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Corte Suprema acepta apelación de defensor peruano de Derechos Humanos y anula sentencia

 

(Cochabamba, Ottawa, Puno, Washington)

El viernes 5 de octubre, la Corte Suprema de Perú aceptó la apelación de Walter Aduviri y anuló la sentencia en su contra. Aduviri fue portavoz de las comunidades aymaras durante las protestas conocidas como el Aymarazoen Perú en 2011, en contra del proyecto minero Santa Ana, propuesto por la empresa canadiense Bear Creek Mining Corporation. La Corte Suprema falló que la apelación de Aduviri tenía buena base legal y que el caso debería comenzar de nuevo en cortes regionales.

Foto: DHUMA "Movilización de las comunidades originarias"

Organizaciones de la sociedad civil a nivel nacional e internacional han seguido el caso de cerca debido a la existencia de dos precedentes legalespeligrosos en el caso que podrían haber debilitado al movimiento más amplio por los derechos indígenas y en defensa de su agua, tierra y territorio. Por ahora, esos precedentes se han frenado.

Éste fue el último en una serie de casos contra líderes comunitarios después de las protestas en 2011. Días antes del fallo de la Corte, el Director Ejecutivo de la organización peruana Derechos Humanos y Medio Ambiente (DHUMA), Cristobal Yugra Villanueva, advirtió sobre las implicaciones del fallo:

  “Esta decisión sentará precedentes legales importantes para el futuro de la protesta social en el Perú…[va afectar] si los pueblos indígenas se van a sentir o no libres de protestar, a pesar de que este derecho está garantizado por la Constitución peruana”.

Una campaña de organizaciones locales e internacionales para destacar este caso emblemático lleva varios meses en la marcha. En septiembre de este año, más de 130 organizaciones en todo el mundo firmaron un manifiesto públicodenunciando la criminalización de la protesta social y exigiendo la protección de defensores de derechos humanos que trabajan para defender su agua, tierra y territorio. El manifiesto público hizo referencia directa al caso de Aduviri y exhortó a la Corte Suprema a su absolución total. El manifiesto indica que:

“Consideramos que el caso de Walter Aduviri no es un caso aislado. Es parte de una política pro-minera en Perú, a la que se suman las constantes declaratorias de estados de emergencia en las zonas mineras, la suspensión de los derechos constitucionales de la población, la represión policial y la criminalización y estigmatización generalizada de las organizaciones sociales y comunidades. Al igual que en Perú, a lo largo del continente las multinacionales recorren los territorios con el único objetivo de extraer los recursos, dejando comunidades y ecosistemas destruidos. Cuando existe resistencia, el estado reprime, encarcela y hasta crea las condiciones para el asesinato impune de defensoras y defensores del territorio”.  

Las peticiones para la absolución de Aduviri funcionaron. En la mañana del viernes 5 de octubre, en la presencia de sus abogados, la Corte Suprema anuló la sentencia contra Aduviri, liberándole así de la amenaza de incarceración inmediata.

Según DHUMA:

En la reciente decisión judicial, el Tribunal ha reconocido que el proceso penal llevado en primera y segunda instancia ante el Corte Superior de Justicia de Puno se caracterizó por una clara violación del debido proceso. En el caso de Walter Aduviri y las protestas sociales del Aymarazo, en vez de respetar los cargos presentados originalmente por el Ministerio Público, hubo una “desvinculación de la acusación fiscal” de parte de los jueces para condenar a Aduviri como "autor mediato".  Esto fue ilegal y ésta es la posición que hemos mantenido desde el inicio del proceso legal”.

Los abogados de DHUMA han acompañado a muchos otros integrantes de comunidades aymaras quienes han enfrentado judicialización después de las protestas del Aymarazo. Su trabajo incansable en defensa de los derechos de comunidades indígenas en el Perú fue reconocido la semana pasada cuando sus representantes recibieron el prestigioso premio internacional de derechos humanos Letelier Moffittdel Institute for Policy Studies en Washington DC.

Después del Aymarazo, Bear Creek Mining Corporation presentó una demanda contra Perú en el CIADI, el tribunal de arbitraje sobre inversiones del Banco Mundial, por “compensación” por la anulación del proyecto minero Santa Ana. En septiembre 2017, el mismo mes en él que las cortes de ‘justicia’ condenaron a Aduviri, el CIADI falló a favor de Bear Creek y ordenó a Perú pagar más de USD$30 millones en “compensación”, incluyendo costos legales e intereses. Integrantes de comunidades locales están exigiendo que la compensación no se pague, y que sea a las comunidades a las que se compense por pérdidas económicas y conmoción social causadas por la presencia de la empresa minera. Este debate continuará en el Perú en las semanas y meses que vienen.

NOTA:

El 7 de octubre de 2018, Walter Aduviri fue elegido gobernador de Puno. Hasta días antes de las elecciones, Aduviri fue el candidato preferido pero no era claro si sería factible su candidatura en las elecciones. El fallo de la Corte Suprema permitió su participación en las elecciones.

