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Resistencia de los pueblos indígenas aymaras y quechuas a proyectos mineros a través del litigio estratégico

 

Protesta de los pobladores rurales.

  1. El actual contexto de la región de Puno

En el Perú desde la década de 1990 el Estado viene promoviendo la actividad extractiva de minerales como una de los ejes más importantes de la economía nacional, siendo la minería una de las actividades más importantes. En la actualidad hay aproximadamente 3,368 concesiones mineras en la Región de Puno, entre tituladas y en trámite, las mismas que están ubicadas casi en su totalidad en territorios de las comunidades campesinas Aymaras y Quechuas del departamento de Puno.

(Concesiones minera en Perú y Puno, fuente INGEMMET)

Como consecuencia de las actividades mineras en la actualidad existen 1126 pasivos ambientales mineros en Puno y a nivel nacional 8854, que no han sido remediados, causando daños ambientales y a la salud de las personas. De acuerdo a su gravedad y priorización en Puno son 414 muy alta, 380 alta y 208 media y otras; estos  datos  muestran que tenemos pasivos que merecen atención urgente en su tratamiento y remediación. 

(Pasivos ambientales en Condoraque)

No podemos dejar de mencionar que, en la región de Puno se encuentra la cuenca del Lago Titicaca, que recibe el aporte de agua de 4 ríos principales (sub cuencas): Ramis, Coata, Huancane y Suches. En su mayoría estas vertientes se encuentran contaminadas por las actividades mineras (formales e informales), pasivos ambientales mineros, residuos sólidos y aguas servidas. Muchas de estas contaminaciones se producen por inadecuada infraestructura para tratar o remediar estos agentes tóxicos, afectando al medio ambiente, al acceso al agua potable, a los territorios y a la salud humana. Para los pobladores de las comunidades campesinas aymaras y quechuas los territorios-tierra, en el que se desarrolla estas actividades, el agua y los demás recursos son fuentes de vida y son parte de su cultura, sobre el cual han desarrollado una relación material y espiritual.

(Monitoreo comunitario en la cuenca de Coata)

2. El litigio estratégico como herramienta de resistencia

Frente a estas problemáticas socioambientales y ecoterritoriales, las comunidades Aymaras y Quechuas, han emprendido una serie de acciones para hacer frente a las actividades extractivas (en sus diferentes fases) que vulneran sus derechos como pueblos indígenas. Debemos resaltar que, las alternativas por las que se opta son aquellas que se enmarcan dentro de los mecanismos democráticos (alternativas no violentas) como los procesos judiciales, exigiendo a las cortes garantizar sus derechos.

En los procesos de resistencia que los pueblos indígenas  han llevado adelante a través  de la historia (frente a situaciones de vulneraciones), han logrado identificar que, en el actual contexto, los ligios o procesos judiciales son un mecanismo que puede contribuir en la defensa de sus derechos ancestrales (resistencia). A esta labor de litigar en favor de los intereses colectivos de estos pueblos, le llamamos litigo estratégico. Litigio que no solo genera cambios individuales, sino que también contribuye en lograr políticas interculturales (cambios estructurales) con justicia social y en el marco de la vigencia de los derechos humanos.

Esta labor de búsqueda de justicia social en tribunales es un proceso constante que inicia con la identificación de un caso, una constante interrelación con la comunidad campesina, la construcción conjunta de los documentos judiciales, el fortalecimiento organizacional, acciones de incidencia, evaluaciones permanentes y finalmente basadas en valores y principios que deben regir esta relación. Para tener una mejor idea de estos elementos, pasmos a describirlas.

2.1. Identificación del contexto

No cabe duda que uno de los elementos primordiales para empezar a desarrollas cualquier labor en defensa y promoción de derechos humanos, es la identificación del contexto en cual se quiere llevar adelante el trabajo. Esto se hace aún más necesario cuando se quiere iniciar acciones de resistencia a proyectos mineros; debido a que, algunos actores opositores pueden desplegar acciones que nos neutralicen o desprestigien, tales como: las cooptaciones, estigmatizaciones, difamaciones, criminalizaciones, etc.

