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Las mujeres de ayer, hoy y de siempre transforman la vida de las mujeres

En el Día Internacional de la Mujer

LAS MUJERES DE AYER, HOY Y DE SIEMPRE TRANSFORMAN LA VIDA DE LAS MUJERES

Foto: Dhuma "Andrea Osnayo" mujer quechua.

Desde Derechos Humanos y Medio Ambiente, saludamos a todas las mujeres del campo y de la ciudad, en especial a la mujer del altiplano puneño al recordarse hoy 8 de marzo el día Internacional de la Mujer, indicando a no bajar guardia y sumar esfuerzo para seguir conquistando sus derechos individuales y colectivos. 

Ahora nos encontramos en un momento decisivo para los derechos de la mujer. Las desigualdades históricas y estructurales que han dado lugar a la opresión y la discriminación están saliendo a la luz como nunca antes. Desde América Latina hasta Asia, pasando por Europa, en las redes sociales, los platós de cine, las fábricas y las calles, las mujeres están pidiendo que se produzca un cambio duradero y que no se toleren ni las agresiones sexuales ni el acoso ni ninguna clase de discriminación.

Conseguir la igualdad de género y empoderar a las mujeres y las niñas son tareas pendientes de nuestra época y constituyen el mayor desafío en materia de derechos humanos del mundo.

El tema del Día Internacional de la Mujer, hoy 8 de marzo, es "Ahora es el momento: Las activistas rurales y urbanas transforman la vida de las mujeres".

Este año, el Día Internacional de la Mujer llega justo después de que se iniciara un movimiento global sin precedentes por los derechos, la igualdad y la justicia de las mujeres. Dicho movimiento ha tomado la forma de marchas y campañas mundiales, incluidas las campañas homólogas en otros países, sobre temas que van desde el acoso sexual y el feminicidio hasta la igualdad de remuneración y la representación política de las mujeres.

Tal y como están las cosas, hoy jueves 8 de marzo es el Día Internacional de la Mujer más reivindicativo de los últimos tiempos. Puede marcar un antes y un después en las movilizaciones feministas porque toda pinta a que van a ser más masivas que nunca. El ambiente está muy caldeado. Y es que el último ha sido un año especialmente combativo, desde el revulsivo de las denuncias contra los abusos sexuales y toda la porquería machista que después ha salido a flote aquí y allá, hasta las reclamaciones de igualdad salarial con datos contantes y sonantes presentados en diversos ámbitos o la toma de conciencia colectiva de que es necesario ir más rápido en la igualdad porque nadie quiere esperar dos siglos para ganar el mismo sueldo que su compañero. Ni para que le otorguen un puesto de alta responsabilidad sin fijarse en su condición de madre o su edad fértil.

Fuente: DHUMA, Diario El Mundo y ONUMUJERES

 

COMUNICADO INTERNACIONAL Ecuador-Belarús LOS TRATADOS DE COMERCIO DEBEN INCLUIR UN ENFOQUE BASADO EN DERECHOS HUMANOS

Por contradecir el Art. 422 de la Constitución de la República que establece “que no se podrá celebrar tratados o instrumentos internacionales en los que el Estado ecuatoriano ceda jurisdicción soberana a instancias de arbitraje internacional, en controversias contractuales o de índole comercial, entre el Estado y personas naturales o jurídicas privadas”, la Asamblea Nacional y, posteriormente, el Ejecutivo -en mayo del año pasado-, denunciaron 17 tratados bilaterales de inversión. Otros 13, de los 30 TBIs suscritos entre 1968 y 2002, habían perdido vigencia por diversas causas.

Sin embargo, el ministro de Comercio Exterior, en esa misma fecha, durante su último acto público, ratificó que Ecuador negociará nuevos acuerdos con esos países.

En estos días, la ministra de Relaciones Exteriores, María Fernanda Espinosa, ha efectuado un anuncio público, durante la segunda reunión de consultas políticas a nivel de los vicecancilleres de Ecuador y Belarús, sobre el inicio en los próximos meses de la negociación de un acuerdo comercial, en el marco de la Unión Económica Euroasiática.

La firma de nuevos acuerdos bilaterales de inversión debe ajustarse a normas y estándares internacionales que respeten, protejan y garanticen los derechos humanos, en general, y los derechos económicos, sociales, culturales, ambientales y los derechos de la naturaleza, en particular.

