Jr. Arequipa 345 "5to Piso" - Puno
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Manifiesto Público Internacional ¡¡Alto a la Criminalización de la Protesta Social en Perú!! /International Public Sign-On Letter: Stop the Criminalisation of Social Protest in Peru!!

 

MANIFIESTO PÚBLICO INTERNACIONAL

 

¡¡ALTO A LA CRIMINALIZACIÓN DE LA PROTESTA SOCIAL Y A LA IMPUNIDAD CORPORATIVA EN PERÚ!! / STOP CRIMINALISATION OF PROTESTS

 

A la Corte Suprema de Justicia del Perú

Al Gobierno Peruano

A las empresas mineras  

Los abajo firmantes, organizaciones de la sociedad civil nacional e internacional, nos dirigimos a ustedes en solidaridad con las comunidades Aymaras del Sur del Perú, que se organizan para defender sus bienes naturales, su territorio, su agua y la salud de su población frente a los diferentes proyectos mineros asentados en la región.  

En particular vemos con mucha preocupación las tendencias que apuntan a exacerbar la criminalización de la protesta social mediante la instauración abusiva de procesos judiciales en contra de líderes de organizaciones sociales y de comunidades, a través del uso desnaturalizado de figuras penales (como la extorsión y autoría mediata) que tienen graves impactos en los DDHH, la libertad de expresión y la movilización social, debido a que en la práctica equiparan a las organizaciones sociales con entes criminales creados para delinquir y  a sus portavoces como instigadores al delito.

LOS HECHOS:

Nos referimos específicamente a los juicios derivados del conflicto socio-ambiental conocido como el “Aymarazo” del año 2011, cuando las comunidades del departamento de Puno se movilizaron en contra del proyecto minero Santa Ana, de propiedad de la empresa canadiense Bear Creek. La protesta exigía la cancelación del proyecto por los riesgos de contaminación de las fuentes de agua (incluyendo el Lago Titicaca que comparten Perú y Bolivia), la falta de consulta a las comunidades, la ilegalidad del proyecto y la falta de transparencia y mala fe de la empresa con las comunidades.  La protesta desembocó en una dura represión por parte del estado y en la cancelación del proyecto.  Sin embargo,la Fiscalía de Puno inició procesos penales a los principales dirigentes, que derivó en la condena de Walter Aduviri, principal portavoz – sentenciado a 7 años de prisión y a pagar una multa de 2 millones de soles (aprox. 600,000 dólares y 2,500 salarios mínimos vitales en Perú).  

En diciembre de 2017 los tribunales en Puno ratificaron esta sentencia y ordenaron la detención de Aduviri, quien al conocer el fallo se declaró en la clandestinidad. Su defensa presentó un recurso de casación ante la Corte Suprema de Justicia para anular la sentencia, que fue aceptada en enero 2018 y que ahora está siendo revisada.

Consideramos que, si la sentencia es ratificada por la Corte Suprema, se estarían sentando duros precedentes en contra de la defensa de los DDHH y del territorio en Perú, debido a que Aduviri es acusado de ser “autor mediato” del supuesto delito de “disturbios” durante el Aymarazo, es decir, de instigar a terceros a cometerlos.  Esto podría derivar en la persecución de más líderes que podrían ser considerados “autores mediatos” de supuestos delitos cometidos en conflictos similares, sin pruebas, y sólo por el hecho de ser portavoz de una organización o comunidad.Además, durante el proceso, y en una actitud profundamente racista, Aduviri fue despojado de sus derechos indígenas como miembro del pueblo Aymara – derecho al territorio, a la consulta, identidad, autonomía, etc. -, debido a que, a criterio de los jueces, posee estudios superiores. Es por eso que sus derechos indígenas no fueron tomados en cuenta en el juicio.

POR TODO ELLO LOS ABAJO FIRMANTES:

1.Exhortamos a los Jueces de la Corte Suprema de Justicia del Perú a resolver el caso de Walter Aduviri teniendo en cuenta los estándares internacionales de los derechos de los pueblos indígenas, reconocidos en tratados internacionales vinculantes para el Estado peruano, como es el Convenio 169 de la OIT, al igual que la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas. Con ese sustento legal y legítimo consideramos que en definitiva debe anularse la sentencia en contra de Walter Aduviri, quien no hizo más que exigir la protección de de los derechos del pueblo Aymara. 

2.Repudiamos con firmeza el uso arbitrario de figuras penales como el de “autoría mediata” (usadas en contra del ex presidente Alberto Fujimori y del líder de Sendero Luminoso Abimael Guzmán por violaciones a los DDHH) para judicializar la defensa del territorio y perseguir a miembros de organizaciones sociales y comunidades. Consideramos que es de vital importancia que el Estado respete la decisión del pueblo de rechazar cualquier proyecto minero en su territorio, en legítima defensa de sus derechos, sin que por ello sean sujetos de persecución y estigmatización.

3.Exigimos a la empresa Bear Creek Mining Corporation  y a las empresas mineras que se encuentran principalmente en el Sur del Perú a respetar los derechos y decisiones de las comunidades, en relación al proyecto Santa Ana y a cualquier otro proyecto minero en todo el país. La sociedad civil internacional organizada estará vigilando estos casos, siempre en compromiso con los pueblos afectados y sus derechos.

Consideramos que el caso de Walter Aduviri no es un caso aislado. Es parte de una política pro-minera en Perú, a la que se suman las constantes declaratorias de estados de emergencia en las zonas mineras, la suspensión de los derechos constitucionales de la población, la represión policial y la criminalización y estigmatización generalizada de las organizaciones sociales y comunidades. Al igual que en Perú, a lo largo del continente las multinacionales recorren los territorios con el único objetivo de extraer los recursos, dejando comunidades y ecosistemas destruidos. Cuando existe resistencia, el estado reprime, encarcela y hasta crea las condiciones para el asesinato impune de defensoras y defensores del territorio.

Las empresas también recurren a tribunales internacionales para demandar a los países compensaciones cuando sienten que sus inversiones han sido afectadas de cualquier forma.  Después del Aymarazo, Bear Creek demandó al Perú en el Centro Internacional para el Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (CIADI) del Banco Mundial – que le ordenó pagar al Perú la suma de 18,2 millones de dólares en favor de la empresa, que sumados a los intereses y costos legales de la demanda asciende a 37 millones".

Todos estos hechos demuestran una vez más y con mayor fuerza la necesidad de movilizarnos globalmente para presionar a los estados a que respeten y hagan respetar los DDHH y el territorio, además de la urgencia de generar un marco legal internacional vinculante para que las empresas transnacionales rindan cuentas por sus acciones alrededor del mundo y se termine la impunidad que las protege.

