Jr. Arequipa 345 "5to Piso" - Puno
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Manifiesto Público Internacional ¡¡Alto a la Criminalización de la Protesta Social en Perú!! /International Public Sign-On Letter: Stop the Criminalisation of Social Protest in Peru!!

 

MANIFIESTO PÚBLICO INTERNACIONAL

 

¡¡ALTO A LA CRIMINALIZACIÓN DE LA PROTESTA SOCIAL Y A LA IMPUNIDAD CORPORATIVA EN PERÚ!! / STOP CRIMINALISATION OF PROTESTS

 

A la Corte Suprema de Justicia del Perú

Al Gobierno Peruano

A las empresas mineras  

Los abajo firmantes, organizaciones de la sociedad civil nacional e internacional, nos dirigimos a ustedes en solidaridad con las comunidades Aymaras del Sur del Perú, que se organizan para defender sus bienes naturales, su territorio, su agua y la salud de su población frente a los diferentes proyectos mineros asentados en la región.  

En particular vemos con mucha preocupación las tendencias que apuntan a exacerbar la criminalización de la protesta social mediante la instauración abusiva de procesos judiciales en contra de líderes de organizaciones sociales y de comunidades, a través del uso desnaturalizado de figuras penales (como la extorsión y autoría mediata) que tienen graves impactos en los DDHH, la libertad de expresión y la movilización social, debido a que en la práctica equiparan a las organizaciones sociales con entes criminales creados para delinquir y  a sus portavoces como instigadores al delito.

LOS HECHOS:

Nos referimos específicamente a los juicios derivados del conflicto socio-ambiental conocido como el “Aymarazo” del año 2011, cuando las comunidades del departamento de Puno se movilizaron en contra del proyecto minero Santa Ana, de propiedad de la empresa canadiense Bear Creek. La protesta exigía la cancelación del proyecto por los riesgos de contaminación de las fuentes de agua (incluyendo el Lago Titicaca que comparten Perú y Bolivia), la falta de consulta a las comunidades, la ilegalidad del proyecto y la falta de transparencia y mala fe de la empresa con las comunidades.  La protesta desembocó en una dura represión por parte del estado y en la cancelación del proyecto.  Sin embargo,la Fiscalía de Puno inició procesos penales a los principales dirigentes, que derivó en la condena de Walter Aduviri, principal portavoz – sentenciado a 7 años de prisión y a pagar una multa de 2 millones de soles (aprox. 600,000 dólares y 2,500 salarios mínimos vitales en Perú).  

En diciembre de 2017 los tribunales en Puno ratificaron esta sentencia y ordenaron la detención de Aduviri, quien al conocer el fallo se declaró en la clandestinidad. Su defensa presentó un recurso de casación ante la Corte Suprema de Justicia para anular la sentencia, que fue aceptada en enero 2018 y que ahora está siendo revisada.

Consideramos que, si la sentencia es ratificada por la Corte Suprema, se estarían sentando duros precedentes en contra de la defensa de los DDHH y del territorio en Perú, debido a que Aduviri es acusado de ser “autor mediato” del supuesto delito de “disturbios” durante el Aymarazo, es decir, de instigar a terceros a cometerlos.  Esto podría derivar en la persecución de más líderes que podrían ser considerados “autores mediatos” de supuestos delitos cometidos en conflictos similares, sin pruebas, y sólo por el hecho de ser portavoz de una organización o comunidad.Además, durante el proceso, y en una actitud profundamente racista, Aduviri fue despojado de sus derechos indígenas como miembro del pueblo Aymara – derecho al territorio, a la consulta, identidad, autonomía, etc. -, debido a que, a criterio de los jueces, posee estudios superiores. Es por eso que sus derechos indígenas no fueron tomados en cuenta en el juicio.

POR TODO ELLO LOS ABAJO FIRMANTES:

1.Exhortamos a los Jueces de la Corte Suprema de Justicia del Perú a resolver el caso de Walter Aduviri teniendo en cuenta los estándares internacionales de los derechos de los pueblos indígenas, reconocidos en tratados internacionales vinculantes para el Estado peruano, como es el Convenio 169 de la OIT, al igual que la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas. Con ese sustento legal y legítimo consideramos que en definitiva debe anularse la sentencia en contra de Walter Aduviri, quien no hizo más que exigir la protección de de los derechos del pueblo Aymara. 

2.Repudiamos con firmeza el uso arbitrario de figuras penales como el de “autoría mediata” (usadas en contra del ex presidente Alberto Fujimori y del líder de Sendero Luminoso Abimael Guzmán por violaciones a los DDHH) para judicializar la defensa del territorio y perseguir a miembros de organizaciones sociales y comunidades. Consideramos que es de vital importancia que el Estado respete la decisión del pueblo de rechazar cualquier proyecto minero en su territorio, en legítima defensa de sus derechos, sin que por ello sean sujetos de persecución y estigmatización.

3.Exigimos a la empresa Bear Creek Mining Corporation  y a las empresas mineras que se encuentran principalmente en el Sur del Perú a respetar los derechos y decisiones de las comunidades, en relación al proyecto Santa Ana y a cualquier otro proyecto minero en todo el país. La sociedad civil internacional organizada estará vigilando estos casos, siempre en compromiso con los pueblos afectados y sus derechos.

Consideramos que el caso de Walter Aduviri no es un caso aislado. Es parte de una política pro-minera en Perú, a la que se suman las constantes declaratorias de estados de emergencia en las zonas mineras, la suspensión de los derechos constitucionales de la población, la represión policial y la criminalización y estigmatización generalizada de las organizaciones sociales y comunidades. Al igual que en Perú, a lo largo del continente las multinacionales recorren los territorios con el único objetivo de extraer los recursos, dejando comunidades y ecosistemas destruidos. Cuando existe resistencia, el estado reprime, encarcela y hasta crea las condiciones para el asesinato impune de defensoras y defensores del territorio.

Las empresas también recurren a tribunales internacionales para demandar a los países compensaciones cuando sienten que sus inversiones han sido afectadas de cualquier forma.  Después del Aymarazo, Bear Creek demandó al Perú en el Centro Internacional para el Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (CIADI) del Banco Mundial – que le ordenó pagar a la empresa la suma de 18,2 millones de dólares, que sumados a los intereses y costos legales de la demanda asciende a 37 millones.

Todos estos hechos demuestran una vez más y con mayor fuerza la necesidad de movilizarnos globalmente para presionar a los estados a que respeten y hagan respetar los DDHH y el territorio, además de la urgencia de generar un marco legal internacional vinculante para que las empresas transnacionales rindan cuentas por sus acciones alrededor del mundo y se termine la impunidad que las protege.

FIRMAS

 Más Información en Derechos Humanos y Medio Ambiente – DHUMA, PUNO, PERÚ. http://www.derechoshumanospuno.org

 

 

 

INTERNATIONAL PUBLIC SIGN-ON LETTER: STOP THE CRIMINALISATION OF

SOCIAL PROTEST AND CORPORATE IMPUNITY IN PERU!!

 

 

To the Supreme Court of Justice Peru

To the Peruvian Government

To the mining corporations

The undersigned, national and international civil society organisations, address you in solidarity with the Aymara communities of Southern Peru, who have organised to defend their natural wealth, their territory, their water and the health of their people against the various mining projects established in the region.

We are disturbed to note a growing tendency towards deepening criminalisation. The abusive imposition of penal processes against social organisation leaders and communities via a distorted use of criminal offenses (such as aggravatedextortion and Indirect Perpetration) is particularly worrying. Such wilful misinterpretation of the law seeks to equate social organisations with criminal groups and their spokespeople with instigators of crime. As such it represents a grave attack on human rights; on freedom of expression and on social mobilisation.

THE FACTS:

We refer here specifically to the charges related to the socio-environmental conflict known as the ‘Aymarazo’ of 2011. During said conflict, communities from the district of Puno took action against the Santa Ana mine, a project under the ownership of Canadian mining corporation, Bear Creek. The protest articulated demands to cancel the project, due to the risks of contamination to water associated with the operation (including risks to Lake Titicaca which straddles Peru and Bolivia). It also called out the lack of consultation of communities, the illegality of the project as well as the lack of transparency and bad faith in which the corporation acted in relation to the communities. The protest resulted in a fierce repression at the hands of the Peruvian State and, ultimately, in the cancelation of the project. However, the Prosecution of Puno initiated criminal processes against the main spokespersons, which resulted in Walter Aduviri – the main spokesperson – being charged with 7 years in prison and fined 2 million Soles (approximately US$600,000, the equivalent of 2,500 minimum wages in Peru).

In December 2017, the tribunals of Puno ratified the sentence against Aduviri and ordered his detention. Upon learning of the ruling, Aduviri went into hiding. His defense presented a Cassation Appeal to overturn the sentence, which was accepted in January 2018. Aduviri’s case is currently being considered by the Supreme Court of Justice of Peru.

We consider that, if the Supreme Court ratify the sentence against Aduviri, a dangerous judicial precedent will be set that would undermine the defense of human rights and of territory in Peru. This concern relates to the fact that Aduviri stands accused of being an ‘Indirect Perpetrator’ behind the alleged unrest that took place during the Aymarazo - in other words, of having ordered others to commit crimes on his behalf. Such a ruling would place others at risk of being considered as ‘Indirect Perpetrators’ regardless of any lack of material evidence and where the only ‘crime’ is that of being spokesperson for an organisation or community. Furthermore, during the process and because of a deeply racist attitude, Aduviri was denied indigenous rights owed to him as a member of the broader Aymara community. These special rights include, but are not limited to, the right to territory; to consultation; to identity and to autonomy. The judges ruled that, in Aduviri’s case, special indigenous rights could not be taken into account since he had undertaken a university education.