Y, sobre todo, en su negociación deben primar los principios de las relaciones internacionales establecidos en el Art. 416 de la Constitución de la República. Por tanto, una posible negociación de un acuerdo comercial entre Ecuador y Belarús, debe considerar las siguientes inquietudes en materia de derechos humanos:

1.-La Federación Internacional de Derechos Humanos (FIDH) ha denunciado que la tortura y el maltrato se utilizan de forma generalizada para forzar a los sospechosos a incriminarse a sí mismos en ausencia de un abogado. Se vulnera sistemáticamente el derecho a la defensa jurídica. Los abogados y jueces carecen por lo general de independencia, al igual que todo el sistema judicial.

2.- En Belarús se vulneran los derechos de las personas condenadas a muerte y esto ocurre en todas las etapas del proceso judicial, por lo que la aplicación de la pena de muerte en dicho país es ilegal y arbitraria. Desde su independencia en 1991, se ha ejecutado a alrededor de 400 personas en el país..

3.- En el 35º período de sesiones del Consejo de Derechos Humanos, órgano intergubernamental de las Naciones Unidas en el que Ecuador es miembro, elRelator Especial sobre la situación de los derechos humanos en Belarús reiteró su preocupación porque se volvió a poner en práctica la política de represión a gran escalacontra aquellos ciudadanos que ejercen o defienden sus derechos.

4.- Según el Relator Especial, las elecciones legislativas de septiembre de 2016 fueron objeto de un férreo control, y el Parlamento elegido siguió sin ser plural pese a que, tras 20 años, dos candidatos de la oposición pudieron obtener sendos escaños. Hubo una intensificación general del estricto control que ejercen las autoridades sobre la vida pública y del acusado deterioro de sus actuaciones con respecto a los derechos de reunión y asociación y a los derechos de los medios de comunicación.

5.- El marco jurídico que regulaba la vigilancia secreta permitió a las autoridades llevar a cabo amplias operaciones de vigilancia con escasa o nula justificación. El Sistema de Actividades Operativas e Investigativas (SORM) que permitía la interceptación legal de todas las comunicaciones electrónicas, daba a las autoridades acceso directo a las comunicaciones telefónicas y por Internet y a los datos conexos, según el informe anual de Amnistía Internacional.

6.- Esta organización, además, denunció en año pasado que tanto las ONG como los partidos políticos continuaron sufriendo restricciones indebidas, como la obligación de registrarse. Las solicitudes de registro solían rechazarse arbitrariamente por infracciones minúsculas u otros motivos no especificados. Según el artículo 193.1 del Código Penal, fundar una organización no registrada o participar en sus actividades seguía siendo delito, punible con hasta dos años de prisión.

7.- El Relator Especial, la Organización Internacional del Trabajo (OIT), el Parlamento Europeo y la FIDH, han condenado y han hecho un llamamiento a Belarús para pedir una reforma profunda de las políticas estatales que ponga fin a toda forma de trabajo forzado, inclusive mediante la derogación de las leyes abusivas y de los decretos presidenciales suscritos por el presidente Aleksandr Lukashenko, en el poder desde julio de 1994.

Por tales antecedentes, las organizaciones de derechos humanos de Ecuador exhortamos al Poder Ejecutivo representado por el presidente Lenin Moreno, a supeditar la suscripción de acuerdos comerciales a la vigencia de los derechos humanos.

El Estado ecuatoriano está obligado a cumplir con los preceptos constitucionales, cuya prelación en materia de derechos humanos es fundamental para la vida democrática.

Ecuador es uno de los países que lidera en el seno del Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas la elaboración de un tratado vinculante sobre empresas transnacionales y otras empresas respecto a los derechos humanos. Y esta postura debe mantener coherencia con las negociaciones de tratados comerciales bilaterales y multilaterales.

Las relaciones diplomáticas con otros Estados, cuyo historial de violación a los derechos humanos es cuestionado por los organismos supranacionales, deberán como en el caso de las negociaciones de tratados comerciales, incluir una evaluación interna en nuestro país acerca de la vigencia en esos Estados de los derechos que Ecuador asume como principios. Y, además, de incorporarlos como una variable en las negociaciones, deberá evidenciarlos ante la ciudadanía de las dos partes. Negociar acuerdos en silencio con Estados transgresores de derechos humanos es una forma de complicidad inadmisible para una nación democrática como la ecuatoriana, solidaria con los pueblos del mundo que viven en una situación de opresión.-

Quito, febrero 22 del 2018

 

Pablo A. de la Vega M.

