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(Presentación en Ginebra - Suiza) Situación actual de los defensores y defensoras indígenas de derechos humanos en Puno, Perú

 

Fuente: DHUMA " José Bayardo Chata, Rodrigo Lauracio A. Presentando la situación de las Defensoras y Defensoras de Derechos Humanos de Perú en Ginebra - Suiza.

I. Contexto nacional en Perú

Para hacer una descripción actual contexto nacional peruano en el que las y los defensores de derechos humanos despliegan su labor, creemos oportuno hacer referencia al Informe Anual de la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos-CNDDH[1] del año 2015-2016 (de la que nuestra institución, Derechos Humanos y Medio Ambiente-Puno, forma parte) pues reúne información integrada de la actual situación. En este informe en su sección Criminalización de la Protesta y la situación de los defensores y defensoras de los derechos humanos, se hace una cabal descripción del contexto nacional. Este informe nos brinda los siguientes datos.

 

Situación de las defensoras y defensores de derechos humanos.

  1. Asesinatos de defensores a manos de sicarios y policías.

Durante el gobierno de Ollanta Humala Tasso, 78 defensores de los derechos humanos fueron asesinados. En lo que va de gestión de PPK, se han producido 9 muertes. Estos asesinatos responden a tres dinámicas marcadamente diferenciadas:

  • El 33,3% son asesinatos a manos de sicarios vinculados a industrias extractivas. De estos casos una abrumadora mayoría (98,71%) ocurrieron en el ámbito de influencia de empresas formales como la brasileña Odebredtch.
  • El 67% murieron como resultado de la acción de las fuerzas del orden en situaciones de protesta social.
  • El 17,98% de los defensores asesinados por sicarios fueron dirigentes sindicales de la construcción civil. En cuanto al perfil de las víctimas, se trata mayoritariamente de defensores que operan en zonas rurales (94,87%,), de sexo masculino, y adultos. En torno a un 5,13% de las víctimas causadas por las fuerzas del orden son menores de edad, y un 2,56% del total son mujeres.

A partir de las cifras mencionadas la acción de las fuerzas del orden resalta como el primer factor de riesgo para la vida e integridad personal de las defensoras y defensores, lo que resulta congruente con el peso de la protesta social en la defensa de los derechos humanos en el Perú, sobre todo en sectores sociales que, como los pueblos indígenas, no reciben la protección del Estado cuando emplean los canales institucionales. Como factores que explican la elevada cantidad de víctimas mortales destacan la falta de entrenamiento y equipamiento adecuados por parte de los efectivos, la deficiente planificación de los operativos, así como la prestación de servicios policiales bajo convenios con las industrias extractivas. Bajo esta figura los efectivos policiales actúan siguiendo las instrucciones de las empresas a cambio de diversas contraprestaciones.

A nivel normativo constituyen avances la promulgación de una ley que regula el uso de la fuerza por parte de la PNP y su respectivo reglamento (Decreto Legislativo N° 1186 y Decreto Supremo 012-2016- IN). Estos dispositivos legales no introducen nuevos estándares en el ordenamiento nacional, pero al menos tienen la virtud de acercar a los funcionarios encargados de hacer cumplir la ley y a quienes deben evaluar su conducta los estándares internacionales en la materia.

Por otro lado, la normativa sectorial en materia de uso de la fuerza presenta una serie de limitaciones, las cuales fueron puestas de manifiesto sin resultado al sector Interior antes de la aprobación de las normas en cuestión

1.1. Necesidad de visibilizar la diversidad y generar protocolos de actuación adecuados frente a ésta.

La norma debería excluir toda forma de discriminación en el uso de la fuerza, y establecer la exigencia de adecuar los protocolos de intervención a las características específicas de diferentes grupos poblacionales como las mujeres, adultos mayores, niñas, niños y adolescentes, indígenas, comunidad TLGBI, personas con discapacidad.

Protesta social.

