Jr. Arequipa 345 "5to Piso" - Puno
Esta dirección de correo electrónico está siendo protegida contra los robots de spam. Necesita tener JavaScript habilitado para poder verlo.

QUECHUAS Y AYMARAS PARTICIPARAN DEL CURSO TALLER DERECHO DE LOS PUEBLOS ORIGINARIOS Y ACTIVIDADES EXTRACTIVAS.

Con el compromiso de continuar fortaleciendo las habilidades en liderazgo y las capacidades en conocimiento para la defensa en sus derechos como pueblos originarios, protección de la tierra, agua y demás recursos naturales a los líderes y lideresas. Se realizará el primer evento del presente año de la “Escuela de Líderes y Lideresas Indígenas de la Región de Puno 2017”, donde se reflexionará de la Declaración de la Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas, Convenio Nº 169 de la OIT, Actividades extractivas y Procedimiento administrativos por contaminación en las zonas quechuas y aymaras de la región de Puno.

 

Comunidades originarios del Altiplano

 

El evento es organizado por la Asociación Civil DHUMA, bajo las alianzas del Instituto de la Defensa Legal (IDL), la Fundación Hanns Seidel Perú y Pax Crhisti International. Asimismo, con la participarán de las organizaciones de base como Federación Departamental de Campesinos (FDCP), Asociación Departamental de Mujeres Campesinas – Puno (ADEMUC), Liga Agraria 24 de julio de Huancané y entre otras.

En esta oportunidad se contará con 70 participantes entre líderes y lideresas provenientes de las organizaciones y comunidades campesinas del altiplano puneño. Y que se tiene la participación de los expositores de los organismos del estado: Organismo Especializado en Fiscalización Ambiental (OEFA), Autoridad Nacional del Agua (ANA) e Instituto Nacional de Cultura (INC).

La participación en la política de los pueblos indígenas es fundamental para ocupar espacios de la toma de decisiones, en ese sentido se pronunció el comisionado de la Organización de Estados Americanos (OEA) en Perú a “incorporar medidas para promover la participación política de los pueblos indígenas”

La actividad se llevará a cabo los días jueves 27 y viernes 28 de abril del presente año, en las instalaciones del Salón de convencionesde la Dirección Regional Agraria de Puno, sito en Jr. Moquegua N° 264 cuarto piso de la ciudad de Puno.

La Creación de los Centros Poblados están desapareciendo a las Comunidades Campesinas

Los participantes de la Escuela de Líderes y Lideresas Indígenas de la Región Puno, manifestaron que fueron de gran utilidad las aprendizajes recibidas en temas de derechos de los pueblos indígenas, tratados internacionales, constitución política del Perú, convenio Nº 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), procesos de consulta previa, posesión y propiedad de las tierras, minería, procesos de amparo y entre otros. Ya que los líderes y las lideresas darán réplica en sus respectivas comunidades como una forma de compartir las informaciones adquiridas y las experiencias surgidas en la “escuela”.

La representante de las mujeres de la provincia de Melgar indicó que “la creación de los centros poblados están desapareciendo (matando) a las comunidades campesinas”, por lo tanto es momento de las comunidades se mantengan como tal y como siempre lo ha sido, Recalcó.

En el primer día del evento se tuvo la presencia de la especialista Maritza Quispe, abogada del IDL - Área de Pueblos Indígenas y de Litigio Constitucional y la capacitadora de DHUMA Yolanda Flores explicó sobre denuncios mineros. Así mismo en su segundo día intervinieron Cristóbal Yucra Director de DHUMA y el especialista de DHUMA Rodrigo

Lauracio.
La actividad fue organizado por la asociación Derecho Humanos y Medio Ambiente Puno (DHUMA), el Instituto de la defensa Legal (IDL) y la Red Muqui, entre ayer 21 y hoy 22 del presente mes en las instalaciones del Salón de Capacitación de la Dirección Regional Agraria de Puno.

LÍDERES Y LIDERESAS RECIBEN CURSO TALLER DE CONSTRUCCIÓN DE PAZ, ANÁLISIS DE CONFLICTOS MINEROS E INCIDENCIA POLITICA.

