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¿Por qué un día mundial del agua?

 

El Día Mundial del Agua se celebra anualmente el 22 de marzo como un medio de llamar la atención sobre la importancia del agua dulce y la defensa de la gestión sostenible de los recursos de agua dulce.

Cada año, el Día Mundial del Agua destaca un aspecto particular relacionado con el agua.

La creación de un día internacional dedicado al agua fue recomendado durante la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Medio Ambiente y el Desarrollo (CNUMAD) de 1992 en Río de Janeiro. La Asamblea General de las Naciones Unidas respondió a dicha recomendación designando el 22 de marzo de 1993 como el primer Día Mundial del Agua.

La Asamblea General de las Naciones Unidas adoptó el 22 de diciembre de 1992 la resolución A/RES/47/193 por la que el 22 de marzo de cada año fue declarado Día Mundial del Agua, a celebrarse a partir de 1993, en conformidad con las recomendaciones de la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Medio Ambiente y el Desarrollo contenidas en el Capítulo 18 (Recursos de Agua Dulce) del Programa 21.

Se invitó entonces a los diferentes Estados a consagrar este día, en el marco del contexto nacional, a la celebración de actividades concretas como el fomento de la conciencia pública a través de la producción y difusión de documentales y la organización de conferencias, mesas redondas, seminarios y exposiciones relacionadas con la conservación y desarrollo de los recursos hídricos, así como con la puesta en práctica de las recomendaciones del Programa 21.

El 22 de marzo es una oportunidad de aprender más sobre temas relacionados con el agua, sirve de inspiración para compartir los problemas relacionados con el agua y tomar medidas para cambiar la situación. El Día se remonta a la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Medio Ambiente y el Desarrollo de 1992 en la que se propuso declarar una fecha dedicada a este asunto. La Asamblea General decidió designar el 22 de marzo de 1993 como el primer Día Mundial. Cada año, ONU-Agua, la entidad que coordina el trabajo de la Organización sobre el agua y el saneamiento, establece un tema para el Día correspondiente a un desafío actual o futuro.

La humanidad necesita agua

Una gota de agua es flexible. Una gota de agua es poderosa. Una gota de agua es más necesaria que nunca.

El agua es un elemento esencial del desarrollo sostenible. Los recursos hídricos, y la gama de servicios que prestan, juegan un papel clave en la reducción de la pobreza, el crecimiento económico y la sostenibilidad ambiental. El agua propicia el bienestar de la población y el crecimiento inclusivo, y tiene un impacto positivo en la vida de miles de millones de personas, al incidir en cuestiones que afectan a la seguridad alimentaria y energética, a la salud humana y al medio ambiente.

No dejar a nadie atrás

El tema de este año es "No dejar a nadie atrás". Se trata de una adaptación de la promesa central de la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible: todo el mundo debe beneficiarse del progreso del desarrollo sostenible.

Una de las metas del Objetivo 6 de Desarrollo Sostenible (ODS 6) consiste en garantizar la disponibilidad y la gestión sostenible del agua y el saneamiento para todos de aquí a 2030. Por definición, eso significa no dejar a nadie atrás.

Hoy en día millones de personas viven todavía sin agua potable –en el hogar, la escuela, el lugar de trabajo, la granja, la fábrica– y luchan por sobrevivir y prosperar. A menudo, se olvidan los grupos marginados: mujeres, niños, refugiados, pueblos indígenas, personas con discapacidad y muchos otros. O bien, se los discrimina cuando intentan conseguir y gestionar el agua potable que necesitan.

Cuando hablamos de “agua potable” nos referimos al “servicio de abastecimiento de agua potable gestionado de manera segura”, es decir, agua a la que se puede acceder en las viviendas, cuando se necesita y que no está contaminada.

El derecho al agua

En 2010, las Naciones Unidas reconocieron que “el derecho al agua potable y el saneamiento es un derecho humano esencial para el pleno disfrute de la vida y de todos los derechos humanos.” Por derecho humano al agua se entiende el derecho de toda persona, sin discriminación, a disponer de agua suficiente, segura, aceptable, accesible y asequible para uso personal y doméstico, y comprende el agua para el consumo, el saneamiento, la colada, la preparación de alimentos y la higiene personal y doméstica.

Los “motivos de discriminación” para que algunas personas resultan especialmente desfavorecidas en lo que respecta al acceso al agua son:

·         el sexo y el género;

·         la raza, la etnia, la religión, la condición de nacimiento, la casta, el idioma y la nacionalidad;

·         la discapacidad, la edad y el estado de salud;

·         la tenencia de bienes, el lugar de residencia, y la situación económica y social.

Otros factores como la degradación del medio ambiente, el cambio climático, el crecimiento demográfico, los conflictos, los flujos de migración y los desplazamientos forzosos.