Es necesario regular supuestos diferentes al uso de la fuerza letal, estableciendo requisitos para la disolución de manifestaciones o el uso de armas no letales. En la actualidad estas decisiones son adoptadas con total discrecionalidad por la Policía. Debería quedar constancia de las razones por las que se adoptan estas medidas para permitir un control. Se debería involucrar al Ministerio Público en estas decisiones, por la trascendencia de los derechos involucrados. Los dispositivos que regulen esta materia deberán recoger los estándares fijados por el TC en la sentencia recaída en el expediente 4677-2004-PA.

1.2. Mecanismo administrativo de reparación.

Es necesario garantizar una reparación inmediata a los deudos y heridos en los casos de uso arbitrario de la fuerza. En muchos casos los fallecidos son padres de familia que dejan varios huérfanos en el desamparo. Estos niños no pueden esperar al resultado de procesos judiciales que se demoran varios años y que en la mayoría de los casos son infructuosos.

1.3. Sistema de evaluación del uso de la fuerza.

Deberían realizarse evaluaciones periódicas en base a un plan previamente diseñado que integre objetivos, resultados e indicadores adecuados técnicamente y conformes con los estándares internacionales de derechos humanos. La evaluación debería comprender además de los medios de Policía disponibles y procedimientos operativos aprobados, un balance como mínimo anual del uso de la fuerza a nivel nacional en términos de su cumplimiento de los estándares internacionales de derechos humanos, en base a estadísticas generadas por el sector. Los informes resultantes deberían ser difundidos a la opinión pública.

1.4 Necesidad de establecer un cronograma de implementación del reglamento.

El reglamento de uso de la fuerza establece medias de importancia vital para lograr una actuación policial acorde a los estándares fijados en este dispositivo incluyendo la dotación de armas adecuadas, entrenamiento policial, desarrollo normativo, evaluación de efectivos, etc. Sin embargo, al no establecerse un cronograma de implementación para estas medidas se corre el riesgo de agotar su contenido en simples enunciados.

2. La política del doble rasero: impunidad para los agresores, persecución judicial a defensores.

Durante el gobierno de Ollanta Humala y el primer semestre de gobierno de PPK la impunidad de los ataques a defensores ha continuado siendo la tónica general.

En los casos de asesinatos a manos de sicarios se han logrado avances en el procesamiento de los autores materiales, pero no a los autores intelectuales, directamente vinculados con intereses empresariales. Cuando se trata de muertes a manos de policías y militares la tónica general es la de nulo avance en las investigaciones, y una marcada resistencia a incorporar a los mandos policiales. El contraste con el nivel de avance y duración de los procesos contra dirigentes sociales es evidente. La criminalización es actualmente la principal dinámica de hostigamiento contra los defensores. Actualmente 792 defensores enfrentan procesos judiciales a nivel nacional, el 55% por acciones relacionadas con la defensa de los derechos ambientales y de los pueblos indígenas107. Al igual que sucedió en el proceso por los hechos ocurridos en la Curva del Diablo, casi la totalidad de los casos terminan archivándose porque no existen elementos que sostengan las acusaciones. Sin embargo los procesos se prolongan durante varios años y afectan económica, laboral y emocionalmente a los defensores, debilitando en consecuencia el tejido social. Además estos procesos sin fundamento constituyen un despilfarro de recursos para el sobrecargado sistema de justicia.

El Ministerio Público podría jugar un papel fundamental para superar esta situación, estableciendo filtros rigurosos a fin de bloquear los procesos sin fundamento. Para ello se podría generar un dispositivo normativo con estándares similares a los establecidos a nivel del Poder Judicial en el Acuerdo Plenario 1-2009/ CJ-116 sobre rondas y derecho penal, así como los fijados por la CIDH en el Informe Criminalización de las defensoras y defensores de derechos humanos, y a nivel de Naciones Unidas en el reciente Informe sobre la gestión adecuada de manifestaciones.

