Comunidades aymaras de Juli confian que sus territorios ancestrales sean respetados por el Poder Judicial.

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Las comunidades campesinas aymaras de Chila Chambilla y Chila Pucara (ubicadas en el distrito de Juli, provincia de Chucuito en Puno), vienen siguiendo litigio contra el Ministerio de Energía y Minas (MEM) y al Instituto Geológico Minero Metalúrgico (INGEMMET) a través de un proceso judicial. El proceso constitucional de amparo presentado por las comunidades solicita la nulidad de las dos (02) concesiones mineras otorgadas a favor de la empresa Cemento Sur S.A. (Calcesur), por haber concesionado 1000 hectáreas de las 1600 hectáreas de la comunidad campesina Chila Chambilla, y 1000 hectáreas de las 2000 hectáreas que tiene la comunidad Chila Pucara en Juli, y que fueron entregadas sin cumplir con la obligación estatal de realizar el proceso de consulta previa a las comunidades afectadas antes de la entrega de estas medidas administrativas.

Foto: Dhuma "Comunidades aymaras a la espera de la audiencia"

El día 14 de marzo en la Sala Civil de la Corte Superior de Justicia de Puno, se realizó audiencia ante el colegiado Dr. Pánfilo Monzón Mamani, Dr. Edwin Jorge Sarmiento Apaza y Dr. Alexander Roque Díaz, quienes recibieron a las comunidades Chila Pucara y Chila Chambilla, con el Expediente N° 163-2016, para llevar vista de causa en vía de apelación por la sentencia de primera instancia que declara improcedente la demanda, indicando que el proceso de amparo no es la vía idónea para resolver este caso, si no que los demandantes debieron recurrir a la vía ordinaria. Este colegiado resolverá a través de una sentencia de vista en un plazo aproximado de 15 días. 

Hechos

En mayo del 2006 Cal&cemento Sur transfiere las concesiones mineras a favor de la empresa minera Kuskalla Mining Company S.A.

En febrero del 2017 la Sala Civil de Puno declara nula la sentencia en la resolución número 09-2016 del 9 de mayo del 2016 del Juzgado Mixto de Juli que declara improcedente la demanda sobre proceso de amparo interpuesta por los representantes de las comunidades de Chila Chambilla y Chila Pucara y dispone que el juez de la causa, renueve los actos procesales e incorpore a Cemento Sur S.A. y emita nueva sentencia. Es así el Primer Juzgado Mixto de Juli vuelve a resolver declarando improcedente la demanda, subiendo una vez más en apelación a la sala civil de Puno para su resolución.

Foto: Dhuma "Abog. José Chata sustenta el caso de Chila Chambilla y Chila Pucara ante los Magistrados"

Aspectos importantes en el proceso de amparo

El planteamiento de la defensa por el Abog. José Chata se basó en, se busca que se garantice la vigencia de los derechos constitucionales y que prime la constitución por encima de norma legales e infra-legales “hacer valer el derecho la consulta previa”; primero, en la aplicabilidad del Convenio N° 169 de la OIT a favor de las comunidades campesinas de Chila Chambilla y Chila Pucara, esto en razón de que estas comunidades originarias aymaras y como tales le es atribuible el derecho a la consulta previa, así como los demás derechos contenidos en el Convenio.

En segundo lugar, siendo la postura del Abogado del MEM, sustentaba que las concesiones mineras no constituyen afectación alguna ya que no aprueban el inicio de las etapas de exploración y explotación y que solo cuando el proyecto minero se encuentre en estas etapas, solo entonces, se debe cumplir con proceso de consulta previa a los pueblos involucrados.