Con la ponencia de Martha Inés Romero Medina Coordinadora de Pax Christi Internacional para América Latina y el Caribe se realizó el taller de Construcción de paz, análisis de conflictos mineros e incidencia política para los líderes y lideresas provenientes de distintas comunidades y organizaciones de bases de la región de Puno.

La agenda se centró en la Construcción de paz, análisis de conflictos mineros e incidencia política, en donde la especialista motivó a que los participantes relaten hechos concretos de los conflictos mineros en el ámbito de la región Puno, y puntualizó que “los conflictos se asocian a cosas negativas, más bien la paz se asocia a cuestiones positivas y puede estar vista como la capacidad para comunicarse con todos y todas”.

 

Es de suma importancia para las organizaciones sociales de base las metodologías de análisis de conflicto como: las 3 “P” (persona, proceso y problema) y la Incidencia política como una “herramienta comunitaria para el cambio social”, ya que los esfuerzos ciudadanos organizados pueden influenciar en las decisiones políticas y en distintos niveles de gobierno.

La coordinadora de Pax Christi Internacional escuchó a los participantes y sugiere que la organización es la base para el fortalecimiento y empoderamiento ciudadano, para la lucha “noviolenta” contra la corrupción y para mantener y preservar la democracia en paz.

En la actividad asistieron los representantes y dirigentes de las organizaciones de base, comunales, y sociedad civil de la región de Puno, como: Liga Agraria Huancané, Comunidad Ticaparqui Ninantaya –Moho, ADEMUC Puno, Comunidad Chuquiaguillo, FEMUCARINAP, Comunidad Miraflores, Comunidad Jatucachi, Asociación de Mujeres Unidas por el Trabajo Rinconada, FOP - 27 de junio, Unión de Mujeres Aymaras, Yanavico casa taller y entre otras.

Cabe indicar que la Coordinadora de Pax Christi Internacional Martha Inés Romero es autora del libro “Transformación no violenta de conflictos mineros, caja de herramientas para la defensa del territorio” y hoy (23 de agosto) estuvo compartiendo muchas experiencias de distintos países latinoamericanos con los líderes y lideresas de la región de Puno en la oficina de Derechos Humanos y Medio Ambiente de la ciudad de Puno.

Manifiesto Público Internacional ¡¡Alto a la Criminalización de la Protesta Social en Perú!! /International Public Sign-On Letter: Stop the Criminalisation of Social Protest in Peru!!

 

MANIFIESTO PÚBLICO INTERNACIONAL

 

¡¡ALTO A LA CRIMINALIZACIÓN DE LA PROTESTA SOCIAL Y A LA IMPUNIDAD CORPORATIVA EN PERÚ!! / STOP CRIMINALISATION OF PROTESTS

 

A la Corte Suprema de Justicia del Perú

Al Gobierno Peruano

A las empresas mineras  

Los abajo firmantes, organizaciones de la sociedad civil nacional e internacional, nos dirigimos a ustedes en solidaridad con las comunidades Aymaras del Sur del Perú, que se organizan para defender sus bienes naturales, su territorio, su agua y la salud de su población frente a los diferentes proyectos mineros asentados en la región.  

En particular vemos con mucha preocupación las tendencias que apuntan a exacerbar la criminalización de la protesta social mediante la instauración abusiva de procesos judiciales en contra de líderes de organizaciones sociales y de comunidades, a través del uso desnaturalizado de figuras penales (como la extorsión y autoría mediata) que tienen graves impactos en los DDHH, la libertad de expresión y la movilización social, debido a que en la práctica equiparan a las organizaciones sociales con entes criminales creados para delinquir y  a sus portavoces como instigadores al delito.