Because of these observations, the undersigned below state the following:

1.- We urge the judges of the Supreme Court of Justice of Peru to resolve Walter Aduviri’s case, taking into account internationally recognised rights of indigenous peoples, as upheld in binding international treaties that have been ratified by the Peruvian State. These treaties include the International Labour Organisation (ILO) Convention 169, as well as the United Nations Declaration on the Rights of Indigenous Peoples. Upon this legitimate legal basis, we consider that the sentence taken against Aduviri, who did nothing more than demand that the rights of the Aymaran people be respected, must be definitively overturned.

2.- We firmly reject the arbitrary use of penal figures such as ‘Indirect Perpetrator’ (used against former President Alberto Fujimori and Shining Path leader Abimael Guzman for violations of human rights) as a pretext for persecuting members of social organisations and of community members. We consider it to be of vital importance that the State respect the decision of communities to reject mining projects in their territory in legitimate defense of their rights and that this be exercised without fear of being subject to persecution or stigmatization.

3.- We demand that the transnational Bear Creek Mining Corporation and the mining corporations that are mainly concentrated in the South of Peru respect the rights and decisions of communities in relation to the Santa Ana project and of any other mining project in the country. International Civil Society Organisations are monitoring these cases, in solidarity with affected communities and the upholding of their rights.

We recognise that Walter Aduviri’s case is not an isolated one. Rather, it forms part of a pro-mining agenda in Peru. Another example of this architecture is the constant declaration of States of Emergency in mining zones. These States of Emergency suspend the most fundamental constitutional rights of the population, bringing with it political repression; criminalisation and the general stigmatization of social organisations and communities. As in Peru, across the continent, multinationals enter territories with the sole intention of converting common goods into financialised resources, leaving communities and ecosystems destroyed in their wake. Where there is resistance, the state systematically represses, imprisons and even creates the conditions for the assassination of defenders.

These multinational corporations also turn to international tribunals to sue countries for compensation when they feel that their profits have been put at risk in any way. In 2014, Following on from the Aymarazo, Bear Creek Mining Corporation sued Peru in the International Center for Settlement of Investment Disputes (ICSID) of the World Bank. The World Bank ruled in Bear Creek’s favour, ordering Peru to pay the transnational the sum of US$18.2 million. This amount, added to the interests and legal costs incurred by the Peruvian State, have totalled a skyrocketing US$37 million.

These facts reveal once again - and more urgently - the need to mobilise globally to pressure states to respect and enforce human rights and territory. It also echoes the importance of putting in place an internationally binding legal framework so that transnational corporations can be made accountable for their actions around the world, bringing to an end the impunity that keeps them and their narrow interests safe.

Signatures

For more information see Human Rights and Environment – DHUMA, PUNO, PERU

http://www.derechoshumanospuno.org

 

Colegio de Abogados de Puno presenta demanda de inconstitucionalidad contra norma que criminaliza la protesta social

NOTA DE PRENSA

COLEGIO DE ABOGADOS DE PUNO PRESENTA DEMANDA DE INCONSTITUCIONALIDAD CONTRA NORMA QUE CRIMINALIZA LA PROTESTA SOCIAL 

El día jueves 19 de abril, el Ilustre Colegio de Abogados de Puno, con el apoyo del Instituto de Defensa Legal (Lima), Derechos Humanos sin Fronteras (Cusco), Asociación por la Vida y La Dignidad Humana (Cusco), Derechos Humanos y Medio Ambiente de (Puno) y el Instituto de Estudios de las Culturas Andinas (Puno), presentó una demanda de inconstitucionalidad contra el artículo 200 del Código Penal, pues esta norma tipifica como delito de extorsión la toma de carreteras o locales públicos, incluyendo los casos en que estas se realizan en el marco del legítimo derecho a la protesta social.

Foto: DHUMA "Protesta social de las comunidades campesinas"

Como sabemos, el ejercicio del derecho a la protesta no es ilegal ni inconstitucional. Todo lo contrario, el ejercicio de la protesta, constituye el ejercicio de la libertad de reunión (artículo 2.12 de la Constitución), libertad de expresión (artículo 2.7 de la Constitución), petición (artículo 2.20 de la Constitución), el derecho a la participación política (artículo 2.17 de la Constitución), entre otros.

Como sabemos, luego de sucesivas modificaciones el artículo 200 del Código Penal admite la posibilidad que el delito de extorsión pueda tipificarse aun cuando no tenga una finalidad patrimonial en los siguientes términos:

Artículo 200.- Extorsión

El que mediante violencia o amenaza obliga a una persona o a una institución pública o privada a otorgar al agente o a un tercero una ventaja económica indebida u otra ventaja de cualquier otra índole, será reprimido con pena privativa de libertad no menor de diez ni mayor de quince años.

[… ]

El que mediante violencia o amenaza, toma locales, obstaculiza vías de comunicación o impide el libre tránsito de la ciudadanía o perturba el normal funcionamiento de los servicios públicos o la ejecución de obras legalmente autorizadas, con el objeto de obtener de las autoridades cualquier beneficio o ventaja económica indebida u otra ventaja de cualquier otra índole, será sancionado con pena privativa de libertad no menor de cinco ni mayor de diez años.

Esta norma permitirá condenar, en una sentencia o una resolución que dicte presión preventiva, a líderes sociales que ejercen el derecho a la protesta en el marco procesos de investigación policial y fiscal, tal como ocurrió con Walter Aduviri, a quien se le acuso entre otros delitos, por cometer extorsión.

Consideramos que este tipo de normas penales, junto con los convenios de seguridad celebrados entre empresas extractivas y la Policía Nacional del Perú, que privatizan el orden público, y los estados de emergencia dictados para proteger el Corredor Minero, sin antes acreditarse la existencia de grave afectación al orden interno o a la seguridad ciudadana, constituyen parte de un andamiaje institucional que promueve, tolera y encubra la criminalización de la protesta.

El problema de fondo es que grupos sociales afectados en sus derechos, como ocurrió con las comunidades campesinas durante el Aimarazo luego que el Estado entregó concesiones mineras a empresas mineras, sobre sus territorios ancestrales de espaldas a ellos, como luego lo acreditó la Corte de Justicia de Puno en el caso Atuncolla, encuentran en la protesta social una expresión y herramienta especialmente útil, pues les permite una vía eficaz para finalmente hacer llegar sus reclamos a la sociedad. Ser escuchados.

Y es que, como la propia Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) ha reconocido, “cuando se está frente a marcos institucionales que no favorecen la participación, o frente a férreas barreras de acceso a formas más tradicionales de comunicación de masas, la protesta pública parece ser el único medio que realmente permite que sectores tradicionalmente discriminados o marginados del debate público puedan lograr que su punto de vista resulte escuchado y valorado”[1].  

Concluye la CIDH que “las huelgas, los cortes de ruta, el copamiento del espacio público e incluso los disturbios que se puedan presentar en las protestas sociales pueden generar molestias o incluso daños que es necesario prevenir y reparar. Sin embargo, los limites desproporcionados de la protesta, en particular cuando se trata de grupos que no tienen otra forma de expresarse públicamente, comprometen seriamente el derecho a la libertad de expresión”[2].

Confiamos en el Tribunal Constitucional, en su rol de supremo intérprete de la Constitución y defensor de los derechos fundamentales, haga suya nuestra demanda y la declara fundada con prontitud, en protección del derecho a la protesta social de los pueblos más postergados del país.

 

 

[1]CIDH. Relatoría Especial para la Libertad de Expresión. Una agenda hemisférica para la defensa de la libertad de expresión, 2010, p. 24. Disponible en:

http://www.cidh.org/pdf%20files/Un%20agenda%20Hemisferica%20espanol.pdf

[2]Ibid., pp. 24 y 25.

Análisis social del caso “Aymarazo”: desde la mirada del trabajador social

 

Artículo de Opinión

Por:  Maritza Quenta Quispe

Puno, mayo del 2018

Foto: DHUMA "Mujeres aimaras de la zona sur de Puno apoyando a sus líderes procesados en la Corte Superior de Puno"

I. INTRODUCCIÓN

En el presente trabajo se analiza el caso “Aymarazo” desde la mirada del Trabajador Social, se analiza a partir del contexto en que se desarrolló el denominado “Aymarazo”, que estos últimos días está llenando la página de muchos diarios y medios de comunicación, a partir del análisis de la familia como protectora de derechos fundamentales  a vivir en un medio ambiente sano y si se vulnera otros derechos fundamentales y como consecuencia se dio el caso “Aymarazo”, caso ocurrido en la ciudad de Puno, a través de la revisión de diferentes informes y Jurisprudencia, sentencia y otros documentos, llegándose así a la conclusión de que existe vulneración del derecho fundamental que tiene toda persona a gozar de un medio ambiente equilibrado y adecuado al desarrollo de su vida.

Uno de los aspectos más importantes para la vida de los aymaras está en relación a su saber andino como conocimiento que está en relación a sus valores y creencias ancestrales: por cuanto, para ellos los cerros “Apus” se constituyen como los guardianes tutelares de custodia de su vida y su cosmovisión andina; es decir de su cultura. Además, que consideran que la tierra y las especies de flora y fauna tienen vida propia, de ahí su relación magnifica con la “Pachamama” que le da sus frutos no sólo para su subsistencia en relación a sus necesidades básicas de alimentación sino algo más místico y espiritual.

