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Ya se concluyó el informe de evaluación de riesgo por la contaminación del río Coata para su declaratoria de emergencia

 

Durante la reunión realizada el pasado jueves 28 de marzo, los integrantes de la mesa técnica de la cuenca Coata en el distrito de Capachica, informaron que se tiene culminado el informe de Evaluación de Riego (EVAR), para declarar en situación de emergencia por la contaminación de las aguas de la Sub Cuenca del rio Coata en los distritos de Huata, Coata, Capachica, Caracoto y Juliaca(Sector Chilla).

Foto: Dhuma "Gobernador Regional realizando el informe técnico".

Asimismo, resaltó que la dirigencia de la zona ya habría solicitado el informe a la anterior gestión sin ser priorizada, sin embargo, la actual gestión apenas tomó mando en enero del presente año, a través de la Oficina Regional de Puno, se reformuló e inició con el informe en un tiempo record.

“Se ha tomado un promedio de casi dos meses para culminar el informe EVAR para la declaratoria de emergencia de los distritos de Puno y Juliaca ante la contaminación del agua de pozo para el consumo humano de la sub cuenca del río Coata para su evaluación y aprobación con resolución“ señaló gobernador regional.

Foto: Dhuma "representante de muejres Brijida Curo participando en la mesa tematica de Coata"

Por otro lado, el Presidente del Frente Amplio de Defensa de la Cuenca Coata, Felix Suasaca Suasaca, manifestó que “solo se aceptará autoridades con decisión política ejecutiva y resolutiva, basta de mecidas los pueblos afectadas por contaminación con las aguas residuales sin ser tratadas y residuos sólidos de Juliaca, que se vierten directamente a los ríos Torococha, y Coata, desembocando al lago Titicaca”.

Foto: Dhuma "Participacion del equipo Dhuma, Dr. Cristobal Yugra, Hna.Patricia Ryan" 

Finalmente, indicaron que el informe técnico durante la próxima semana será dirigido al Instituto Nacional de Defensa Civil para su trámite ante la presidencia de Consejo deMinistros y realice la respectiva declaratoria de estado de emergencia de los distritos de la provincia de San Román (Juliaca y Caracoto) y Puno (Huata, Coata y Capachica).

 

Foto: Dhuma "Equipo técnico del Gobierno Regional-Puno"

¿Por qué un día mundial del agua?

 

El Día Mundial del Agua se celebra anualmente el 22 de marzo como un medio de llamar la atención sobre la importancia del agua dulce y la defensa de la gestión sostenible de los recursos de agua dulce.

Cada año, el Día Mundial del Agua destaca un aspecto particular relacionado con el agua.

La creación de un día internacional dedicado al agua fue recomendado durante la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Medio Ambiente y el Desarrollo (CNUMAD) de 1992 en Río de Janeiro. La Asamblea General de las Naciones Unidas respondió a dicha recomendación designando el 22 de marzo de 1993 como el primer Día Mundial del Agua.

La Asamblea General de las Naciones Unidas adoptó el 22 de diciembre de 1992 la resolución A/RES/47/193 por la que el 22 de marzo de cada año fue declarado Día Mundial del Agua, a celebrarse a partir de 1993, en conformidad con las recomendaciones de la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Medio Ambiente y el Desarrollo contenidas en el Capítulo 18 (Recursos de Agua Dulce) del Programa 21.

Se invitó entonces a los diferentes Estados a consagrar este día, en el marco del contexto nacional, a la celebración de actividades concretas como el fomento de la conciencia pública a través de la producción y difusión de documentales y la organización de conferencias, mesas redondas, seminarios y exposiciones relacionadas con la conservación y desarrollo de los recursos hídricos, así como con la puesta en práctica de las recomendaciones del Programa 21.

El 22 de marzo es una oportunidad de aprender más sobre temas relacionados con el agua, sirve de inspiración para compartir los problemas relacionados con el agua y tomar medidas para cambiar la situación. El Día se remonta a la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Medio Ambiente y el Desarrollo de 1992 en la que se propuso declarar una fecha dedicada a este asunto. La Asamblea General decidió designar el 22 de marzo de 1993 como el primer Día Mundial. Cada año, ONU-Agua, la entidad que coordina el trabajo de la Organización sobre el agua y el saneamiento, establece un tema para el Día correspondiente a un desafío actual o futuro.

