Jr. Arequipa 345 "5to Piso" - Puno
Esta dirección de correo electrónico está siendo protegida contra los robots de spam. Necesita tener JavaScript habilitado para poder verlo.

Comunidades aymaras realizan paro de 48 horas en contra del Poder Judicial

 

El paro de 48 horas convocado por los dirigentes aymaras, en su primer día se cumplió con el bloqueo de vías en algunos distritos de la provincia de Chucuito.

Los tramos donde se ha interrumpido el tránsito son Chua Chua, Parco y Zepita en la vía de Puno – Desaguadero, lugar donde varias unidades vehiculares con destino a Desaguadero resultaron afectadas, quedando varados en la carretera. Mientras que en el tramo Desaguadero – Moquegua, los pobladores del distrito de Huacullani se apostaron en el sector Yorohoco (El puente), en donde los pobladores de los distritos de Huacullani y Pizacoma no permitieron el paso de las unidades vehiculares.

Los manifestantes, entre ellos mujeres y ancianas, adujeron que “debemos de estar unidos y no es justo que Aduviri esté con orden de captura y entre a la cárcel… luchemos juntos”, expresaron los huelguistas.

Desaguadero

En horas de la mañana, el transporte público estuvo restringido en la ciudad binacional; como se sabe, todos los días martes en Desaguadero se realiza la feria semanal, la misma que se realizó con total normalidad, solo estaba restringido el transporte en la Playa, lugar donde los pasajeros aguardaron una unidad vehicular para trasladarse a la ciudad de Puno.

Reclamos

La medida de fuerza es en apoyo al dirigente Aymara Walter Aduviri y en contra del Poder Judicial, que, a través de la Sala de Apelaciones de la Corte Superior de Justicia de Puno, ratificaron la sentencia de 7 años de pena privativa de libertad en contra del dirigente y una indemnización de 2 millones de soles a favor del Estado peruano.

“Con esta sentencia, lo único que están haciendo es criminalizar las protestas, en ninguna parte del mundo se sentencia a un dirigente por defender los recursos naturales… La indemnización que tiene que pagar Aduviri es abusiva, los aymaras no conocemos esa cantidad de dinero”, enfatizó Patricio Illacutipa.

La medida de fuerza se acató en varias localidades del sur de la región de Puno, principalmente en la provincia de Chucuito – Juli.

Fuente: Diario Sin Fronteras

¡El colmo! Cultura pide rechazar pedido comunal de consulta previa

Fotografías tomadas por DHUMA de los restos arqueológicos ubicados en el distrito de Tiquillaca y Atuncolla.

 

Aunque usted no lo crea el Ministerio de Cultura, sector encargado de velar por el derecho de los pueblos y comunidades indígenas a través del Viceministrerio de Interculturalidad, ha pedido al Tribunal Constitucional negar el derecho a la consulta previa de una comunidad campesina que exige ejercer este derecho ante una concesión minera que se superpone a su territorio.

Servindi, 24 de noviembre, 2017.- Según detalla el pedido en su sustento, respecto a la consulta previa el MINCU sostiene que: "De la evaluación técnica del Ministerio de Cultura, se considera que una eventual consulta previa sobre concesiones mineras podría desnaturalizar este derecho colectivo".

Asimismo, agrega que "en la práctica, el diálogo podría centrarse en la discusión si pueden o no realizarse actividades mineras. Lo cual, trae a colación la figura del veto que se encuentra proscrita".

A continuación el artículo que sostiene la denuncia: 

Ministerio de Cultura pide a TC rechazar demanda de comunidad campesina puneña que exige consulta previa

Por Oficina de Derechos Humanos y Medio Ambiente de Puno y el Instituto de Defensa Legal (IDL)

¡El colmo! El Ministerio de Cultura (MINCU) ha pedido formalmente a los magistrados del Tribunal Constitucional rechazar la demanda de amparo interpuesta por la Comunidad Campesina de Arboleda, en Puno, que exige la consulta previa de las concesiones mineras emitidas por el Instituto Geológico Minero y Metalúrgico (INGEMMET) y que se superponen a su territorio ancestral e incluso a importantes restos arqueológicos.