Centro de Documentación en Derechos Humanos “Segundo Montes Mozo S.J.” (CSMM)

César Ricaurte

Fundación Andina para la Observación y Estudio de Medios (Fundamedios)

Luis Verdesoto Custode

Plataforma por la Defensa de los Derechos Humanos y la Democracia en Ecuador (PDDHE)

 

Hacer que las voces de la comunidad se escuchen en el Arbitraje Inversor-Estado

Durante los arbitrajes entre inversores y estados, a menudo se pasan por alto los derechos e intereses de las comunidades locales. Un seminario web reciente discutió los mecanismos que están poniendo sobre la mesa las preocupaciones de las comunidades locales.

Cada vez más, los inversores presentan demandas arbitrales internacionales contra los estados relacionadas con inversiones en proyectos relacionados con recursos naturales.

Las inversiones que dan lugar a estos reclamos a menudo afectan los derechos e intereses de las comunidades locales. Un seminario web reciente organizado conjuntamente por el IIED y el Centro de Columbia sobre Inversión Sostenible (CSSI) analizó las formas en que los grupos de la sociedad civil están trayendo las perspectivas de la comunidad, los derechos humanos y las cuestiones ambientales a la atención de los tribunales arbitrales.

Por qué necesitamos más participación de la comunidad en el arbitraje inversionista-estado

El arbitraje entre inversores y estados permite a los inversores presentar una demanda contra los estados ante un tribunal arbitral internacional cuando consideran que un gobierno ha violado un tratado de inversión internacional (IIT), una ley o un contrato.

Si bien los procedimientos involucran formalmente a las partes contendientes, el inversionista y el estado, los derechos e intereses de 'terceros' como las comunidades locales a menudo están en juego, pero se pasan por alto. Las inversiones en disputa pueden afectar el acceso de las comunidades a la tierra y los recursos naturales, sus derechos humanos o dañar el medio ambiente del que dependen estas comunidades para su sustento.

Estas cuestiones rara vez son presentadas por las partes contendientes. Sin embargo, las organizaciones de la sociedad civil (OSC) están tomando medidas para que los problemas de las comunidades afectadas se reconozcan a través de ' presentaciones amicus curiae . Estas presentaciones pueden permitir a aquellos cuyos derechos o intereses se ven afectados por la disputa proporcionar su perspectiva al respecto.

El caso de Bear Creek v Perú

El inversionista canadiense, Bear Creek Mining Corporation, inició un arbitraje inversor-estado contra Perú en relación con un proyecto minero. Algunos miembros de las comunidades locales habían protestado contra el proyecto, temiendo que contaminara el agua y dañara sus tierras.

Carlos López, de la Comisión Internacional de Juristas (ICJ), explicó a los participantes en el seminario los pasos que él y la CSO local peruana, la Asociación de Derechos Humanos y Medio Ambiente de Puno (DHUMA) siguieron para presentar una petición al tribunal internacional (PDF). La presentación tenía como objetivo llamar la atención del tribunal sobre las perspectivas de las comunidades y alentar al tribunal a considerar la licencia social de la compañía para operar. 

Los panelistas Cristóbal Yugra Villanueva y Rodrigo Lauracio, de DHUMA, explicaron que siempre hay incertidumbre sobre cómo una presentación de la sociedad civil podría afectar la decisión del tribunal. Después de la presentación, el tribunal requirió a las partes que comentaran sobre estos asuntos (PDF) y les remitió su decisión final (PDF).

Cómo las presentaciones de la sociedad civil pueden proporcionar valor

Lise Johnson, de CCSI, discutió cómo las presentaciones de la sociedad civil pueden servir para diferentes propósitos. Son una herramienta útil para sacar a la luz las perspectivas de la comunidad y pueden resaltar hechos pasados por alto que podrían ser críticos para el resultado de la disputa. También pueden ayudar al tribunal a interpretar los IIT y las leyes nacionales de inversión a la luz de las normas internacionales de derechos humanos y ambientales. Las partes en la disputa raramente traen estos argumentos a la luz.