Foto: Dhuma "Autoridades comunales debidamente uniformados prepresente en la Sala Civil de Puno"

Discusiones y las medidas a tomar en cuenta en el proceso

Asimismo, el Tribunal Constitucional también reconoce lo previo de la consulta, indicando en la sentencia 00022-2009-AI que “la consulta se lleve a cabo en forma previa a la toma de la decisión. Y es que la idea esencial de la inclusión de los pueblos indígenas en la discusión del proyecto de la medida administrativa o legislativa es que puedan plantear sus perspectivas culturales, con la finalidad de que puedan ser tomadas en cuenta.”. Por su parte, en la sentencia de vista dictada por la Sala Civil de la Corte Superior de Justicia de Puno, el colegiado se pronuncia al respecto diciendo que “la consulta previa, como su nombre lo indica, es obligatoria para el Estado peruano y debe realizarse antes de la concesión minera (...)”. Con todas estas consideraciones es que se encuentra respaldado en demasía el momento en que debe cumplirse con la consulta previa.

Como siguiente punto de discusión resulta la controversia que si las concesiones mineras afectan o no el derecho de propiedad de las comunidades que ejercen sobre sus territorios comunales. Sobre esto se debe partir de la sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, en el caso Saramaca contra Surinam, sentencia emblemática sobre el derecho a la consulta previa, señalando en su apartado número cincuenta que “el otorgamiento de concesiones para proyectos de desarrollo o inversión que estén dentro o que afecten el territorio Saramaka constituye un tipo de restricción al uso y goce de la propiedad.”. Agrega, en esta misma sentencia, la importancia que significa la tierra y su libre uso de estas en las comunidades originarias, indicando:

“la estrecha relación que los indígenas mantienen con la tierra debe de ser reconocida y comprendida como la base fundamental de sus culturas, su vida espiritual, su integridad y su supervivencia económica. Para las comunidades indígenas la relación con la tierra no es meramente una cuestión de posesión y producción sino un elemento material y espiritual del que deben gozar plenamente […] para preservar su legado cultural y transmitirlo a las generaciones futuras.”

“la estrecha vinculación de los pueblos indígenas con sus tierras tradicionales y los recursos naturales ligados a su cultura que ahí se encuentren, así como los elementos incorporales que se desprendan de ellos, deben ser salvaguardados por el artículo 21 de la Convención Americana.”

Esta vinculación trascendental que mantienen las comunidades campesinas con sus tierras configura el ser mismo de las comunidades aymaras, comprende la esencia misma de pueblos originarios, y en razón a esto es que todos los órganos del aparato estatal deberán respetar la importancia especial que para las culturas y valores espirituales de los pueblos interesados reviste su relación con las tierras o territorios[2], y en caso de verse afectado en sus territorios con intrusiones no autorizadas o con todo uso no autorizado de las mismas por personas ajenas a ellos, el Estado debe sancionar y tomando medidas para impedir tales infracciones[3].

Foto: Dhuma "Abogado de Ministerio de Energia y Minas"

La vía administrativa.

En esta audiencia, el juzgador consultó a la defensa legal que por qué estas comunidades no accionaron vía administrativa su pedido de oposición de las concesiones mineras materia del proceso; indicándosele que la publicación de los petitorios mineros se realizan de una forma totalmente atentatoria a los intereses de las comunidades campesinas, ya que en estos avisos en periódico solo se indica la región, provincia, distrito y las coordenadas del lugar que se quiere concesionar, haciendo imposible para las comunidades conocer si sus territorios estarás comprendidos en el espacio bajo denuncio minero, razón por la cual estas comunidades solo se enteraron extraoficialmente cuando el título de concesión ya fue dado.

Foto: Dhuma "Las mujeres originarias lucen trajes de la zona de Chila"

 

[1] Artículo 4° de la Ley 29785, Ley del Derecho a la Consulta Previa a los Pueblos Indígenas.

[2] Art. 13.1 del Convenio 169 de la OIT.

[3] Art. 18.3 del Convenio 169 de la OIT.

 

Foto: Dhuma "Los magistrado decidirán el caso a traves de una sentencia"

 

Foto: Dhuma "La Sala Civil se vió abarrotado por las autoridades comunales"

 

Foto: Dhuma "Foto oficial al final de la jornada entre autoridades comunales y el quipo de DHUMA"

 

Foto: Dhuma "Presidente de la Comunidad dando a conocer la problematica a RPP".