Para no dejar a nadie atrás, debemos concentrar nuestros esfuerzos en incluir a las personas que han sido marginadas o ignoradas. Los servicios de abastecimiento de agua deben satisfacer las necesidades de los grupos marginados y sus voces deben ser tenidas en cuenta en los procesos de adopción de decisiones. En los marcos normativos y jurídicos debe reconocerse el derecho de todos al agua, y debe proporcionarse financiación suficiente, de forma equitativa y efectiva, para los que más la necesitan.

El Día Mundial del Agua está coordinado por ONU Agua Disponible en inglés, un mecanismo de colaboración de las Naciones Unidas para temas relacionados con el agua potable en el que participan gobiernos y otras entidades.

Latinoamérica posee un tercio del agua dulce del mundo

América Latina posee un tercio del agua dulce del mundo, sin embargo, es una región con deficiencias en la gestión de la misma: 34 millones de personas no tienen acceso al agua potable y la cobertura de saneamiento está por debajo del 15 %.

"La economía de la región fluye en agua. Latinoamérica es una región privilegiada con un tercio del recurso de agua dulce del mundo, pero si algo está dejando de lección aprendida el cambio climático, es la importancia de gestionar mejor", así lo explicó Sergio Campos Jefe de la División de Aguas del Banco Internacional de Desarrollo (BID) durante una entrevista a la agencia de noticias EFE.

Sergio Campos estableció cinco áreas críticas en cuanto al agua en Latinoamérica: el acceso, la financiación de proyectos, la gobernanza, la seguridad hídrica para proteger las fuentes, y la operación, e innovación.

Campos considera que los países deben hacer conciencia de que las inversiones en este campo producen grandes beneficios en áreas como la salud, educación, combate a la pobreza y reducción de las desigualdades.

Las tecnologías de punta e innovadoras son otra de las ramas a tener en cuenta, ya que con estas se pueden modernizar los sistemas de gestión del recurso hídrico, tarea en la que las empresas privadas deben jugar un papel primario, explicó Campos.

Otro gran factor que la región debe tener en cuenta es el cambio climático, pues está provocando sequías o escasez en regiones de Centroamérica como México, Perú, Brasil, Bolivia y el Caribe.

"Tenemos el privilegio de contar con bastante agua, pero los recursos hay que protegerlos. Tendremos sequías e inundaciones más frecuentes e intensas y eso afecta la calidad de los acuíferos. En este contexto la administración de agua va a ser fundamental", concluyó.

"Cada vez son más los que sufren por la falta de fuentes de agua potable", papa Francisco

Con ocasión del Día Mundial del Agua, el papa escribió un mensaje al director general de la Organización de Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO), José Graziano da Silva, en el que destacaba que "que el agua es un bien imprescindible para el equilibrio de los ecosistemas y la supervivencia humana, y es necesario gestionarla y cuidarla para que no se contamine ni se pierda".

Y en su mensaje denunció que "se percibe en nuestros días cómo la aridez del planeta se extiende a nuevas regiones, y cada vez son más los que sufren a causa de la falta de fuentes de agua apta para el consumo".

Al recordar el tema de este día: "no dejar a nadie atrás", el pontífice argentino destacó que es un "derecho humano fundamental, que debe respetarse pues está en juego la vida de las personas y su misma dignidad".

Entre estos gestos, el papa instó en la necesidad de "invertir en futuro, educando a las nuevas generaciones para el uso y cuidado del agua".

"Esta tarea de concienciación es una prioridad en un mundo en el que todo es descartable y despreciado, y que no estima en muchos casos la importancia de los recursos que tenemos a nuestro alcance", añadió.

 

¿Sirve el Tribunal Constitucional para proteger derechos de las comunidades campesinas de Puno?

 

¿SIRVE EL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL PARA PROTEGER DERECHOS DE LAS COMUNIDADES CAMPESINAS DE PUNO?

TRAS 7 AÑOS TENER EL EXPEDIENTE TC DECLARA NULO TODO Y LO ENVÍA A JUEZ DE PUNO PARA COMENZAR DE CERO OTRAS VEZ

 

Área de Pueblos Indígenas de Instituto de Defensa Legal (IDL)

Derechos Humanos y Medio Ambiente (DHUMA)

El Tribunal Constitucional (TC) acaba de emitir una resolución que ha decepcionado a las comunidades campesinas afectadas en sus derechos y algunos organismos de derechos humanos entre los que se encuentra Derechos Humanos y Medio Ambiente de Puno y el Instituto de Defensa Legal.

