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Corte Interamericana de Derechos Humanos solidifica el derecho a un medio ambiente sano

La decisión refuerza los derechos de acceso, las obligaciones extraterritoriales y el principio de precaución

La Corte Interamericana de Derechos Humanos emitió un dictamen que establece precedentes que reconoce el derecho a un medio ambiente sano como fundamental para la existencia humana y enumera los deberes clave de los Estados en la protección de ese y otros derechos relacionados con el medio ambiente.

"Esta opinión amplía y fortalece el creciente corpus de leyes que confirma las obligaciones de los Estados de proteger el derecho a un medio ambiente sano", dice Carla García Zendejas. Abogado Senior en el Centro de Derecho Ambiental Internacional (CIEL). "Este precedente histórico impulsará comunidades que buscan justicia no solo en América Latina sino en todo el mundo, desde comunidades afectadas por la minería en Colombia hasta defensores de la justicia climática en Filipinas y más allá". La opinión es particularmente significativa porque las decisiones de la CIDH tienen jurisprudencia avanzada en tribunales internacionales de todo el mundo durante décadas. El CIEL proporcionó información sobre las cuestiones jurídicas que el tribunal examinaba a través de un informe amicus.

Es importante destacar que la opinión reconoce que el derecho a un medio ambiente saludable es a la vez un derecho individual y colectivo que protege a las generaciones presentes y futuras. Críticamente, reconoce que el deber de un país de proteger estos derechos no se detiene en sus propias fronteras. Los gobiernos tienen el deber en virtud de la Convención de proteger los derechos humanos de los impactos ambientales y los daños causados ​​por actividades bajo la jurisdicción o el control del Estado, incluso cuando los daños caen fuera de su territorio.

"Esta opinión tiene ramificaciones mucho más allá de los entornos marinos que provocaron la pregunta de Colombia", agrega Carroll Muffett, Presidente de CIEL. "Al reconocer que el derecho a un medio ambiente sano trasciende fronteras y generaciones, el Dictamen contribuirá de manera vital a acelerar los esfuerzos para proteger los derechos de las generaciones presentes y futuras del daño transfronterizo, incluidos los impactos del cambio climático".

La decisión también marca un paso vital hacia la codificación de los derechos de acceso consagrado en el Principio 10 de la Declaración de Río. La decisión articula: "Los Estados tienen la obligación de garantizar el acceso a la información con respecto a las actividades que pueden afectar el medio ambiente, el deber de garantizar el derecho a la participación pública en las decisiones y políticas que pueden afectar el medio ambiente y el acceso a la justicia con respecto a Obligaciones del Estado para la protección del medio ambiente ". En momentos en que la negociación de un acuerdo regional vinculante sobre el Principio 10 está llegando a su etapa final en América Latina y el Caribe, la decisión de la Corte agrega energía y urgencia a este esfuerzo.