CONTACTOS:

  • En Puno: Hernán Portobravo +51 999 065 983, Esta dirección de correo electrónico está siendo protegida contra los robots de spam. Necesita tener JavaScript habilitado para poder verlo.
  • En Bolivia: Thomas McDonagh +591 7291 5035, Esta dirección de correo electrónico está siendo protegida contra los robots de spam. Necesita tener JavaScript habilitado para poder verlo.
  • En Washington: Manuel Pérez Rocha, +1 (240) 838-6623, Esta dirección de correo electrónico está siendo protegida contra los robots de spam. Necesita tener JavaScript habilitado para poder verlo.
  • En Ottawa:  Kirsten Francescone, +1 (437) 345-9881, Esta dirección de correo electrónico está siendo protegida contra los robots de spam. Necesita tener JavaScript habilitado para poder verlo.

 

Supreme Court Accepts Appeal of Peruvian Human Rights Defender and Overturns Sentence.

(Cochabamba, Ottawa, Puno, Washington)

On Friday October 5th, the Peruvian Supreme Court accepted Walter Aduviri’s appeal and overturned thesentence against him. Aduviri was a spokesperson for the Aymara indigenous communities during the 2011 Aymarazo protestsin Peru against the proposed Santa Ana mining project owned by Bear Creek Mining Corporation from Canada. The Supreme Court ruled that Aduviri’s appeal was well founded and ordered that the case should begin again from zero in the regional courts.    

Both local and international civil society groups have been following the case closely because of two dangerous legal precedentsin the case that risked weakening the broader movement in Peru for indigenous rights and in defense water, land and territory. For now, those precedents have been blocked.   

This was the last in a string of legal cases against community leaders that followed the 2011 protests. Days prior to the court’s decision, Executive Director of Puno-based human rights organization, Derechos Humanos y Medio Ambiente’s (DHUMA) Cristobal Yugra Villanueva, warned about the implications of the ruling. He said,This decision will be precedent-setting for the future of social protest in Peru. It will affect whether or not Indigenous peoples feel free to protest, despite the fact that this right is guaranteed by the Peruvian Constitution.

A campaign by local and International organizations has been underway for several months  to highlight this emblematic case. In September of this year, more than 130 organizations around the world signed a public statementcondemning the criminalization of social protest and calling for the protection of human rights defenders working in defense of their land, water and territory. The public statement made direct reference to Aduviri’s case and called on the Supreme Court to acquit him of all charges.

It stated:

We recognise that Walter Aduviri’s case is not an isolated one. Rather, it forms part of a pro-mining agenda in Peru. Another example of this architecture is the constant declaration of States of Emergency in mining zones. These States of Emergency suspend the most fundamental constitutional rights of the population, bringing with it political repression; criminalisation and the general stigmatization of social organisations and communities. As in Peru, across the continent, multinationals enter territories with the sole intention of converting common goods into financialised resources, leaving communities and ecosystems destroyed in their wake. Where there is resistance, the state systematically represses, imprisons and even creates the conditions for the assassination of defenders.

The pleas for Aduviri’s acquittal appear to have worked. On the morning of Friday October 5th, in the presence of his lawyers, the Court overturned Aduviri’s sentence freeing him from the threat of immediate incarceration.  

According to DHUMA:

In the recent judicial decision, the Court has recognized that the criminal proceedings brought in first and second instances before the High Court in Puno, were characterized by a clear violation of due process.  In the case of Walter Aduviri and the Aymarazo social protests, the judges did not respect the charges originally filed by the public prosecutor, but rather ‘decoupled’ or deviated from these charges and convicted him as ‘indirect perpetrator’. This was illegal and this has been our position since the beginning of the legal process.

Lawyers at DHUMA have accompanied many of the other Aymara community members that faced judicial persecution following the Aymarazo social protest. Their relentless work in defense of the rights of indigenous communities in Peru was recognised just last week when their representatives received the prestigious Letelier Moffitt international human rights awardfrom the Institute for Policy Studies in Washington DC.

Bear Creek Mining Corporation, after the Aymarazo, also filed a multi-million dollar compensation claim against Peru at ICSID, the investment arbitration arm of the World Bank, for the cancellation of the Santa Ana mine. In December 2017, the same month in which the courts of "justice" condemned Aduviri, ICSID ruled in favor of Bear Creek and ordered Peru to pay more than USD$30 million in compensation, including legal fees and interest. Local community members have been calling for the compensation not be paid but rather for communities to be compensated for the economic losses and social upheaval caused by the presence of the mining company. This debate will continue in Peru in the weeks and months ahead.  

NOTE:

On October 7th, 2018, Aduviri was elected as governor of the department of Puno. Up until days prior to the election, Aduviri was the favoured candidate but it was unclear as to whether he would able to run in the elections. The Supreme Court’s decisions enabled his participation.

CONTACTS:

  • In Puno: Hernán Portobravo +51 999 065 983, Esta dirección de correo electrónico está siendo protegida contra los robots de spam. Necesita tener JavaScript habilitado para poder verlo.
  • In Bolivia: Thomas McDonagh +591 7291 5035, Esta dirección de correo electrónico está siendo protegida contra los robots de spam. Necesita tener JavaScript habilitado para poder verlo.
  • In Washington: Manuel Pérez Rocha, +1 (240) 838-6623, Esta dirección de correo electrónico está siendo protegida contra los robots de spam. Necesita tener JavaScript habilitado para poder verlo.
  • In Ottawa:  Kirsten Francescone, +1 (437) 345-9881, Esta dirección de correo electrónico está siendo protegida contra los robots de spam. Necesita tener JavaScript habilitado para poder verlo.