territorio, la autodeterminación y a la consulta previa, resaltando que el menoscabo de los primero derechos era la única medida a adoptarse para que los segundos se vean visibilizados por las autoridades y se tomaran las acciones que los manifestantes exigían por parte del aparato estatal; por ende dándose un supuesto de aplicación de causal de justificación, contemplada en el artículo 20° del CP.

 

Foto DHUMA "A pesar del resguardo extrema de la Policia los pobladores ingresaron a la Plaza de Puno"

 

Y por último, sobre el delitos de disturbios (art. 315 CP), el colegiado ha indicado que se encuentra demostrado que la intervención de los imputados en la parte ejecutiva no se ha probado, a excepción de Walter Aduviri, agregando que éste ejercía dominio sobre el hecho (la protesta), ya que se advierte el dominio de la voluntad de Aduviri sobre los demás imputados, organizaciones y personas que participaron en la protesta, teniendo el control de su desarrollo, continuidad o no, aprovechándose de esa situación, por lo que es factible imputar responsabilidad penal al acusado Walter Aduviri Calisaya, no como coautor (como figuraba en la acusación fiscal), sino a título de autor mediato.

 

Foto DHUMA "Pobladores aymaras con bandera de Tahuantinsuyo y las wifalas"

 

De este ilícito, el colegiado resaltó que sí existían otras alternativas, como el derecho a la protesta, una protesta pacífica; o acudir a las vías legales, como otros pueblos lo han hecho, como por ejemplo a través de acciones judiciales contra las concesiones mineras inconsultas, no siendo aplicable para el presente caso un estado de necesidad justificante.

Los magistrados apuntaron que el caso penal de los Aymaras se trata de una situación muy distinta a la desenvuelta en el caso de Bagua y otros similares sobre protestas socioambientales.

 

Foto DHUMA "Desde tempranas horas un centenar de efectivos acordonaron el Corte de Puno y varias arterias de la ciudad, asi como el local de la Fiscalía fue resguardado por los efectivos"

 

Es así que se cierra esta primera instancia judicial: Walter Aduviri sentenciado por el delito de disturbios a siete años de pena privativa de la libertad efectiva y al pago de dos millones de soles de reparación civil, siendo sus otros nueve coprocesados absueltos de todos los cargos. La continuación de este caso emblemático se realizará ante la Sala Penal de Apelaciones.

José Bayardo Chata (Abogado de DHUMA)

Foto DHUMA "Corte de Puno con resguardo policia, mientras los jueces daban el adelanto de fallo"

 

 

Foto DHUMA "En el interior de la Corte de Puno"

 

Foto DHUMA "Pobladores aymaras portando parcartas"

 

Foto DHUMA "Pobladores aymaras de la zona sur de Puno apoyando a sus lideres aymaras procesados"

 

 

 

Foto DHUMA "Poblador aymara portando imagen de Tupac Amaru II"

 

 

Foto DHUMA "Pobladores aymaras de la zona sur de Puno apoyando a sus lideres aymaras procesados"

 

 

 

¡¡¡Mina no, agua si¡¡¡ Aymaras se movilizan en respaldo a los 18 acusados por el conflicto Minero Bear Creek.

 

En la sesión de audiencia oral desarrollada ayer en horas de la mañana en la Corte Superior de Justicia de Puno, donde estaba previsto dar los alegatos finales por parte de los colegiados que lleva el caso del Conflicto Socioambiental minero Santa Ana, sin embargo, se ha priorizado dar las declaraciones de los acusados Rosendo Mendoza Condori y Severo Efraín Iturry Gandarillas. Mientras tanto el resto de los acusados han preferido guardar silencio por lo que no declaran en la audiencia que se sigue en curso como: Francisca Sarmiento, Patricio Illacutipa, Guido Velez, Domingo Tancara y entre otros.

Pobladores aymaras provenientes de la zona sur, en la plaza de la ciudad de Puno en apoyo a los 18 acusados.

Los magistrados del proceso: Roger Fernando Istaña Ponce, Víctor Calizaya Coila y Yessica Condori Chata establecieron reprogramar la sesión de la audiencia oral con los alegatos finales para el día miércoles 28 de junio a horas 2.30 de la tarde.

Los pobladores provenientes de la zona sur de Puno, se movilizaron por diversas arterias de la ciudad, arengando diversas frases y asimismo portando pancartas alusivas a la defensa de la madre tierra, territorio y los recursos naturales. Donde se podría leer algunos mensajes que llevaban: “Por la defensa de la tierra y territorio”, “Digan lo que digan los aymaras no se rinden”, “Cuidar el agua es cuidar nuestra vida”, “la tierra no se vende”, “No a la criminalización de la protesta social”, “Ayamaras unidos por la pachamama hoy y siempre”, “No al despojo de la tierra comunal, exigimos respeto a los pueblos originarios”, “Somos pueblos originarios exigimos respeto”, “Justicia a los acusados”, “Madre tierra el pueblo aymara no contamina”, “Exigimos que se aplique justicia intercultural plena”, “Yo defiendo a la pachamama y es mi deber”, “Exigimos respeto a la pachamama”, “La tierra es nuestra madre nuestra vida nuestra libertad, hay que protegerlo”, “Madre tierra y agua es vida ¨cuidémoslo”, “Agua es vida”, “Aymaranakajja arjjatasipjtwa akapacha jakaña” y “Somos aymaras luchando por nuestra tierra”.

Los pobladores aymaras se manifestaron indicando que: “venimos por la defensa de los recursos naturales y en este caso hay una persecución política del gobierno nacional”, “Nuestros dirigentes están siendo procesado y porque no se involucra al ex presidente Alan García y a sus ex ministros quienes han promulgado el Decreto Supremo N° 083 y son culpables”, “Venimos a pedir justicia para nuestros dirigentes y si no se resuelve iremos a Lima para exigir que libere a los acusados”.

 

Fotografias: Pobladores aymaras provenientes de la zona sur se movilizan por diversas arterias de la ciudad de Puno.