Se analizará sobre; conciencia y papel de la mujer en el “Aymarazo”, en donde le permita desarrollarse en los distintos ámbitos, en donde ya no sea una más, sino “parte de”.

PALABRAS CLAVES:

Aymarazo, derechos, familia, cosmovisión, participación de la mujer.

 

II. CONTENIDO

RECUENTO HISTÓRICO

En el Perú estos conflictos socio-ambientales se dieron durante las llamadas reformas estructurales que se dieron durante la década de los noventas en el Perú, a partir de ello una serie de cambios en los marcos institucionales y normativos abrió las puertas a la inversión privada y a la instauración de la lógica de mercado como la principal asignadora de los recursos. El estado de haber tenido un rol protagónico en la economía y el ordenamiento de lo social, pasó a un rol básicamente regulador. En efecto, la economía inició un crecimiento sostenido basado en ciertos sectores, sobre todo extractivos y en particular alrededor de la explotación minera e hidrocarburífica. A par de esta fase expansiva de la economía, se abrió también un escenario nuevo con la particularidad y persistente presencia de los denominados conflictos socioambientales.

Pero antes de desarrollar el artículo, es necesario precisar que el estado peruano a través del Decreto Supremo N° 083-2007-EM, declara de interés público la inversión privada en la actividad minera y otorga concesión minera “Santa Ana” que se encuentra dentro de los 50 km de la frontera con Bolivia a favor de la empresa Bear Creek Mining Company Sucursal en Perú, en los distritos de Huacullani, Kelluyo y Pizacoma pertenecientes a la provincia de Chucuito - Juli.

CONTEXTO

Según el diario La República, durante los últimos años las concesiones mineras en Puno han aumentado de manera importante, y se ha convertido en la segunda región, después de Arequipa con más concesiones.

En los últimos días, uno de los temas que ha llenado las páginas de muchos diarios y medios de comunicación puneños, ha sido la sentencia dictada en el proceso penal del caso “Aymarazo”.

Es así que el 9 de mayo del 2011 las comunidades aymaras de Puno emprenden su lucha en defensa de sus recursos naturales, para ellos considerado como fuente de vida y producción.

En este contexto se emitió la sentencia que condenó a Walter Aduviri (en su calidad de dirigente) como autor inmediato de lo ocurrido en aquel momento. Esto constituye una afectación y enfrenta a los derechos de los pueblos indígenas, quienes solo buscaron por medio de las protestas defender los derechos que la constitución política del Estado Peruano les había reconocido en el ejercicio de sus derechos.

ANÁLISIS SOCIAL

Las comunidades campesinas, y por ende el poblador aymara, está íntimamente vinculado a la defensa de su territorio y los recursos naturales considerándolo como fuentes vitales de sobrevivencia y producción, y en caso esto se encuentre en riesgo o amenaza harán lo necesario por asumir actos de defensa, organizándose para evitar tal acontecimiento. Están tan arraigados a su cosmovisión y su forma de vida que si tratamos de modificar esto, se estaría afectando los derechos de los pueblos indígenas y todo lo avanzado tendría un retroceso irreparable.

Las consecuencias a nivel social se dieron desde un lado racista, despectivo y discriminatorio, tildando a todos los aymaras como revoltosos, matones, agresivos e irrespetuosos, generando así tipificaciones despectivas perjudicando su integridad.

Además, la familia sufrió daños y consecuencias irreparables afectando su composición y organización como tal, se generó descomposición y quiebre en su organización dentro de ella.  Entendiéndose que la familia es la primera institución con la que entra en contacto todo ser humano, pues aún antes del nacimiento vive en primera persona el efecto de la relación materno-filial. De tal forma que, desde el inicio de la existencia humana, las funciones prodigadas por la familia respecto de sus miembros son insustituibles y fundamentales.

Dichas funciones no sólo cubren los aspectos materiales (alimentación, vivienda, medicamentos, entre otros) de las necesidades de sus miembros, sino también los aspectos espirituales (educación, solidaridad, afecto, seguridad, comunicación, atención, seguridad, socialización, etc.). Es sobre todo en relación a estos últimos, que la familia se convierte más que en un conglomerado de personas con funciones meramente asistenciales, en una comunidad de amor y de vida en la que cada uno de sus miembros se siente acogido, respaldado y seguro.

En ese sentido, el ambiente familiar proporciona al ser humano los bienes necesarios para desarrollarse adecuadamente y previene o corrige las situaciones que puedan afectar dicho desarrollo. De esta manera, son los padres quienes ostentan la responsabilidad primordial de la crianza, orientación y protección de los niños y niñas, quienes para desarrollarse integralmente necesitan del entorno familiar y del ambiente de felicidad, amor y comprensión que se vive dentro de él; siendo, en consecuencia, los primeros obligados en resguardar el respeto y primacía del interés superior del niño y niña en las situaciones que lo involucran.

En el caso “Aymarazo” las familias sufrieron atropellos que entorpecieron su rol de padres, en muchos de los casos los padres salieron de sus viviendas dejando a su familia en desamparo y velando por la defensa de sus recursos naturales, también hubo hechos de separación y divorcios que desintegraron la familia.

También se generó daños a nivel psicológico afectando o alterando su convivencia en la familia y comunidad limitando la participación en estos espacios en la cual la familia debe participar como institución intermedia entre el individuo y la sociedad, es la comunidad que, a través de la solidaridad como forma de vida, protege y educa a sus miembros para su proyección en la vida social. Y ésta conjunción de funciones es una labor que sólo puede ser cumplida naturalmente por ella y que no puede ser sustituida sin que lleve consigo una afectación para sus miembros.

Se ha denominado como: “Aymarazo” este hecho social, en alusión y la relación en analogía como movimiento social (que por cierto tiene matices diferentes) de lucha de reivindicación social del “Baguazo” de nuestros hermanos de la región del oriente peruano. El conflicto social generado por nuestros paisanos aymaras del sur de nuestra región Puno tiene una explicación percibida desde motivaciones culturales, económicas, ecológicas y sociales hasta políticas; que, por cierto, ha traído consecuencias en las mismas dimensiones.

Tal como lo describe BIGIO, I. (2002), los aymaras han mantenido una serie de instituciones comunitarias y ritos religiosos propios. Posiblemente son el pueblo andino que más haya mantenido los cultos cósmicos, como a los cerros “apus”, al sol “inti” y la madre tierra “pachamama”. Tienen su propio calendario andino cada fecha ellos lo celebran, por ejemplo, el 21 de junio celebran el inicio de su año.

Uno de los aspectos más importantes para la vida de los aymaras está en relación a su saber andino como conocimiento que está en relación a sus valores y creencias ancestrales: por cuanto, para ellos los cerros “Apus” se constituyen como los guardianes tutelares de custodia de su vida y su cosmovisión andina; es decir de su cultura. Además, que consideran que la tierra y las especies de flora y fauna tienen vida propia, de ahí su relación profunda con la “Pachamama” que le da sus frutos no sólo para su subsistencia en relación a sus necesidades básicas de alimentación sino algo más místico y espiritual.

Este movimiento social terminó en radicalizar sus medidas y estrategias de lucha al enterarse que su Dios tutelar, estaba incluido dentro de los lotes de concesión para la exploración y explotación minera que afecta incluso al país de Bolivia. Este lugar que se constituye “sagrado” dentro de su cultura no sólo resulta ser un Dios tutelar, sino les provee a varias comunidades campesinas y centros poblados de varios distritos de la región sur del líquido elemental agua tanto para su consumo como para sus actividades agropecuarias, además esto afecta al vecino país de Bolivia, porque en Huacullani se encuentra varias cabeceras de agua que desembocan en la zona fronteriza.  Esencialmente ésta es la causa que dio origen al movimiento social de los aymaras que terminó con consecuencias negativas de dimensiones económicas, sociales y políticas que todos sabemos.

PARTICIPACIÓN DE LA MUJER EN EL CASO “AYMARAZO”

En la actualidad se habla bastante sobre toma de decisiones y participación de la mujer en espacios políticos, económicos, ambientales, sociales, culturales, entre otras. Así es capaz de emprender nuevos retos que la lleven a ejercer sus derechos y velar porque estos sean respetados y valorados en el conjunto social. A través de la participación de la mujer, se promueve una cultura equitativa e incluyente para fortalecer los distintos espacios existentes y contribuir a mejorar las condiciones de vida y satisfacción de necesidades de los grupos más excluidos, trabajando en conjunto para legitimar la participación activa y viva de la mujer poniendo en práctica su papel en los procesos de desarrollo.

Específicamente en el caso “aymarazo” muchas mujeres indígenas encabezaron a sus comunidades en la lucha por la defensa de sus territorios y sus recursos naturales, oponiéndose a los proyectos de extracción no reglamentados y a los acaparamientos de tierras realizados en nombre del “desarrollo”. Bajo el ejercicio de sus derechos.

A partir del 2011 hubieron más de 100 personas en investigación, pero solo 19 fueron procesados por el caso aymarazo y 2 de ellos fueron mujeres ex autoridades comunales que en ese momento se encontraban sirviendo a su comunidad. Ellas son: Francisca Sarmiento Choque de la Comunidad de Cumi y Gregoria Calisaya Pineda de la Comunidad de Santa Cruz de Ariguas del sector Huanuni, ambas del distrito de Desaguadero – Puno.