1. Sobre la omisión de consulta de las concesiones mineras promovida por el MINCU

La mencionada demanda fue presentada debido a que el INGEMMET, organismo técnico del Ministerio de Energía y Minas (MINEM), viene violando reiteradamente el derecho de los pueblos indígenas a la consulta previa, pues entregan concesiones mineras a favor de terceros sin realizar procedimientos de consulta previa a los pueblos indígenas donde se ubican los yacimientos mineros. De tal forma, se superponen a sus territorios ancestrales, que han ocupado tradicionalmente. Arboleda optó por acudir a la justicia constitucional para hacer valer sus derechos [1] [2].

Esta no es la única demanda interpuesta por comunidades campesinas de Puno. Son muchas las que ya han recurrido a los tribunales de justicia: San José de Llungo, Palcamayo, Trinidad de Moyogachi, Colca, Patacancha, Ticani Pampa, Virgen Soledad de Cochela, San Jerónimo de Ullagachi, Micaela Bastidas de Yanamojo, San Antonio de Umayo, Jipa Grande y Chico, Chila Bambilla, Chila Pucara y Hatucachi. Incluso, en el caso de las 11 comunidades ubicadas en el distrito de Atuncolla, el Juzgado Civil de Puno ordenó al INGEMMET la consulta de todas las concesiones previas emitidas en el país [3].

Lamentablemente, el MINCU ha decidido intervenir no para defender o promover los derechos de la comunidad como pueblo indígena. Por el contrario, lo hace para que no se reconozca ni aplique su derecho a la consulta previa. Su argumento, señalado en una comunicación oficial y que excusa su intromisión en el proceso judicial, es que “la consulta podría generar falsas expectativas en la población consultada” [4].  Sobre las razones para consultar las concesiones ya nos hemos pronunciado.

Más información en:

http://www.servindi.org/actualidad-noticias/24/11/2017/mincu-pide-tc-rechazar-demanda-de-comunidad-que-exige-consulta-previa

Nueva sentencia ratifica el Derecho a la Consulta en el otorgamiento de las concesiones mineras en Puno.

 

Triunfo jurídico del pueblo aymara. Tercer juzgado de la Corte Superior de Puno declaró fundada la demanda de amparo interpuesta por la Comunidad Campesina Jatucachi y anula 13 concesiones mineras.

Por Rodrigo Lauracio Apaza

En el 2015 la comunidad campesina de Jatucachi (parte del pueblo indígena Aymara) del distrito de Laraqueri, Puno, decidió iniciar un Proceso Constitucional de Amparo[1], debido a que, consideraban que el Ministerio de Energía y Minas (MEM) a través del Instituto Geológico Minero Metalúrgico (INGEMMET) había vulnerado su Derecho a la Consulta Previa y territorio al otorgar 13 concesiones mineras[2] que se sobreponían a su territorio.

Foto: Comunidad Campesina de Jatucachi

Así, el Tercer Juzgado Civil de la Corte Superior de Justicia de Puno conoció el caso signado con el expediente N° 01832-2015 en el que se demandó al MEM e INGEMMET, peticionado al Juzgado que declare la nulidad de las trece (13) concesiones mineras por haber sido emitidas sin consulta previa, violando lo preceptuado en el artículo 6° del Convenio 169 de la OIT[3] que reconoce este derecho y la obligación del Estado peruano de garantizar este derecho cada vez que prevea medidas administrativas —como las concesiones mineras— que pudieran afectar a los pueblos indígenas.