1. Hace 7 años tiene el Tribunal Constitucional un expediente sin resolver

En el año 2011 la comunidad campesina Arboleda de Puno, presentó la demanda de amparo contra la omisión de consulta previa de las concesiones en su territorio, con el patrocinio legal de DHUMA e IDL. Se trata de una demanda presentada por la comunidad campesina de Arboleda, luego de descubrir que Ingemmet había entregado concesiones mineras sobre los recursos mineros que hay debajo de su territorio, sin nunca avisarles y sin consulta previa.

La demanda fue desestimada en las dos primeras instancias en la Corte de Puno. Es así, en el año 2012, subió el expediente al TC vía recurso de agravio constitucional (RAC), y hasta la fecha no hay sentencia. Es decir, han pasado 7 años desde que el expediente se encuentra físicamente en el TC, y hasta la fecha no hay sentencia, a pesar de haberse realizado dos vistas de la causa (audiencias). En definitiva, son ocho años en total que ha durado el proceso de amparo si tomamos en cuenta desde primera instancia (2011-2019). Siete años en el TC

2. TC declara todo nulo y ordena comenzar el proceso de cero

Primero, en fecha 04 de marzo se nos vuelve a notificar con una resolución que ya había sido emitida en abril del 2012, mediante el cual el TC asume jurisdicción indicando que será él quien decida sobre el fondo y ordenado que se notifique a la entidad demandada, sin embargo, el jueves 7 de marzo pasado, a través de una nueva resolución declaró nula la resolución anterior, así como todo lo actuado y decidió enviar el expediente al juez de 1ra instancia a Puno. (Link a la resolución: https://tc.gob.pe/jurisprudencia/2019/01129-2012-AA%20Resolucion.pdf?fbclid=IwAR2_1-sKVKhWi49N1fhZyuiU81Ow-iPK9xeqpuuyx4MGtH2bAU-sE2jCZG4). No le importó que 8 años haya pasado la comunidad esperando la resolución del caso, para declarar nulo todo lo actuado.

3. ¿Deben demorarse tanto los procesos constitucionales?

El artículo 25 de la Convención Americana de Derechos Humanos es muy claro. Todos tenemos derecho a un recurso sencillo y rápido para proteger nuestros derechos. El artículo 20 del Código Procesal Constitucional aprobado por Ley 28237, dice que el TC se pronunciará dentro de los 30 días hábiles en relación del recurso interpuesto. El artículo III del Título Preliminar del Código Procesal mencionado reconoce los principios de celeridad y economía. El Reglamento Normativo del TC, en su artículo 19.3, señala que son deberes de los magistrados resolver los asuntos de su competencia con sujeción a la garantía del debido proceso y dentro de los plazos legales.

4. El problema: ¿7 años demoró el TC en descubrir que los titulares de las concesiones no habían sido emplazados?

En el año 2012 el expediente del TC subió al TC vía RAC. ¿7 años necesitaron para descubrir que los titulares de las concesiones no habían sido emplazados? ¿Es tan difícil darse cuenta de esto?' El TC pone bastante énfasis en proteger los derechos de los demandados y deja de lado los derechos de la comunidad demandante. En su primera resolución del 2012 asume jurisdicción indicando que se debe notificar al INGEMMET para que pueda ejercer su derecho a la defensa. Y ahora, en la resolución de nulidad, cautela el derecho de los titulares de las concesiones mineras, empresas privadas, indicando que es necesario que todo vuelva a fojas cero en virtud de no afectar los derechos de estos últimos. El TC no advierte que con su resolución de nulidad está afectado en sobremanera los derechos de Arboleda, derechos que como pueblos originarios merece especial amparo.

5. ¿Había otra alternativa?

Según la argumentación del TC, declaró nula la resolución que admitía la demanda, pues los titulares de las concesiones mineras nunca fueron emplazados y nunca pudieron defenderse. Por qué el TC, en la resolución inicial que admitía el proceso no emplazó a los titulares de las concesiones. Un simple oficio a Ingemmet pidiendo información sobre los titulares de las concesiones mineras hubiera bastado.

El TC no motiva adecuadamente su decisión. No sopesa otras alternativas menos atentatorias de derechos para las partes. Tampoco toma en cuenta el principio de celeridad y economía establecida en el artículo III del Título Preliminar del Código Procesal Constitucional.

El Código Procesal Civil, como norma supletoria aplicable, indica en su artículo 176º que “Los Jueces sólo declararán de oficio las nulidades insubsanables, mediante resolución motivada, reponiendo el proceso al estado que corresponda.” En la resolución en cuestión no se cumple con lo requerido en este artículo respecto a las condiciones que la nulidad debe tener; primero, con la calidad de insubsanable, es decir que no exista otro remedio, otra alternativa menos drástica, solo es ese supuesto se declara de oficio la nulidad, y, segundo, que la resolución debe estar debidamente motivada, que se esgrima argumentos suficientes que sustente la decisión.