En la actualidad (2018), a pesar que las mujeres aymaras han sido absueltos (libres) del proceso judicial luego de 7 años de litigio en el juzgado de la capital de la región, a lo largo de estos años se demostró su inocencia de las que acusaba el Estado peruano, pero aún quedan las secuelas que han dañado sus vidas en lo económico, psicológico, salud, estigma social, daño a la organización comunal, quebrantamiento en la cosmovisión Andina y la identidad de la cultura Aymara. Estos daños deben ser reparados por parte del Estado peruano.

Sin embargo, la pregunta que se hace es ¿las mujeres realmente participan en estas protestas por la defensa de sus recursos naturales o son manipuladas para cumplir actividades domésticas? La pregunta la hago porque escuche a muchas personas decir; “las mujeres solo van a cumplir labores domésticas”

En este caso me atrevo a decir que las mujeres si tuvieron un rol protagónico y participativo en la defensa de sus recursos naturales, porque en las movilizaciones y paros que se realizó, se observa bastante participación de ellas, tomando la iniciativa, desplazándose a los lugares que sea necesario para defender sus recursos naturales y explicando la razón de su protesta, en esta línea y viendo videos de medios de comunicación local y nacional se puede ver que muchas mujeres pernoctaron en las calles para ser escuchados, un ejemplo de ello fue cuando viajaron a la capital de Lima sin ni siquiera haberlo planificado, solo con el claro objetivo de ser escuchados. Ellas firmes en la defensa de sus recursos y cosmovisión.

A partir de ello se debe hacer un llamado a la reflexión en donde las mujeres adquieran confianza en ellas mismas para promover su participación en el ámbito político y por lo tanto buscar su desarrollo personal y realización como “mujer” que tome decisiones, que se involucre en los distintos procesos y que sea partícipe de su propio desarrollo, dejando atrás los paradigmas que la envuelven en un contexto donde se le clasifica como grupo vulnerable y desprotegido.

La mujer puede asumir un papel que le permita desarrollarse en los distintos ámbitos, en donde ya no sea una más, sino “parte de”, en donde la mujer tenga la oportunidad de mejorar sus condiciones económicas, en donde tenga acceso a un trabajo digno y a capacitarse, que se compartan responsabilidades familiares, que las mujeres adquieran conciencia y que eleven sus niveles de autoestima y seguridad en sí mismas. Esto solo se logra a través de su participación real, protagónica e incidencia en espacios de toma de decisiones políticas.

Por lo tanto, es imperativo impulsar acciones que promuevan la participación protagónica de las mujeres a nivel social y político. Para eso las mujeres deben ser capaces de expresar sus necesidades y defender sus intereses en el ámbito privado y ampliarse al público. Los proyectos de desarrollo deben contribuir y estimular la autonomía de las mujeres promoviendo el desarrollo de capacidades que les permitan ejercer sus derechos como ciudadanas y sujetas políticas de cambio. Asimismo, producir el empoderamiento de las mujeres que permita su involucramiento en los procesos de participación social y el ejercicio de derechos y ciudadanía.

Es importante dar el primer paso para la participación de las mujeres, motivándolas a involucrarse en los distintos procesos económicos, sociales, culturales y políticos de la sociedad, que permitan la igualdad, generando el involucramiento de las mujeres en el campo de la política, dando a conocer la temática y abriendo espacios de formación, diálogo, debate, concertación y participación, ejerciendo los derechos como ciudadanas.

 

III. CONCLUSIONES

  • Las comunidades campesinas, y por ende el poblador aymara, está íntimamente vinculado a la defensa de su territorio y los recursos naturales considerándolo como fuentes vitales de sobrevivencia y producción, para ellos “suma jakaña”.
  • El caso “Aymarazo” tuvo una fuerte carga discriminatoria y despectiva, tildándolos de vándalos, asesinos, revoltosos e irrespetuosos.
  • En este caso la familia sufrió daños y consecuencias irreparables que afectaron y/o quebrantaron su composición y organización como tal, dentro de ella.
  • Uno de los aspectos más importantes para la vida de los aymaras es “suma jakaña” la cual está en relación a su saber andino como conocimiento que está en relación a sus valores y creencias ancestrales: por cuanto, para ellos los cerros “Apus” se constituyen como los guardianes tutelares de custodia de su vida y su cosmovisión andina; es decir de su cultura.
  • Se debe generar conciencia y papel de las mujeres en el caso “Aymarazo”, que le permita desarrollarse en los distintos ámbitos, en donde ya no sea una más, sino “parte de”, en donde la mujer tenga la oportunidad de mejorar sus condiciones económicas, en donde tenga acceso a un trabajo digno y a capacitarse, que se compartan responsabilidades familiares, que las mujeres adquieran conciencia y que eleven sus niveles de autoestima y seguridad en sí mismas.

 

IV. REFERENCIAS BIBLIOGRAFICAS

  • Derechos Humanos y Medio Ambiente, (22 de mayo de 2018). Conflicto socioambiental Aymara. Puno – Perú [Archivo de video]. Extraído el 14 de mayo del 2018 de: https://youtu.be/eZ9pUHf4480
  • Derechos Humanos y Medio Ambiente, (22 de mayo de 2018). La verdad de las mujeres indígenas procesadas del caso aymarazo. Puno – Perú [Archivo de video]. Extraído el 14 de mayo del 2018 de https://youtu.be/DL8SFq4qWdk

 

 

Resistencia de los pueblos indígenas aymaras y quechuas a proyectos mineros a través del litigio estratégico

 

Protesta de los pobladores rurales.

  1. El actual contexto de la región de Puno

En el Perú desde la década de 1990 el Estado viene promoviendo la actividad extractiva de minerales como una de los ejes más importantes de la economía nacional, siendo la minería una de las actividades más importantes. En la actualidad hay aproximadamente 3,368 concesiones mineras en la Región de Puno, entre tituladas y en trámite, las mismas que están ubicadas casi en su totalidad en territorios de las comunidades campesinas Aymaras y Quechuas del departamento de Puno.

(Concesiones minera en Perú y Puno, fuente INGEMMET)

Como consecuencia de las actividades mineras en la actualidad existen 1126 pasivos ambientales mineros en Puno y a nivel nacional 8854, que no han sido remediados, causando daños ambientales y a la salud de las personas. De acuerdo a su gravedad y priorización en Puno son 414 muy alta, 380 alta y 208 media y otras; estos  datos  muestran que tenemos pasivos que merecen atención urgente en su tratamiento y remediación. 

(Pasivos ambientales en Condoraque)

No podemos dejar de mencionar que, en la región de Puno se encuentra la cuenca del Lago Titicaca, que recibe el aporte de agua de 4 ríos principales (sub cuencas): Ramis, Coata, Huancane y Suches. En su mayoría estas vertientes se encuentran contaminadas por las actividades mineras (formales e informales), pasivos ambientales mineros, residuos sólidos y aguas servidas. Muchas de estas contaminaciones se producen por inadecuada infraestructura para tratar o remediar estos agentes tóxicos, afectando al medio ambiente, al acceso al agua potable, a los territorios y a la salud humana. Para los pobladores de las comunidades campesinas aymaras y quechuas los territorios-tierra, en el que se desarrolla estas actividades, el agua y los demás recursos son fuentes de vida y son parte de su cultura, sobre el cual han desarrollado una relación material y espiritual.

(Monitoreo comunitario en la cuenca de Coata)

2. El litigio estratégico como herramienta de resistencia

Frente a estas problemáticas socioambientales y ecoterritoriales, las comunidades Aymaras y Quechuas, han emprendido una serie de acciones para hacer frente a las actividades extractivas (en sus diferentes fases) que vulneran sus derechos como pueblos indígenas. Debemos resaltar que, las alternativas por las que se opta son aquellas que se enmarcan dentro de los mecanismos democráticos (alternativas no violentas) como los procesos judiciales, exigiendo a las cortes garantizar sus derechos.

En los procesos de resistencia que los pueblos indígenas  han llevado adelante a través  de la historia (frente a situaciones de vulneraciones), han logrado identificar que, en el actual contexto, los ligios o procesos judiciales son un mecanismo que puede contribuir en la defensa de sus derechos ancestrales (resistencia). A esta labor de litigar en favor de los intereses colectivos de estos pueblos, le llamamos litigo estratégico. Litigio que no solo genera cambios individuales, sino que también contribuye en lograr políticas interculturales (cambios estructurales) con justicia social y en el marco de la vigencia de los derechos humanos.

Esta labor de búsqueda de justicia social en tribunales es un proceso constante que inicia con la identificación de un caso, una constante interrelación con la comunidad campesina, la construcción conjunta de los documentos judiciales, el fortalecimiento organizacional, acciones de incidencia, evaluaciones permanentes y finalmente basadas en valores y principios que deben regir esta relación. Para tener una mejor idea de estos elementos, pasmos a describirlas.

2.1. Identificación del contexto

No cabe duda que uno de los elementos primordiales para empezar a desarrollas cualquier labor en defensa y promoción de derechos humanos, es la identificación del contexto en cual se quiere llevar adelante el trabajo. Esto se hace aún más necesario cuando se quiere iniciar acciones de resistencia a proyectos mineros; debido a que, algunos actores opositores pueden desplegar acciones que nos neutralicen o desprestigien, tales como: las cooptaciones, estigmatizaciones, difamaciones, criminalizaciones, etc.

Para el análisis del contexto pueden usarse diferentes métodos e instrumentos, pero estos siempre deben ser adecuados para ser trabajados con comunidades campesinas (pueblos indígenas) y orientados a determinar los principales actores que se involucraran en el ligio futuro.