Un aspecto que requiere particular atención es el derecho al debido proceso, el cual determina exigencias específicas en el caso de los defensores indígenas. En este campo debemos destacar los avances normativos y en generación de capacidades impulsados desde la Oficina Nacional de Justicia de Paz y Justicia Indígena, con la aprobación de un Protocolo de actuación en procesos que involucren a comuneros y ronderos, y la constitución de un directorio nacional de intérpretes judiciales indígenas. Así mismo, a nivel jurisprudencial destaca la sentencia emitida en el proceso por los hechos de la Curva del Diablo, reconociendo el valor probatorio de la pericia antropológica, e incorporando amplias referencias a la normativa nacional e internacional en materia de derechos de los pueblos indígenas. Es destacable además la plena comprensión del derecho al intérprete manejado por la Sala, hasta el punto de garantizar la interpretación de todas las audiencias y no solo de los momentos en que los acusados indígenas debieron manifestarse.

3. Militarización y estados de emergencia: el pan nuestro de cada día

Especial preocupación genera la Sentencia del TC recaída en el proceso de inconstitucionalidad planteado contra el art. 4.3 del Decreto Legislativo 1095. Presumiblemente el Tribunal se ha dejado llevar por la demanda social de “mano dura” frente a la inseguridad ciudadana, y ha confirmado un ámbito de discrecionalidad extraordinariamente amplio para que el ejecutivo autorice la intervención de las fuerzas armadas en el control del orden interno sin declarar el estado de emergencia.

Esta disposición contraviene el estándar fijado por la CIDH, la cual rechaza la intervención de las fuerzas armadas en el control de la protesta social por el riesgo que genera, ya que las fuerzas militares carecen del entrenamiento y equipamiento adecuados para la intervención en manifestaciones. De la misma manera, la declaratoria de estado de emergencia en situaciones de conflictividad social contraviene los estándares internacionales, los cuales autorizan la suspensión de derechos únicamente en situaciones “que pongan en peligro la vida de la nación” o en una situación de tal magnitud “que amenace la independencia o seguridad del Estado”. Pese a lo señalado, la declaratoria de estado de emergencia y la intervención de las fuerzas armadas han sido durante el último gobierno recursos habituales en situaciones de conflictividad social. Es más, las medidas se han extendido “preventivamente” a territorios y momentos donde no existía conflictividad social. Ello sucedió por ejemplo en el 2016 cuando se declaró en emergencia la zona de Espinar en Cusco, en una situación donde la movilización se desarrollaba únicamente en la zona de Cotabambas en Abancay.

4.- Acoso administrativo.

Durante el gobierno de Ollanta Humala el APCI ha sido empleado como un instrumento de acoso contra las organizaciones sociales que defienden los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres y contra aquellas que defienden los derechos de las poblaciones en el ámbito de influencia de las industrias extractivas. La situación se ha agravado con la aprobación mediante Resolución Directoral Ejecutiva 085-2015/ APCI-DE de un nuevo reglamento que amplia de manera exorbitante las facultades del APCI, condicionando la conservación del registro de las ONGS a la alineación con los objetivos fijados por el gobierno, de acuerdo a las recomendaciones que con amplísima discrecionalidad puede emitir el APCI118. En abril del 2016 la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos presentó una acción popular contra esta norma, al considerar que viola la libertad de asociación, restringiendo la posibilidad de que las ONGS trabajen en función de los objetivos libremente elegidos por ellas119.

5. Hostigamiento mediático

Las redes sociales y los medios de comunicación convencionales continúan siendo herramientas para la difamación de las y los defensores y la descalificación de su labor.

