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COMUNICADO INTERNACIONAL Ecuador-Belarús LOS TRATADOS DE COMERCIO DEBEN INCLUIR UN ENFOQUE BASADO EN DERECHOS HUMANOS

Por contradecir el Art. 422 de la Constitución de la República que establece “que no se podrá celebrar tratados o instrumentos internacionales en los que el Estado ecuatoriano ceda jurisdicción soberana a instancias de arbitraje internacional, en controversias contractuales o de índole comercial, entre el Estado y personas naturales o jurídicas privadas”, la Asamblea Nacional y, posteriormente, el Ejecutivo -en mayo del año pasado-, denunciaron 17 tratados bilaterales de inversión. Otros 13, de los 30 TBIs suscritos entre 1968 y 2002, habían perdido vigencia por diversas causas.

Sin embargo, el ministro de Comercio Exterior, en esa misma fecha, durante su último acto público, ratificó que Ecuador negociará nuevos acuerdos con esos países.

En estos días, la ministra de Relaciones Exteriores, María Fernanda Espinosa, ha efectuado un anuncio público, durante la segunda reunión de consultas políticas a nivel de los vicecancilleres de Ecuador y Belarús, sobre el inicio en los próximos meses de la negociación de un acuerdo comercial, en el marco de la Unión Económica Euroasiática.

La firma de nuevos acuerdos bilaterales de inversión debe ajustarse a normas y estándares internacionales que respeten, protejan y garanticen los derechos humanos, en general, y los derechos económicos, sociales, culturales, ambientales y los derechos de la naturaleza, en particular.

Y, sobre todo, en su negociación deben primar los principios de las relaciones internacionales establecidos en el Art. 416 de la Constitución de la República. Por tanto, una posible negociación de un acuerdo comercial entre Ecuador y Belarús, debe considerar las siguientes inquietudes en materia de derechos humanos:

1.-La Federación Internacional de Derechos Humanos (FIDH) ha denunciado que la tortura y el maltrato se utilizan de forma generalizada para forzar a los sospechosos a incriminarse a sí mismos en ausencia de un abogado. Se vulnera sistemáticamente el derecho a la defensa jurídica. Los abogados y jueces carecen por lo general de independencia, al igual que todo el sistema judicial.

2.- En Belarús se vulneran los derechos de las personas condenadas a muerte y esto ocurre en todas las etapas del proceso judicial, por lo que la aplicación de la pena de muerte en dicho país es ilegal y arbitraria. Desde su independencia en 1991, se ha ejecutado a alrededor de 400 personas en el país..

3.- En el 35º período de sesiones del Consejo de Derechos Humanos, órgano intergubernamental de las Naciones Unidas en el que Ecuador es miembro, elRelator Especial sobre la situación de los derechos humanos en Belarús reiteró su preocupación porque se volvió a poner en práctica la política de represión a gran escalacontra aquellos ciudadanos que ejercen o defienden sus derechos.

4.- Según el Relator Especial, las elecciones legislativas de septiembre de 2016 fueron objeto de un férreo control, y el Parlamento elegido siguió sin ser plural pese a que, tras 20 años, dos candidatos de la oposición pudieron obtener sendos escaños. Hubo una intensificación general del estricto control que ejercen las autoridades sobre la vida pública y del acusado deterioro de sus actuaciones con respecto a los derechos de reunión y asociación y a los derechos de los medios de comunicación.

5.- El marco jurídico que regulaba la vigilancia secreta permitió a las autoridades llevar a cabo amplias operaciones de vigilancia con escasa o nula justificación. El Sistema de Actividades Operativas e Investigativas (SORM) que permitía la interceptación legal de todas las comunicaciones electrónicas, daba a las autoridades acceso directo a las comunicaciones telefónicas y por Internet y a los datos conexos, según el informe anual de Amnistía Internacional.

6.- Esta organización, además, denunció en año pasado que tanto las ONG como los partidos políticos continuaron sufriendo restricciones indebidas, como la obligación de registrarse. Las solicitudes de registro solían rechazarse arbitrariamente por infracciones minúsculas u otros motivos no especificados. Según el artículo 193.1 del Código Penal, fundar una organización no registrada o participar en sus actividades seguía siendo delito, punible con hasta dos años de prisión.

7.- El Relator Especial, la Organización Internacional del Trabajo (OIT), el Parlamento Europeo y la FIDH, han condenado y han hecho un llamamiento a Belarús para pedir una reforma profunda de las políticas estatales que ponga fin a toda forma de trabajo forzado, inclusive mediante la derogación de las leyes abusivas y de los decretos presidenciales suscritos por el presidente Aleksandr Lukashenko, en el poder desde julio de 1994.

Por tales antecedentes, las organizaciones de derechos humanos de Ecuador exhortamos al Poder Ejecutivo representado por el presidente Lenin Moreno, a supeditar la suscripción de acuerdos comerciales a la vigencia de los derechos humanos.

El Estado ecuatoriano está obligado a cumplir con los preceptos constitucionales, cuya prelación en materia de derechos humanos es fundamental para la vida democrática.

Ecuador es uno de los países que lidera en el seno del Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas la elaboración de un tratado vinculante sobre empresas transnacionales y otras empresas respecto a los derechos humanos. Y esta postura debe mantener coherencia con las negociaciones de tratados comerciales bilaterales y multilaterales.

Las relaciones diplomáticas con otros Estados, cuyo historial de violación a los derechos humanos es cuestionado por los organismos supranacionales, deberán como en el caso de las negociaciones de tratados comerciales, incluir una evaluación interna en nuestro país acerca de la vigencia en esos Estados de los derechos que Ecuador asume como principios. Y, además, de incorporarlos como una variable en las negociaciones, deberá evidenciarlos ante la ciudadanía de las dos partes. Negociar acuerdos en silencio con Estados transgresores de derechos humanos es una forma de complicidad inadmisible para una nación democrática como la ecuatoriana, solidaria con los pueblos del mundo que viven en una situación de opresión.-

Quito, febrero 22 del 2018

 

Pablo A. de la Vega M.

Centro de Documentación en Derechos Humanos “Segundo Montes Mozo S.J.” (CSMM)

César Ricaurte

Fundación Andina para la Observación y Estudio de Medios (Fundamedios)

Luis Verdesoto Custode

Plataforma por la Defensa de los Derechos Humanos y la Democracia en Ecuador (PDDHE)