La humanidad necesita agua

Una gota de agua es flexible. Una gota de agua es poderosa. Una gota de agua es más necesaria que nunca.

El agua es un elemento esencial del desarrollo sostenible. Los recursos hídricos, y la gama de servicios que prestan, juegan un papel clave en la reducción de la pobreza, el crecimiento económico y la sostenibilidad ambiental. El agua propicia el bienestar de la población y el crecimiento inclusivo, y tiene un impacto positivo en la vida de miles de millones de personas, al incidir en cuestiones que afectan a la seguridad alimentaria y energética, a la salud humana y al medio ambiente.

No dejar a nadie atrás

El tema de este año es "No dejar a nadie atrás". Se trata de una adaptación de la promesa central de la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible: todo el mundo debe beneficiarse del progreso del desarrollo sostenible.

Una de las metas del Objetivo 6 de Desarrollo Sostenible (ODS 6) consiste en garantizar la disponibilidad y la gestión sostenible del agua y el saneamiento para todos de aquí a 2030. Por definición, eso significa no dejar a nadie atrás.

Hoy en día millones de personas viven todavía sin agua potable –en el hogar, la escuela, el lugar de trabajo, la granja, la fábrica– y luchan por sobrevivir y prosperar. A menudo, se olvidan los grupos marginados: mujeres, niños, refugiados, pueblos indígenas, personas con discapacidad y muchos otros. O bien, se los discrimina cuando intentan conseguir y gestionar el agua potable que necesitan.

Cuando hablamos de “agua potable” nos referimos al “servicio de abastecimiento de agua potable gestionado de manera segura”, es decir, agua a la que se puede acceder en las viviendas, cuando se necesita y que no está contaminada.

El derecho al agua

En 2010, las Naciones Unidas reconocieron que “el derecho al agua potable y el saneamiento es un derecho humano esencial para el pleno disfrute de la vida y de todos los derechos humanos.” Por derecho humano al agua se entiende el derecho de toda persona, sin discriminación, a disponer de agua suficiente, segura, aceptable, accesible y asequible para uso personal y doméstico, y comprende el agua para el consumo, el saneamiento, la colada, la preparación de alimentos y la higiene personal y doméstica.

Los “motivos de discriminación” para que algunas personas resultan especialmente desfavorecidas en lo que respecta al acceso al agua son:

·         el sexo y el género;

·         la raza, la etnia, la religión, la condición de nacimiento, la casta, el idioma y la nacionalidad;

·         la discapacidad, la edad y el estado de salud;

·         la tenencia de bienes, el lugar de residencia, y la situación económica y social.

Otros factores como la degradación del medio ambiente, el cambio climático, el crecimiento demográfico, los conflictos, los flujos de migración y los desplazamientos forzosos.

Para no dejar a nadie atrás, debemos concentrar nuestros esfuerzos en incluir a las personas que han sido marginadas o ignoradas. Los servicios de abastecimiento de agua deben satisfacer las necesidades de los grupos marginados y sus voces deben ser tenidas en cuenta en los procesos de adopción de decisiones. En los marcos normativos y jurídicos debe reconocerse el derecho de todos al agua, y debe proporcionarse financiación suficiente, de forma equitativa y efectiva, para los que más la necesitan.

El Día Mundial del Agua está coordinado por ONU Agua Disponible en inglés, un mecanismo de colaboración de las Naciones Unidas para temas relacionados con el agua potable en el que participan gobiernos y otras entidades.

Latinoamérica posee un tercio del agua dulce del mundo

América Latina posee un tercio del agua dulce del mundo, sin embargo, es una región con deficiencias en la gestión de la misma: 34 millones de personas no tienen acceso al agua potable y la cobertura de saneamiento está por debajo del 15 %.

"La economía de la región fluye en agua. Latinoamérica es una región privilegiada con un tercio del recurso de agua dulce del mundo, pero si algo está dejando de lección aprendida el cambio climático, es la importancia de gestionar mejor", así lo explicó Sergio Campos Jefe de la División de Aguas del Banco Internacional de Desarrollo (BID) durante una entrevista a la agencia de noticias EFE.