En el caso Bear Creek, CCSI también solicitó el permiso del tribunal para presentar otra presentación centrada en cuestiones de derecho para aportar perspectivas no avanzadas por Perú o Bear Creek, incluido el papel de los derechos humanos en la interpretación del IIT Canadá-Perú. Aunque el tribunal no otorgó el permiso de CSSI, al realizar la solicitud y publicar la presentación, CCSI llamó la atención del público sobre estos temas.

Lecciones aprendidas, desafíos y la necesidad de una reforma

Como muestra el caso de Bear Creek, los tribunales pueden estar especialmente dispuestos a aceptar presentaciones de organizaciones de base como DHUMA, ya que tienen conocimiento de primera mano de los hechos. Sin embargo, pocos tienen experiencia con la presentación de presentaciones. Establecer una alianza con una organización experta familiarizada con IIT y el arbitraje inversor-estado es fundamental.

Presentar una presentación puede ser un proceso desafiante: terceros deben obtener el permiso del tribunal, las normas y procedimientos no siempre son claros, el acceso a la información del caso a menudo está restringido y las instituciones de arbitraje no brindan apoyo (incluido el financiero).

En el caso de Bear Creek, DHUMA pudo acceder a los documentos de arbitraje y asistir a la audiencia, pero no se le permitió dirigirse al tribunal ni a las partes, y la presentación no tuvo un impacto sustancial en la decisión final del tribunal.

Existe un debate creciente sobre cómo reformar los IIT y el arbitraje inversor-estado. Aquellos con intereses o derechos en juego en una disputa, incluidas las comunidades locales, deben poder intervenir de una manera significativa y efectiva, más allá de hacer presentaciones como terceros. Los IIT pueden ellos mismos ayudar a promover o aclarar los estándares de derechos humanos, medioambientales y sociales aplicables a los inversores, por ejemplo, estableciendo las obligaciones de los inversores de respetar estándares específicos.

Si bien las presentaciones pueden desempeñar un papel al sacar a la luz las perspectivas de la comunidad y articular asuntos importantes que las partes contendientes no abordaron de otra manera, el proceso de presentación de las presentaciones de la sociedad civil puede ser un desafío y existe la necesidad de una reforma.

A medida que continúa la discusión sobre la reforma de los IIT, se debe hacer un mayor esfuerzo para amplificar las voces y proteger los derechos de las comunidades locales y otros afectados por los arbitrajes entre inversores y estados. Por ejemplo, la propuesta de la Unión Europea de un tribunal multilateral de inversiones y el Grupo de trabajo de la CNUDMI sobre la reforma de la solución de controversias entre inversores y Estados deben considerar cómo integrar las perspectivas de la comunidad en cualquier modelo reformado.

Thierry Berger (Esta dirección de correo electrónico está siendo protegida contra los robots de spam. Necesita tener JavaScript habilitado para poder verlo.) es un abogado calificado y asociado de IIED que se enfoca en la ley y el desarrollo sostenible. Jesse Coleman (Esta dirección de correo electrónico está siendo protegida contra los robots de spam. Necesita tener JavaScript habilitado para poder verlo.) es un investigador jurídico del Columbia Centre on Sustainable Investment, que se centra en las leyes y políticas de inversión, los recursos naturales y la intersección entre los derechos humanos y el desarrollo sostenible.

Recursos adicionales

  • Ley de Inversión Internacional y el Sector de las Industrias Extractivas (PDF), Lise Johnson y Jesse Coleman (2016)
  • Dilemas del trato con la tierra: agravios, derechos humanos y protección del inversionista (PDF), Kaitlin Y. Cordes, Lise Johnson y Sam Szoke-Burke (2016)
  • Derechos sobre la tierra y tratados de inversión: explorando la interfaz, Lorenzo Cotula (2015), Informe IIED

Fuente: https://www.iied.org/getting-community-voices-heard-investor-state-arbitration

Comunidades aymaras realizan paro de 48 horas en contra del Poder Judicial

 

El paro de 48 horas convocado por los dirigentes aymaras, en su primer día se cumplió con el bloqueo de vías en algunos distritos de la provincia de Chucuito.

Los tramos donde se ha interrumpido el tránsito son Chua Chua, Parco y Zepita en la vía de Puno – Desaguadero, lugar donde varias unidades vehiculares con destino a Desaguadero resultaron afectadas, quedando varados en la carretera. Mientras que en el tramo Desaguadero – Moquegua, los pobladores del distrito de Huacullani se apostaron en el sector Yorohoco (El puente), en donde los pobladores de los distritos de Huacullani y Pizacoma no permitieron el paso de las unidades vehiculares.