 

FIRMAS

 Más Información en Derechos Humanos y Medio Ambiente – DHUMA, PUNO, PERÚ. http://www.derechoshumanospuno.org

 

 

 

INTERNATIONAL PUBLIC SIGN-ON LETTER: STOP THE CRIMINALISATION OF

SOCIAL PROTEST AND CORPORATE IMPUNITY IN PERU!!

 

 

To the Supreme Court of Justice Peru

To the Peruvian Government

To the mining corporations

The undersigned, national and international civil society organisations, address you in solidarity with the Aymara communities of Southern Peru, who have organised to defend their natural wealth, their territory, their water and the health of their people against the various mining projects established in the region.

We are disturbed to note a growing tendency towards deepening criminalisation. The abusive imposition of penal processes against social organisation leaders and communities via a distorted use of criminal offenses (such as aggravatedextortion and Indirect Perpetration) is particularly worrying. Such wilful misinterpretation of the law seeks to equate social organisations with criminal groups and their spokespeople with instigators of crime. As such it represents a grave attack on human rights; on freedom of expression and on social mobilisation.

THE FACTS:

We refer here specifically to the charges related to the socio-environmental conflict known as the ‘Aymarazo’ of 2011. During said conflict, communities from the district of Puno took action against the Santa Ana mine, a project under the ownership of Canadian mining corporation, Bear Creek. The protest articulated demands to cancel the project, due to the risks of contamination to water associated with the operation (including risks to Lake Titicaca which straddles Peru and Bolivia). It also called out the lack of consultation of communities, the illegality of the project as well as the lack of transparency and bad faith in which the corporation acted in relation to the communities. The protest resulted in a fierce repression at the hands of the Peruvian State and, ultimately, in the cancelation of the project. However, the Prosecution of Puno initiated criminal processes against the main spokespersons, which resulted in Walter Aduviri – the main spokesperson – being charged with 7 years in prison and fined 2 million Soles (approximately US$600,000, the equivalent of 2,500 minimum wages in Peru).

In December 2017, the tribunals of Puno ratified the sentence against Aduviri and ordered his detention. Upon learning of the ruling, Aduviri went into hiding. His defense presented a Cassation Appeal to overturn the sentence, which was accepted in January 2018. Aduviri’s case is currently being considered by the Supreme Court of Justice of Peru.

We consider that, if the Supreme Court ratify the sentence against Aduviri, a dangerous judicial precedent will be set that would undermine the defense of human rights and of territory in Peru. This concern relates to the fact that Aduviri stands accused of being an ‘Indirect Perpetrator’ behind the alleged unrest that took place during the Aymarazo - in other words, of having ordered others to commit crimes on his behalf. Such a ruling would place others at risk of being considered as ‘Indirect Perpetrators’ regardless of any lack of material evidence and where the only ‘crime’ is that of being spokesperson for an organisation or community. Furthermore, during the process and because of a deeply racist attitude, Aduviri was denied indigenous rights owed to him as a member of the broader Aymara community. These special rights include, but are not limited to, the right to territory; to consultation; to identity and to autonomy. The judges ruled that, in Aduviri’s case, special indigenous rights could not be taken into account since he had undertaken a university education.

Because of these observations, the undersigned below state the following:

1.- We urge the judges of the Supreme Court of Justice of Peru to resolve Walter Aduviri’s case, taking into account internationally recognised rights of indigenous peoples, as upheld in binding international treaties that have been ratified by the Peruvian State. These treaties include the International Labour Organisation (ILO) Convention 169, as well as the United Nations Declaration on the Rights of Indigenous Peoples. Upon this legitimate legal basis, we consider that the sentence taken against Aduviri, who did nothing more than demand that the rights of the Aymaran people be respected, must be definitively overturned.

2.- We firmly reject the arbitrary use of penal figures such as ‘Indirect Perpetrator’ (used against former President Alberto Fujimori and Shining Path leader Abimael Guzman for violations of human rights) as a pretext for persecuting members of social organisations and of community members. We consider it to be of vital importance that the State respect the decision of communities to reject mining projects in their territory in legitimate defense of their rights and that this be exercised without fear of being subject to persecution or stigmatization.

3.- We demand that the transnational Bear Creek Mining Corporation and the mining corporations that are mainly concentrated in the South of Peru respect the rights and decisions of communities in relation to the Santa Ana project and of any other mining project in the country. International Civil Society Organisations are monitoring these cases, in solidarity with affected communities and the upholding of their rights.

We recognise that Walter Aduviri’s case is not an isolated one. Rather, it forms part of a pro-mining agenda in Peru. Another example of this architecture is the constant declaration of States of Emergency in mining zones. These States of Emergency suspend the most fundamental constitutional rights of the population, bringing with it political repression; criminalisation and the general stigmatization of social organisations and communities. As in Peru, across the continent, multinationals enter territories with the sole intention of converting common goods into financialised resources, leaving communities and ecosystems destroyed in their wake. Where there is resistance, the state systematically represses, imprisons and even creates the conditions for the assassination of defenders.

These multinational corporations also turn to international tribunals to sue countries for compensation when they feel that their profits have been put at risk in any way. In 2014, Following on from the Aymarazo, Bear Creek Mining Corporation sued Peru in the International Center for Settlement of Investment Disputes (ICSID) of the World Bank. The World Bank ruled in Bear Creek’s favour, ordering Peru to pay the transnational the sum of US$18.2 million. This amount, added to the interests and legal costs incurred by the Peruvian State, have totalled a skyrocketing US$37 million.

These facts reveal once again - and more urgently - the need to mobilise globally to pressure states to respect and enforce human rights and territory. It also echoes the importance of putting in place an internationally binding legal framework so that transnational corporations can be made accountable for their actions around the world, bringing to an end the impunity that keeps them and their narrow interests safe.

Signatures

For more information see Human Rights and Environment – DHUMA, PUNO, PERU

http://www.derechoshumanospuno.org

 

Resistencia de los pueblos indígenas aymaras y quechuas a proyectos mineros a través del litigio estratégico

 

Protesta de los pobladores rurales.

  1. El actual contexto de la región de Puno

En el Perú desde la década de 1990 el Estado viene promoviendo la actividad extractiva de minerales como una de los ejes más importantes de la economía nacional, siendo la minería una de las actividades más importantes. En la actualidad hay aproximadamente 3,368 concesiones mineras en la Región de Puno, entre tituladas y en trámite, las mismas que están ubicadas casi en su totalidad en territorios de las comunidades campesinas Aymaras y Quechuas del departamento de Puno.