 La situación es especialmente patente en el caso de los defensores ambientalistas y las organizaciones que defienden los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres, pues enfrentan poderes de facto con una amplia capacidad acceder a los medios de comunicación y movilizar periodistas a sueldo. Las agresiones contra mujeres defensoras adoptan características particulares, incluyendo las alusiones de connotación sexual y las injerencias en la vida privada las defensoras. Por su parte las y los defensores tienen muchas barreras para acceder a los medios convencionales por las dinámicas de autocensura que imponen los poderes de facto mencionados. Hasta el momento no existe ningún mecanismo en el Perú que garantice el derecho a la comunicación de las y los de fensores, ya que los medios de comunicación son tratados como mercancías y no como instrumentos necesarios para garantizar el derecho humano a la comunicación.

II. El cazo “aymarazo”: Walter Aduviri y el pueblo aymara criminalizados 

1. Breve descripción de los hechos

 

Este caso se inicia en el año 2007, cuando la empresa minera BEAR CREEK MINIG CORPORATION (Canadiense) solicitó al Estado peruano se declare de necesidad pública su proyecto minero “Santa Ana”, logrando que se emite el D.S. 083 – 2007 – EM que declaraba como tal. Este proyecto minero se ubicaba en el Distrito de Huacullani de la Provincia de Chucuito del Departamento de Puno, espacio que es habitado por comunidades campesinas del pueblos indígena aymara.

Este decreto supremo autorizaba a la empresa a adquirir derechos mineros dentro de los 50 kilómetros dentro de la zona de frontera  y en territorio del pueblo indígena aymara.  Lamentablemente este proyecto minero declarado de necesidad pública imponía una forma de desarrollo distinta a la cosmovisión de pueblo aymara, al igual que, tampoco fue consultada y ponía en riego su territorio.

Estos hechos trajo como consecuencias que entre el año 2008 al 2011 se iniciaran diversas acciones administrativas  como ordenanzas regionales hasta proyectos de ley  que buscaban cancelar el proyecto minero; al igual que protestas sociales por parte de las comunidades aymaras (“aymarazo”) en contra de del “proyecto minero Santa Ana”. Como resultados de estas acciones  se logró la cancelación del proyecto minero “Santa Ana” a través de la emisión del D.S. 032 – 2011 – EM en fecha 24 de junio del 2011, que derogó el Decreto Supremo Nº 083 – 2007 – EM.

Como consecuencia de la derogatoria la empresa minera BEAR CREEK MINIG CORPORATION decidió iniciar un proceso arbitral, demando al Estado peruano ante el CIADI, buscando obtener una reparación de más de un billón de dólares. Argumentando que i) el Estado peruano había cancelado el derecho adquirido por BEAR CREEK MINIG CORPORATION de forma arbitraria, ii) la empresa minera siempre mantuvo una buena relación con las comunidades de influencia directa e indirecta, obteniendo la licencia social para el desarrollo del proyecto minero, iii) las protestas sociales (“aymarazo”) no tuvieron ninguna relación con el proyecto minero “Santa Ana”; por el contrario estas obedecían a intereses políticos de determinados “líderes” . Argumentos por los cuales la empresa exige una reparación económica de 522 millones de dólares. Resolviendo el tribunal concediéndoles una reparación parcial de 18, 2 millones de dólares.

2. Proceso penales iniciados en contra de los voceros del pueblo aymara

Walter Aduviri Calizaya, Domingo Quispe Tancara, Patricio Illacutipa Illacutipa, Rufino Machaca Quinto y Gilver Chura Yupanqui en el procesos de mostrar su disconformidad con el proyecto minero que se pretendía desarrollar en su territorio, tomaron la postura de voceros del pueblo aymara,  comunicando las demandas de las comunidades campesinas aymaras de la zona sur de la región de Puno.

La postura del pueblo aymara fue puesta en conocimiento de las autoridades estatales regionales y nacionales, frente a la presencia de estas concesiones mineras sobrepuestas sobre sus territorios ancestrales, las cuales para el pueblo aymara suponían una afectación directa a sus derechos colectivos, poniendo en riesgo su sobrevivencia como pueblo originario. Frente a la falta de respuesta del estado a sus demandas, y el inminente inicio de las actividades de explotación minera a gran escala en abril 2011, se vieron obligados como última alternativa ejercer su derecho a la protesta social a fin de ser atendidos. Como consecuencias de estos hechos, el Estado peruano, después de 45 días de protesta, reconoció la legitimidad del reclamo del pueblo Aymara y la necesidad de la derogación del decreto supremo en cuestión como medida de reconocimiento de los derechos colectivos aimaras.