6. ¿Cuál es el mensaje que está resolución envía a las comunidades campesinas afectadas por el Aymarazo?

El mensaje es muy claro. Los mecanismos institucionales creados por la Constitución para resolver los conflictos sociales, como son los procesos constitucionales, no funcionan. No sirven. Luego de 8 años la justicia constitucional no tiene una respuesta. Pero no solo no funciona la justicia constitucional, sino que no funciona el Estado, en su rol de garante de los derechos fundamentales.

Este tipo de resoluciones le dan la razón a aquellos que irresponsablemente promueven salidas extra sistema, salidas muchas veces violentas. Este tipo de resoluciones le dan la razón a aquellos que propugnan la justicia por mano propia, peligrosa e inadmisible en un Estado Constitucional.

Nos pasamos meses DHUMA e IDL convenciendo a las comunidades campesinas que había que confiar en el Estado, en los jueces y en el TC, que estos no eran enemigos de las comunidades. Es así que la comunidad de Arboleda, asimilando esto, interpone esta demanda de amparo a pocos meses después de desatado el Aymarazo. La verdad es que este tipo de respuestas solo incentivan formas de protesta que luego el Estado condena y criminaliza. Y cuando la gente protesta, como lo hicieron en el Aymarazo, les abren proceso penal por la comisión de los delitos de extorsión, disturbios y entorpecimiento del funcionamiento de los servicios públicos.

7. ¿Qué está en juego?

Como se recuerda, la protesta del Aymarazo en el año 2011, fue luego que las comunidades campesinas descubrieran que el 60% del territorio de la región de Puno tenía concesión minera, y ninguna de ellas había sido con consultada con las comunidades campesinas sobre la que se superponía, todo a pesar de la importancia del territorio para los pueblos indígenas.

El TC no comprende la importancia de este caso. A nivel nacional, hay más de 7,000 comunidades campesinas y aproximadamente el 50% del territorio de ellas tienen concesión minera. A pesar que el artículo 7.1 del Convenio 169 habla del derecho a su propio modelo de desarrollo y a controlar su territorio, en ejercicio de su derecho a la libre determinación, se les quiere impone otro modelo de desarrollo, se les quiere imponer un modelo extractivista que demandará grandes cantidades de agua, recurso escaso que los pueblos indígenas necesitan para sus actividades de subsistencia como es la actividad agropecuaria.

8. ¿Por qué las comunidades campesinas cuestionan la constitucionalidad de las concesiones mineras ante la justicia constitucional?

Primero, luego de recortarles a los gobiernos regionales la facultad de hacer ordenamiento territorial, ahora Ingemmet ordena el territorio desde intereses mineros, es decir, un funcionario de Ingemmet que nadie ha elegido decide el uso del territorio por 30 millones de peruanos, y solo exclusivamente desde intereses de inversión minera.

Segundo, las concesiones mineras nunca son notificadas realmente a las comunidades campesinas, según su norma, solo sacan avisos del petitorio minero que se pretende concesionar, en diarios en español que solo circulan en zonas urbanas y no llegan al campo donde viven las comunidades. Pero además, estos avisos, nunca dicen los nombres de las comunidades realmente afectadas, ni las zonas involucradas, solo se señala las coordenadas UTM de la cuadrícula de concesión. Y cuando estas concesiones son aprobadas, es decir, tituladas, su publicación se da a conocer a través de solo el Diario Oficial El Peruano, de circulación más restringida mediante resoluciones de presidencia del Ingemmet, las cuales que son emitidas meses, incluso años después, tampoco siendo de alcance a las comunidades.

En tercer lugar, al no ser notificadas realmente con el petitorio de concesión, nunca pueden interponer el recurso de oposición dentro del mismo procedimiento administrativo, y cuando se enteran de las concesiones ya pasó el plazo para presentarlo. Tampoco pueden acceder a un proceso judicial, puesto que de la misma forma no se notifica con los títulos de concesión a las comunidades. En cuarto lugar, se han entregado concesiones debajo de restos arqueológicos como las chullpas de Sillustani en Puno o las montañas de 7 colores en Cusco; y quinto, las normas que regulan la consulta previa niegan la consulta de las concesiones mineras, con el argumento que estas no afectan a las comunidades.

Todo ello a pesar que el párrafo 50 de la sentencia de interpretación del Caso Saramaka de la Corte IDH, dice que la entrega de concesiones si afecta y restringe el uso y goce del derecho de propiedad sobre sus territorios de los pueblos indígenas.