Los manifestantes, entre ellos mujeres y ancianas, adujeron que “debemos de estar unidos y no es justo que Aduviri esté con orden de captura y entre a la cárcel… luchemos juntos”, expresaron los huelguistas.

Desaguadero

En horas de la mañana, el transporte público estuvo restringido en la ciudad binacional; como se sabe, todos los días martes en Desaguadero se realiza la feria semanal, la misma que se realizó con total normalidad, solo estaba restringido el transporte en la Playa, lugar donde los pasajeros aguardaron una unidad vehicular para trasladarse a la ciudad de Puno.

Reclamos

La medida de fuerza es en apoyo al dirigente Aymara Walter Aduviri y en contra del Poder Judicial, que, a través de la Sala de Apelaciones de la Corte Superior de Justicia de Puno, ratificaron la sentencia de 7 años de pena privativa de libertad en contra del dirigente y una indemnización de 2 millones de soles a favor del Estado peruano.

“Con esta sentencia, lo único que están haciendo es criminalizar las protestas, en ninguna parte del mundo se sentencia a un dirigente por defender los recursos naturales… La indemnización que tiene que pagar Aduviri es abusiva, los aymaras no conocemos esa cantidad de dinero”, enfatizó Patricio Illacutipa.

La medida de fuerza se acató en varias localidades del sur de la región de Puno, principalmente en la provincia de Chucuito – Juli.

Fuente: Diario Sin Fronteras

Declaran de interés Sistema de Tratamiento de las Aguas Residuales de la Cuenca del Lago Titicaca.

Pro Inversión dio inicio al proceso para sacar adelante iniciativa privada de más de US$300 millones. Terceros interesados tendrán 90 días para presentar sus propuestas.

Foto: Dhuma "Aguas residuales Chilla" en Juliaca

Este fin de semana el Consejo Directivo de Pro Inversión aprobó la declaratoria de interés del proyecto para construir plantas de tratamiento de aguas residuales en la cuenca del lago Titicaca, en Puno.

Según Pro Inversión, indicó que es debido al cumpliendo con el acuerdo establecido en la última reunión con autoridades y congresistas de Puno, el Consejo Directivo de ProInversión aprobó la Declaratoria de Interés de la Iniciativa Privada Cofinanciada del proyecto Sistema de Tratamiento de las Aguas Residuales de la Cuenca del Lago Titicaca, ubicado en la región Puno. Esta Asociación Público-Privada tiene por objetivo darle solución al déficit de tratamiento de las aguas residuales producidas por las 10 ciudades de mayor tamaño que actualmente contaminan los recursos hídricos de la cuenca del Lago Titicaca: Juliaca, Puno, Ilave, Ayaviri, Juli, Moho, Yunguyo, Azángaro, Huancané y Lampa.

BENEFICIOS

Gracias a este proyecto se reducirá la cantidad de agua contaminada que recibe el Lago Titicaca y a mediano plazo se podrá remediar la contaminación de sus orillas. Ello redundará en mejores condiciones sociales y de salubridad para la población local, en especial, para aquellos que habitan aguas abajo de las Plantas de Tratamiento existentes y para quienes hacen uso directo de los recursos naturales y turísticos que provee el ecosistema lacustre. Asimismo, el proyecto considera tener en perfecto estado el 100% de la infraestructura durante el periodo de concesión, de modo que se asegure el cumplimiento de los niveles de servicio.

Cabe resaltar que esta iniciativa privada -que demandará una inversión de US$304 millones- se desarrollará de forma preliminar sobre la base de la infraestructura ya existente. Además, según se informó, será ejecutada bajo la modalidad de concesión por un plazo de 30 años.

EXPRESIÓN DE INTERES

Con la declaratoria de interés, Pro Inversión informó que el proponente del proyecto tendrá 10 días de plazo para presentar: la conformidad a la declaratoria de interés; su adecuación para cumplir con los requisitos para el socio estratégico; la presentación de la garantía de seriedad de oferta; y el pago del monto correspondiente a la publicación de la referida declaratoria de interés.