Foto: Comunidad Campesina de Jatucachi

Además, que, el actual procedimiento de concesión minera regulado en el Texto Único Ordenado de la Ley General de Minería – D. S. Nº 014-92-EM genera indefensión en las comunidades, debido a que, al momento de publicarse los petitorios mineros en diarios como “El Peruano” no son conocidas por las comunidades; y estas, no pueden accionar mecanismos administrativos como la “oposición minera”[4]  para oponerse.

Foto: La ganadería en la Comunidad Campesina de Jatucachi

Este Juzgado, el 14 de diciembre del presente año, resolvió declarando fundado la Demanda de Amparo, por tanto, nula las 13 concesiones mineras, al mismo tiempo ordenó que se realice el procedimiento de consulta previa a la comunidad campesina de Jatucachi.

Reafirmando así una línea jurisprudencia importante en la Corte Superior de Justicia de Puno, pues ya en el caso anterior de las “11 Comunidades de Atuncolla – Expediente N° Expediente N° 01846-2012 la Sala Civil resolvió reconociendo también el derecho a la consulta previa en la etapa de otorgamiento de títulos de concesión minera. 

Foto: Comunidad Campesina de Jatucachi

Ahora se tiene dos casos ganados en materia de minería, resueltos por órganos jurisdiccionales, que reconocen que antes del otorgamiento de los títulos de concesión minera, estas deben ser consultadas por el INGEMMET. Posición que siempre ha sido rebatida por el sector de minería del Estado y privados.

Finalmente debemos resaltar que lo resuelto por el Juzgado sienta un precedente importante en la protección de los estándares mínimos que contiene el derecho a la consulta, como el de su “naturaleza previa”, este implica que la consulta debe ser aplicada antes, como bien lo dice la Corte Interamericana de Derechos Humanos en el caso de Saramaka Vs. Suriname,“(…) en las primeras etapas del plan de desarrollo o inversión y no únicamente cuando surja la necesidad de obtener la aprobación de la comunidad, (…)”[5]

Foto: El reconocimiento y uno de las concesiones anuladas en la Comunidad Campesina de Jatucachi

Al consultar a los pueblos indígenas en la primera etapa del proyecto de inversión damos cumplimiento a la razón de ser de este derecho fundamental colectivo, que es, garantizar una plena y contante participación, control sobre su territorio —autodeterminación— y respetó de la dignidad (individual y colectiva) del pueblo indígena.

 

Foto:  Vista panorámica de la Comunidad Campesina de Jatucachi

 

[1] Este litigio constitucional estuvo apoyado por la ONG Derechos Humanos y Medio Ambiente – Puno y el Instituto de Defensa Legal – IDL, Área de Pueblos Indígenas.

[2] Las concesiones mineras son: “010562708 – ANTUQUITO I”, “010279710 – CUSMINE UNO”, “010279510 – CUSMINE DOS”, “010279610 – CUSMINE TRES”, “010422808 – RICKY 1”, “010127315 – TANIA 2015”, “010000109L - ACUMULACIÓN MARIELA”, “010285611 - ALEJANDRA I”, “010576910 – TOCONAO 0947”, “010578610 - TOCONAO 0961”, “010578510 - TOCONAO 0960”, “010577710 - TOCONAO 0953”, “010578210 - TOCONAO 0957”; concesiones otorgadas a favor de las empresas: Distribuidora Logística y Transporte S.A. y otros, Fresnillo Perú S.A.C., Fresnillo Perú S.A.C., Fresnillo Perú S.A.C., Minera del Suroestes S.A.C., Minera del Norte S.A., Aruntani S.A.C., Minera Barrik Misquichilca S.A., BHP Billiton World Exploration Inc. Sucursal del Perú, BHP Billiton World Exploration Inc. Sucursal del Perú, BHP Billiton World Exploration Inc. Sucursal del Perú, BHP Billiton World Exploration Inc. Sucursal del Perú y  BHP Billiton World Exploration Inc. Sucursal del Perú.

[3] Vigente y exigible en nuestro país desde el 02 de febrero del año 1995.