Asimismo, el Estado actuó, a través del Ministerio Público, en forma represiva en contra de 32 personas aymaras y uno quechua, aperturándoles acciones de investigación penal por los delitos de extorción agravada, disturbios, entorpecimiento de los servicios públicos, supuestamente cometidos en el marco de la protesta. En dicho proceso penal (expediente 00682-2011- 7-2101- JR-PE- 02), después de seis años, el 18 de julio de 2017, se dictó sentencia de primera instancia, condenándose a uno de los acusados aymaras (Walter Calisaya Aduviri) a siete años de pena privativa de la libertad y al pago de dos millones de soles a favor del Estado. La corte usó el concepto de “coautoría mediata”, que hasta entonces estaba usado únicamente en el contexto de la comisión de crímenes contra la humanidad, para condenar a Aduviri por los daños causados a propiedad público y privado durante los protestas. El Corte indica que Aduviri despliegue tales condiciones de liderazgo que sea capaz de manejar a discreción a toda la población aymara protestante, situación que las mismas comunidades niegan totalmente. Esta posición es completamente contradictoria al position del estado en el caso de arbitraje en CIADI, donde dice que “Ningún individual o partido político podría haber provocado el nivel de malestar social que ocurrió”. La sentencia se emitió sin ninguna prueba de la participación de Aduviri en los eventos, contradiciendo la garantía de presunción de inocencia.

El fiscal no conforme con la sentencia, solicito vía recurso de apelación que los cuatro otro voceros sean condenadas. Este caso fue visto en segunda instancia por el Juzgado de apelaciones de la Corte Superior de Justicia de Puno, ratificando la condena en contra de Water Aduviri y absolviendo a los demás voceros. Actualmente se encuentra en revisión por la Corte Suprema del Perú, esperando la decisión. 

Anotar también que, las comunidades aymaras han manifestado su descontento y desacuerdo con la decisión condenatoria, pues consideran el Estado peruano está criminalizando la protesta social, que a diferencia de otros casos (Bagua/Amazonas, Espinar/Cusco) en los que no se ha condenado a los líderes que son voceros de las comunidades indígenas, no siendo actores autónomos que manifestaban un interés particular sino que expresaban la voluntad de las comunidades que representaba.

3. Impactos que se produjeron como consecuencia de la criminalización penal

Los impactos generados a partir de la persecución judicial a los líderes indígenas aymaras fueron diversas, afectando sobremanera diversos aspectos de su vida.

En el ámbito familiar, como consecuencia del largo durar del proceso penal, se generó un ambiente de sufrimiento psicológico, manifestándose, por ejemplo, en la desintegración familiar. Durante el proceso judicial, los procesados tuvieron que dejar de pasar tiempo en sus hogares con su cónyuge e hijos, situaciones que desencadenaron en fracturas en las relaciones matrimoniales y filiales.

Asimismo, laboralmente, debido a las medidas restrictivas derivadas del proceso, tuvieron que abandonar sus centros laborales por el tiempo que demandaba la asistencia a las distintas diligencias judiciales, condiciones que agravaban las crisis económicas y familiares de los dirigentes acusados.

También las barreras en la administración de justicia para los pueblos indígenas, que provocaron una situación que vulneración al derecho al correcto desarrollo del proceso penal, principalmente respecto al idioma, no existiendo un espacio de discusión y debate intercultural que considere y respete los valores de los pueblos aymaras y quechuas.