También, los terceros interesados en el desarrollo del citado proyecto contarán con un plazo de 90 días, después del día siguiente de la publicación de esta Declaratoria de Interés, para presentar sus expresiones de interés respecto de la ejecución del mismo Proyecto u otra alternativa.

Cabe precisar que la concesión del proyecto se otorgará por un plazo de 30 años, contado desde la suscripción del Contrato de Concesión. El Concedente es el Estado Peruano, representado por el Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento (MVCS), que co-financiará el proyecto en beneficio de la población de la región altiplánica.

DATOS

La construcción de estas plantas de tratamiento, que se llevará a cabo a través de una Asociación Público-Privada (APP), es uno de los cinco proyectos que integra la cartera de Pro Inversión en cuanto a temas de saneamiento.

Al respecto, el presidente de la Central Única de Barrios de la ciudad de Puno, refirió que la comuna puneña debe agilizar el saneamiento físico legal de los terrenos para que pueda concretarse la ejecución de este anhelado proyecto de Inversión Público – Privada.

Fuente: Pro Inversión, Diario El Comercio y Radio Onda Azul.

 

Nueva sentencia ratifica el Derecho a la Consulta en el otorgamiento de las concesiones mineras en Puno.

 

Triunfo jurídico del pueblo aymara. Tercer juzgado de la Corte Superior de Puno declaró fundada la demanda de amparo interpuesta por la Comunidad Campesina Jatucachi y anula 13 concesiones mineras.

Por Rodrigo Lauracio Apaza

En el 2015 la comunidad campesina de Jatucachi (parte del pueblo indígena Aymara) del distrito de Laraqueri, Puno, decidió iniciar un Proceso Constitucional de Amparo[1], debido a que, consideraban que el Ministerio de Energía y Minas (MEM) a través del Instituto Geológico Minero Metalúrgico (INGEMMET) había vulnerado su Derecho a la Consulta Previa y territorio al otorgar 13 concesiones mineras[2] que se sobreponían a su territorio.

Foto: Comunidad Campesina de Jatucachi

Así, el Tercer Juzgado Civil de la Corte Superior de Justicia de Puno conoció el caso signado con el expediente N° 01832-2015 en el que se demandó al MEM e INGEMMET, peticionado al Juzgado que declare la nulidad de las trece (13) concesiones mineras por haber sido emitidas sin consulta previa, violando lo preceptuado en el artículo 6° del Convenio 169 de la OIT[3] que reconoce este derecho y la obligación del Estado peruano de garantizar este derecho cada vez que prevea medidas administrativas —como las concesiones mineras— que pudieran afectar a los pueblos indígenas.

Foto: Comunidad Campesina de Jatucachi

Además, que, el actual procedimiento de concesión minera regulado en el Texto Único Ordenado de la Ley General de Minería – D. S. Nº 014-92-EM genera indefensión en las comunidades, debido a que, al momento de publicarse los petitorios mineros en diarios como “El Peruano” no son conocidas por las comunidades; y estas, no pueden accionar mecanismos administrativos como la “oposición minera”[4]  para oponerse.

Foto: La ganadería en la Comunidad Campesina de Jatucachi

Este Juzgado, el 14 de diciembre del presente año, resolvió declarando fundado la Demanda de Amparo, por tanto, nula las 13 concesiones mineras, al mismo tiempo ordenó que se realice el procedimiento de consulta previa a la comunidad campesina de Jatucachi.

Reafirmando así una línea jurisprudencia importante en la Corte Superior de Justicia de Puno, pues ya en el caso anterior de las “11 Comunidades de Atuncolla – Expediente N° Expediente N° 01846-2012 la Sala Civil resolvió reconociendo también el derecho a la consulta previa en la etapa de otorgamiento de títulos de concesión minera. 

Foto: Comunidad Campesina de Jatucachi

Ahora se tiene dos casos ganados en materia de minería, resueltos por órganos jurisdiccionales, que reconocen que antes del otorgamiento de los títulos de concesión minera, estas deben ser consultadas por el INGEMMET. Posición que siempre ha sido rebatida por el sector de minería del Estado y privados.