[4] Artículo 144 del D.S. Nº 014-92-EM.- La oposición es un procedimiento administrativo para impugnar la validez del petitorio de una concesión minera; la misma que podrá ser formulada por cualquier persona natural o jurídica, que se considere afectada en su derecho.

La oposición se presentará ante cualquier oficina del Registro Público de Minería, hasta antes de la expedición del título del nuevo pedimento, ofreciéndose en ese momento la prueba pertinente. Vencido este plazo, el nuevo título sólo podrá contradecirse por medio del recurso impugnatorio señalado en el Artículo 125 de la presente Ley.

[5] Corte Interamericana de Derechos Humanos, Caso del Pueblo Saramaka vs. Surinam. Sentencia del 28 de noviembre de 2007. Fundamento 133: “Primero, la Corte ha manifestado que al garantizar la participación efectiva de los integrantes del pueblo Saramaka en los planes de desarrollo o inversión dentro de su territorio, el Estado tiene el deber de consultar, activamente, con dicha comunidad, según sus costumbres y tradiciones (supra párr. 129). Este deber requiere que el Estado acepte y brinde información, e implica una comunicación constante entre las partes. Las consultas deben realizarse de buena fe, a través de procedimientos culturalmente adecuados y deben tener como fin llegar a un acuerdo. Asimismo, se debe consultar con el pueblo Saramaka, de conformidad con sus propias tradiciones, en las primeras etapas del plan de desarrollo o inversión y no únicamente cuando surja la necesidad de obtener la aprobación de la comunidad, si éste fuera el caso. El aviso temprano proporciona un tiempo para la discusión interna dentro de las comunidades y para brindar una adecuada respuesta al Estado. El Estado, asimismo, debe asegurarse que los miembros del pueblo Saramaka tengan conocimiento de los posibles riesgos, incluido los riesgos ambientales y de salubridad, a fin de que acepten el plan de desarrollo o inversión propuesto con conocimiento y de forma voluntaria. Por último, la consulta debería tener en cuenta los métodos tradicionales del pueblo Saramaka para la toma de decisiones”. 

 

“Pareciera que estamos alojados en nuestras propias tierras” indican en el I Congreso de Tenientes Gobernadores.

Con la finalidad de visibilizar y unificar a las organizaciones de tenientes gobernadores hoy (6 de noviembre) se realiza el I Congreso Regional de Tenientes Gobernadores de la Región Puno, en el coliseo de la Universidad Nacional del Altiplano de Puno. Ya que en la actualidad los tenientes gobernadores mantienen y generan respeto como autoridades comunales, quienes son encargados de administrar los recursos naturales, justicia comunitaria, convocar a reuniones, entre otras acciones que en algunas provincias, aymaras,  quechuas aún se mantienen  con una estructura organizativa administrativa y sistema de autogobierno, como los Jurinsaya, Janansaya, Ayanka, Huancollo y otros, con sus costumbres y usos, como vestimenta, instrumentos de uso reglamentario de autoridad y de mando.

Andrés Mauro Cruz Layme, teniente gobernador de la parcialidad de Piñuni del distrito de Cojata, en el evento manifestó: “Jilaqatas, Maranis, Mallkus, Awatiris, Awki Tayka, T´alla, Jiliri, Jila Sullka, Umallix… Así nos identificamos en nuestros pueblos, donde la experiencia de nuestros ancestros quechuas, aymaras, uros y pueblos amazónicos han persistido más de 20 mil años, vivimos en nuestras tierras y pareciera que estamos alojados en nuestras propias tierras, además nuestros ancestros practicaban costumbres y tradiciones como el Buen Vivir”.  

Los tenientes gobernadores provenientes de las diversas provincias de la región Puno desde tempranas se concentraron en la ciudad universitaria, con el objetivo de profundizar en temas como: las funciones de Tenientes Gobernadores, el reconocimiento de las autoridades originarias, justicia intercultural, tierra y territorio, subsidios de los programas sociales y entre otros.

