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APELAN LA SENTENCIA CONDENATORIA CONTRA EXVOCERO AYMARA WALTER ADUVIRI

Abogado Pablo Ricardo Abdo, defensa del exvocero Aymara, Walter Aduviri Calisaya, interpuso recurso de apelación contra la sentencia condenatoria dada por el Juzgado Penal Colegiado de Puno.

El documento de apelación fue remitido a las Juezas del Juzgado Penal Colegiado Supraprovincial de Puno, pidiendo la revocatoria de la sentencia, y la absolución de toda la responsabilidad penal y civil, seguidamente el archivamiento del caso. En otro extremo, también la defensa solicitó la anulación de la sentencia, con la posibilidad de que se realice nuevo juzgamiento con la designación de un nuevo colegiado.

Dentro de los argumentos se pide la suspensión de la condena contra Aduviri, ya que este cumple deberes de funcionario público en Puno, que no han sido cuestionados en el proceso penal. También se indica que lo que hizo Aduviri fue afirmar un arraigo natural, respecto de las labores que el mandato del pueblo le confiere. Para la defensa técnica, la decisión del juzgado causa perjuicio al necesario funcionamiento de las actividades administrativas del gobierno de Puno. Legis.pe tuvo acceso a la apelación completa:

Como se conoce Walter Aduviri Calisaya exvocero Aymara fue condenado 6 años de prisión efectiva y el pago de 2 millones de soles de reparación civil, esto por los hechos ocurridos en el año 2011 conocido como el Aymarazo; lucha de las comunidades aymaras de la zona Sur de la región de Puno contra el proyecto minero Santa Ana, empresa de origen canadiense.  En la sentencia se atribuye el grado de participación como coautor no ejecutivo por atentar la tranquilidad pública.

Aduviri Calisaya actualmente se encuentra purgando condena en el penal de máxima seguridad de Yanamayo, ubicado en la zona de Alto Puno.

 Clic aquí para descargar la apelación

PRONUNCIAMIENTO FRENTE A LA SENTENCIA DEL CASO “AYMARAZO”

La Asociación Derechos Humanos y Medio Ambiente expresa su preocupación por la sentencia emitida esta mañana por el Juzgado Colegiado Penal de la Corte Superior de justicia de Puno en contra del exvocero aymara, Walter Aduviri Calisaya. En dicha resolución judicial se condena a seis años de prisión efectiva y al pago de la reparación civil de dos millones de soles.

Con esta sentencia condenatoria, el Estado renueva su ánimo de persecución a toda persona o grupo humano que recurra a la protesta social como recurso último en la búsqueda de reivindicación de sus derechos denegados.

El derecho a la protesta social, pese a su amparo constitucional (derecho a la expresión, a la participación política y a la reunión) aún no considerado como tal y continúa siendo irrespetando, perseguido y sancionando.

A estos se suma a la afectación que resulta esta resolución en contra de los pueblos originarios a nivel nacional, puesto que son estos pueblos los más vulnerables en el contexto extractivista en el que se mantiene nuestro país, por lo que ante la imposición de actividades extractivas en sus territorios (como viene sucediendo actualmente), estos pueblos estarán limitados por el precedente punitivo que deja tras sí la sentencia en mención.

La protesta suscitada en el 2011 fue totalmente legítima y buscaba detener la arbitrariedad del Estado en la imposición de una forma distinta de desarrollo al que ancestralmente mantienen las comunidades campesinas del sur de la región de puno, así como el respeto a los derechos contenidos en el Convenio 169 de la OIT, como de otros cuerpos normativos nacionales e internacionales.

¡No a la criminalización de la protesta! ¡No a la persecución política y penal de pueblos originarios!

Derechos Humanos y Medio Ambiente – Puno, Perú

Puno, 14 de agosto de 2019

SOLICITAN QUE LA APELACIÓN DEL EXVOCERO AYMARA WALTER ADUVIRI SE DESARROLLE EN OTRO DISTRITO JUDICIAL.

El argumento de trasladar a otro Distrito Judicial el proceso desarrollado hasta este momento en Puno contra exvocero Aymara Walter Aduviri Calisaya; se fundamenta en los últimos hechos registrados en la ciudad de Puno e interior de la región; donde pobladores de las comunidades campesinas realizaron “movilizaciones” en solidaridad con el exvocero Aymara, sentenciado a 6 años de prisión efectiva y pago de dos millones de soles de reparación civil a favor del Estado.