Sergio Campos estableció cinco áreas críticas en cuanto al agua en Latinoamérica: el acceso, la financiación de proyectos, la gobernanza, la seguridad hídrica para proteger las fuentes, y la operación, e innovación.

Campos considera que los países deben hacer conciencia de que las inversiones en este campo producen grandes beneficios en áreas como la salud, educación, combate a la pobreza y reducción de las desigualdades.

Las tecnologías de punta e innovadoras son otra de las ramas a tener en cuenta, ya que con estas se pueden modernizar los sistemas de gestión del recurso hídrico, tarea en la que las empresas privadas deben jugar un papel primario, explicó Campos.

Otro gran factor que la región debe tener en cuenta es el cambio climático, pues está provocando sequías o escasez en regiones de Centroamérica como México, Perú, Brasil, Bolivia y el Caribe.

"Tenemos el privilegio de contar con bastante agua, pero los recursos hay que protegerlos. Tendremos sequías e inundaciones más frecuentes e intensas y eso afecta la calidad de los acuíferos. En este contexto la administración de agua va a ser fundamental", concluyó.

"Cada vez son más los que sufren por la falta de fuentes de agua potable", papa Francisco

Con ocasión del Día Mundial del Agua, el papa escribió un mensaje al director general de la Organización de Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO), José Graziano da Silva, en el que destacaba que "que el agua es un bien imprescindible para el equilibrio de los ecosistemas y la supervivencia humana, y es necesario gestionarla y cuidarla para que no se contamine ni se pierda".

Y en su mensaje denunció que "se percibe en nuestros días cómo la aridez del planeta se extiende a nuevas regiones, y cada vez son más los que sufren a causa de la falta de fuentes de agua apta para el consumo".

Al recordar el tema de este día: "no dejar a nadie atrás", el pontífice argentino destacó que es un "derecho humano fundamental, que debe respetarse pues está en juego la vida de las personas y su misma dignidad".

Entre estos gestos, el papa instó en la necesidad de "invertir en futuro, educando a las nuevas generaciones para el uso y cuidado del agua".

"Esta tarea de concienciación es una prioridad en un mundo en el que todo es descartable y despreciado, y que no estima en muchos casos la importancia de los recursos que tenemos a nuestro alcance", añadió.

 

Realizan capacitación sobre las ventajas y desventajas de ser comunidad campesina en Vilquechico

 

Con la asistencia de los pobladores de la parcialidad de Carpa Iñacoya, distrito de Vilquechico de la provincia de Huancané el pasado 26 de marzo los presentes, recibieron una capacitación sobre las ventajas y desventajas de pertenecer a una comunidad o a una parcialidad.

Foto: Dhuma "Abog. José Chata impartiedo las ventajas de ser comunidad campesina"

La finalidad de la capacitación es lograr que en un futuro puedan ser una comunidad, debido a que tienen el conocimiento que existen sobre los recursos minerales dentro de su jurisdicción, y siendo como comunidad tienen leyes que les protegen como la Ley General de Comunidades Campesinas en su art.1 indica: “Declárese de necesidad nacional e interés social y cultural el desarrollo integral de las Comunidades Campesinas. El Estado las reconoce como instituciones democráticas fundamentales, autónomas en su organización, trabajo comunal y uso de la tierra, así como en lo económico y administrativo, dentro de los marcos de la Constitución, la presente ley y disposiciones conexas”.

Foto: Dhuma "Lic. Vito Calderon entrega material de capacitación"

La capacitación estuvo a cargo del Abog. José Chata y Vito Calderón, ambos responsables de las capacitaciones, pertenecientes a la ONG. Derechos Humanos y Medio Ambiente DHUMA, quienes absolvieron todas las inquietudes que tenían los pobladores asistentes.
 
 
Foto: Dhuma "Tenientes gobernadores reciben capacitacion"

Comunidades aymaras de Juli confian que sus territorios ancestrales sean respetados por el Poder Judicial.