Finalmente debemos resaltar que lo resuelto por el Juzgado sienta un precedente importante en la protección de los estándares mínimos que contiene el derecho a la consulta, como el de su “naturaleza previa”, este implica que la consulta debe ser aplicada antes, como bien lo dice la Corte Interamericana de Derechos Humanos en el caso de Saramaka Vs. Suriname,“(…) en las primeras etapas del plan de desarrollo o inversión y no únicamente cuando surja la necesidad de obtener la aprobación de la comunidad, (…)”[5]

Foto: El reconocimiento y uno de las concesiones anuladas en la Comunidad Campesina de Jatucachi

Al consultar a los pueblos indígenas en la primera etapa del proyecto de inversión damos cumplimiento a la razón de ser de este derecho fundamental colectivo, que es, garantizar una plena y contante participación, control sobre su territorio —autodeterminación— y respetó de la dignidad (individual y colectiva) del pueblo indígena.

 

Foto:  Vista panorámica de la Comunidad Campesina de Jatucachi

 

[1] Este litigio constitucional estuvo apoyado por la ONG Derechos Humanos y Medio Ambiente – Puno y el Instituto de Defensa Legal – IDL, Área de Pueblos Indígenas.

[2] Las concesiones mineras son: “010562708 – ANTUQUITO I”, “010279710 – CUSMINE UNO”, “010279510 – CUSMINE DOS”, “010279610 – CUSMINE TRES”, “010422808 – RICKY 1”, “010127315 – TANIA 2015”, “010000109L - ACUMULACIÓN MARIELA”, “010285611 - ALEJANDRA I”, “010576910 – TOCONAO 0947”, “010578610 - TOCONAO 0961”, “010578510 - TOCONAO 0960”, “010577710 - TOCONAO 0953”, “010578210 - TOCONAO 0957”; concesiones otorgadas a favor de las empresas: Distribuidora Logística y Transporte S.A. y otros, Fresnillo Perú S.A.C., Fresnillo Perú S.A.C., Fresnillo Perú S.A.C., Minera del Suroestes S.A.C., Minera del Norte S.A., Aruntani S.A.C., Minera Barrik Misquichilca S.A., BHP Billiton World Exploration Inc. Sucursal del Perú, BHP Billiton World Exploration Inc. Sucursal del Perú, BHP Billiton World Exploration Inc. Sucursal del Perú, BHP Billiton World Exploration Inc. Sucursal del Perú y  BHP Billiton World Exploration Inc. Sucursal del Perú.

[3] Vigente y exigible en nuestro país desde el 02 de febrero del año 1995.

[4] Artículo 144 del D.S. Nº 014-92-EM.- La oposición es un procedimiento administrativo para impugnar la validez del petitorio de una concesión minera; la misma que podrá ser formulada por cualquier persona natural o jurídica, que se considere afectada en su derecho.

La oposición se presentará ante cualquier oficina del Registro Público de Minería, hasta antes de la expedición del título del nuevo pedimento, ofreciéndose en ese momento la prueba pertinente. Vencido este plazo, el nuevo título sólo podrá contradecirse por medio del recurso impugnatorio señalado en el Artículo 125 de la presente Ley.

[5] Corte Interamericana de Derechos Humanos, Caso del Pueblo Saramaka vs. Surinam. Sentencia del 28 de noviembre de 2007. Fundamento 133: “Primero, la Corte ha manifestado que al garantizar la participación efectiva de los integrantes del pueblo Saramaka en los planes de desarrollo o inversión dentro de su territorio, el Estado tiene el deber de consultar, activamente, con dicha comunidad, según sus costumbres y tradiciones (supra párr. 129). Este deber requiere que el Estado acepte y brinde información, e implica una comunicación constante entre las partes. Las consultas deben realizarse de buena fe, a través de procedimientos culturalmente adecuados y deben tener como fin llegar a un acuerdo. Asimismo, se debe consultar con el pueblo Saramaka, de conformidad con sus propias tradiciones, en las primeras etapas del plan de desarrollo o inversión y no únicamente cuando surja la necesidad de obtener la aprobación de la comunidad, si éste fuera el caso. El aviso temprano proporciona un tiempo para la discusión interna dentro de las comunidades y para brindar una adecuada respuesta al Estado. El Estado, asimismo, debe asegurarse que los miembros del pueblo Saramaka tengan conocimiento de los posibles riesgos, incluido los riesgos ambientales y de salubridad, a fin de que acepten el plan de desarrollo o inversión propuesto con conocimiento y de forma voluntaria. Por último, la consulta debería tener en cuenta los métodos tradicionales del pueblo Saramaka para la toma de decisiones”.