9. Cuál es la situación actual de las concesiones mineras en la comunidad Arboleda?

Luego de presentada la demanda de amparo, las concesiones fueron anuladas por Ingemmet, pues sus titulares no pagaron el derecho de vigencia. No obstante, hoy hay nuevas concesiones mineras como lo dicen en el video (Link al vídeo https://youtu.be/zY-mElUX4fY). Por esta razón, corresponde un amparo innovativo, de acuerdo con el segundo párrafo del artículo 1 del Código Procesal Constitucional, que precisa que cuando el hecho lesivo es irreversible o ha cesado la violación deberá declararse fundada la demanda a efectos que no vuelva a ocurrir la violación.

La concesión minera actual se denomina Nautilus I, tiene código 010258118, la misma que se encuentra en estado de trámite ante el Ingemmet para su posterior titulación. Tiene una dimensión de 1000 hectáreas. Su peticionante es la empresa minera STONE WOLF MINING COMPANY S.A.C.

10. A manera de conclusión

Los jueces hablan por sus sentencias. Por ella debemos juzgar a los jueces. La realidad de las cosas es que el TC le dio la espalda a las comunidades campesinas de Puno. Y decimos en plural, porque Arboleda no es el único caso. El caso de la comunidad campesina de San José de Llungo es similar y está esperando sentencia en el TC. Los pueblos indígenas están en un callejón sin salida.

 

 

Comunidades aymaras de Juli confian que sus territorios ancestrales sean respetados por el Poder Judicial.

 

Las comunidades campesinas aymaras de Chila Chambilla y Chila Pucara (ubicadas en el distrito de Juli, provincia de Chucuito en Puno), vienen siguiendo litigio contra el Ministerio de Energía y Minas (MEM) y al Instituto Geológico Minero Metalúrgico (INGEMMET) a través de un proceso judicial. El proceso constitucional de amparo presentado por las comunidades solicita la nulidad de las dos (02) concesiones mineras otorgadas a favor de la empresa Cemento Sur S.A. (Calcesur), por haber concesionado 1000 hectáreas de las 1600 hectáreas de la comunidad campesina Chila Chambilla, y 1000 hectáreas de las 2000 hectáreas que tiene la comunidad Chila Pucara en Juli, y que fueron entregadas sin cumplir con la obligación estatal de realizar el proceso de consulta previa a las comunidades afectadas antes de la entrega de estas medidas administrativas.

Foto: Dhuma "Comunidades aymaras a la espera de la audiencia"

El día 14 de marzo en la Sala Civil de la Corte Superior de Justicia de Puno, se realizó audiencia ante el colegiado Dr. Pánfilo Monzón Mamani, Dr. Edwin Jorge Sarmiento Apaza y Dr. Alexander Roque Díaz, quienes recibieron a las comunidades Chila Pucara y Chila Chambilla, con el Expediente N° 163-2016, para llevar vista de causa en vía de apelación por la sentencia de primera instancia que declara improcedente la demanda, indicando que el proceso de amparo no es la vía idónea para resolver este caso, si no que los demandantes debieron recurrir a la vía ordinaria. Este colegiado resolverá a través de una sentencia de vista en un plazo aproximado de 15 días. 

Hechos

En mayo del 2006 Cal&cemento Sur transfiere las concesiones mineras a favor de la empresa minera Kuskalla Mining Company S.A.

En febrero del 2017 la Sala Civil de Puno declara nula la sentencia en la resolución número 09-2016 del 9 de mayo del 2016 del Juzgado Mixto de Juli que declara improcedente la demanda sobre proceso de amparo interpuesta por los representantes de las comunidades de Chila Chambilla y Chila Pucara y dispone que el juez de la causa, renueve los actos procesales e incorpore a Cemento Sur S.A. y emita nueva sentencia. Es así el Primer Juzgado Mixto de Juli vuelve a resolver declarando improcedente la demanda, subiendo una vez más en apelación a la sala civil de Puno para su resolución.

Foto: Dhuma "Abog. José Chata sustenta el caso de Chila Chambilla y Chila Pucara ante los Magistrados"

Aspectos importantes en el proceso de amparo

El planteamiento de la defensa por el Abog. José Chata se basó en, se busca que se garantice la vigencia de los derechos constitucionales y que prime la constitución por encima de norma legales e infra-legales “hacer valer el derecho la consulta previa”; primero, en la aplicabilidad del Convenio N° 169 de la OIT a favor de las comunidades campesinas de Chila Chambilla y Chila Pucara, esto en razón de que estas comunidades originarias aymaras y como tales le es atribuible el derecho a la consulta previa, así como los demás derechos contenidos en el Convenio.

En segundo lugar, siendo la postura del Abogado del MEM, sustentaba que las concesiones mineras no constituyen afectación alguna ya que no aprueban el inicio de las etapas de exploración y explotación y que solo cuando el proyecto minero se encuentre en estas etapas, solo entonces, se debe cumplir con proceso de consulta previa a los pueblos involucrados.