LOS HECHOS:

Nos referimos específicamente a los juicios derivados del conflicto socio-ambiental conocido como el “Aymarazo” del año 2011, cuando las comunidades del departamento de Puno se movilizaron en contra del proyecto minero Santa Ana, de propiedad de la empresa canadiense Bear Creek. La protesta exigía la cancelación del proyecto por los riesgos de contaminación de las fuentes de agua (incluyendo el Lago Titicaca que comparten Perú y Bolivia), la falta de consulta a las comunidades, la ilegalidad del proyecto y la falta de transparencia y mala fe de la empresa con las comunidades.  La protesta desembocó en una dura represión por parte del estado y en la cancelación del proyecto.  Sin embargo,la Fiscalía de Puno inició procesos penales a los principales dirigentes, que derivó en la condena de Walter Aduviri, principal portavoz – sentenciado a 7 años de prisión y a pagar una multa de 2 millones de soles (aprox. 600,000 dólares y 2,500 salarios mínimos vitales en Perú).  

En diciembre de 2017 los tribunales en Puno ratificaron esta sentencia y ordenaron la detención de Aduviri, quien al conocer el fallo se declaró en la clandestinidad. Su defensa presentó un recurso de casación ante la Corte Suprema de Justicia para anular la sentencia, que fue aceptada en enero 2018 y que ahora está siendo revisada.

Consideramos que, si la sentencia es ratificada por la Corte Suprema, se estarían sentando duros precedentes en contra de la defensa de los DDHH y del territorio en Perú, debido a que Aduviri es acusado de ser “autor mediato” del supuesto delito de “disturbios” durante el Aymarazo, es decir, de instigar a terceros a cometerlos.  Esto podría derivar en la persecución de más líderes que podrían ser considerados “autores mediatos” de supuestos delitos cometidos en conflictos similares, sin pruebas, y sólo por el hecho de ser portavoz de una organización o comunidad.Además, durante el proceso, y en una actitud profundamente racista, Aduviri fue despojado de sus derechos indígenas como miembro del pueblo Aymara – derecho al territorio, a la consulta, identidad, autonomía, etc. -, debido a que, a criterio de los jueces, posee estudios superiores. Es por eso que sus derechos indígenas no fueron tomados en cuenta en el juicio.

POR TODO ELLO LOS ABAJO FIRMANTES:

1.Exhortamos a los Jueces de la Corte Suprema de Justicia del Perú a resolver el caso de Walter Aduviri teniendo en cuenta los estándares internacionales de los derechos de los pueblos indígenas, reconocidos en tratados internacionales vinculantes para el Estado peruano, como es el Convenio 169 de la OIT, al igual que la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas. Con ese sustento legal y legítimo consideramos que en definitiva debe anularse la sentencia en contra de Walter Aduviri, quien no hizo más que exigir la protección de de los derechos del pueblo Aymara. 

2.Repudiamos con firmeza el uso arbitrario de figuras penales como el de “autoría mediata” (usadas en contra del ex presidente Alberto Fujimori y del líder de Sendero Luminoso Abimael Guzmán por violaciones a los DDHH) para judicializar la defensa del territorio y perseguir a miembros de organizaciones sociales y comunidades. Consideramos que es de vital importancia que el Estado respete la decisión del pueblo de rechazar cualquier proyecto minero en su territorio, en legítima defensa de sus derechos, sin que por ello sean sujetos de persecución y estigmatización.

3.Exigimos a la empresa Bear Creek Mining Corporation  y a las empresas mineras que se encuentran principalmente en el Sur del Perú a respetar los derechos y decisiones de las comunidades, en relación al proyecto Santa Ana y a cualquier otro proyecto minero en todo el país. La sociedad civil internacional organizada estará vigilando estos casos, siempre en compromiso con los pueblos afectados y sus derechos.

Consideramos que el caso de Walter Aduviri no es un caso aislado. Es parte de una política pro-minera en Perú, a la que se suman las constantes declaratorias de estados de emergencia en las zonas mineras, la suspensión de los derechos constitucionales de la población, la represión policial y la criminalización y estigmatización generalizada de las organizaciones sociales y comunidades. Al igual que en Perú, a lo largo del continente las multinacionales recorren los territorios con el único objetivo de extraer los recursos, dejando comunidades y ecosistemas destruidos. Cuando existe resistencia, el estado reprime, encarcela y hasta crea las condiciones para el asesinato impune de defensoras y defensores del territorio.