Para el análisis del contexto pueden usarse diferentes métodos e instrumentos, pero estos siempre deben ser adecuados para ser trabajados con comunidades campesinas (pueblos indígenas) y orientados a determinar los principales actores que se involucraran en el ligio futuro.

 

 

(Taller de defensores indígenas 2017)

2.2. Fin y objetivo del litigio estratégico

Como mencionamos anteriormente, el litio estratégico siempre tendrá como finalidad la protección de los derechos humanos, en este caso la de los pueblos indígenas. Buscando también la implementación de políticas públicas para hacer efectivo estos derechos, como el de la consulta previa.

Esta es una de las características de los derechos  económicos, sociales y culturales, dentro de los que se encuentra los derechos de pueblos indígenas; ya que, para su efectiva protección requieren el despliegue de una serie de acciones estatales, como políticas, presupuestos, organismo, etc. (son programáticas); y con el litigio estratégico, podemos lograr que los tribunal ordenen el cumplimiento de estas.

2.3. Análisis de normas y jurisprudencia nacional e internacional

Antes de llevar adelante una el proceso judicial como tal, es oportuno hacer la revisión de normas sobre las que basarán las demandas. Como una cuestión de defensa legal, pero también debido a que, actualmente en países como el Perú los derechos de los pueblos indígenas son escasamente protegidos en nuestro sistema jurídico. En estas circunstancias el derecho internacional es fuente de avance en la protección de estos derechos, el mismo que pueden ser invocados.

Los principales instrumentos internacionales que son utilidad para este litigio  son:

  • El Convenio 169 de la OIT
  • La Declaración de las Naciones Unidas sobre Derechos de los Pueblos Indígenas
  • La Convención Americana de los Derechos Humanos
  • La Convención Internacional sobre la Eliminación de toda Forma de Discriminación Racial de las Naciones Unida
  • El Pacto de Derechos Económicos, Sociales, y Culturales, de las Naciones Unidas
  • La Declaración Americana sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas
  • Sentencias de la Corte Interamericana de Derechos Humanos: Caso del pueblo Saramaka Vs. Suriname, en el que la corte desarrolló la naturaleza previa (principios: previa, libre e informada) de la “consulta” en proyectos extractivos y el derecho al territorios.

(Taller con comunidades de Sándia, Puno)

2.4. Valores y principios

 

En los procesos de litigio estratégico, sobre todo aquellos que involucran a pueblos indígenas, son de suma importancia los valores y principios que serán el pilar en la relación con estos pueblos. En el trabajo con las comunidades debemos de recordar que el principio ancestral que rige sus vidas es el “buen vivir”, la armonía con la madre tierra (“Pachamama”) y entre ellos mismo; sobre los cuales se asentarán los otros valore como la transparencia, verdad, fraternidad, constancia, justicia y ayuda mutua. La aplicación constante de estos principios posibilita un trabajo estrecho y de confianza con las comunidades campesinas, el cual se hace aún más necesaria debido al entorno de desconfianza e incertidumbre  que se crea por la presencia de empresas extractivas en el territorio.

La presencia de estas empresas, que traen consigo una percepción del “mundo y desarrollo”, choca contra la de los pueblos indígenas, quienes también tienen su manera propia de entender y comprender el “mundo y desarrollo del mismo”. Estas contraposiciones, se agudizan por las percepciones discriminatorias e invisibilizadoras hacia estos pueblos; desencadenando inevitablemente en conflictos.

2.5. Fortalecimiento organizacional de los pueblos indígenas

Cuando nos encontramos en procesos de litigio que involucran a comunidades campesinas, es de suma importancia una constante coordinación con sus presentantes y sus miembros. Este proceso puede iniciar con reuniones mensuales de información sobre el avance del proceso, espacios de fortalecimiento para empoderarlos en sus derechos colectivos y temáticos del proceso judicial, al igual que un constante fortalecimiento organizacional.

Es importante recordar que, los directos interesados en el litigio estratégico son estos pueblos, de ahí la importancia de mantener constantes espacios de fortalecimiento.