Foto: Dhuma "Autoridades comunales debidamente uniformados prepresente en la Sala Civil de Puno"

Discusiones y las medidas a tomar en cuenta en el proceso

Asimismo, el Tribunal Constitucional también reconoce lo previo de la consulta, indicando en la sentencia 00022-2009-AI que “la consulta se lleve a cabo en forma previa a la toma de la decisión. Y es que la idea esencial de la inclusión de los pueblos indígenas en la discusión del proyecto de la medida administrativa o legislativa es que puedan plantear sus perspectivas culturales, con la finalidad de que puedan ser tomadas en cuenta.”. Por su parte, en la sentencia de vista dictada por la Sala Civil de la Corte Superior de Justicia de Puno, el colegiado se pronuncia al respecto diciendo que “la consulta previa, como su nombre lo indica, es obligatoria para el Estado peruano y debe realizarse antes de la concesión minera (...)”. Con todas estas consideraciones es que se encuentra respaldado en demasía el momento en que debe cumplirse con la consulta previa.

Como siguiente punto de discusión resulta la controversia que si las concesiones mineras afectan o no el derecho de propiedad de las comunidades que ejercen sobre sus territorios comunales. Sobre esto se debe partir de la sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, en el caso Saramaca contra Surinam, sentencia emblemática sobre el derecho a la consulta previa, señalando en su apartado número cincuenta que “el otorgamiento de concesiones para proyectos de desarrollo o inversión que estén dentro o que afecten el territorio Saramaka constituye un tipo de restricción al uso y goce de la propiedad.”. Agrega, en esta misma sentencia, la importancia que significa la tierra y su libre uso de estas en las comunidades originarias, indicando:

“la estrecha relación que los indígenas mantienen con la tierra debe de ser reconocida y comprendida como la base fundamental de sus culturas, su vida espiritual, su integridad y su supervivencia económica. Para las comunidades indígenas la relación con la tierra no es meramente una cuestión de posesión y producción sino un elemento material y espiritual del que deben gozar plenamente […] para preservar su legado cultural y transmitirlo a las generaciones futuras.”

“la estrecha vinculación de los pueblos indígenas con sus tierras tradicionales y los recursos naturales ligados a su cultura que ahí se encuentren, así como los elementos incorporales que se desprendan de ellos, deben ser salvaguardados por el artículo 21 de la Convención Americana.”

Esta vinculación trascendental que mantienen las comunidades campesinas con sus tierras configura el ser mismo de las comunidades aymaras, comprende la esencia misma de pueblos originarios, y en razón a esto es que todos los órganos del aparato estatal deberán respetar la importancia especial que para las culturas y valores espirituales de los pueblos interesados reviste su relación con las tierras o territorios[2], y en caso de verse afectado en sus territorios con intrusiones no autorizadas o con todo uso no autorizado de las mismas por personas ajenas a ellos, el Estado debe sancionar y tomando medidas para impedir tales infracciones[3].

Foto: Dhuma "Abogado de Ministerio de Energia y Minas"

La vía administrativa.

En esta audiencia, el juzgador consultó a la defensa legal que por qué estas comunidades no accionaron vía administrativa su pedido de oposición de las concesiones mineras materia del proceso; indicándosele que la publicación de los petitorios mineros se realizan de una forma totalmente atentatoria a los intereses de las comunidades campesinas, ya que en estos avisos en periódico solo se indica la región, provincia, distrito y las coordenadas del lugar que se quiere concesionar, haciendo imposible para las comunidades conocer si sus territorios estarás comprendidos en el espacio bajo denuncio minero, razón por la cual estas comunidades solo se enteraron extraoficialmente cuando el título de concesión ya fue dado.

Foto: Dhuma "Las mujeres originarias lucen trajes de la zona de Chila"

 

[1] Artículo 4° de la Ley 29785, Ley del Derecho a la Consulta Previa a los Pueblos Indígenas.

[2] Art. 13.1 del Convenio 169 de la OIT.

[3] Art. 18.3 del Convenio 169 de la OIT.

 

Foto: Dhuma "Los magistrado decidirán el caso a traves de una sentencia"

 

Foto: Dhuma "La Sala Civil se vió abarrotado por las autoridades comunales"

 

Foto: Dhuma "Foto oficial al final de la jornada entre autoridades comunales y el quipo de DHUMA"

 

Foto: Dhuma "Presidente de la Comunidad dando a conocer la problematica a RPP".

 

 
 

Sustentan en el proceso de amparo: la sistemática omisión de consulta a las comunidades originarias de las concesiones mineras

 

En setiembre de 2015 los pobladores de la comunidad Jatucachi, distrito de Pichacani – Laraqueri provincia de Puno, presentaron una acción de amparo contra el Instituto Geológico Minero, y Metalúrgico (Ingemmet) y el Ministerio de Energía y Minas (MINEM), por la sistemática omisión de consultas de las 13 concesiones mineras, expedidas sin consentimiento alguno de la comunidad.