(Concesiones minera en Perú y Puno, fuente INGEMMET)

Como consecuencia de las actividades mineras en la actualidad existen 1126 pasivos ambientales mineros en Puno y a nivel nacional 8854, que no han sido remediados, causando daños ambientales y a la salud de las personas. De acuerdo a su gravedad y priorización en Puno son 414 muy alta, 380 alta y 208 media y otras; estos  datos  muestran que tenemos pasivos que merecen atención urgente en su tratamiento y remediación. 

(Pasivos ambientales en Condoraque)

No podemos dejar de mencionar que, en la región de Puno se encuentra la cuenca del Lago Titicaca, que recibe el aporte de agua de 4 ríos principales (sub cuencas): Ramis, Coata, Huancane y Suches. En su mayoría estas vertientes se encuentran contaminadas por las actividades mineras (formales e informales), pasivos ambientales mineros, residuos sólidos y aguas servidas. Muchas de estas contaminaciones se producen por inadecuada infraestructura para tratar o remediar estos agentes tóxicos, afectando al medio ambiente, al acceso al agua potable, a los territorios y a la salud humana. Para los pobladores de las comunidades campesinas aymaras y quechuas los territorios-tierra, en el que se desarrolla estas actividades, el agua y los demás recursos son fuentes de vida y son parte de su cultura, sobre el cual han desarrollado una relación material y espiritual.

(Monitoreo comunitario en la cuenca de Coata)

2. El litigio estratégico como herramienta de resistencia

Frente a estas problemáticas socioambientales y ecoterritoriales, las comunidades Aymaras y Quechuas, han emprendido una serie de acciones para hacer frente a las actividades extractivas (en sus diferentes fases) que vulneran sus derechos como pueblos indígenas. Debemos resaltar que, las alternativas por las que se opta son aquellas que se enmarcan dentro de los mecanismos democráticos (alternativas no violentas) como los procesos judiciales, exigiendo a las cortes garantizar sus derechos.

En los procesos de resistencia que los pueblos indígenas  han llevado adelante a través  de la historia (frente a situaciones de vulneraciones), han logrado identificar que, en el actual contexto, los ligios o procesos judiciales son un mecanismo que puede contribuir en la defensa de sus derechos ancestrales (resistencia). A esta labor de litigar en favor de los intereses colectivos de estos pueblos, le llamamos litigo estratégico. Litigio que no solo genera cambios individuales, sino que también contribuye en lograr políticas interculturales (cambios estructurales) con justicia social y en el marco de la vigencia de los derechos humanos.

Esta labor de búsqueda de justicia social en tribunales es un proceso constante que inicia con la identificación de un caso, una constante interrelación con la comunidad campesina, la construcción conjunta de los documentos judiciales, el fortalecimiento organizacional, acciones de incidencia, evaluaciones permanentes y finalmente basadas en valores y principios que deben regir esta relación. Para tener una mejor idea de estos elementos, pasmos a describirlas.

2.1. Identificación del contexto

No cabe duda que uno de los elementos primordiales para empezar a desarrollas cualquier labor en defensa y promoción de derechos humanos, es la identificación del contexto en cual se quiere llevar adelante el trabajo. Esto se hace aún más necesario cuando se quiere iniciar acciones de resistencia a proyectos mineros; debido a que, algunos actores opositores pueden desplegar acciones que nos neutralicen o desprestigien, tales como: las cooptaciones, estigmatizaciones, difamaciones, criminalizaciones, etc.

Para el análisis del contexto pueden usarse diferentes métodos e instrumentos, pero estos siempre deben ser adecuados para ser trabajados con comunidades campesinas (pueblos indígenas) y orientados a determinar los principales actores que se involucraran en el ligio futuro.

 

 

(Taller de defensores indígenas 2017)

2.2. Fin y objetivo del litigio estratégico

Como mencionamos anteriormente, el litio estratégico siempre tendrá como finalidad la protección de los derechos humanos, en este caso la de los pueblos indígenas. Buscando también la implementación de políticas públicas para hacer efectivo estos derechos, como el de la consulta previa.

Esta es una de las características de los derechos  económicos, sociales y culturales, dentro de los que se encuentra los derechos de pueblos indígenas; ya que, para su efectiva protección requieren el despliegue de una serie de acciones estatales, como políticas, presupuestos, organismo, etc. (son programáticas); y con el litigio estratégico, podemos lograr que los tribunal ordenen el cumplimiento de estas.

2.3. Análisis de normas y jurisprudencia nacional e internacional

Antes de llevar adelante una el proceso judicial como tal, es oportuno hacer la revisión de normas sobre las que basarán las demandas. Como una cuestión de defensa legal, pero también debido a que, actualmente en países como el Perú los derechos de los pueblos indígenas son escasamente protegidos en nuestro sistema jurídico. En estas circunstancias el derecho internacional es fuente de avance en la protección de estos derechos, el mismo que pueden ser invocados.

Los principales instrumentos internacionales que son utilidad para este litigio  son:

  • El Convenio 169 de la OIT
  • La Declaración de las Naciones Unidas sobre Derechos de los Pueblos Indígenas
  • La Convención Americana de los Derechos Humanos
  • La Convención Internacional sobre la Eliminación de toda Forma de Discriminación Racial de las Naciones Unida
  • El Pacto de Derechos Económicos, Sociales, y Culturales, de las Naciones Unidas
  • La Declaración Americana sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas
  • Sentencias de la Corte Interamericana de Derechos Humanos: Caso del pueblo Saramaka Vs. Suriname, en el que la corte desarrolló la naturaleza previa (principios: previa, libre e informada) de la “consulta” en proyectos extractivos y el derecho al territorios.

(Taller con comunidades de Sándia, Puno)

2.4. Valores y principios

 

En los procesos de litigio estratégico, sobre todo aquellos que involucran a pueblos indígenas, son de suma importancia los valores y principios que serán el pilar en la relación con estos pueblos. En el trabajo con las comunidades debemos de recordar que el principio ancestral que rige sus vidas es el “buen vivir”, la armonía con la madre tierra (“Pachamama”) y entre ellos mismo; sobre los cuales se asentarán los otros valore como la transparencia, verdad, fraternidad, constancia, justicia y ayuda mutua. La aplicación constante de estos principios posibilita un trabajo estrecho y de confianza con las comunidades campesinas, el cual se hace aún más necesaria debido al entorno de desconfianza e incertidumbre  que se crea por la presencia de empresas extractivas en el territorio.