Guadalupe Manzaneda Peralta, Fiscal de la Segunda Fiscalía Superior Penal de Puno, remitió el documento pidiendo al Presidente de la Sala Penal de Apelaciones de la Corte Superior de Justicia de Puno, la transferencia de competencia en el proceso seguido contra exvocero Aymara Walter Aduviri Calisaya por el delito de disturbios en agravio del Estado Peruano.

En el petitorio refiere la aceptación del trámite, y consecuentemente trasladar el proceso a otro Distrito Judicial del país, a fin de garantizar el proceso de apelación que está en curso. En el documento narra también los desmanes ocurridos en el Aymarazo de 2011 donde quedaron afectadas las instituciones públicas y privadas.

Finalmente, ¿Qué significa este pedido? Lo dejamos al criterio y análisis de la situación.

Dejando en claro que la protesta social es un derecho Constitucional…

 

¡Advertencia! POLICÍA NACIONAL DEL PERÚ DETENDRÁ A QUIENES REALICEN PROTESTAS EN LAS VÍAS PÚBLICAS POR EL CASO “AYMARAZO”

Los que participaron del paro preventivo este lunes 19 de agosto, advirtieron que ingresarán a un paro indefinido si el Poder Judicial continúa con reafirmar la sentencia contra Walter Aduviri, según manifestaron los dirigentes de las diferentes zonas.
Como respuesta, un alto mando de la Policía Nacional del Perú, quien no quiso ser identificado, índicó que su institución no permitirá que se repita un nuevo "Aymarazo"; asimismo, el general de la PNP habría dispuesto que se detenga a quienes bloqueen pistas. “La policía no desea enfrentarse con el pueblo, pero si se avisaran protestas que ponen en riesgo el derecho de los demás y se noten actos de vandalismos, habrán detenciones y serán denunciados de inmediato”, expreso el oficial de la policía.
Protesta social del caso Aymarazo

La policía tampoco permitirá reuniones masivas en las vías de acceso a la ciudad; esta orden vendría desde la ciudad de Lima. 

Diario: Sin Frontera

Presentan demanda de proceso constitucional de cumplimiento en contra del Congreso de la República del Perú, por la omisión de desarrollar reglamentariamente la Consulta Previa

 

Hoy (15 de julio) se presentó ante la Corte Superior de Justicia de Puno la demanda de proceso constitucional de cumplimiento en contra del Congreso de la República del Perú, por la omisión de desarrollar reglamentariamente la Consulta Previa del artículo 6.1 del Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), para cual en una conferencia de prensa en el auditorio de Ilustre Colegio de Abogados de Puno se dio a conocer a los medios de comunicación y opinión pública.

Conferencia de prensa "Presentación de la demanda"

Participaron el Abog. José B. Chata Pacoricona de Derechos Humanos y Medios Ambiente (DHUMA) con el tema de proceso seguido por la comunidad campesina de Jatucachi, Abog. (a) Maritza Quispe Mamani del Instituto de Defensa Legal (IDL) abordó los fundamentos de la demanda de proceso de cumplimiento en contra del Congreso, asimismo, se contó con la presencia de los directivos de la comunidad campesina de Jatucachi, quienes dieron sus testimonios por la afectación de las normativas emanados por el legislativo, como el caso de las concesione mineras.

Representantes de la comunidad campesina de Jatucachi

Por su parte, Lucio Ramos Ccopa presidente de la comunidad campesina de Jatucachi, distrito de Laraqueri – Puno, indicó que con anterioridad presentaron una petición a través de una carta dirigida al presidente del Congreso de la República Daniel Enrique Salaverry Villa, indicando que cada norma que se emita tendría que consultarse a los afectados, tal como establece el Convenio 169 de la OIT, hecho que no se tuvo respuesta a la misiva, por tal razón se procedió con la presentación de la demanda de proceso constitucional de cumplimiento en contra del Congreso de la República del Perú, para que modifique el reglamento con la finalidad de implementar la consulta previa de actos normativos.

obretura de la prensa nacional 

Como muestra se tiene, la comunidad campesina de Jatucachi en el año 2017 inició un proceso de amparo a raíz de la presencia de concesiones mineras como la “Acumulación Mariela” en el territorio comunal, sin haberse realizado consulta previa ni con el consentimiento de los pobladores.

Cobertura de la prensa local 

Particpación de los medios de comunciación 

Despachos en vivo a traves de la Radio Onda Azul de alcance regional.

Defensa de la comunidad campesina San José de Llungo en el Tribunal Constitucional del Perú en la ciudad de Arequipa.