 

Las comunidades campesinas aymaras de Chila Chambilla y Chila Pucara (ubicadas en el distrito de Juli, provincia de Chucuito en Puno), vienen siguiendo litigio contra el Ministerio de Energía y Minas (MEM) y al Instituto Geológico Minero Metalúrgico (INGEMMET) a través de un proceso judicial. El proceso constitucional de amparo presentado por las comunidades solicita la nulidad de las dos (02) concesiones mineras otorgadas a favor de la empresa Cemento Sur S.A. (Calcesur), por haber concesionado 1000 hectáreas de las 1600 hectáreas de la comunidad campesina Chila Chambilla, y 1000 hectáreas de las 2000 hectáreas que tiene la comunidad Chila Pucara en Juli, y que fueron entregadas sin cumplir con la obligación estatal de realizar el proceso de consulta previa a las comunidades afectadas antes de la entrega de estas medidas administrativas.

Foto: Dhuma "Comunidades aymaras a la espera de la audiencia"

El día 14 de marzo en la Sala Civil de la Corte Superior de Justicia de Puno, se realizó audiencia ante el colegiado Dr. Pánfilo Monzón Mamani, Dr. Edwin Jorge Sarmiento Apaza y Dr. Alexander Roque Díaz, quienes recibieron a las comunidades Chila Pucara y Chila Chambilla, con el Expediente N° 163-2016, para llevar vista de causa en vía de apelación por la sentencia de primera instancia que declara improcedente la demanda, indicando que el proceso de amparo no es la vía idónea para resolver este caso, si no que los demandantes debieron recurrir a la vía ordinaria. Este colegiado resolverá a través de una sentencia de vista en un plazo aproximado de 15 días. 

Hechos

En mayo del 2006 Cal&cemento Sur transfiere las concesiones mineras a favor de la empresa minera Kuskalla Mining Company S.A.

En febrero del 2017 la Sala Civil de Puno declara nula la sentencia en la resolución número 09-2016 del 9 de mayo del 2016 del Juzgado Mixto de Juli que declara improcedente la demanda sobre proceso de amparo interpuesta por los representantes de las comunidades de Chila Chambilla y Chila Pucara y dispone que el juez de la causa, renueve los actos procesales e incorpore a Cemento Sur S.A. y emita nueva sentencia. Es así el Primer Juzgado Mixto de Juli vuelve a resolver declarando improcedente la demanda, subiendo una vez más en apelación a la sala civil de Puno para su resolución.

Foto: Dhuma "Abog. José Chata sustenta el caso de Chila Chambilla y Chila Pucara ante los Magistrados"

Aspectos importantes en el proceso de amparo

El planteamiento de la defensa por el Abog. José Chata se basó en, se busca que se garantice la vigencia de los derechos constitucionales y que prime la constitución por encima de norma legales e infra-legales “hacer valer el derecho la consulta previa”; primero, en la aplicabilidad del Convenio N° 169 de la OIT a favor de las comunidades campesinas de Chila Chambilla y Chila Pucara, esto en razón de que estas comunidades originarias aymaras y como tales le es atribuible el derecho a la consulta previa, así como los demás derechos contenidos en el Convenio.

En segundo lugar, siendo la postura del Abogado del MEM, sustentaba que las concesiones mineras no constituyen afectación alguna ya que no aprueban el inicio de las etapas de exploración y explotación y que solo cuando el proyecto minero se encuentre en estas etapas, solo entonces, se debe cumplir con proceso de consulta previa a los pueblos involucrados.

Foto: Dhuma "Autoridades comunales debidamente uniformados prepresente en la Sala Civil de Puno"

Discusiones y las medidas a tomar en cuenta en el proceso

Asimismo, el Tribunal Constitucional también reconoce lo previo de la consulta, indicando en la sentencia 00022-2009-AI que “la consulta se lleve a cabo en forma previa a la toma de la decisión. Y es que la idea esencial de la inclusión de los pueblos indígenas en la discusión del proyecto de la medida administrativa o legislativa es que puedan plantear sus perspectivas culturales, con la finalidad de que puedan ser tomadas en cuenta.”. Por su parte, en la sentencia de vista dictada por la Sala Civil de la Corte Superior de Justicia de Puno, el colegiado se pronuncia al respecto diciendo que “la consulta previa, como su nombre lo indica, es obligatoria para el Estado peruano y debe realizarse antes de la concesión minera (...)”. Con todas estas consideraciones es que se encuentra respaldado en demasía el momento en que debe cumplirse con la consulta previa.