La presencia de estas empresas, que traen consigo una percepción del “mundo y desarrollo”, choca contra la de los pueblos indígenas, quienes también tienen su manera propia de entender y comprender el “mundo y desarrollo del mismo”. Estas contraposiciones, se agudizan por las percepciones discriminatorias e invisibilizadoras hacia estos pueblos; desencadenando inevitablemente en conflictos.

2.5. Fortalecimiento organizacional de los pueblos indígenas

Cuando nos encontramos en procesos de litigio que involucran a comunidades campesinas, es de suma importancia una constante coordinación con sus presentantes y sus miembros. Este proceso puede iniciar con reuniones mensuales de información sobre el avance del proceso, espacios de fortalecimiento para empoderarlos en sus derechos colectivos y temáticos del proceso judicial, al igual que un constante fortalecimiento organizacional.

Es importante recordar que, los directos interesados en el litigio estratégico son estos pueblos, de ahí la importancia de mantener constantes espacios de fortalecimiento.

(Comunidades de Kelluyo, Juli)

2.6. Acciones de incidencia y cabildeo

No cabe duda que, cuando iniciamos acciones legales para oponernos a proyectos de inversión que han vulnerado derechos colectivos de pueblos indígenas, tendremos del otro lado al Estado y las empresas, los cuales pueden desplegar una serie de acciones legales, mediáticas y organizaciones  para hacer frente a nuestras demandas. Para resistir a estas acciones u otras, es de suma importancia poder desarrollar acciones de incidencia en medios de comunicación local, regional y nacional a través de redes sociales o los tradicionales (radio, periódicos, tv). Al igual que acciones de cabildeo en forma constante  ante jueces, funcionarios u otra autoridad.

 

(Reunión de Zenovia Cruz, presidenta de Arboleda con la Relatora de Pueblos Indígenas de la ONU)

 

Para llevar adelante esta labor son de mucha ayuda las plataformas o redes de las que formar parte la organización.

2.7Evaluación constante

Para garantizar que el litigio estratégico se está llevando adelante conforme a los fines colectivos de los pueblos indígenas, es imprescindible hacer una conste evaluación y replanteamiento de estrategias.

 

3. Casos exitosos de litigio estratégico en Puno

3.1. comunidades de Atuncolla

(Tenientes Gobernadores de las comunidades de Juli y Atuncolla en compañía de abogados, reunidos para la audiencia en la Corte Superior de Puno)

 

En los años 2010 y 2011 la empresa BHP Billiton World Exploration inc. Sucursal del Perú,  peticiono y obtuvo concesiones mineras en el Distrito de Atuncolla (concesiones mineras Nº. 3454-2011 de fecha 03 de Junio del 2011, Nº 6831-2011 de fecha 08 de Junio del 2011, Nº 6823-2011 de fecha 03 Junio de 2011).  En este distrito se encuentran los territorios de las comunidades Palcamayo, Moyogachi,  Colca, Patacancha, Ticani Pampa, San José de Principio de Santa Cruz, Virgen Soledad de Cochela, San Jerónimo de Ullagachi, Micaela Bastidas de Yanamojo, San Antonio de Umayo  Y Jipa Grande y Chico. Al emitirse estas concesiones mineras nunca fueron consultas a las comunidades.

Como consecuencia de estos hechos, en diciembre del 2012 las 11 comunidades campesinas afectas decidieron presentaron una demanda de amparo por la violación del derecho a la consulta previa reconocido en el Convenio 169 de la OIT. El mismo que inicio ante el Tercer Juzgado Mixto de la Corte Superior de Justicia de Puno con el expediente N° Expediente Nº 01846-2012-0-2101-JM-CI-03. En noviembre del año 2016, la 1ra Sala Civil de la Corte Superior de Justicia de Puno (segunda instancia), emitió sentencia favorable para las comunidades campesinas demandantes.

Lo más importante de esta decisión jurisdiccional es que, ha ordenado al Instituto Geológico Minero y Metalúrgico (INGEMMET), que en el futuro, no emita concesiones mineras si es que antes estas no han sido consultadas de acuerdo al convenio 169 de la OIT a las comunidades campesinas propietarias de los territorios ancestrales sobre las que se superpone estas concesiones mineras.

3.2. Jatucachi

(Territorio de la comunidad campesina de Jatucahi)

Durante los años 2009 y 2015 el Ministerio de Energía y Minas   y el Instituto Geológico, Minero y Metalúrgico expidieron concesiones  mineras con los códigos: “010562708 – ANTUQUITO I”, “010279710 – CUSMINE UNO”, “010279510 – CUSMINE DOS”, “010279610 – CUSMINE TRES”, “010422808 – RICKY 1”, “010127315 – TANIA 2015”, “010000109L - ACUMULACIÓN MARIELA”, “010285611 - ALEJANDRA I”, “010576910 – TOCONAO 0947”, “010578610 - TOCONAO 0961”, “010578510 - TOCONAO 0960”, “010577710 - TOCONAO 0953”, “010578210 - TOCONAO 0957”; concesiones otorgadas a favor de las empresas: Distribuidora Logística y Transporte S.A. y otros, Fresnillo Perú S.A.C., Fresnillo Perú S.A.C., Fresnillo Perú S.A.C., Minera del Suroestes S.A.C., Minera del Norte S.A., Aruntani S.A.C., Minera Barrik Misquichilca S.A., BHP Billiton World Exploration Inc. Sucursal del Perú, BHP Billiton World Exploration Inc. Sucursal del Perú, BHP Billiton World Exploration Inc. Sucursal del Perú, BHP Billiton World Exploration Inc. Sucursal del Perú y  BHP Billiton World Exploration Inc. Sucursal del Perú, respectivamente. Las cuales se sobreponían al territorio de la comunidad campesina de Jatucachi (parte del pueblo indígena Aymara), ubicada en el distrito de Laraqueri de la provincia de Puno.

Debido a estos hechos, la comunidad campesina en Agosto del año 2015 presentó la demanda una demanda de amparo por la violación del derecho a la consulta previa y territorio reconocido en el Convenio 169 de la OIT. Proceso que se tramito ante el Tercer Juzgado Mixto de la ciudad de Puno, signado con el número de expediente 01832 – 2015. Este juzgado en el año del 2017 resolvió  “DECLARANDO FUNDADO el proceso de AMPARO en contra del MINISTERIO DE ENERGIA Y MINAS, el INSTITUTO GEOLÓGICO MINERO Y METALURGICO (INGEMMET) en consecuencia, SE DISPONE DECLARAR LA NULIDAD de las 13 concesiones mineras, por omisión a la consulta previa de dichos actos administrativos a las comunidades campesinas afectadas, por lo tanto, ordeno que se realice la consulta previa en debida forma, en los procedimientos administrativos declarados nulos”.