Foto: DHUMA "Los representantes de la comunidad campesina de Jatucachi

La comunidad campesina de Jatucachi, que es fronterizo con Moquegua, tiene 37 mil 670 hectáreas de extensión, en la zona se dedica a la crianza de ganadería (alpacas, llamas y vicunas) y poca actividad agrícola. De esta extensa área, casi el 50% tenía concesiones mineras, pero jamás hicieron una “consulta previa” como manda en las normas, y la libre determinación de los pueblos recogida en el convenio 169 de la OIT.

El 12 de diciembre de 2017 el Tercer Juzgado Mixto de Puno, declaró fundada la acción constitucional, disponiendo que se anulen los tres títulos de concesión, entre ellos “Acumulación Mariela”, que sería propiedad de la empresa minera Aruntani S.A.C, que explotó las zonas de Aruntaya (tributando a Moquegua cuando pertenece a Puno).

El juez Guido Chavarría Tisnado, también sentenció que para que en el futuro tengan validez las concesiones mineras, deberán efectuarse una consulta previa a la población afectada, con lo cual todos los actos administrativos quedaban nulos.

Sin embargo, el fallo fue apelado por el Ministerio de Energía y Minas e Ingemmet, fue observado algunos aspectos. En tanto, las mineras siguieron explotando, como el Proyecto Tucani, también de Aruntani S.A.C. y ahora último la incursión de la Empresa Minera Anglo Américan Perú con su proyecto minero Quellaveco, propiciando conflicto, divisionismo y desmedro a las poblaciones locales con la posible contaminación y estrés hídrico. 

Ayer (5 de marzo) se llevó a cabo la vista de causadel proceso de amparo presentado por la comunidad campesina Jatucachi contra INGEMMET y MINEM, donde la parte de denunciante ratificó los cargos con la defensa del Abog. Juan Carlos Ruiz Molleda del Instituto de Defensa Legal (IDL), y la participación de los Abogados Cristobal Yugra y José Bayardo de Derechos Humanos y Medio Ambiente (DHUMA) ante la masiva concurrencia de los comuneros y el Ministerio de Energía y Minas, a través de sus abogados, insistió en que las concesiones mineras eran legales y que no afectaba a Jatucachi, apelando a la ley de minería, ya que esta no obliga notificar a los comuneros para concesionar, indicando que son meros declarativos las “concesiones mineras”.

los hechos fueron argumentados por el ex presidente de la comunidad campesina de Jatucachi Tomas Medina Mamanchura, quien indicó que nunca fueron consultados los comuneros y que estas acciones les vienen afectando negativamente. Asimismo, la comitiva conformaba por el actual presidente de la comunidad Isidro Lucio Ramos Ccopa y la Vice presidenta María Checaya Carrión.

Por su parte el expresidente de Jatucachi, Tomás Medina Mamanchura, hizo un llamado al gobernador regional Walter Aduviri, a los alcaldes de Puno y Pichacani, para que apoyen la causa judicial y que en simultáneo atiendan esa parte fronteriza de la región

“El fallo judicial en favor de Jatucachi beneficia a toda la región porque se reivindica nuestras tierras, también puede ser usado por todas las comunidades del país”.  

Vídeo completo de Audiencia de Jatucachi:  https://www.youtube.com/watch?v=ywlCXz1_J_E&t=178s

 

Pronunciamiento

 

 

 

PRONUNCIAMIENTO

 

DERECHOS HUMANOS Y MEDIO AMBIENTE (DHUMA)

INSTITUTO DE DEFENSA LEGAL (IDL)

 

Mediante un auto de fecha 05 de diciembre de 2018, notificada en fecha 7 de marzo último, el Tribunal Constitucional (TC) resuelve declarar nulo todo lo actuado, volviendo el proceso a la resolución número uno, dictada en primera instancia. Con esta resolución lo que hace el máximo intérprete y salvaguarda de la Constitución es cortar de raíz y dejar en nada los 8 años de lucha judicial que los demandantes, que la comunidad campesina quechua de Arboleda del distrito de Tiquillaca, provincia y región de Puno, vienen llevando a cuestas en la defensa de sus territorios y de sus formas tradicionales de vida, frente a la imposición de concesiones mineras por parte del Ministerio de Energía y Minas y el Instituto Geológico Minero Metalúrgico dentro de territorios de su propiedad.

Han pasado ocho años desde que Arboleda decidió recurrir a los mecanismos legítimos que dentro de un Estado de derecho constitucional son accesibles, con el objetivo de conseguir que sus requerimientos sean atendidos; esto en medio de una coyuntura donde la mayoría de los pueblos campesinos, frente a la sordera generalizada del gobierno, optaban por las vías de la protesta social como medio de reclamo, que a su vez repercutía en problemas aún más perjudiciales para ellos mismos y para la sociedad y el gobierno.