Preocupante postura del Ministerio de Cultura frente a la Consulta Previa y la Concesión Minera

 

Por Javier Jahncke y Beatriz Cortez*

Red Muqui junto a otras instituciones presentamos meses atrás, ante el Ministerio de Cultura, una serie de preguntas relacionadas al posicionamiento político-técnico sobre el conflicto jurídico entre los derechos que otorga una concesión minera y los derechos de los pueblos indígenas a la consulta previa en el marco de la demanda de amparo que sobre el caso de la comunidad campesina Arboleda de Puno, está en proceso ante el Tribunal Constitucional.

 

La respuesta del Ministerio de Cultura ha sido bastante preocupante porque desconoce la importancia de los derechos colectivos de los pueblos indígenas y las obligaciones a las cuales está sujeto el Estado peruano en esta materia. Entre las partes más controversiales de la respuesta del Ministerio de Cultura tenemos las siguientes:

 "De la evaluación técnica del Ministerio de Cultura, se considera que una eventual consulta previa sobre concesiones mineras podría desnaturalizar este derecho colectivo.”

“La medida administrativa asociada al título de concesión minera no generaría afectaciones directas a los derechos colectivos de los pueblos indígenas, ya que la concesión solo otorga un derecho de carácter expectaticio al titular de la misma”

“El título de concesión no supone, per se, la implementación y viabilidad de un proyecto minero sobre una zona concesionada. Motivo por el cual, la consulta podría generar falsas expectativas en la población consultada.”

Respecto a la concesión minera consideramos que el acto de la administración pública que la habilita sí constituye una afectación entendida como cambio o modificación en la situación en el ejercicio de los derechos colectivos de los pueblos indígenas u originarios.

Según señala el art. 9° de la Ley General de Minería respecto a las partes de la concesión minera: “(…) Son partes integrantes de la concesión minera, las labores ejecutadas tendentes al aprovechamiento de tales sustancias. Son partes accesorias, todos los bienes de propiedad del concesionario que estén aplicados de modo permanente al fin económico de la concesión.”

Consideramos que la concesión minera no es un derecho expectaticio en tanto su otorgamiento incluye como parte integrante el desarrollo de actividades que operan sobre un territorio para el aprovechamiento de recursos minerales que puedan o no yacer en este y que causan afectación real.

Como ya lo hemos señalado desde Red Muqui en nuestro documento de Propuestas de Políticas Públicas para una nueva minería en el Perú, las concesiones mineras como la delimitación de los lotes petroleros tienen una afectación real y no potencial sobre los proyectos de vida colectivos de los pueblos indígenas. El proyecto de vida colectivo es un bien protegido por la jurisprudencia de la Corte Interamericana bajo la forma actual del proyecto de vida individual. Además, una concesión minera, implica ya una decisión de Estado de darle determinado uso a una porción de territorio, es una expresión de voluntad del uso territorial que colisiona o afecta favorable o negativamente a los proyectos de utilización territorial de los pueblos indígenas

Es importante destacar que el momento de la solicitud de petitorio minero para una concesión, es el único en el proceso minero donde aún no participa la empresa o titular minero, y por ello, debiera vincular, antes de involucrar a la empresa, a los gobiernos regionales y locales que planifican su desarrollo y el uso de sus tierras, y a las comunidades campesinas y nativas y población en general que pudiera ser afectada por el proyecto, antes de tomar una decisión que puede afectar derechos fundamentales.(1)