Como siguiente punto de discusión resulta la controversia que si las concesiones mineras afectan o no el derecho de propiedad de las comunidades que ejercen sobre sus territorios comunales. Sobre esto se debe partir de la sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, en el caso Saramaca contra Surinam, sentencia emblemática sobre el derecho a la consulta previa, señalando en su apartado número cincuenta que “el otorgamiento de concesiones para proyectos de desarrollo o inversión que estén dentro o que afecten el territorio Saramaka constituye un tipo de restricción al uso y goce de la propiedad.”. Agrega, en esta misma sentencia, la importancia que significa la tierra y su libre uso de estas en las comunidades originarias, indicando:

“la estrecha relación que los indígenas mantienen con la tierra debe de ser reconocida y comprendida como la base fundamental de sus culturas, su vida espiritual, su integridad y su supervivencia económica. Para las comunidades indígenas la relación con la tierra no es meramente una cuestión de posesión y producción sino un elemento material y espiritual del que deben gozar plenamente […] para preservar su legado cultural y transmitirlo a las generaciones futuras.”

“la estrecha vinculación de los pueblos indígenas con sus tierras tradicionales y los recursos naturales ligados a su cultura que ahí se encuentren, así como los elementos incorporales que se desprendan de ellos, deben ser salvaguardados por el artículo 21 de la Convención Americana.”

Esta vinculación trascendental que mantienen las comunidades campesinas con sus tierras configura el ser mismo de las comunidades aymaras, comprende la esencia misma de pueblos originarios, y en razón a esto es que todos los órganos del aparato estatal deberán respetar la importancia especial que para las culturas y valores espirituales de los pueblos interesados reviste su relación con las tierras o territorios[2], y en caso de verse afectado en sus territorios con intrusiones no autorizadas o con todo uso no autorizado de las mismas por personas ajenas a ellos, el Estado debe sancionar y tomando medidas para impedir tales infracciones[3].

Foto: Dhuma "Abogado de Ministerio de Energia y Minas"

La vía administrativa.

En esta audiencia, el juzgador consultó a la defensa legal que por qué estas comunidades no accionaron vía administrativa su pedido de oposición de las concesiones mineras materia del proceso; indicándosele que la publicación de los petitorios mineros se realizan de una forma totalmente atentatoria a los intereses de las comunidades campesinas, ya que en estos avisos en periódico solo se indica la región, provincia, distrito y las coordenadas del lugar que se quiere concesionar, haciendo imposible para las comunidades conocer si sus territorios estarás comprendidos en el espacio bajo denuncio minero, razón por la cual estas comunidades solo se enteraron extraoficialmente cuando el título de concesión ya fue dado.

Foto: Dhuma "Las mujeres originarias lucen trajes de la zona de Chila"

 

[1] Artículo 4° de la Ley 29785, Ley del Derecho a la Consulta Previa a los Pueblos Indígenas.

[2] Art. 13.1 del Convenio 169 de la OIT.

[3] Art. 18.3 del Convenio 169 de la OIT.

 

Foto: Dhuma "Los magistrado decidirán el caso a traves de una sentencia"

 

Foto: Dhuma "La Sala Civil se vió abarrotado por las autoridades comunales"

 

Foto: Dhuma "Foto oficial al final de la jornada entre autoridades comunales y el quipo de DHUMA"

 

Foto: Dhuma "Presidente de la Comunidad dando a conocer la problematica a RPP".

 

 
 

PRONUNCIAMIENTO: Sobre los hechos de detención y criminalización de los dirigentes de la comunidad de Fuera bamba - Yavi Yavi

 

PRONUNCIAMIENTO

27 de marzo del año 2019

SEÑOR PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA DEL PERÚ;

SEÑOR PRESIDENTE DEL CONSEJO DE MINISTROS;

SEÑOR PRESIDENTE DEL CONGRESO DE LA REPUBLICA;

SEÑOR PRESIDENTE DEL PODER JUDICIAL;

SEÑORA FISCAL DE LA NACIÓN;

SEÑOR DEFENSOR DEL PUEBLO; y,

PUEBLO PERUANO

En nuestra condición de abogadas, abogados e Instituciones dedicados a la defensa de derechos humanos en las comunidades y población afectada por proyectos extractivos, expresamos nuestra preocupación y nos pronunciamos sobre los hechos de detención y criminalización de los dirigentes de la comunidad de Fuera bamba - Yavi Yavi.