 

 

(Taller de defensores indígenas 2017)

2.2. Fin y objetivo del litigio estratégico

Como mencionamos anteriormente, el litio estratégico siempre tendrá como finalidad la protección de los derechos humanos, en este caso la de los pueblos indígenas. Buscando también la implementación de políticas públicas para hacer efectivo estos derechos, como el de la consulta previa.

Esta es una de las características de los derechos  económicos, sociales y culturales, dentro de los que se encuentra los derechos de pueblos indígenas; ya que, para su efectiva protección requieren el despliegue de una serie de acciones estatales, como políticas, presupuestos, organismo, etc. (son programáticas); y con el litigio estratégico, podemos lograr que los tribunal ordenen el cumplimiento de estas.

2.3. Análisis de normas y jurisprudencia nacional e internacional

Antes de llevar adelante una el proceso judicial como tal, es oportuno hacer la revisión de normas sobre las que basarán las demandas. Como una cuestión de defensa legal, pero también debido a que, actualmente en países como el Perú los derechos de los pueblos indígenas son escasamente protegidos en nuestro sistema jurídico. En estas circunstancias el derecho internacional es fuente de avance en la protección de estos derechos, el mismo que pueden ser invocados.

Los principales instrumentos internacionales que son utilidad para este litigio  son:

  • El Convenio 169 de la OIT
  • La Declaración de las Naciones Unidas sobre Derechos de los Pueblos Indígenas
  • La Convención Americana de los Derechos Humanos
  • La Convención Internacional sobre la Eliminación de toda Forma de Discriminación Racial de las Naciones Unida
  • El Pacto de Derechos Económicos, Sociales, y Culturales, de las Naciones Unidas
  • La Declaración Americana sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas
  • Sentencias de la Corte Interamericana de Derechos Humanos: Caso del pueblo Saramaka Vs. Suriname, en el que la corte desarrolló la naturaleza previa (principios: previa, libre e informada) de la “consulta” en proyectos extractivos y el derecho al territorios.

(Taller con comunidades de Sándia, Puno)

2.4. Valores y principios

 

En los procesos de litigio estratégico, sobre todo aquellos que involucran a pueblos indígenas, son de suma importancia los valores y principios que serán el pilar en la relación con estos pueblos. En el trabajo con las comunidades debemos de recordar que el principio ancestral que rige sus vidas es el “buen vivir”, la armonía con la madre tierra (“Pachamama”) y entre ellos mismo; sobre los cuales se asentarán los otros valore como la transparencia, verdad, fraternidad, constancia, justicia y ayuda mutua. La aplicación constante de estos principios posibilita un trabajo estrecho y de confianza con las comunidades campesinas, el cual se hace aún más necesaria debido al entorno de desconfianza e incertidumbre  que se crea por la presencia de empresas extractivas en el territorio.

La presencia de estas empresas, que traen consigo una percepción del “mundo y desarrollo”, choca contra la de los pueblos indígenas, quienes también tienen su manera propia de entender y comprender el “mundo y desarrollo del mismo”. Estas contraposiciones, se agudizan por las percepciones discriminatorias e invisibilizadoras hacia estos pueblos; desencadenando inevitablemente en conflictos.

2.5. Fortalecimiento organizacional de los pueblos indígenas

Cuando nos encontramos en procesos de litigio que involucran a comunidades campesinas, es de suma importancia una constante coordinación con sus presentantes y sus miembros. Este proceso puede iniciar con reuniones mensuales de información sobre el avance del proceso, espacios de fortalecimiento para empoderarlos en sus derechos colectivos y temáticos del proceso judicial, al igual que un constante fortalecimiento organizacional.

Es importante recordar que, los directos interesados en el litigio estratégico son estos pueblos, de ahí la importancia de mantener constantes espacios de fortalecimiento.

(Comunidades de Kelluyo, Juli)

2.6. Acciones de incidencia y cabildeo

No cabe duda que, cuando iniciamos acciones legales para oponernos a proyectos de inversión que han vulnerado derechos colectivos de pueblos indígenas, tendremos del otro lado al Estado y las empresas, los cuales pueden desplegar una serie de acciones legales, mediáticas y organizaciones  para hacer frente a nuestras demandas. Para resistir a estas acciones u otras, es de suma importancia poder desarrollar acciones de incidencia en medios de comunicación local, regional y nacional a través de redes sociales o los tradicionales (radio, periódicos, tv). Al igual que acciones de cabildeo en forma constante  ante jueces, funcionarios u otra autoridad.

 

(Reunión de Zenovia Cruz, presidenta de Arboleda con la Relatora de Pueblos Indígenas de la ONU)

 

Para llevar adelante esta labor son de mucha ayuda las plataformas o redes de las que formar parte la organización.

2.7Evaluación constante

Para garantizar que el litigio estratégico se está llevando adelante conforme a los fines colectivos de los pueblos indígenas, es imprescindible hacer una conste evaluación y replanteamiento de estrategias.

 

3. Casos exitosos de litigio estratégico en Puno

3.1. comunidades de Atuncolla

(Tenientes Gobernadores de las comunidades de Juli y Atuncolla en compañía de abogados, reunidos para la audiencia en la Corte Superior de Puno)

 

En los años 2010 y 2011 la empresa BHP Billiton World Exploration inc. Sucursal del Perú,  peticiono y obtuvo concesiones mineras en el Distrito de Atuncolla (concesiones mineras Nº. 3454-2011 de fecha 03 de Junio del 2011, Nº 6831-2011 de fecha 08 de Junio del 2011, Nº 6823-2011 de fecha 03 Junio de 2011).  En este distrito se encuentran los territorios de las comunidades Palcamayo, Moyogachi,  Colca, Patacancha, Ticani Pampa, San José de Principio de Santa Cruz, Virgen Soledad de Cochela, San Jerónimo de Ullagachi, Micaela Bastidas de Yanamojo, San Antonio de Umayo  Y Jipa Grande y Chico. Al emitirse estas concesiones mineras nunca fueron consultas a las comunidades.

Como consecuencia de estos hechos, en diciembre del 2012 las 11 comunidades campesinas afectas decidieron presentaron una demanda de amparo por la violación del derecho a la consulta previa reconocido en el Convenio 169 de la OIT. El mismo que inicio ante el Tercer Juzgado Mixto de la Corte Superior de Justicia de Puno con el expediente N° Expediente Nº 01846-2012-0-2101-JM-CI-03. En noviembre del año 2016, la 1ra Sala Civil de la Corte Superior de Justicia de Puno (segunda instancia), emitió sentencia favorable para las comunidades campesinas demandantes.

Lo más importante de esta decisión jurisdiccional es que, ha ordenado al Instituto Geológico Minero y Metalúrgico (INGEMMET), que en el futuro, no emita concesiones mineras si es que antes estas no han sido consultadas de acuerdo al convenio 169 de la OIT a las comunidades campesinas propietarias de los territorios ancestrales sobre las que se superpone estas concesiones mineras.

3.2. Jatucachi

(Territorio de la comunidad campesina de Jatucahi)

Durante los años 2009 y 2015 el Ministerio de Energía y Minas   y el Instituto Geológico, Minero y Metalúrgico expidieron concesiones  mineras con los códigos: “010562708 – ANTUQUITO I”, “010279710 – CUSMINE UNO”, “010279510 – CUSMINE DOS”, “010279610 – CUSMINE TRES”, “010422808 – RICKY 1”, “010127315 – TANIA 2015”, “010000109L - ACUMULACIÓN MARIELA”, “010285611 - ALEJANDRA I”, “010576910 – TOCONAO 0947”, “010578610 - TOCONAO 0961”, “010578510 - TOCONAO 0960”, “010577710 - TOCONAO 0953”, “010578210 - TOCONAO 0957”; concesiones otorgadas a favor de las empresas: Distribuidora Logística y Transporte S.A. y otros, Fresnillo Perú S.A.C., Fresnillo Perú S.A.C., Fresnillo Perú S.A.C., Minera del Suroestes S.A.C., Minera del Norte S.A., Aruntani S.A.C., Minera Barrik Misquichilca S.A., BHP Billiton World Exploration Inc. Sucursal del Perú, BHP Billiton World Exploration Inc. Sucursal del Perú, BHP Billiton World Exploration Inc. Sucursal del Perú, BHP Billiton World Exploration Inc. Sucursal del Perú y  BHP Billiton World Exploration Inc. Sucursal del Perú, respectivamente. Las cuales se sobreponían al territorio de la comunidad campesina de Jatucachi (parte del pueblo indígena Aymara), ubicada en el distrito de Laraqueri de la provincia de Puno.

Debido a estos hechos, la comunidad campesina en Agosto del año 2015 presentó la demanda una demanda de amparo por la violación del derecho a la consulta previa y territorio reconocido en el Convenio 169 de la OIT. Proceso que se tramito ante el Tercer Juzgado Mixto de la ciudad de Puno, signado con el número de expediente 01832 – 2015. Este juzgado en el año del 2017 resolvió  “DECLARANDO FUNDADO el proceso de AMPARO en contra del MINISTERIO DE ENERGIA Y MINAS, el INSTITUTO GEOLÓGICO MINERO Y METALURGICO (INGEMMET) en consecuencia, SE DISPONE DECLARAR LA NULIDAD de las 13 concesiones mineras, por omisión a la consulta previa de dichos actos administrativos a las comunidades campesinas afectadas, por lo tanto, ordeno que se realice la consulta previa en debida forma, en los procedimientos administrativos declarados nulos”.