3.3. Condoraque -“Aguas que queman”

La comunidad campesina de Condoraque está ubicada en el distrito de Quilcapunco de la Provincia de San Antonio de Putina. Esta comunidad por más de 30 años tuvo presencia de actividad y pasivos ambientales mineros (de las empresas Avocet y luego Sillustani S.A.-con la totalidad de accionistas de MinSur-) en su territorio, pasivos que se vertían en sus ríos, bojedales, suelos y pastizales afectando a la salud y recursos naturales. Como consecuencia de ello en el año 2008 se inició un proceso penal en contra de la empresa minera y sus representantes por el delito de contaminación ambiental. Dicho proceso en el año 2017 concluyó, absolviéndose al gerente general de la empresa minera Sillustani S.A.; pero la empresa ha reconocido su responsabilidad en la contaminación de las fuentes de agua de la comunidad. En la actualidad, la empresa viene remediado en un avance significativo los pasivos ambientales mineros (PAM). En este proceso de remediación la comunidad viene desarrollando acciones importantes en la vigilancia de la remediación a través del Comité de Monitoreo Ambiental Comunitario con visitas al lugar, en coordinación constante con DHUMA.

(Pasivos ambientales en Condoraque)

4. Conclusiones

    • El litigio estratégico, como herramienta jurídica, puede ser contribuir en la lucha por la exigencia y protección de los derechos de los pueblos indígenas de manera efectiva frente al desarrollo de actividades extractivas. Logrando que los jueces o tribunales ordenen el despliegue de políticas por parte del Estado, sus instituciones y empresas, orientadas a lograr la protección de los derechos colectivos de estos pueblos.
    • Al iniciar acciones legales en tribunales locales, se abre la posibilidad de que estos órganos sienten precedentes que podrían ser utilizados por otras comunidades (pueblos indígenas) para exigir la protección de sus derechos   en situaciones similares, sin verse así en la necesidad de iniciar otros procesos judiciales. Al igual que, tampoco se hará necesario recurrir ante organismos jurisdiccionales supranacionales regionales o internacionales.
    • El utilizar el litigio estratégico como herramienta para exigir la protección de derechos colectivos, trae consigo dos consecuencias directas en las comunidades: i) que los miembros de las comunidades se empoderen en el manejo de este instrumento y de los conocimientos de sus derechos colectivos: y ii) que al optar por una alternativa pacífica, evitamos situaciones de protestas sociales, como consecuencia de ello las represiones desproporcionadas que culminan con fallecidos, heridos,  detenidos, torturados y procesados.

 

Rodrigo Lauracio Apaza

Derechos Humanos y Medio Ambiente - Puno

Puno, 12 de abril del 2018.

Escuela de Líderes y Lideresas Indígenas de la Región Puno

Hoy continúa con la Escuela de Líderes y Lideresas Indígenas de la Región Puno, donde se tratarán de la minería y proceso de amparo y entre otros, ya que ayer 21 de abril se abordaron los temas de convenio 169 de la OIT, procesos de consulta previa, derechos de las comunidades y de los pueblos indígenas. En la actividad participan las organizaciones de base de distintas provincias de la región Puno y dicho evento se realiza en las instalaciones de la Dirección Agraria.


Today continues the School of Leaders and Women Leaders Indigenous Puno region , where they were treated in the mining and process protection and among others , since yesterday April 21 topics Convention 169 of the OIT , consultation processes were addressed , rights of communities and indigenous peoples. In the activity grassroots organizations from different provinces in the Puno region and this event it is held on the premises of the Agricultural Directorate participate.

COMUNICADO INTERNACIONAL Ecuador-Belarús LOS TRATADOS DE COMERCIO DEBEN INCLUIR UN ENFOQUE BASADO EN DERECHOS HUMANOS

Por contradecir el Art. 422 de la Constitución de la República que establece “que no se podrá celebrar tratados o instrumentos internacionales en los que el Estado ecuatoriano ceda jurisdicción soberana a instancias de arbitraje internacional, en controversias contractuales o de índole comercial, entre el Estado y personas naturales o jurídicas privadas”, la Asamblea Nacional y, posteriormente, el Ejecutivo -en mayo del año pasado-, denunciaron 17 tratados bilaterales de inversión. Otros 13, de los 30 TBIs suscritos entre 1968 y 2002, habían perdido vigencia por diversas causas.

Sin embargo, el ministro de Comercio Exterior, en esa misma fecha, durante su último acto público, ratificó que Ecuador negociará nuevos acuerdos con esos países.

En estos días, la ministra de Relaciones Exteriores, María Fernanda Espinosa, ha efectuado un anuncio público, durante la segunda reunión de consultas políticas a nivel de los vicecancilleres de Ecuador y Belarús, sobre el inicio en los próximos meses de la negociación de un acuerdo comercial, en el marco de la Unión Económica Euroasiática.

La firma de nuevos acuerdos bilaterales de inversión debe ajustarse a normas y estándares internacionales que respeten, protejan y garanticen los derechos humanos, en general, y los derechos económicos, sociales, culturales, ambientales y los derechos de la naturaleza, en particular.

Y, sobre todo, en su negociación deben primar los principios de las relaciones internacionales establecidos en el Art. 416 de la Constitución de la República. Por tanto, una posible negociación de un acuerdo comercial entre Ecuador y Belarús, debe considerar las siguientes inquietudes en materia de derechos humanos:

1.-La Federación Internacional de Derechos Humanos (FIDH) ha denunciado que la tortura y el maltrato se utilizan de forma generalizada para forzar a los sospechosos a incriminarse a sí mismos en ausencia de un abogado. Se vulnera sistemáticamente el derecho a la defensa jurídica. Los abogados y jueces carecen por lo general de independencia, al igual que todo el sistema judicial.

2.- En Belarús se vulneran los derechos de las personas condenadas a muerte y esto ocurre en todas las etapas del proceso judicial, por lo que la aplicación de la pena de muerte en dicho país es ilegal y arbitraria. Desde su independencia en 1991, se ha ejecutado a alrededor de 400 personas en el país..

3.- En el 35º período de sesiones del Consejo de Derechos Humanos, órgano intergubernamental de las Naciones Unidas en el que Ecuador es miembro, elRelator Especial sobre la situación de los derechos humanos en Belarús reiteró su preocupación porque se volvió a poner en práctica la política de represión a gran escalacontra aquellos ciudadanos que ejercen o defienden sus derechos.