Las empresas también recurren a tribunales internacionales para demandar a los países compensaciones cuando sienten que sus inversiones han sido afectadas de cualquier forma.  Después del Aymarazo, Bear Creek demandó al Perú en el Centro Internacional para el Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (CIADI) del Banco Mundial – que le ordenó pagar al Perú la suma de 18,2 millones de dólares en favor de la empresa, que sumados a los intereses y costos legales de la demanda asciende a 37 millones".

Todos estos hechos demuestran una vez más y con mayor fuerza la necesidad de movilizarnos globalmente para presionar a los estados a que respeten y hagan respetar los DDHH y el territorio, además de la urgencia de generar un marco legal internacional vinculante para que las empresas transnacionales rindan cuentas por sus acciones alrededor del mundo y se termine la impunidad que las protege.

 

FIRMAS

 Más Información en Derechos Humanos y Medio Ambiente – DHUMA, PUNO, PERÚ. http://www.derechoshumanospuno.org

 

 

 

INTERNATIONAL PUBLIC SIGN-ON LETTER: STOP THE CRIMINALISATION OF

SOCIAL PROTEST AND CORPORATE IMPUNITY IN PERU!!

 

 

To the Supreme Court of Justice Peru

To the Peruvian Government

To the mining corporations

The undersigned, national and international civil society organisations, address you in solidarity with the Aymara communities of Southern Peru, who have organised to defend their natural wealth, their territory, their water and the health of their people against the various mining projects established in the region.

We are disturbed to note a growing tendency towards deepening criminalisation. The abusive imposition of penal processes against social organisation leaders and communities via a distorted use of criminal offenses (such as aggravatedextortion and Indirect Perpetration) is particularly worrying. Such wilful misinterpretation of the law seeks to equate social organisations with criminal groups and their spokespeople with instigators of crime. As such it represents a grave attack on human rights; on freedom of expression and on social mobilisation.

THE FACTS:

We refer here specifically to the charges related to the socio-environmental conflict known as the ‘Aymarazo’ of 2011. During said conflict, communities from the district of Puno took action against the Santa Ana mine, a project under the ownership of Canadian mining corporation, Bear Creek. The protest articulated demands to cancel the project, due to the risks of contamination to water associated with the operation (including risks to Lake Titicaca which straddles Peru and Bolivia). It also called out the lack of consultation of communities, the illegality of the project as well as the lack of transparency and bad faith in which the corporation acted in relation to the communities. The protest resulted in a fierce repression at the hands of the Peruvian State and, ultimately, in the cancelation of the project. However, the Prosecution of Puno initiated criminal processes against the main spokespersons, which resulted in Walter Aduviri – the main spokesperson – being charged with 7 years in prison and fined 2 million Soles (approximately US$600,000, the equivalent of 2,500 minimum wages in Peru).

In December 2017, the tribunals of Puno ratified the sentence against Aduviri and ordered his detention. Upon learning of the ruling, Aduviri went into hiding. His defense presented a Cassation Appeal to overturn the sentence, which was accepted in January 2018. Aduviri’s case is currently being considered by the Supreme Court of Justice of Peru.

We consider that, if the Supreme Court ratify the sentence against Aduviri, a dangerous judicial precedent will be set that would undermine the defense of human rights and of territory in Peru. This concern relates to the fact that Aduviri stands accused of being an ‘Indirect Perpetrator’ behind the alleged unrest that took place during the Aymarazo - in other words, of having ordered others to commit crimes on his behalf. Such a ruling would place others at risk of being considered as ‘Indirect Perpetrators’ regardless of any lack of material evidence and where the only ‘crime’ is that of being spokesperson for an organisation or community. Furthermore, during the process and because of a deeply racist attitude, Aduviri was denied indigenous rights owed to him as a member of the broader Aymara community. These special rights include, but are not limited to, the right to territory; to consultation; to identity and to autonomy. The judges ruled that, in Aduviri’s case, special indigenous rights could not be taken into account since he had undertaken a university education.