(Comunidades de Kelluyo, Juli)

2.6. Acciones de incidencia y cabildeo

No cabe duda que, cuando iniciamos acciones legales para oponernos a proyectos de inversión que han vulnerado derechos colectivos de pueblos indígenas, tendremos del otro lado al Estado y las empresas, los cuales pueden desplegar una serie de acciones legales, mediáticas y organizaciones  para hacer frente a nuestras demandas. Para resistir a estas acciones u otras, es de suma importancia poder desarrollar acciones de incidencia en medios de comunicación local, regional y nacional a través de redes sociales o los tradicionales (radio, periódicos, tv). Al igual que acciones de cabildeo en forma constante  ante jueces, funcionarios u otra autoridad.

 

(Reunión de Zenovia Cruz, presidenta de Arboleda con la Relatora de Pueblos Indígenas de la ONU)

 

Para llevar adelante esta labor son de mucha ayuda las plataformas o redes de las que formar parte la organización.

2.7Evaluación constante

Para garantizar que el litigio estratégico se está llevando adelante conforme a los fines colectivos de los pueblos indígenas, es imprescindible hacer una conste evaluación y replanteamiento de estrategias.

 

3. Casos exitosos de litigio estratégico en Puno

3.1. comunidades de Atuncolla

(Tenientes Gobernadores de las comunidades de Juli y Atuncolla en compañía de abogados, reunidos para la audiencia en la Corte Superior de Puno)

 

En los años 2010 y 2011 la empresa BHP Billiton World Exploration inc. Sucursal del Perú,  peticiono y obtuvo concesiones mineras en el Distrito de Atuncolla (concesiones mineras Nº. 3454-2011 de fecha 03 de Junio del 2011, Nº 6831-2011 de fecha 08 de Junio del 2011, Nº 6823-2011 de fecha 03 Junio de 2011).  En este distrito se encuentran los territorios de las comunidades Palcamayo, Moyogachi,  Colca, Patacancha, Ticani Pampa, San José de Principio de Santa Cruz, Virgen Soledad de Cochela, San Jerónimo de Ullagachi, Micaela Bastidas de Yanamojo, San Antonio de Umayo  Y Jipa Grande y Chico. Al emitirse estas concesiones mineras nunca fueron consultas a las comunidades.

Como consecuencia de estos hechos, en diciembre del 2012 las 11 comunidades campesinas afectas decidieron presentaron una demanda de amparo por la violación del derecho a la consulta previa reconocido en el Convenio 169 de la OIT. El mismo que inicio ante el Tercer Juzgado Mixto de la Corte Superior de Justicia de Puno con el expediente N° Expediente Nº 01846-2012-0-2101-JM-CI-03. En noviembre del año 2016, la 1ra Sala Civil de la Corte Superior de Justicia de Puno (segunda instancia), emitió sentencia favorable para las comunidades campesinas demandantes.

Lo más importante de esta decisión jurisdiccional es que, ha ordenado al Instituto Geológico Minero y Metalúrgico (INGEMMET), que en el futuro, no emita concesiones mineras si es que antes estas no han sido consultadas de acuerdo al convenio 169 de la OIT a las comunidades campesinas propietarias de los territorios ancestrales sobre las que se superpone estas concesiones mineras.

3.2. Jatucachi

(Territorio de la comunidad campesina de Jatucahi)

Durante los años 2009 y 2015 el Ministerio de Energía y Minas   y el Instituto Geológico, Minero y Metalúrgico expidieron concesiones  mineras con los códigos: “010562708 – ANTUQUITO I”, “010279710 – CUSMINE UNO”, “010279510 – CUSMINE DOS”, “010279610 – CUSMINE TRES”, “010422808 – RICKY 1”, “010127315 – TANIA 2015”, “010000109L - ACUMULACIÓN MARIELA”, “010285611 - ALEJANDRA I”, “010576910 – TOCONAO 0947”, “010578610 - TOCONAO 0961”, “010578510 - TOCONAO 0960”, “010577710 - TOCONAO 0953”, “010578210 - TOCONAO 0957”; concesiones otorgadas a favor de las empresas: Distribuidora Logística y Transporte S.A. y otros, Fresnillo Perú S.A.C., Fresnillo Perú S.A.C., Fresnillo Perú S.A.C., Minera del Suroestes S.A.C., Minera del Norte S.A., Aruntani S.A.C., Minera Barrik Misquichilca S.A., BHP Billiton World Exploration Inc. Sucursal del Perú, BHP Billiton World Exploration Inc. Sucursal del Perú, BHP Billiton World Exploration Inc. Sucursal del Perú, BHP Billiton World Exploration Inc. Sucursal del Perú y  BHP Billiton World Exploration Inc. Sucursal del Perú, respectivamente. Las cuales se sobreponían al territorio de la comunidad campesina de Jatucachi (parte del pueblo indígena Aymara), ubicada en el distrito de Laraqueri de la provincia de Puno.