Los denunciados son personas que proceden de pueblos alejados, situación que generó menoscabo económico por la obligación de trasladarse a la sede judicial en la ciudad de Puno donde se llevó a cabo las diligencias judiciales, así como asumir conceptos de alimentación y estadía. A esto se suma el requerimiento obligatorio de un abogado que cumpla como defensa técnica; profesionales que no abundan en el conocimiento en temas de derechos de los pueblos indígenas y por la complejidad del caso, acrecentándose el perjuicio económico.

Además de estos impactos sobre las personas que se enfrentan a procesos penales y sus familias, el pueblo Aymara en su conjunto sufrió y sigue sufriendo una serie de impactos sobres sus derechos como resultado de las acciones e inacciones del Estado.

Los cuarenta y cinco días de protesta implicaron costos económicos y sociales, ya que cerca quince mil aymaras tuvieron que abandonar sus hogares y sus familias para cumplir con un éxodo necesario a las ciudades. Durante este tiempo sus tierras y su ganado, que constituyen la base de su subsistencia, no podían ser atendidos, mientras que las comunidades aymaras, que están entre las personas más pobres del Perú, tuvieren que cobrar los gastos del viaje y subsistencia en las ciudades.

El hecho de que su modo de vida y sus territorios han sido amenazados desde 2007, cuando se emitió el Decreto Supremo que autorizaba las concesiones de Bear Creek, ha causado una gran preocupación y alerta enorme en las comunidades aymaras. Este sigue siendo el caso porque las concesiones siguen en vigor y representan una amenaza permanente a los derechos del pueblo aymara, a su modo de vida y su existencia. Un ambiente de intranquilidad se cierne sobre las comunidades aymaras de la región de Puno.

Por otra parte, la presencia de la empresa durante el periodo de exploración y su otorgamiento de beneficios económicos a un segmento muy pequeño de los aymaras ha causado divisiones significativas dentro y entre las comunidades aymaras.

Finalmente resáltanos que, el hecho de que el gobierno emitió concesiones mineros inconsultos en territorios de los pueblos aymara  y no busque su consentimiento, además de violar sus derechos territoriales y culturales, contribuye a debilitar sus instituciones de gobernación y sus leyes y prácticas consuetudinarias, constituyendo  un intento de-facto de asimilación  forcado de los aymaras en la sociedad peruana dominante, algo que el Convenio 169 de la OIT tenía por objeto evitar.

Frente a las políticas de criminalización de la protesta y la persecución judicial de la que fueron pasibles los primeros lideres aymaras, se puede observar en las poblaciones indígenas aymaras una suerte de culpa por la sentencia que recae en uno de sus líderes. Sin embargo, pese a estos ataques a los dirigentes, los ánimos de lucha en defensa de sus derechos no se han visto disminuidos, más por el contrario la vigilancia de sus territorios ahora se manifiesta más permanente y minuciosa.

Estas situaciones nos llevar a reafirmar que las medidas de protección a los defensores y defensoras de derechos humanos y pueblos indígenas, como el caso del pueblo aymara, son nulas. Actualmente en el Perú no existe una política real e integral para protegerlos, más que “buenas intenciones” de declaratoria de políticas.

 

Ginebra, 19 y 20 de marzo del 2018.

W. Rodrigo Lauracio Apaza

Derechos Humanos y Medio Ambiente.

 

FOTOGRAFÍA DE LA PRESENTACIÓN EN GINEBRA - SUIZA

 

Fuente: DHUMA "Relatoría de los Pueblos Indígenas - ONU"

Fuente: DHUMA "Rodrigo Lauracio A. Sustentando el caso Aymara en la Relatoría de los Pueblos Indígenas - ONU"

 

Fuente: DHUMA " Representantes de los diversos casos ante la Relatoría de los Pueblos Indígenas - ONU"

 

Fuente: DHUMA "Participación de la Universidad Columbia - EE. UU. ante la Relatoría de los Pueblos Indígenas - ONU"

 

Fuente: DHUMA " Sede de la Relatoría de los Pueblos Indígenas - ONU"