3.3. Condoraque -“Aguas que queman”

La comunidad campesina de Condoraque está ubicada en el distrito de Quilcapunco de la Provincia de San Antonio de Putina. Esta comunidad por más de 30 años tuvo presencia de actividad y pasivos ambientales mineros (de las empresas Avocet y luego Sillustani S.A.-con la totalidad de accionistas de MinSur-) en su territorio, pasivos que se vertían en sus ríos, bojedales, suelos y pastizales afectando a la salud y recursos naturales. Como consecuencia de ello en el año 2008 se inició un proceso penal en contra de la empresa minera y sus representantes por el delito de contaminación ambiental. Dicho proceso en el año 2017 concluyó, absolviéndose al gerente general de la empresa minera Sillustani S.A.; pero la empresa ha reconocido su responsabilidad en la contaminación de las fuentes de agua de la comunidad. En la actualidad, la empresa viene remediado en un avance significativo los pasivos ambientales mineros (PAM). En este proceso de remediación la comunidad viene desarrollando acciones importantes en la vigilancia de la remediación a través del Comité de Monitoreo Ambiental Comunitario con visitas al lugar, en coordinación constante con DHUMA.

(Pasivos ambientales en Condoraque)

4. Conclusiones

    • El litigio estratégico, como herramienta jurídica, puede ser contribuir en la lucha por la exigencia y protección de los derechos de los pueblos indígenas de manera efectiva frente al desarrollo de actividades extractivas. Logrando que los jueces o tribunales ordenen el despliegue de políticas por parte del Estado, sus instituciones y empresas, orientadas a lograr la protección de los derechos colectivos de estos pueblos.
    • Al iniciar acciones legales en tribunales locales, se abre la posibilidad de que estos órganos sienten precedentes que podrían ser utilizados por otras comunidades (pueblos indígenas) para exigir la protección de sus derechos   en situaciones similares, sin verse así en la necesidad de iniciar otros procesos judiciales. Al igual que, tampoco se hará necesario recurrir ante organismos jurisdiccionales supranacionales regionales o internacionales.
    • El utilizar el litigio estratégico como herramienta para exigir la protección de derechos colectivos, trae consigo dos consecuencias directas en las comunidades: i) que los miembros de las comunidades se empoderen en el manejo de este instrumento y de los conocimientos de sus derechos colectivos: y ii) que al optar por una alternativa pacífica, evitamos situaciones de protestas sociales, como consecuencia de ello las represiones desproporcionadas que culminan con fallecidos, heridos,  detenidos, torturados y procesados.

 

Rodrigo Lauracio Apaza

Derechos Humanos y Medio Ambiente - Puno

Puno, 12 de abril del 2018.

SUSPENDEN EL SEGUNDO JUICIO ORAL SEGUIDO A LOS LÍDERES DEL CASO AYMARAZO

 

El Juez Penal Unipersonal de Desaguadero - CHucuito Marco Antonio Ticona Mirando hoy jueves 10 de mayo a las 10 horas aproximadamente instaló la audiencia por el segundo juicio oral por el caso Aymarazo, esta vez se llevó en la sede la Corte Superior de Justicia de Puno por medida de seguridad ya que debería llevarse en Desaguadero, los líderes acusados son José Aurelio Cupi Claros, Javier Pari Sarmiento, Patricio Illacutipa Illacutipa, Rufino Machaca Quinto y Walter Aduviri Calisaya; este último presentó un documento indicando que el día mañana 11 de mayo tiene Audiencia en la Corte Suprema de Lima por lo que el juez admitió y programó continuar el día lunes 21 de mayo a horas 10 horas en la misma sede.

Según el expediente N° 00097-2012 tramitado en el Juzgado de Desaguadero, donde el Fiscal de Desaguadero solicita nuevamente 7 años de pena privativa de libertad con el carácter de efectiva para cada uno de los acusadosy 2 millones de soles por reparación civil quienes en forma solidaria deberán pagar a favor del Estado.  Además, el señor Fiscal de Desaguadero responsabiliza a los líderes aymaras como coautores mediatos.

“…quienes, en su calidad de dirigentes institucionales, y con dominio de esta masa irracional, enardecida que jamás dio razones, ni entendió las mismas, empujaron a la población a la comisión de …” Argumenta el fiscal en el expediente.

Se considera que la Sentencia Penal Colegiada, contenida en la Resolución N° 63, de fecha 18 de Julio 2017, (aymarazo I) ya viene replicándose para reprimir a los defensores Ambientales y los derechos humanos de los pueblos indígenas, indicando que los denunciados convocaron a una movilización ilegal en contra del proyecto minero Santa Ana en el distrito de Huacullani en el año 2011.

Inicialmente en este proceso, Julio Alain Talledo Chávez procurador Púbico  especializado en asuntos de Orden Público del Ministerio del Interior denunció a 7 líderes aymaras entre ellos a Walter Aduviri Calizaya, Rufino Machaca, José Cupi Claros, Gilber Chura, Benjamín Choque, Patricio Illacutipa y Domingo Quispe, pero en el transcurso del proceso algunos fueron excluidos, Sin embargo el fiscal sustenta que los dirigentes habrían movilizado a más de 50.000 pobladores ayamaras para realizar disturbio en el distrito de Desaguadero.

Fuente: DHUMA

(Presentación en Ginebra - Suiza) Situación actual de los defensores y defensoras indígenas de derechos humanos en Puno, Perú

 

Fuente: DHUMA " José Bayardo Chata, Rodrigo Lauracio A. Presentando la situación de las Defensoras y Defensoras de Derechos Humanos de Perú en Ginebra - Suiza.

I. Contexto nacional en Perú

Para hacer una descripción actual contexto nacional peruano en el que las y los defensores de derechos humanos despliegan su labor, creemos oportuno hacer referencia al Informe Anual de la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos-CNDDH[1] del año 2015-2016 (de la que nuestra institución, Derechos Humanos y Medio Ambiente-Puno, forma parte) pues reúne información integrada de la actual situación. En este informe en su sección Criminalización de la Protesta y la situación de los defensores y defensoras de los derechos humanos, se hace una cabal descripción del contexto nacional. Este informe nos brinda los siguientes datos.

 

Situación de las defensoras y defensores de derechos humanos.

  1. Asesinatos de defensores a manos de sicarios y policías.

Durante el gobierno de Ollanta Humala Tasso, 78 defensores de los derechos humanos fueron asesinados. En lo que va de gestión de PPK, se han producido 9 muertes. Estos asesinatos responden a tres dinámicas marcadamente diferenciadas:

  • El 33,3% son asesinatos a manos de sicarios vinculados a industrias extractivas. De estos casos una abrumadora mayoría (98,71%) ocurrieron en el ámbito de influencia de empresas formales como la brasileña Odebredtch.
  • El 67% murieron como resultado de la acción de las fuerzas del orden en situaciones de protesta social.
  • El 17,98% de los defensores asesinados por sicarios fueron dirigentes sindicales de la construcción civil. En cuanto al perfil de las víctimas, se trata mayoritariamente de defensores que operan en zonas rurales (94,87%,), de sexo masculino, y adultos. En torno a un 5,13% de las víctimas causadas por las fuerzas del orden son menores de edad, y un 2,56% del total son mujeres.

A partir de las cifras mencionadas la acción de las fuerzas del orden resalta como el primer factor de riesgo para la vida e integridad personal de las defensoras y defensores, lo que resulta congruente con el peso de la protesta social en la defensa de los derechos humanos en el Perú, sobre todo en sectores sociales que, como los pueblos indígenas, no reciben la protección del Estado cuando emplean los canales institucionales. Como factores que explican la elevada cantidad de víctimas mortales destacan la falta de entrenamiento y equipamiento adecuados por parte de los efectivos, la deficiente planificación de los operativos, así como la prestación de servicios policiales bajo convenios con las industrias extractivas. Bajo esta figura los efectivos policiales actúan siguiendo las instrucciones de las empresas a cambio de diversas contraprestaciones.

A nivel normativo constituyen avances la promulgación de una ley que regula el uso de la fuerza por parte de la PNP y su respectivo reglamento (Decreto Legislativo N° 1186 y Decreto Supremo 012-2016- IN). Estos dispositivos legales no introducen nuevos estándares en el ordenamiento nacional, pero al menos tienen la virtud de acercar a los funcionarios encargados de hacer cumplir la ley y a quienes deben evaluar su conducta los estándares internacionales en la materia.

Por otro lado, la normativa sectorial en materia de uso de la fuerza presenta una serie de limitaciones, las cuales fueron puestas de manifiesto sin resultado al sector Interior antes de la aprobación de las normas en cuestión

1.1. Necesidad de visibilizar la diversidad y generar protocolos de actuación adecuados frente a ésta.

La norma debería excluir toda forma de discriminación en el uso de la fuerza, y establecer la exigencia de adecuar los protocolos de intervención a las características específicas de diferentes grupos poblacionales como las mujeres, adultos mayores, niñas, niños y adolescentes, indígenas, comunidad TLGBI, personas con discapacidad.

Protesta social.

Es necesario regular supuestos diferentes al uso de la fuerza letal, estableciendo requisitos para la disolución de manifestaciones o el uso de armas no letales. En la actualidad estas decisiones son adoptadas con total discrecionalidad por la Policía. Debería quedar constancia de las razones por las que se adoptan estas medidas para permitir un control. Se debería involucrar al Ministerio Público en estas decisiones, por la trascendencia de los derechos involucrados. Los dispositivos que regulen esta materia deberán recoger los estándares fijados por el TC en la sentencia recaída en el expediente 4677-2004-PA.