Las concesiones mineras aunque stricto sensu no otorgan derecho sobre la propiedad de la tierra sí conllevan a impactos acumulativos en los territorios.(2) Las normas dictadas con los paquetazos normativos entre el 2013 y 2015 en el gobierno de Humala, como las Leyes 30230 y 30327, y el D.S. 001-2015-EM, y los recientes decretos legislativos del actual gobierno de Kuczynski, como el 1333 (aún vigente) y 1320 (y el proyecto de ley 1718), están directamente vinculados a facilitar la inversión minera en especial, dotando para ello a la concesión minera, de los mismos atributos de la propiedad, e incluso mayores (como el uso de la fuerza pública), eliminando garantías para la posesión y propiedad de la tierra, en especial de las comunidades campesinas, y facilitando el acceso a ellas con el sólo hecho de ser titular de una concesión, como ocurre con el saneamiento físico legal establecido en el artículo 38° de la ya citada Ley 30230(3), con este marco normativo la concesión minera no es un derecho que está sujeto a condiciones legales por lo contrario si es exigible de manera inmediata y directa.

En esa lógica, desde la concepción del Estado, la consulta previa en la actividad minera sólo procede para el otorgamiento de la concesión de beneficio (antes de la autorización de la construcción) y para la autorización de inicio de actividades de exploración y explotación. Es decir, el derecho a la consulta previa se está aplicando después de la aprobación de los estudios de impacto ambiental y social, y de todas las autorizaciones necesarias para que dichas actividades se inicien. En ese sentido como política de estado el acto sujeto a consulta previa es un mero trámite y no reviste relevancia.

No se aplica la consulta previa desde las primeras etapas de los proyectos, inclusive desde el petitorio de concesión minera, lo que impide la influencia de los pueblos afectados sobre los proyectos, limita la celebración de varias consultas durante el proceso de otorgamiento de las autorizaciones y licencias, y limita la participación específica de los pueblos indígenas en la realización de los estudios de impactos sociales y ambientales.

El “principio de oportunidad” es uno de los principios que debe de orientar la consulta previa, este indica que el proceso de consulta debe realizarse de forma previa a la medida legislativa o administrativa a ser adoptada por las entidades estatales, en ese sentido al ser la concesión minera un derecho no sujeto a condiciones y de ejecución inmediata en base al principio de oportunidad corresponde que se aplique la consulta previa. Esto no significa que la consulta previa se constituye como un derecho a veto, sino que el Estado en función a sus obligaciones internacionales se encuentra obligado a proteger los derechos colectivos de los pueblos indígenas de forma diligente y oportuna.

Sin embargo, las normas peruanas, entre ellas la Ley de Consulta Previa, Ley N° 29785, limitan los procesos de consulta a “la medida administrativa que faculte el inicio de la actividad o provecto, o el que autorice a la administración la suscripción de contratos con el mismo fin” (artículos 6 y 3, inciso i, del Reglamento y Artículo 2 de la Ley).

Esa perspectiva tiene una limitada interpretación del Convenio 169 de la OIT, al que debemos recordar está suscrito el Estado Peruano, y se establece que el objeto de la consulta es “autorizar un programa que tendrá por objeto la prospección o explotación de los recursos existentes en las tierras de los pueblos indígenas” (artículo 15.2 del Convenio 169) y no se aplica el criterio de la “afectación directa”, mencionado en el artículo 6.1. de dicho convenio, que establece que la afectación del territorio indígena no es una condición de la consulta previa sino su objeto, al “determinar en qué grado el proyecto pueda afectar los “intereses” de los pueblos” al explorar o explotar los recursos existentes en las tierras que ocupan o utilizan de alguna manera.

Es por eso que instancias internacionales como la Comisión de Expertos de la OIT (CEACR), han planteado que la consulta debe llevarse a cabo antes del otorgamiento de la concesión o la licencia para la exploración y explotación de los recursos naturales (4) y se considera que de todas maneras los pueblos deberían ser consultados antes de finalizar el estudio ambiental (5).

Por todo lo expuesto, desde RED MUQUI consideramos que toda disposición estatal para el desarrollo de actuaciones sobre un territorio como lo son las concesiones mineras, debe desarrollarse en el marco de una gestión de recursos sostenibles y acorde a la defensa de los derechos de las comunidades campesinas y por tanto debe estar guiada por un plan de ordenamiento territorial. Es por todo ello, que consideramos que el derecho de consulta previa debe respetarse incluso desde el momento de la solicitud del petitorio, porque como vemos ya se afecta, con la sola titularidad de una concesión, el derecho a la propiedad de la tierra comunal e individual.