4.- Según el Relator Especial, las elecciones legislativas de septiembre de 2016 fueron objeto de un férreo control, y el Parlamento elegido siguió sin ser plural pese a que, tras 20 años, dos candidatos de la oposición pudieron obtener sendos escaños. Hubo una intensificación general del estricto control que ejercen las autoridades sobre la vida pública y del acusado deterioro de sus actuaciones con respecto a los derechos de reunión y asociación y a los derechos de los medios de comunicación.

5.- El marco jurídico que regulaba la vigilancia secreta permitió a las autoridades llevar a cabo amplias operaciones de vigilancia con escasa o nula justificación. El Sistema de Actividades Operativas e Investigativas (SORM) que permitía la interceptación legal de todas las comunicaciones electrónicas, daba a las autoridades acceso directo a las comunicaciones telefónicas y por Internet y a los datos conexos, según el informe anual de Amnistía Internacional.

6.- Esta organización, además, denunció en año pasado que tanto las ONG como los partidos políticos continuaron sufriendo restricciones indebidas, como la obligación de registrarse. Las solicitudes de registro solían rechazarse arbitrariamente por infracciones minúsculas u otros motivos no especificados. Según el artículo 193.1 del Código Penal, fundar una organización no registrada o participar en sus actividades seguía siendo delito, punible con hasta dos años de prisión.

7.- El Relator Especial, la Organización Internacional del Trabajo (OIT), el Parlamento Europeo y la FIDH, han condenado y han hecho un llamamiento a Belarús para pedir una reforma profunda de las políticas estatales que ponga fin a toda forma de trabajo forzado, inclusive mediante la derogación de las leyes abusivas y de los decretos presidenciales suscritos por el presidente Aleksandr Lukashenko, en el poder desde julio de 1994.

Por tales antecedentes, las organizaciones de derechos humanos de Ecuador exhortamos al Poder Ejecutivo representado por el presidente Lenin Moreno, a supeditar la suscripción de acuerdos comerciales a la vigencia de los derechos humanos.

El Estado ecuatoriano está obligado a cumplir con los preceptos constitucionales, cuya prelación en materia de derechos humanos es fundamental para la vida democrática.

Ecuador es uno de los países que lidera en el seno del Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas la elaboración de un tratado vinculante sobre empresas transnacionales y otras empresas respecto a los derechos humanos. Y esta postura debe mantener coherencia con las negociaciones de tratados comerciales bilaterales y multilaterales.

Las relaciones diplomáticas con otros Estados, cuyo historial de violación a los derechos humanos es cuestionado por los organismos supranacionales, deberán como en el caso de las negociaciones de tratados comerciales, incluir una evaluación interna en nuestro país acerca de la vigencia en esos Estados de los derechos que Ecuador asume como principios. Y, además, de incorporarlos como una variable en las negociaciones, deberá evidenciarlos ante la ciudadanía de las dos partes. Negociar acuerdos en silencio con Estados transgresores de derechos humanos es una forma de complicidad inadmisible para una nación democrática como la ecuatoriana, solidaria con los pueblos del mundo que viven en una situación de opresión.-

Quito, febrero 22 del 2018

 

Pablo A. de la Vega M.

Centro de Documentación en Derechos Humanos “Segundo Montes Mozo S.J.” (CSMM)

César Ricaurte

Fundación Andina para la Observación y Estudio de Medios (Fundamedios)

Luis Verdesoto Custode

Plataforma por la Defensa de los Derechos Humanos y la Democracia en Ecuador (PDDHE)

 

Análisis social del caso “Aymarazo”: desde la mirada del trabajador social

 

Artículo de Opinión

Por:  Maritza Quenta Quispe

Puno, mayo del 2018

Foto: DHUMA "Mujeres aimaras de la zona sur de Puno apoyando a sus líderes procesados en la Corte Superior de Puno"

I. INTRODUCCIÓN

En el presente trabajo se analiza el caso “Aymarazo” desde la mirada del Trabajador Social, se analiza a partir del contexto en que se desarrolló el denominado “Aymarazo”, que estos últimos días está llenando la página de muchos diarios y medios de comunicación, a partir del análisis de la familia como protectora de derechos fundamentales  a vivir en un medio ambiente sano y si se vulnera otros derechos fundamentales y como consecuencia se dio el caso “Aymarazo”, caso ocurrido en la ciudad de Puno, a través de la revisión de diferentes informes y Jurisprudencia, sentencia y otros documentos, llegándose así a la conclusión de que existe vulneración del derecho fundamental que tiene toda persona a gozar de un medio ambiente equilibrado y adecuado al desarrollo de su vida.

Uno de los aspectos más importantes para la vida de los aymaras está en relación a su saber andino como conocimiento que está en relación a sus valores y creencias ancestrales: por cuanto, para ellos los cerros “Apus” se constituyen como los guardianes tutelares de custodia de su vida y su cosmovisión andina; es decir de su cultura. Además, que consideran que la tierra y las especies de flora y fauna tienen vida propia, de ahí su relación magnifica con la “Pachamama” que le da sus frutos no sólo para su subsistencia en relación a sus necesidades básicas de alimentación sino algo más místico y espiritual.

Se analizará sobre; conciencia y papel de la mujer en el “Aymarazo”, en donde le permita desarrollarse en los distintos ámbitos, en donde ya no sea una más, sino “parte de”.

PALABRAS CLAVES:

Aymarazo, derechos, familia, cosmovisión, participación de la mujer.

 

II. CONTENIDO

RECUENTO HISTÓRICO

En el Perú estos conflictos socio-ambientales se dieron durante las llamadas reformas estructurales que se dieron durante la década de los noventas en el Perú, a partir de ello una serie de cambios en los marcos institucionales y normativos abrió las puertas a la inversión privada y a la instauración de la lógica de mercado como la principal asignadora de los recursos. El estado de haber tenido un rol protagónico en la economía y el ordenamiento de lo social, pasó a un rol básicamente regulador. En efecto, la economía inició un crecimiento sostenido basado en ciertos sectores, sobre todo extractivos y en particular alrededor de la explotación minera e hidrocarburífica. A par de esta fase expansiva de la economía, se abrió también un escenario nuevo con la particularidad y persistente presencia de los denominados conflictos socioambientales.

Pero antes de desarrollar el artículo, es necesario precisar que el estado peruano a través del Decreto Supremo N° 083-2007-EM, declara de interés público la inversión privada en la actividad minera y otorga concesión minera “Santa Ana” que se encuentra dentro de los 50 km de la frontera con Bolivia a favor de la empresa Bear Creek Mining Company Sucursal en Perú, en los distritos de Huacullani, Kelluyo y Pizacoma pertenecientes a la provincia de Chucuito - Juli.