1.2. Mecanismo administrativo de reparación.

Es necesario garantizar una reparación inmediata a los deudos y heridos en los casos de uso arbitrario de la fuerza. En muchos casos los fallecidos son padres de familia que dejan varios huérfanos en el desamparo. Estos niños no pueden esperar al resultado de procesos judiciales que se demoran varios años y que en la mayoría de los casos son infructuosos.

1.3. Sistema de evaluación del uso de la fuerza.

Deberían realizarse evaluaciones periódicas en base a un plan previamente diseñado que integre objetivos, resultados e indicadores adecuados técnicamente y conformes con los estándares internacionales de derechos humanos. La evaluación debería comprender además de los medios de Policía disponibles y procedimientos operativos aprobados, un balance como mínimo anual del uso de la fuerza a nivel nacional en términos de su cumplimiento de los estándares internacionales de derechos humanos, en base a estadísticas generadas por el sector. Los informes resultantes deberían ser difundidos a la opinión pública.

1.4 Necesidad de establecer un cronograma de implementación del reglamento.

El reglamento de uso de la fuerza establece medias de importancia vital para lograr una actuación policial acorde a los estándares fijados en este dispositivo incluyendo la dotación de armas adecuadas, entrenamiento policial, desarrollo normativo, evaluación de efectivos, etc. Sin embargo, al no establecerse un cronograma de implementación para estas medidas se corre el riesgo de agotar su contenido en simples enunciados.

2. La política del doble rasero: impunidad para los agresores, persecución judicial a defensores.

Durante el gobierno de Ollanta Humala y el primer semestre de gobierno de PPK la impunidad de los ataques a defensores ha continuado siendo la tónica general.

En los casos de asesinatos a manos de sicarios se han logrado avances en el procesamiento de los autores materiales, pero no a los autores intelectuales, directamente vinculados con intereses empresariales. Cuando se trata de muertes a manos de policías y militares la tónica general es la de nulo avance en las investigaciones, y una marcada resistencia a incorporar a los mandos policiales. El contraste con el nivel de avance y duración de los procesos contra dirigentes sociales es evidente. La criminalización es actualmente la principal dinámica de hostigamiento contra los defensores. Actualmente 792 defensores enfrentan procesos judiciales a nivel nacional, el 55% por acciones relacionadas con la defensa de los derechos ambientales y de los pueblos indígenas107. Al igual que sucedió en el proceso por los hechos ocurridos en la Curva del Diablo, casi la totalidad de los casos terminan archivándose porque no existen elementos que sostengan las acusaciones. Sin embargo los procesos se prolongan durante varios años y afectan económica, laboral y emocionalmente a los defensores, debilitando en consecuencia el tejido social. Además estos procesos sin fundamento constituyen un despilfarro de recursos para el sobrecargado sistema de justicia.

El Ministerio Público podría jugar un papel fundamental para superar esta situación, estableciendo filtros rigurosos a fin de bloquear los procesos sin fundamento. Para ello se podría generar un dispositivo normativo con estándares similares a los establecidos a nivel del Poder Judicial en el Acuerdo Plenario 1-2009/ CJ-116 sobre rondas y derecho penal, así como los fijados por la CIDH en el Informe Criminalización de las defensoras y defensores de derechos humanos, y a nivel de Naciones Unidas en el reciente Informe sobre la gestión adecuada de manifestaciones.

Un aspecto que requiere particular atención es el derecho al debido proceso, el cual determina exigencias específicas en el caso de los defensores indígenas. En este campo debemos destacar los avances normativos y en generación de capacidades impulsados desde la Oficina Nacional de Justicia de Paz y Justicia Indígena, con la aprobación de un Protocolo de actuación en procesos que involucren a comuneros y ronderos, y la constitución de un directorio nacional de intérpretes judiciales indígenas. Así mismo, a nivel jurisprudencial destaca la sentencia emitida en el proceso por los hechos de la Curva del Diablo, reconociendo el valor probatorio de la pericia antropológica, e incorporando amplias referencias a la normativa nacional e internacional en materia de derechos de los pueblos indígenas. Es destacable además la plena comprensión del derecho al intérprete manejado por la Sala, hasta el punto de garantizar la interpretación de todas las audiencias y no solo de los momentos en que los acusados indígenas debieron manifestarse.

3. Militarización y estados de emergencia: el pan nuestro de cada día

Especial preocupación genera la Sentencia del TC recaída en el proceso de inconstitucionalidad planteado contra el art. 4.3 del Decreto Legislativo 1095. Presumiblemente el Tribunal se ha dejado llevar por la demanda social de “mano dura” frente a la inseguridad ciudadana, y ha confirmado un ámbito de discrecionalidad extraordinariamente amplio para que el ejecutivo autorice la intervención de las fuerzas armadas en el control del orden interno sin declarar el estado de emergencia.

Esta disposición contraviene el estándar fijado por la CIDH, la cual rechaza la intervención de las fuerzas armadas en el control de la protesta social por el riesgo que genera, ya que las fuerzas militares carecen del entrenamiento y equipamiento adecuados para la intervención en manifestaciones. De la misma manera, la declaratoria de estado de emergencia en situaciones de conflictividad social contraviene los estándares internacionales, los cuales autorizan la suspensión de derechos únicamente en situaciones “que pongan en peligro la vida de la nación” o en una situación de tal magnitud “que amenace la independencia o seguridad del Estado”. Pese a lo señalado, la declaratoria de estado de emergencia y la intervención de las fuerzas armadas han sido durante el último gobierno recursos habituales en situaciones de conflictividad social. Es más, las medidas se han extendido “preventivamente” a territorios y momentos donde no existía conflictividad social. Ello sucedió por ejemplo en el 2016 cuando se declaró en emergencia la zona de Espinar en Cusco, en una situación donde la movilización se desarrollaba únicamente en la zona de Cotabambas en Abancay.

4.- Acoso administrativo.

Durante el gobierno de Ollanta Humala el APCI ha sido empleado como un instrumento de acoso contra las organizaciones sociales que defienden los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres y contra aquellas que defienden los derechos de las poblaciones en el ámbito de influencia de las industrias extractivas. La situación se ha agravado con la aprobación mediante Resolución Directoral Ejecutiva 085-2015/ APCI-DE de un nuevo reglamento que amplia de manera exorbitante las facultades del APCI, condicionando la conservación del registro de las ONGS a la alineación con los objetivos fijados por el gobierno, de acuerdo a las recomendaciones que con amplísima discrecionalidad puede emitir el APCI118. En abril del 2016 la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos presentó una acción popular contra esta norma, al considerar que viola la libertad de asociación, restringiendo la posibilidad de que las ONGS trabajen en función de los objetivos libremente elegidos por ellas119.

5. Hostigamiento mediático

Las redes sociales y los medios de comunicación convencionales continúan siendo herramientas para la difamación de las y los defensores y la descalificación de su labor.

 La situación es especialmente patente en el caso de los defensores ambientalistas y las organizaciones que defienden los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres, pues enfrentan poderes de facto con una amplia capacidad acceder a los medios de comunicación y movilizar periodistas a sueldo. Las agresiones contra mujeres defensoras adoptan características particulares, incluyendo las alusiones de connotación sexual y las injerencias en la vida privada las defensoras. Por su parte las y los defensores tienen muchas barreras para acceder a los medios convencionales por las dinámicas de autocensura que imponen los poderes de facto mencionados. Hasta el momento no existe ningún mecanismo en el Perú que garantice el derecho a la comunicación de las y los de fensores, ya que los medios de comunicación son tratados como mercancías y no como instrumentos necesarios para garantizar el derecho humano a la comunicación.

II. El cazo “aymarazo”: Walter Aduviri y el pueblo aymara criminalizados 

1. Breve descripción de los hechos

 

Este caso se inicia en el año 2007, cuando la empresa minera BEAR CREEK MINIG CORPORATION (Canadiense) solicitó al Estado peruano se declare de necesidad pública su proyecto minero “Santa Ana”, logrando que se emite el D.S. 083 – 2007 – EM que declaraba como tal. Este proyecto minero se ubicaba en el Distrito de Huacullani de la Provincia de Chucuito del Departamento de Puno, espacio que es habitado por comunidades campesinas del pueblos indígena aymara.

Este decreto supremo autorizaba a la empresa a adquirir derechos mineros dentro de los 50 kilómetros dentro de la zona de frontera  y en territorio del pueblo indígena aymara.  Lamentablemente este proyecto minero declarado de necesidad pública imponía una forma de desarrollo distinta a la cosmovisión de pueblo aymara, al igual que, tampoco fue consultada y ponía en riego su territorio.

Estos hechos trajo como consecuencias que entre el año 2008 al 2011 se iniciaran diversas acciones administrativas  como ordenanzas regionales hasta proyectos de ley  que buscaban cancelar el proyecto minero; al igual que protestas sociales por parte de las comunidades aymaras (“aymarazo”) en contra de del “proyecto minero Santa Ana”. Como resultados de estas acciones  se logró la cancelación del proyecto minero “Santa Ana” a través de la emisión del D.S. 032 – 2011 – EM en fecha 24 de junio del 2011, que derogó el Decreto Supremo Nº 083 – 2007 – EM.