Debido a estos hechos, la comunidad campesina en Agosto del año 2015 presentó la demanda una demanda de amparo por la violación del derecho a la consulta previa y territorio reconocido en el Convenio 169 de la OIT. Proceso que se tramito ante el Tercer Juzgado Mixto de la ciudad de Puno, signado con el número de expediente 01832 – 2015. Este juzgado en el año del 2017 resolvió  “DECLARANDO FUNDADO el proceso de AMPARO en contra del MINISTERIO DE ENERGIA Y MINAS, el INSTITUTO GEOLÓGICO MINERO Y METALURGICO (INGEMMET) en consecuencia, SE DISPONE DECLARAR LA NULIDAD de las 13 concesiones mineras, por omisión a la consulta previa de dichos actos administrativos a las comunidades campesinas afectadas, por lo tanto, ordeno que se realice la consulta previa en debida forma, en los procedimientos administrativos declarados nulos”.

3.3. Condoraque -“Aguas que queman”

La comunidad campesina de Condoraque está ubicada en el distrito de Quilcapunco de la Provincia de San Antonio de Putina. Esta comunidad por más de 30 años tuvo presencia de actividad y pasivos ambientales mineros (de las empresas Avocet y luego Sillustani S.A.-con la totalidad de accionistas de MinSur-) en su territorio, pasivos que se vertían en sus ríos, bojedales, suelos y pastizales afectando a la salud y recursos naturales. Como consecuencia de ello en el año 2008 se inició un proceso penal en contra de la empresa minera y sus representantes por el delito de contaminación ambiental. Dicho proceso en el año 2017 concluyó, absolviéndose al gerente general de la empresa minera Sillustani S.A.; pero la empresa ha reconocido su responsabilidad en la contaminación de las fuentes de agua de la comunidad. En la actualidad, la empresa viene remediado en un avance significativo los pasivos ambientales mineros (PAM). En este proceso de remediación la comunidad viene desarrollando acciones importantes en la vigilancia de la remediación a través del Comité de Monitoreo Ambiental Comunitario con visitas al lugar, en coordinación constante con DHUMA.

(Pasivos ambientales en Condoraque)

4. Conclusiones

    • El litigio estratégico, como herramienta jurídica, puede ser contribuir en la lucha por la exigencia y protección de los derechos de los pueblos indígenas de manera efectiva frente al desarrollo de actividades extractivas. Logrando que los jueces o tribunales ordenen el despliegue de políticas por parte del Estado, sus instituciones y empresas, orientadas a lograr la protección de los derechos colectivos de estos pueblos.
    • Al iniciar acciones legales en tribunales locales, se abre la posibilidad de que estos órganos sienten precedentes que podrían ser utilizados por otras comunidades (pueblos indígenas) para exigir la protección de sus derechos   en situaciones similares, sin verse así en la necesidad de iniciar otros procesos judiciales. Al igual que, tampoco se hará necesario recurrir ante organismos jurisdiccionales supranacionales regionales o internacionales.
    • El utilizar el litigio estratégico como herramienta para exigir la protección de derechos colectivos, trae consigo dos consecuencias directas en las comunidades: i) que los miembros de las comunidades se empoderen en el manejo de este instrumento y de los conocimientos de sus derechos colectivos: y ii) que al optar por una alternativa pacífica, evitamos situaciones de protestas sociales, como consecuencia de ello las represiones desproporcionadas que culminan con fallecidos, heridos,  detenidos, torturados y procesados.

 

Rodrigo Lauracio Apaza

Derechos Humanos y Medio Ambiente - Puno

Puno, 12 de abril del 2018.