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Hacer que las voces de la comunidad se escuchen en el Arbitraje Inversor-Estado

Durante los arbitrajes entre inversores y estados, a menudo se pasan por alto los derechos e intereses de las comunidades locales. Un seminario web reciente discutió los mecanismos que están poniendo sobre la mesa las preocupaciones de las comunidades locales.

Cada vez más, los inversores presentan demandas arbitrales internacionales contra los estados relacionadas con inversiones en proyectos relacionados con recursos naturales.

Las inversiones que dan lugar a estos reclamos a menudo afectan los derechos e intereses de las comunidades locales. Un seminario web reciente organizado conjuntamente por el IIED y el Centro de Columbia sobre Inversión Sostenible (CSSI) analizó las formas en que los grupos de la sociedad civil están trayendo las perspectivas de la comunidad, los derechos humanos y las cuestiones ambientales a la atención de los tribunales arbitrales.

Por qué necesitamos más participación de la comunidad en el arbitraje inversionista-estado

El arbitraje entre inversores y estados permite a los inversores presentar una demanda contra los estados ante un tribunal arbitral internacional cuando consideran que un gobierno ha violado un tratado de inversión internacional (IIT), una ley o un contrato.

Si bien los procedimientos involucran formalmente a las partes contendientes, el inversionista y el estado, los derechos e intereses de 'terceros' como las comunidades locales a menudo están en juego, pero se pasan por alto. Las inversiones en disputa pueden afectar el acceso de las comunidades a la tierra y los recursos naturales, sus derechos humanos o dañar el medio ambiente del que dependen estas comunidades para su sustento.

Estas cuestiones rara vez son presentadas por las partes contendientes. Sin embargo, las organizaciones de la sociedad civil (OSC) están tomando medidas para que los problemas de las comunidades afectadas se reconozcan a través de ' presentaciones amicus curiae . Estas presentaciones pueden permitir a aquellos cuyos derechos o intereses se ven afectados por la disputa proporcionar su perspectiva al respecto.

El caso de Bear Creek v Perú

El inversionista canadiense, Bear Creek Mining Corporation, inició un arbitraje inversor-estado contra Perú en relación con un proyecto minero. Algunos miembros de las comunidades locales habían protestado contra el proyecto, temiendo que contaminara el agua y dañara sus tierras.

Carlos López, de la Comisión Internacional de Juristas (ICJ), explicó a los participantes en el seminario los pasos que él y la CSO local peruana, la Asociación de Derechos Humanos y Medio Ambiente de Puno (DHUMA) siguieron para presentar una petición al tribunal internacional (PDF). La presentación tenía como objetivo llamar la atención del tribunal sobre las perspectivas de las comunidades y alentar al tribunal a considerar la licencia social de la compañía para operar. 

Los panelistas Cristóbal Yugra Villanueva y Rodrigo Lauracio, de DHUMA, explicaron que siempre hay incertidumbre sobre cómo una presentación de la sociedad civil podría afectar la decisión del tribunal. Después de la presentación, el tribunal requirió a las partes que comentaran sobre estos asuntos (PDF) y les remitió su decisión final (PDF).

Cómo las presentaciones de la sociedad civil pueden proporcionar valor

Lise Johnson, de CCSI, discutió cómo las presentaciones de la sociedad civil pueden servir para diferentes propósitos. Son una herramienta útil para sacar a la luz las perspectivas de la comunidad y pueden resaltar hechos pasados por alto que podrían ser críticos para el resultado de la disputa. También pueden ayudar al tribunal a interpretar los IIT y las leyes nacionales de inversión a la luz de las normas internacionales de derechos humanos y ambientales. Las partes en la disputa raramente traen estos argumentos a la luz.

En el caso Bear Creek, CCSI también solicitó el permiso del tribunal para presentar otra presentación centrada en cuestiones de derecho para aportar perspectivas no avanzadas por Perú o Bear Creek, incluido el papel de los derechos humanos en la interpretación del IIT Canadá-Perú. Aunque el tribunal no otorgó el permiso de CSSI, al realizar la solicitud y publicar la presentación, CCSI llamó la atención del público sobre estos temas.

Lecciones aprendidas, desafíos y la necesidad de una reforma

Como muestra el caso de Bear Creek, los tribunales pueden estar especialmente dispuestos a aceptar presentaciones de organizaciones de base como DHUMA, ya que tienen conocimiento de primera mano de los hechos. Sin embargo, pocos tienen experiencia con la presentación de presentaciones. Establecer una alianza con una organización experta familiarizada con IIT y el arbitraje inversor-estado es fundamental.

Presentar una presentación puede ser un proceso desafiante: terceros deben obtener el permiso del tribunal, las normas y procedimientos no siempre son claros, el acceso a la información del caso a menudo está restringido y las instituciones de arbitraje no brindan apoyo (incluido el financiero).

En el caso de Bear Creek, DHUMA pudo acceder a los documentos de arbitraje y asistir a la audiencia, pero no se le permitió dirigirse al tribunal ni a las partes, y la presentación no tuvo un impacto sustancial en la decisión final del tribunal.

Existe un debate creciente sobre cómo reformar los IIT y el arbitraje inversor-estado. Aquellos con intereses o derechos en juego en una disputa, incluidas las comunidades locales, deben poder intervenir de una manera significativa y efectiva, más allá de hacer presentaciones como terceros. Los IIT pueden ellos mismos ayudar a promover o aclarar los estándares de derechos humanos, medioambientales y sociales aplicables a los inversores, por ejemplo, estableciendo las obligaciones de los inversores de respetar estándares específicos.

Si bien las presentaciones pueden desempeñar un papel al sacar a la luz las perspectivas de la comunidad y articular asuntos importantes que las partes contendientes no abordaron de otra manera, el proceso de presentación de las presentaciones de la sociedad civil puede ser un desafío y existe la necesidad de una reforma.

A medida que continúa la discusión sobre la reforma de los IIT, se debe hacer un mayor esfuerzo para amplificar las voces y proteger los derechos de las comunidades locales y otros afectados por los arbitrajes entre inversores y estados. Por ejemplo, la propuesta de la Unión Europea de un tribunal multilateral de inversiones y el Grupo de trabajo de la CNUDMI sobre la reforma de la solución de controversias entre inversores y Estados deben considerar cómo integrar las perspectivas de la comunidad en cualquier modelo reformado.

Thierry Berger (Esta dirección de correo electrónico está siendo protegida contra los robots de spam. Necesita tener JavaScript habilitado para poder verlo.) es un abogado calificado y asociado de IIED que se enfoca en la ley y el desarrollo sostenible. Jesse Coleman (Esta dirección de correo electrónico está siendo protegida contra los robots de spam. Necesita tener JavaScript habilitado para poder verlo.) es un investigador jurídico del Columbia Centre on Sustainable Investment, que se centra en las leyes y políticas de inversión, los recursos naturales y la intersección entre los derechos humanos y el desarrollo sostenible.

Recursos adicionales

  • Ley de Inversión Internacional y el Sector de las Industrias Extractivas (PDF), Lise Johnson y Jesse Coleman (2016)
  • Dilemas del trato con la tierra: agravios, derechos humanos y protección del inversionista (PDF), Kaitlin Y. Cordes, Lise Johnson y Sam Szoke-Burke (2016)
  • Derechos sobre la tierra y tratados de inversión: explorando la interfaz, Lorenzo Cotula (2015), Informe IIED

Fuente: https://www.iied.org/getting-community-voices-heard-investor-state-arbitration