CONTEXTO

Según el diario La República, durante los últimos años las concesiones mineras en Puno han aumentado de manera importante, y se ha convertido en la segunda región, después de Arequipa con más concesiones.

En los últimos días, uno de los temas que ha llenado las páginas de muchos diarios y medios de comunicación puneños, ha sido la sentencia dictada en el proceso penal del caso “Aymarazo”.

Es así que el 9 de mayo del 2011 las comunidades aymaras de Puno emprenden su lucha en defensa de sus recursos naturales, para ellos considerado como fuente de vida y producción.

En este contexto se emitió la sentencia que condenó a Walter Aduviri (en su calidad de dirigente) como autor inmediato de lo ocurrido en aquel momento. Esto constituye una afectación y enfrenta a los derechos de los pueblos indígenas, quienes solo buscaron por medio de las protestas defender los derechos que la constitución política del Estado Peruano les había reconocido en el ejercicio de sus derechos.

ANÁLISIS SOCIAL

Las comunidades campesinas, y por ende el poblador aymara, está íntimamente vinculado a la defensa de su territorio y los recursos naturales considerándolo como fuentes vitales de sobrevivencia y producción, y en caso esto se encuentre en riesgo o amenaza harán lo necesario por asumir actos de defensa, organizándose para evitar tal acontecimiento. Están tan arraigados a su cosmovisión y su forma de vida que si tratamos de modificar esto, se estaría afectando los derechos de los pueblos indígenas y todo lo avanzado tendría un retroceso irreparable.

Las consecuencias a nivel social se dieron desde un lado racista, despectivo y discriminatorio, tildando a todos los aymaras como revoltosos, matones, agresivos e irrespetuosos, generando así tipificaciones despectivas perjudicando su integridad.

Además, la familia sufrió daños y consecuencias irreparables afectando su composición y organización como tal, se generó descomposición y quiebre en su organización dentro de ella.  Entendiéndose que la familia es la primera institución con la que entra en contacto todo ser humano, pues aún antes del nacimiento vive en primera persona el efecto de la relación materno-filial. De tal forma que, desde el inicio de la existencia humana, las funciones prodigadas por la familia respecto de sus miembros son insustituibles y fundamentales.

Dichas funciones no sólo cubren los aspectos materiales (alimentación, vivienda, medicamentos, entre otros) de las necesidades de sus miembros, sino también los aspectos espirituales (educación, solidaridad, afecto, seguridad, comunicación, atención, seguridad, socialización, etc.). Es sobre todo en relación a estos últimos, que la familia se convierte más que en un conglomerado de personas con funciones meramente asistenciales, en una comunidad de amor y de vida en la que cada uno de sus miembros se siente acogido, respaldado y seguro.

En ese sentido, el ambiente familiar proporciona al ser humano los bienes necesarios para desarrollarse adecuadamente y previene o corrige las situaciones que puedan afectar dicho desarrollo. De esta manera, son los padres quienes ostentan la responsabilidad primordial de la crianza, orientación y protección de los niños y niñas, quienes para desarrollarse integralmente necesitan del entorno familiar y del ambiente de felicidad, amor y comprensión que se vive dentro de él; siendo, en consecuencia, los primeros obligados en resguardar el respeto y primacía del interés superior del niño y niña en las situaciones que lo involucran.

En el caso “Aymarazo” las familias sufrieron atropellos que entorpecieron su rol de padres, en muchos de los casos los padres salieron de sus viviendas dejando a su familia en desamparo y velando por la defensa de sus recursos naturales, también hubo hechos de separación y divorcios que desintegraron la familia.

También se generó daños a nivel psicológico afectando o alterando su convivencia en la familia y comunidad limitando la participación en estos espacios en la cual la familia debe participar como institución intermedia entre el individuo y la sociedad, es la comunidad que, a través de la solidaridad como forma de vida, protege y educa a sus miembros para su proyección en la vida social. Y ésta conjunción de funciones es una labor que sólo puede ser cumplida naturalmente por ella y que no puede ser sustituida sin que lleve consigo una afectación para sus miembros.

Se ha denominado como: “Aymarazo” este hecho social, en alusión y la relación en analogía como movimiento social (que por cierto tiene matices diferentes) de lucha de reivindicación social del “Baguazo” de nuestros hermanos de la región del oriente peruano. El conflicto social generado por nuestros paisanos aymaras del sur de nuestra región Puno tiene una explicación percibida desde motivaciones culturales, económicas, ecológicas y sociales hasta políticas; que, por cierto, ha traído consecuencias en las mismas dimensiones.

Tal como lo describe BIGIO, I. (2002), los aymaras han mantenido una serie de instituciones comunitarias y ritos religiosos propios. Posiblemente son el pueblo andino que más haya mantenido los cultos cósmicos, como a los cerros “apus”, al sol “inti” y la madre tierra “pachamama”. Tienen su propio calendario andino cada fecha ellos lo celebran, por ejemplo, el 21 de junio celebran el inicio de su año.

Uno de los aspectos más importantes para la vida de los aymaras está en relación a su saber andino como conocimiento que está en relación a sus valores y creencias ancestrales: por cuanto, para ellos los cerros “Apus” se constituyen como los guardianes tutelares de custodia de su vida y su cosmovisión andina; es decir de su cultura. Además, que consideran que la tierra y las especies de flora y fauna tienen vida propia, de ahí su relación profunda con la “Pachamama” que le da sus frutos no sólo para su subsistencia en relación a sus necesidades básicas de alimentación sino algo más místico y espiritual.

Este movimiento social terminó en radicalizar sus medidas y estrategias de lucha al enterarse que su Dios tutelar, estaba incluido dentro de los lotes de concesión para la exploración y explotación minera que afecta incluso al país de Bolivia. Este lugar que se constituye “sagrado” dentro de su cultura no sólo resulta ser un Dios tutelar, sino les provee a varias comunidades campesinas y centros poblados de varios distritos de la región sur del líquido elemental agua tanto para su consumo como para sus actividades agropecuarias, además esto afecta al vecino país de Bolivia, porque en Huacullani se encuentra varias cabeceras de agua que desembocan en la zona fronteriza.  Esencialmente ésta es la causa que dio origen al movimiento social de los aymaras que terminó con consecuencias negativas de dimensiones económicas, sociales y políticas que todos sabemos.