Desde el año 2015 las comunidades campesinas y organizaciones sociales de la provincia de Cotabambas, región Apurímac han dado a conocer al Estado su discrepancia por la forma inconsulta como se aprobaron las modificaciones al proyecto de exploración y explotación de la empresa minera MMG Las Bambas en sus territorios, estos constantes reclamos han llevado a diversos enfrentamientos entre organizaciones sociales y comunales de la provincia de Cotabambas con la empresa minera, los hechos más graves sucedieron el año 2015 y 2016.

En la mayoría de estas protestas el Estado Peruano ha respondido con represión, lo que ha ocasionado hasta fecha la muerte de cuatro personas en la zona del proyecto Las Bambas y la criminalización de los representantes o dirigentes de las comunidades, resultando denunciados por delitos de entorpecimiento de las vías de transporte, disturbios, extorsión o violación de domicilio, en agravio de las empresas, con el apoyo y respaldo del Ministerio Público, Poder Judicial, Ministerio del Interior, Policía Nacional y la misma empresa minera Las Bambas.

Los últimos hechos ocurridos con los comuneros de Fuerabamba no hacen más que confirmar que estamos ante un Estado que prioriza, los intereses económicos sobre los derechos humanos. En ese sentido, nos preocupa la orden de detención contra el presidente Gregorio Rojas, su vicepresidente y la secretaria de la comunidad. Una vez más el gobierno recurre a prácticas de criminalización para acallar los conflictos sociales ambientales, sin analizar la raíz del problema. Se acusa a estas personas de crimen organizado y extorsión contra el Estado Peruano y la empresa minera sin que sus actos respondan a los supuestos que configuran estos delitos.

Rechazamos la orden de detención de los miembros de la comunidad, no solo porque está dictada sin la debida justificación y motivación, sino porque violaría el Convenio 169 que en caso de indígenas proscribe la aplicación de las medidas privativas de libertad, y recomienda otras medidas menos gravosas, debiendo aplicarse solo excepcionalmente y bajo estricta justificación.

Todo parece indicar que la detención de los abogados, asesores de la comunidad tampoco sería ajustada a derecho. Si bien rechazamos su manera de asesorar a la comunidad, no puede calificarse a los mismos como criminales sin evidencias incriminatorias y sin un debido proceso. Esto sería un grave atentado a la libertad del ejercicio profesional de la defensa, y sienta pésimos precedentes para el Estado de Derecho. 

Demandamos respeto estricto al derecho constitucional de la Presunción de Inocencia; no puede de ninguna manera la policía, el Ministerio Público, ni cualquier órgano del Estado violar este derecho presentando en medios a las personas investigadas, con sobrenombres o apelativos propios de una organización delictiva.

Rechazamos cualquier acto que criminalice la protesta social contra defensores y defensoras del territorio, ya que es un derecho reconocido en la Constitución Política del Perú y los tratados internacionales. En ese sentido, hacemos un llamado al Estado Peruano para que cumpla con su obligación de garantizar el derecho a defender derechos.

Exigimos al gobierno que respete los derechos fundamentales de las comunidades campesinas originarias cuyos territorios se han visto afectados por la minería en la zona, respete el derecho irrestricto a la libertad de reunión, de expresión y de organización colectiva, cultural y consuetudinaria que consagra la constitución y el Convenio N° 169 de la OIT, vigente en el Perú desde el año 1995.

Recordamos al Ministerio Público y al Poder Judicial que existen precedentes jurídicos respecto al contenido de los delitos de extorsión y asociación ilícita para delinquir que de ninguna manera se aplican al presente caso, en tal sentido, de no corregir estas irregularidades, esto calificaría como criminalización de la protesta y persecución que atenta contra derechos constitucionales y democráticos.

Finalmente exigimos al gobierno que PRIORICE el diálogo para la búsqueda de la solución del conflicto, el mismo que debe ser un “diálogo intercultural” que permita entender la visión de las comunidades, el origen y la problemática de sus reclamos, dejando de lado prácticas de criminalización de sus líderes, dirigentes y representantes.