Avala dicha postura el hecho que recientemente, el Poder Judicial ha vuelto a reforzar su línea jurisprudencial de protección del derecho a la consulta previa en el marco del otorgamiento de concesiones mineras en la sentencia por el proceso de amparo presentado por la Comunidad Campesina de Jatucachi contra 13 concesiones mineras que se superponían en su territorio, donde el juez del Tercer Juzgado Civil de Puno declara la nulidad de las concesiones mineras por no haber sido consultadas previamente.

Sobre la intervención litisconsorcial del Ministerio de Cultura en el proceso en trámite del  expediente 01129-2012-AA sobre el caso de la Comunidad Campesina Arboleda, si bien este Ministerio legalmente puede participar como litisconsorte en un proceso donde se desarrolla una controversia referente a sus competencias, consideramos sumamente grave que este órgano del gobierno haya solicitado al Tribunal Constitucional que desestime el petitorio de la comunidad campesina de Arboleda, ya que contraviene sus obligaciones constitucionales de protección del patrimonio cultural y de respeto a los derechos colectivos de la pueblos indígenas  y evidencia un claro conflicto de intereses en este sector que es bastante característico de la política de Estado que frente a los derechos humanos viene implementando el gobierno de Pedro Pablo Kuczynski.

Notas:

(1) RED MUQUI, Propuestas de Políticas Públicas para una nueva minería en el Perú. 2014. Pág. 87.

(2) RED MUQUI, Propuestas de Políticas y Reformas Normativas para el otorgamiento de concesiones mineras en el Perú. 2015. Pág. 18.

(3) RED MUQUI y GRUFIDES, Paquetes normativos 2013-2015 y su impacto en los derechos fundamentales en el Perú. 2016. Pág. 19.

(4) CEACR, Informe 2013 (Brasil). CEACR. Informe 2009. Informe III-Parte 1 A (2009). Obs. gen. y otros.

(5) OIT. Reclamación en virtud del artículo 24 de la Constitución de la OIT. Colombia, 2001. GB.282/14/3. párr. 78. 

---
*Javier Jahncke y Beatriz Cortez miembros integrantes de RED MUQUI.


Fuente: RED MUQUI: http://www.muqui.org/comunicaciones/opinion/item/668-postura-preocupante

 

Censo 2017: ¿Qué pueblos originarios existen en la región de Puno?

 

Según el Director Regional de Cultura de Puno, Gary Francisco Mariscal Herrera, indicó que: “El Estado Peruano ha reconocido a los pueblos originarios, hay una base de datos a través del Ministerio de Cultura y en la región Puno existen tres pueblos originarios reconocidos por el Estado Peruano, Pueblo Quechua, Pueblo Aymara y Pueblo Uro”.

Los pueblos originarioas deberán de autoidentificarse en el Censo

La autoidentificación será fundamental en el XII Censo Nacional de Población y VII de Vivienda y III de Comunidades Indígenas, que se realizará este domingo 22 de octubre del presente año. Donde se incluirá la pregunta de autoidentificación étnica en la ficha censal, que apelará al autorreconocimiento de cada poblador del campo y de la ciudad.

En la actualidad el Estado Peruano ha reconocido a 55 pueblos originarios en el todo el territorio nacional. Estos pueblos mantienen y reproducen instituciones culturales propias como el uso de lenguas ancestrales, el quechua y el aimara en los Andes, el asháninka y el shipibo-konibo en la Amazonía, entre otras. Desarrollan prácticas culturales ancestrales que coexisten en el Perú actual y se mezclan con prácticas posteriores como la vestimenta occidental, el uso del castellano y la tecnología moderna. Son estos pueblos a los que hoy conocemos como pueblos indígenas u originarios.