 

El 05 de Julio de 2019 se realizó la Audiencia Pública de Pleno, donde estuvieron presentes en la parte demandante el presidente de la comunidad San José de Llungo del distrito de Atuncolla, Francisco Gutiérrez Quispe, la defensa de la comunidad fue asumida por Juan Carlos Ruiz Mollenda de Instituto de Defensa Legal (IDL), y de José Bayardo Chata Pacoricona de DHUMA, por otro lado los demandantes, el abogado de la Sociedad Nacional de Minería y Petróleo, que sustentó u amicus, y los abogados del Ministerio de Energía y Mina (MINEM) e Instituto Geológico Minero y Metalúrgico (INGEMMET).

Por su parte, el presidente de la comunidad campesina de San José de Llungo, Francisco Gutiérrez Quispe, informó ante la audiencia pública de la actividad que desarrolla la comunidad de San José de Llungo; “nosotros vivimos de la agricultura y ganadería y por eso nosotros tenemos que defender nuestros derechos y represento a mi comunidad”.

El abogado José Bayardo Chata Pacoricona, de Derechos Humanos y Medio Ambiente (DHUMA), informó de la defensa técnica asumida por la comunidad de San José de Llungo, manifestando que la comunidad es inminentemente agrícola, ganadera y pesquera, al tener descendencia de la cultura Colla, y se ubica en la zona norte del Departamento de Puno, asimismo heredó el idioma quechua y demás costumbres ancestrales.

La comunidad de San José de Llungo desde 2011, se informaron de la existencia de las concesiones mineras que se sobrepusieron   en su territorio comunal que está conformado por más de dos mil hectáreas y sobre las cuales ha interferido 4 concesiones, hasta la fecha de la demanda en el ámbito del distrito de Atuncolla que representaba el 100% de las concesiones.

Por otro lado, la defensa de la comunidad planteó tres argumentos. El art. 6 del Convenio 169 habla de la afectación directa y no de la afectación inmediata. Que la Corte Interamericano de Derechos Humanos (CIDH) indicó en la sentencia de interpretación del caso Saramaka, párrafo 50, que las concesiones restringen el uso y goce del derecho de propiedad de los pueblos indígenas. Y el tercer argumento fue que las concesiones se entregan a espaldas de las comunidades, pues emiten una publicación en un diario local que solo circula en las ciudades y en español, y no en el campo donde habitan los comuneros. Nadie notifica a las comunidades que se ha entregado las concesiones. Es así, que se entrega clandestinamente las concesiones mineras, por eso ocurrió el caso Aymarazo en el 2011.

Por su parte, el abogado de la Sociedad de Minería, Petróleo y Energía, Luis Carlos Rodrigo Prado, respondió que es docente de derecho de minería en la Pontificia Universidad Católica del Perú. “Yo he enseñado en la PUCP y ahora soy profesor de la Antonio Ruiz de Montoya”.

Asimismo, manifestó que  se trata de una demanda presentada en el año 2012, luego del Aymarazo, y que subió al Tribunal Constitucional en el año 2014. Es un amparo contra la omisión de consulta de concesiones mineras, presentada por la comunidad de Llungo, con la defensa legal de DHUMA e IDL.

Sin embargo, la abogada Blanca Elena Burga de INGEMMET, manifestó que las concesiones que fueron materia de la demanda de proceso de acción de amparo, en la actualidad se encuentran extinguidas , “el petitorio fue justamente de la demandante, era que se ordene al MINEM y al INGMMET que se realice la consulta previa y que se obtenga el consentimiento de los comuneros de la comunidad de San José de Llungo,  susceptibles de ser afectados por la actividad y explotación minera , y como la comunidad se beneficiará con la explotación minera al momento de  realizar la consulta previa” .

Sin embargo el argumento del Estado fue,  que no se consulta concesiones pues en sí mismos, no otorgan permiso de exploración y explotación.

Pero el argumento más importante fue decirle al Presidente del Tribunal Constitucional cómo reaccionaría, si le avisan que INGEMMET ha otorgado concesión minera sobre recursos mineros que están debajo de su casa, a una empresa minera grande, y sin avisarle. Dudo que se queden tranquilos, cuando INGEMMET les diga que las concesionó da ningún permiso.

Si a eso se agrega que los territorios tienen una especial importancia cultural y espiritual para los pueblos indígenas. Le preguntaron al presidente del TC, si reaccionaría o se contentaría con el argumento que eso no otorga ningún permiso.

Procurador público Abog. Walter O. Pastor Reyes de MINEM insinuó que estuvieron orgulloso del Aymarazo, sin embargo, respondieron que fue una tragedia y todos perdieron. Y el magistrado Carlos Ramos planteó el tema de la necesidad de analizar estos problemas desde el Convenio 169 de la OIT.

Finalmente, el magistrado Eloy Espinoza planteó el tema de fondo, qué debe entenderse por afectación directa.