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Defensa de la comunidad campesina San José de Llungo en el Tribunal Constitucional del Perú en la ciudad de Arequipa.

 

El 05 de Julio de 2019 se realizó la Audiencia Pública de Pleno, donde estuvieron presentes en la parte demandante el presidente de la comunidad San José de Llungo del distrito de Atuncolla, Francisco Gutiérrez Quispe, la defensa de la comunidad fue asumida por Juan Carlos Ruiz Mollenda de Instituto de Defensa Legal (IDL), y de José Bayardo Chata Pacoricona de DHUMA, por otro lado los demandantes, el abogado de la Sociedad Nacional de Minería y Petróleo, que sustentó u amicus, y los abogados del Ministerio de Energía y Mina (MINEM) e Instituto Geológico Minero y Metalúrgico (INGEMMET).

Por su parte, el presidente de la comunidad campesina de San José de Llungo, Francisco Gutiérrez Quispe, informó ante la audiencia pública de la actividad que desarrolla la comunidad de San José de Llungo; “nosotros vivimos de la agricultura y ganadería y por eso nosotros tenemos que defender nuestros derechos y represento a mi comunidad”.

El abogado José Bayardo Chata Pacoricona, de Derechos Humanos y Medio Ambiente (DHUMA), informó de la defensa técnica asumida por la comunidad de San José de Llungo, manifestando que la comunidad es inminentemente agrícola, ganadera y pesquera, al tener descendencia de la cultura Colla, y se ubica en la zona norte del Departamento de Puno, asimismo heredó el idioma quechua y demás costumbres ancestrales.

La comunidad de San José de Llungo desde 2011, se informaron de la existencia de las concesiones mineras que se sobrepusieron   en su territorio comunal que está conformado por más de dos mil hectáreas y sobre las cuales ha interferido 4 concesiones, hasta la fecha de la demanda en el ámbito del distrito de Atuncolla que representaba el 100% de las concesiones.

Por otro lado, la defensa de la comunidad planteó tres argumentos. El art. 6 del Convenio 169 habla de la afectación directa y no de la afectación inmediata. Que la Corte Interamericano de Derechos Humanos (CIDH) indicó en la sentencia de interpretación del caso Saramaka, párrafo 50, que las concesiones restringen el uso y goce del derecho de propiedad de los pueblos indígenas. Y el tercer argumento fue que las concesiones se entregan a espaldas de las comunidades, pues emiten una publicación en un diario local que solo circula en las ciudades y en español, y no en el campo donde habitan los comuneros. Nadie notifica a las comunidades que se ha entregado las concesiones. Es así, que se entrega clandestinamente las concesiones mineras, por eso ocurrió el caso Aymarazo en el 2011.

Por su parte, el abogado de la Sociedad de Minería, Petróleo y Energía, Luis Carlos Rodrigo Prado, respondió que es docente de derecho de minería en la Pontificia Universidad Católica del Perú. “Yo he enseñado en la PUCP y ahora soy profesor de la Antonio Ruiz de Montoya”.

Asimismo, manifestó que  se trata de una demanda presentada en el año 2012, luego del Aymarazo, y que subió al Tribunal Constitucional en el año 2014. Es un amparo contra la omisión de consulta de concesiones mineras, presentada por la comunidad de Llungo, con la defensa legal de DHUMA e IDL.

Sin embargo, la abogada Blanca Elena Burga de INGEMMET, manifestó que las concesiones que fueron materia de la demanda de proceso de acción de amparo, en la actualidad se encuentran extinguidas , “el petitorio fue justamente de la demandante, era que se ordene al MINEM y al INGMMET que se realice la consulta previa y que se obtenga el consentimiento de los comuneros de la comunidad de San José de Llungo,  susceptibles de ser afectados por la actividad y explotación minera , y como la comunidad se beneficiará con la explotación minera al momento de  realizar la consulta previa” .

Sin embargo el argumento del Estado fue,  que no se consulta concesiones pues en sí mismos, no otorgan permiso de exploración y explotación.

Pero el argumento más importante fue decirle al Presidente del Tribunal Constitucional cómo reaccionaría, si le avisan que INGEMMET ha otorgado concesión minera sobre recursos mineros que están debajo de su casa, a una empresa minera grande, y sin avisarle. Dudo que se queden tranquilos, cuando INGEMMET les diga que las concesionó da ningún permiso.

Si a eso se agrega que los territorios tienen una especial importancia cultural y espiritual para los pueblos indígenas. Le preguntaron al presidente del TC, si reaccionaría o se contentaría con el argumento que eso no otorga ningún permiso.

Procurador público Abog. Walter O. Pastor Reyes de MINEM insinuó que estuvieron orgulloso del Aymarazo, sin embargo, respondieron que fue una tragedia y todos perdieron. Y el magistrado Carlos Ramos planteó el tema de la necesidad de analizar estos problemas desde el Convenio 169 de la OIT.

Finalmente, el magistrado Eloy Espinoza planteó el tema de fondo, qué debe entenderse por afectación directa.