Como consecuencia de la derogatoria la empresa minera BEAR CREEK MINIG CORPORATION decidió iniciar un proceso arbitral, demando al Estado peruano ante el CIADI, buscando obtener una reparación de más de un billón de dólares. Argumentando que i) el Estado peruano había cancelado el derecho adquirido por BEAR CREEK MINIG CORPORATION de forma arbitraria, ii) la empresa minera siempre mantuvo una buena relación con las comunidades de influencia directa e indirecta, obteniendo la licencia social para el desarrollo del proyecto minero, iii) las protestas sociales (“aymarazo”) no tuvieron ninguna relación con el proyecto minero “Santa Ana”; por el contrario estas obedecían a intereses políticos de determinados “líderes” . Argumentos por los cuales la empresa exige una reparación económica de 522 millones de dólares. Resolviendo el tribunal concediéndoles una reparación parcial de 18, 2 millones de dólares.

2. Proceso penales iniciados en contra de los voceros del pueblo aymara

Walter Aduviri Calizaya, Domingo Quispe Tancara, Patricio Illacutipa Illacutipa, Rufino Machaca Quinto y Gilver Chura Yupanqui en el procesos de mostrar su disconformidad con el proyecto minero que se pretendía desarrollar en su territorio, tomaron la postura de voceros del pueblo aymara,  comunicando las demandas de las comunidades campesinas aymaras de la zona sur de la región de Puno.

La postura del pueblo aymara fue puesta en conocimiento de las autoridades estatales regionales y nacionales, frente a la presencia de estas concesiones mineras sobrepuestas sobre sus territorios ancestrales, las cuales para el pueblo aymara suponían una afectación directa a sus derechos colectivos, poniendo en riesgo su sobrevivencia como pueblo originario. Frente a la falta de respuesta del estado a sus demandas, y el inminente inicio de las actividades de explotación minera a gran escala en abril 2011, se vieron obligados como última alternativa ejercer su derecho a la protesta social a fin de ser atendidos. Como consecuencias de estos hechos, el Estado peruano, después de 45 días de protesta, reconoció la legitimidad del reclamo del pueblo Aymara y la necesidad de la derogación del decreto supremo en cuestión como medida de reconocimiento de los derechos colectivos aimaras.

Asimismo, el Estado actuó, a través del Ministerio Público, en forma represiva en contra de 32 personas aymaras y uno quechua, aperturándoles acciones de investigación penal por los delitos de extorción agravada, disturbios, entorpecimiento de los servicios públicos, supuestamente cometidos en el marco de la protesta. En dicho proceso penal (expediente 00682-2011- 7-2101- JR-PE- 02), después de seis años, el 18 de julio de 2017, se dictó sentencia de primera instancia, condenándose a uno de los acusados aymaras (Walter Calisaya Aduviri) a siete años de pena privativa de la libertad y al pago de dos millones de soles a favor del Estado. La corte usó el concepto de “coautoría mediata”, que hasta entonces estaba usado únicamente en el contexto de la comisión de crímenes contra la humanidad, para condenar a Aduviri por los daños causados a propiedad público y privado durante los protestas. El Corte indica que Aduviri despliegue tales condiciones de liderazgo que sea capaz de manejar a discreción a toda la población aymara protestante, situación que las mismas comunidades niegan totalmente. Esta posición es completamente contradictoria al position del estado en el caso de arbitraje en CIADI, donde dice que “Ningún individual o partido político podría haber provocado el nivel de malestar social que ocurrió”. La sentencia se emitió sin ninguna prueba de la participación de Aduviri en los eventos, contradiciendo la garantía de presunción de inocencia.

El fiscal no conforme con la sentencia, solicito vía recurso de apelación que los cuatro otro voceros sean condenadas. Este caso fue visto en segunda instancia por el Juzgado de apelaciones de la Corte Superior de Justicia de Puno, ratificando la condena en contra de Water Aduviri y absolviendo a los demás voceros. Actualmente se encuentra en revisión por la Corte Suprema del Perú, esperando la decisión. 

Anotar también que, las comunidades aymaras han manifestado su descontento y desacuerdo con la decisión condenatoria, pues consideran el Estado peruano está criminalizando la protesta social, que a diferencia de otros casos (Bagua/Amazonas, Espinar/Cusco) en los que no se ha condenado a los líderes que son voceros de las comunidades indígenas, no siendo actores autónomos que manifestaban un interés particular sino que expresaban la voluntad de las comunidades que representaba.

3. Impactos que se produjeron como consecuencia de la criminalización penal

Los impactos generados a partir de la persecución judicial a los líderes indígenas aymaras fueron diversas, afectando sobremanera diversos aspectos de su vida.

En el ámbito familiar, como consecuencia del largo durar del proceso penal, se generó un ambiente de sufrimiento psicológico, manifestándose, por ejemplo, en la desintegración familiar. Durante el proceso judicial, los procesados tuvieron que dejar de pasar tiempo en sus hogares con su cónyuge e hijos, situaciones que desencadenaron en fracturas en las relaciones matrimoniales y filiales.

Asimismo, laboralmente, debido a las medidas restrictivas derivadas del proceso, tuvieron que abandonar sus centros laborales por el tiempo que demandaba la asistencia a las distintas diligencias judiciales, condiciones que agravaban las crisis económicas y familiares de los dirigentes acusados.

También las barreras en la administración de justicia para los pueblos indígenas, que provocaron una situación que vulneración al derecho al correcto desarrollo del proceso penal, principalmente respecto al idioma, no existiendo un espacio de discusión y debate intercultural que considere y respete los valores de los pueblos aymaras y quechuas.

Los denunciados son personas que proceden de pueblos alejados, situación que generó menoscabo económico por la obligación de trasladarse a la sede judicial en la ciudad de Puno donde se llevó a cabo las diligencias judiciales, así como asumir conceptos de alimentación y estadía. A esto se suma el requerimiento obligatorio de un abogado que cumpla como defensa técnica; profesionales que no abundan en el conocimiento en temas de derechos de los pueblos indígenas y por la complejidad del caso, acrecentándose el perjuicio económico.

Además de estos impactos sobre las personas que se enfrentan a procesos penales y sus familias, el pueblo Aymara en su conjunto sufrió y sigue sufriendo una serie de impactos sobres sus derechos como resultado de las acciones e inacciones del Estado.

Los cuarenta y cinco días de protesta implicaron costos económicos y sociales, ya que cerca quince mil aymaras tuvieron que abandonar sus hogares y sus familias para cumplir con un éxodo necesario a las ciudades. Durante este tiempo sus tierras y su ganado, que constituyen la base de su subsistencia, no podían ser atendidos, mientras que las comunidades aymaras, que están entre las personas más pobres del Perú, tuvieren que cobrar los gastos del viaje y subsistencia en las ciudades.

El hecho de que su modo de vida y sus territorios han sido amenazados desde 2007, cuando se emitió el Decreto Supremo que autorizaba las concesiones de Bear Creek, ha causado una gran preocupación y alerta enorme en las comunidades aymaras. Este sigue siendo el caso porque las concesiones siguen en vigor y representan una amenaza permanente a los derechos del pueblo aymara, a su modo de vida y su existencia. Un ambiente de intranquilidad se cierne sobre las comunidades aymaras de la región de Puno.

Por otra parte, la presencia de la empresa durante el periodo de exploración y su otorgamiento de beneficios económicos a un segmento muy pequeño de los aymaras ha causado divisiones significativas dentro y entre las comunidades aymaras.

Finalmente resáltanos que, el hecho de que el gobierno emitió concesiones mineros inconsultos en territorios de los pueblos aymara  y no busque su consentimiento, además de violar sus derechos territoriales y culturales, contribuye a debilitar sus instituciones de gobernación y sus leyes y prácticas consuetudinarias, constituyendo  un intento de-facto de asimilación  forcado de los aymaras en la sociedad peruana dominante, algo que el Convenio 169 de la OIT tenía por objeto evitar.

Frente a las políticas de criminalización de la protesta y la persecución judicial de la que fueron pasibles los primeros lideres aymaras, se puede observar en las poblaciones indígenas aymaras una suerte de culpa por la sentencia que recae en uno de sus líderes. Sin embargo, pese a estos ataques a los dirigentes, los ánimos de lucha en defensa de sus derechos no se han visto disminuidos, más por el contrario la vigilancia de sus territorios ahora se manifiesta más permanente y minuciosa.

Estas situaciones nos llevar a reafirmar que las medidas de protección a los defensores y defensoras de derechos humanos y pueblos indígenas, como el caso del pueblo aymara, son nulas. Actualmente en el Perú no existe una política real e integral para protegerlos, más que “buenas intenciones” de declaratoria de políticas.

 

Ginebra, 19 y 20 de marzo del 2018.

W. Rodrigo Lauracio Apaza

Derechos Humanos y Medio Ambiente.

 

FOTOGRAFÍA DE LA PRESENTACIÓN EN GINEBRA - SUIZA

 

Fuente: DHUMA "Relatoría de los Pueblos Indígenas - ONU"

Fuente: DHUMA "Rodrigo Lauracio A. Sustentando el caso Aymara en la Relatoría de los Pueblos Indígenas - ONU"

 

Fuente: DHUMA " Representantes de los diversos casos ante la Relatoría de los Pueblos Indígenas - ONU"

 

Fuente: DHUMA "Participación de la Universidad Columbia - EE. UU. ante la Relatoría de los Pueblos Indígenas - ONU"

 

Fuente: DHUMA " Sede de la Relatoría de los Pueblos Indígenas - ONU"