 

Pronunciamiento

 

 

 

PRONUNCIAMIENTO

 

DERECHOS HUMANOS Y MEDIO AMBIENTE (DHUMA)

INSTITUTO DE DEFENSA LEGAL (IDL)

 

Mediante un auto de fecha 05 de diciembre de 2018, notificada en fecha 7 de marzo último, el Tribunal Constitucional (TC) resuelve declarar nulo todo lo actuado, volviendo el proceso a la resolución número uno, dictada en primera instancia. Con esta resolución lo que hace el máximo intérprete y salvaguarda de la Constitución es cortar de raíz y dejar en nada los 8 años de lucha judicial que los demandantes, que la comunidad campesina quechua de Arboleda del distrito de Tiquillaca, provincia y región de Puno, vienen llevando a cuestas en la defensa de sus territorios y de sus formas tradicionales de vida, frente a la imposición de concesiones mineras por parte del Ministerio de Energía y Minas y el Instituto Geológico Minero Metalúrgico dentro de territorios de su propiedad.

Han pasado ocho años desde que Arboleda decidió recurrir a los mecanismos legítimos que dentro de un Estado de derecho constitucional son accesibles, con el objetivo de conseguir que sus requerimientos sean atendidos; esto en medio de una coyuntura donde la mayoría de los pueblos campesinos, frente a la sordera generalizada del gobierno, optaban por las vías de la protesta social como medio de reclamo, que a su vez repercutía en problemas aún más perjudiciales para ellos mismos y para la sociedad y el gobierno.

En el año 2012, cuando el expediente se encontraba en manos del TC, éste ordenó correr traslado a Ministerio de Energía y Minas como demandado para que pueda ejercer su derecho de defensa. Sin embargo, siete años después cae en la cuenta de que también se debió notificar a los titulares de las concesiones mineras involucradas en el proceso, a fin de que también puedan ejercer su derecho de defensa y no se vean afectadas con la decisión sobre el fondo.

Pero, ¿qué hay con los derechos constitucionales de la comunidad campesina que se vienen atentando con la decisión de volver todo a fojas cero? ¿Qué pasa con el derecho de la comunidad de tener un proceso judicial rápido, sencillo y efectivo sobre una controversia que se dilucide ante jueces y tribunales? En ningún sentido es tolerable el desdén que el TC ha mostrado con su inoperancia y negligencia en este proceso constitucional. El mensaje que envía la máxima autoridad constitucional a nivel nacional envía a través de esta sentencia, es que los derechos constituciones de los justiciables de este caso no tienen la misma importancia. Los derechos procesales solo merecen custodia cuando se trate de las entidades del Estado o de empresas del sector privado. Las comunidades deberán aguardar otros 8 años más para que puedan alcanzar justicia. Para el TC las comunidades pueden esperar. La responsabilidad en la dilación de este proceso es exclusiva del TC.

Es bastante reprochable la labor del TC que en siete años no haya podido fallar en un asunto judicial de suma importancia para los pueblos originarios del país, y sobre una causa que no solo incumbe a la comunidad campesina de Arboleda sino a todas aquellas que vienen siendo afectadas por la presencia de concesiones mineras inconsultas en sus territorios.

Toda la inversión económica y temporal que la comunidad ha destinado a este proceso queda no ha sido tomada en cuenta por el TC. Arboleda, por su idiosincrasia se encuentra en una posición de desventaja frente a los demandados, por las condiciones de pobreza e inferior calidad de vida que tienen que sobrellevar. Se trata de comunidad afectada por la pobreza, como todas las comunidades nativas y andinas del país. Nada de esto parece importarles a los magistrados del TC.

A esta comunidad no solamente se le negó el acceso a un proceso de consulta previa, libre e informada; también a no ser incluidos dentro de procedimiento de administrativo de dación de concesiones mineras, y ahora se le niega un proceso judicial célere y resultante. Los pueblos originarios siguen encontrándose en el patio trasero del país donde los ojos del Estado aún se resisten a virar.

 

Puno, 12 de marzo de 2019

IDL – DHUMA