En el año 2012, cuando el expediente se encontraba en manos del TC, éste ordenó correr traslado a Ministerio de Energía y Minas como demandado para que pueda ejercer su derecho de defensa. Sin embargo, siete años después cae en la cuenta de que también se debió notificar a los titulares de las concesiones mineras involucradas en el proceso, a fin de que también puedan ejercer su derecho de defensa y no se vean afectadas con la decisión sobre el fondo.

Pero, ¿qué hay con los derechos constitucionales de la comunidad campesina que se vienen atentando con la decisión de volver todo a fojas cero? ¿Qué pasa con el derecho de la comunidad de tener un proceso judicial rápido, sencillo y efectivo sobre una controversia que se dilucide ante jueces y tribunales? En ningún sentido es tolerable el desdén que el TC ha mostrado con su inoperancia y negligencia en este proceso constitucional. El mensaje que envía la máxima autoridad constitucional a nivel nacional envía a través de esta sentencia, es que los derechos constituciones de los justiciables de este caso no tienen la misma importancia. Los derechos procesales solo merecen custodia cuando se trate de las entidades del Estado o de empresas del sector privado. Las comunidades deberán aguardar otros 8 años más para que puedan alcanzar justicia. Para el TC las comunidades pueden esperar. La responsabilidad en la dilación de este proceso es exclusiva del TC.

Es bastante reprochable la labor del TC que en siete años no haya podido fallar en un asunto judicial de suma importancia para los pueblos originarios del país, y sobre una causa que no solo incumbe a la comunidad campesina de Arboleda sino a todas aquellas que vienen siendo afectadas por la presencia de concesiones mineras inconsultas en sus territorios.

Toda la inversión económica y temporal que la comunidad ha destinado a este proceso queda no ha sido tomada en cuenta por el TC. Arboleda, por su idiosincrasia se encuentra en una posición de desventaja frente a los demandados, por las condiciones de pobreza e inferior calidad de vida que tienen que sobrellevar. Se trata de comunidad afectada por la pobreza, como todas las comunidades nativas y andinas del país. Nada de esto parece importarles a los magistrados del TC.

A esta comunidad no solamente se le negó el acceso a un proceso de consulta previa, libre e informada; también a no ser incluidos dentro de procedimiento de administrativo de dación de concesiones mineras, y ahora se le niega un proceso judicial célere y resultante. Los pueblos originarios siguen encontrándose en el patio trasero del país donde los ojos del Estado aún se resisten a virar.

 

Puno, 12 de marzo de 2019

IDL – DHUMA

Presidentes comunales y JASS reciben capacitación sobre la ley de comunidades campesinas y uso de recurso hídricos

 

Con la finalidad de fortalecer las capacidades de los nuevos directivos comunales y presidentes de las Juntas Administradoras de Servicio y Saneamiento (JASS) en el uso de la tierra y territorio y los recursos hídricos en el ámbito jurisdiccional de territorio comunal, se realizó el “Curso taller sobre la ley de comunidades campesinas y la ley de recursos hídricos” en el salón de Museo municipal de la localidad de Juli, provincia de Chucuito – Puno.

Foto: DHUMA "Mujeres aymaras - presidentas de la comunidades campesinas"

El evento se inició con la presentación de Derechos Humanos y Medio Ambiente (DHUMA), a cargo del Director Cristóbal Yugra Villanueva con el tema de “Comunidades Campesinas y normatividad” para dar a conocer las ventajas y desventajas que conlleva ser comunidad. Asimismo, se pone en realce sobre las leyes que les favorecen para su desarrollo y el respeto de sus derechos, tanto individual y colectivo frente a instituciones estatales y privadas.

Foto: DHUMA "Director de Derechos Humanos y Medio Ambiente, presidentes de la comunidades y JASS"

Posteriormente, el Abog. José B. Chata Pacoricona presentó sobre el tema de los “Recursos Hídricos y JASS” precisando las potestades que tienen las comunidades campesinas sobre el uso del agua y las limitaciones de este derecho, expresado en las leyes que amparan el uso del agua y las JASS como organización administradora del agua que se encuentra dentro de las comunidades campesinas, parcialidades y centros poblados.

Foto: DHUMA "Abog. Jose B. Chata P. impartiendo sobre la ley de recursos hídricos"

Por su parte, Rufino Alanguía Mamani presidente de JASS de Juli, agradeció a la Asociación DHUMA por los temas impartidos y resaltó la importancia de las normas que amparan a las comunidades campesinas, además el dirigente se mostró preocupado por los cobros excesivos por el uso del agua por parte de las entidades del Estado.