PARTICIPACIÓN DE LA MUJER EN EL CASO “AYMARAZO”

En la actualidad se habla bastante sobre toma de decisiones y participación de la mujer en espacios políticos, económicos, ambientales, sociales, culturales, entre otras. Así es capaz de emprender nuevos retos que la lleven a ejercer sus derechos y velar porque estos sean respetados y valorados en el conjunto social. A través de la participación de la mujer, se promueve una cultura equitativa e incluyente para fortalecer los distintos espacios existentes y contribuir a mejorar las condiciones de vida y satisfacción de necesidades de los grupos más excluidos, trabajando en conjunto para legitimar la participación activa y viva de la mujer poniendo en práctica su papel en los procesos de desarrollo.

Específicamente en el caso “aymarazo” muchas mujeres indígenas encabezaron a sus comunidades en la lucha por la defensa de sus territorios y sus recursos naturales, oponiéndose a los proyectos de extracción no reglamentados y a los acaparamientos de tierras realizados en nombre del “desarrollo”. Bajo el ejercicio de sus derechos.

A partir del 2011 hubieron más de 100 personas en investigación, pero solo 19 fueron procesados por el caso aymarazo y 2 de ellos fueron mujeres ex autoridades comunales que en ese momento se encontraban sirviendo a su comunidad. Ellas son: Francisca Sarmiento Choque de la Comunidad de Cumi y Gregoria Calisaya Pineda de la Comunidad de Santa Cruz de Ariguas del sector Huanuni, ambas del distrito de Desaguadero – Puno.

En la actualidad (2018), a pesar que las mujeres aymaras han sido absueltos (libres) del proceso judicial luego de 7 años de litigio en el juzgado de la capital de la región, a lo largo de estos años se demostró su inocencia de las que acusaba el Estado peruano, pero aún quedan las secuelas que han dañado sus vidas en lo económico, psicológico, salud, estigma social, daño a la organización comunal, quebrantamiento en la cosmovisión Andina y la identidad de la cultura Aymara. Estos daños deben ser reparados por parte del Estado peruano.

Sin embargo, la pregunta que se hace es ¿las mujeres realmente participan en estas protestas por la defensa de sus recursos naturales o son manipuladas para cumplir actividades domésticas? La pregunta la hago porque escuche a muchas personas decir; “las mujeres solo van a cumplir labores domésticas”

En este caso me atrevo a decir que las mujeres si tuvieron un rol protagónico y participativo en la defensa de sus recursos naturales, porque en las movilizaciones y paros que se realizó, se observa bastante participación de ellas, tomando la iniciativa, desplazándose a los lugares que sea necesario para defender sus recursos naturales y explicando la razón de su protesta, en esta línea y viendo videos de medios de comunicación local y nacional se puede ver que muchas mujeres pernoctaron en las calles para ser escuchados, un ejemplo de ello fue cuando viajaron a la capital de Lima sin ni siquiera haberlo planificado, solo con el claro objetivo de ser escuchados. Ellas firmes en la defensa de sus recursos y cosmovisión.

A partir de ello se debe hacer un llamado a la reflexión en donde las mujeres adquieran confianza en ellas mismas para promover su participación en el ámbito político y por lo tanto buscar su desarrollo personal y realización como “mujer” que tome decisiones, que se involucre en los distintos procesos y que sea partícipe de su propio desarrollo, dejando atrás los paradigmas que la envuelven en un contexto donde se le clasifica como grupo vulnerable y desprotegido.

La mujer puede asumir un papel que le permita desarrollarse en los distintos ámbitos, en donde ya no sea una más, sino “parte de”, en donde la mujer tenga la oportunidad de mejorar sus condiciones económicas, en donde tenga acceso a un trabajo digno y a capacitarse, que se compartan responsabilidades familiares, que las mujeres adquieran conciencia y que eleven sus niveles de autoestima y seguridad en sí mismas. Esto solo se logra a través de su participación real, protagónica e incidencia en espacios de toma de decisiones políticas.

Por lo tanto, es imperativo impulsar acciones que promuevan la participación protagónica de las mujeres a nivel social y político. Para eso las mujeres deben ser capaces de expresar sus necesidades y defender sus intereses en el ámbito privado y ampliarse al público. Los proyectos de desarrollo deben contribuir y estimular la autonomía de las mujeres promoviendo el desarrollo de capacidades que les permitan ejercer sus derechos como ciudadanas y sujetas políticas de cambio. Asimismo, producir el empoderamiento de las mujeres que permita su involucramiento en los procesos de participación social y el ejercicio de derechos y ciudadanía.

Es importante dar el primer paso para la participación de las mujeres, motivándolas a involucrarse en los distintos procesos económicos, sociales, culturales y políticos de la sociedad, que permitan la igualdad, generando el involucramiento de las mujeres en el campo de la política, dando a conocer la temática y abriendo espacios de formación, diálogo, debate, concertación y participación, ejerciendo los derechos como ciudadanas.

 

III. CONCLUSIONES

  • Las comunidades campesinas, y por ende el poblador aymara, está íntimamente vinculado a la defensa de su territorio y los recursos naturales considerándolo como fuentes vitales de sobrevivencia y producción, para ellos “suma jakaña”.
  • El caso “Aymarazo” tuvo una fuerte carga discriminatoria y despectiva, tildándolos de vándalos, asesinos, revoltosos e irrespetuosos.
  • En este caso la familia sufrió daños y consecuencias irreparables que afectaron y/o quebrantaron su composición y organización como tal, dentro de ella.
  • Uno de los aspectos más importantes para la vida de los aymaras es “suma jakaña” la cual está en relación a su saber andino como conocimiento que está en relación a sus valores y creencias ancestrales: por cuanto, para ellos los cerros “Apus” se constituyen como los guardianes tutelares de custodia de su vida y su cosmovisión andina; es decir de su cultura.
  • Se debe generar conciencia y papel de las mujeres en el caso “Aymarazo”, que le permita desarrollarse en los distintos ámbitos, en donde ya no sea una más, sino “parte de”, en donde la mujer tenga la oportunidad de mejorar sus condiciones económicas, en donde tenga acceso a un trabajo digno y a capacitarse, que se compartan responsabilidades familiares, que las mujeres adquieran conciencia y que eleven sus niveles de autoestima y seguridad en sí mismas.

 

IV. REFERENCIAS BIBLIOGRAFICAS

  • Derechos Humanos y Medio Ambiente, (22 de mayo de 2018). Conflicto socioambiental Aymara. Puno – Perú [Archivo de video]. Extraído el 14 de mayo del 2018 de: https://youtu.be/eZ9pUHf4480
  • Derechos Humanos y Medio Ambiente, (22 de mayo de 2018). La verdad de las mujeres indígenas procesadas del caso aymarazo. Puno – Perú [Archivo de video]. Extraído el 14 de mayo del 2018 de https://youtu.be/DL8SFq4qWdk