Because of these observations, the undersigned below state the following:

1.- We urge the judges of the Supreme Court of Justice of Peru to resolve Walter Aduviri’s case, taking into account internationally recognised rights of indigenous peoples, as upheld in binding international treaties that have been ratified by the Peruvian State. These treaties include the International Labour Organisation (ILO) Convention 169, as well as the United Nations Declaration on the Rights of Indigenous Peoples. Upon this legitimate legal basis, we consider that the sentence taken against Aduviri, who did nothing more than demand that the rights of the Aymaran people be respected, must be definitively overturned.

2.- We firmly reject the arbitrary use of penal figures such as ‘Indirect Perpetrator’ (used against former President Alberto Fujimori and Shining Path leader Abimael Guzman for violations of human rights) as a pretext for persecuting members of social organisations and of community members. We consider it to be of vital importance that the State respect the decision of communities to reject mining projects in their territory in legitimate defense of their rights and that this be exercised without fear of being subject to persecution or stigmatization.

3.- We demand that the transnational Bear Creek Mining Corporation and the mining corporations that are mainly concentrated in the South of Peru respect the rights and decisions of communities in relation to the Santa Ana project and of any other mining project in the country. International Civil Society Organisations are monitoring these cases, in solidarity with affected communities and the upholding of their rights.

We recognise that Walter Aduviri’s case is not an isolated one. Rather, it forms part of a pro-mining agenda in Peru. Another example of this architecture is the constant declaration of States of Emergency in mining zones. These States of Emergency suspend the most fundamental constitutional rights of the population, bringing with it political repression; criminalisation and the general stigmatization of social organisations and communities. As in Peru, across the continent, multinationals enter territories with the sole intention of converting common goods into financialised resources, leaving communities and ecosystems destroyed in their wake. Where there is resistance, the state systematically represses, imprisons and even creates the conditions for the assassination of defenders.

These multinational corporations also turn to international tribunals to sue countries for compensation when they feel that their profits have been put at risk in any way. In 2014, Following on from the Aymarazo, Bear Creek Mining Corporation sued Peru in the International Center for Settlement of Investment Disputes (ICSID) of the World Bank. The World Bank ruled in Bear Creek’s favour, ordering Peru to pay the transnational the sum of US$18.2 million. This amount, added to the interests and legal costs incurred by the Peruvian State, have totalled a skyrocketing US$37 million.

These facts reveal once again - and more urgently - the need to mobilise globally to pressure states to respect and enforce human rights and territory. It also echoes the importance of putting in place an internationally binding legal framework so that transnational corporations can be made accountable for their actions around the world, bringing to an end the impunity that keeps them and their narrow interests safe.

Signatures

For more information see Human Rights and Environment – DHUMA, PUNO, PERU

http://www.derechoshumanospuno.org

 

ANTE EL INTENTO ILEGAL DE REFORMA CONSTITUCIONAL QUE PODRÍA AGRAVAR LA CRIMINALIZACIÓN DE LA PROTESTA SOCIAL

La Coordinadora Nacional de Derechos Humanos (CNDDHH) alerta la intención congresal de concretar ilegalmente una reforma constitucional para ampliar las detenciones preliminares hasta por 48 horas, y hasta por 15 días por cargos de crimen organizado, con lo que se podría agravar la criminalización de las y los defensores de derechos humanos que lideran y/o participan en protestas en defensa de sus comunidades.

 

La propuesta de reforma constitucional surgida del fujimorismo y la bancada de gobierno constituye una grave amenaza a la vigencia irrestricta de los derechos de la libertad y debido proceso, y no alienta en sí mismo un mejor funcionamiento del sistema de adminitración de justicia para lograr una efectiva seguridad ciudadana que permita la tranquilidad de todas las personas. Por el contrario, contraviene obligaciones internacionales del Estado peruano en estas materias, distrayendo a la ciudadanía con medidas populistas pero poco útiles.

Además, puede convertirse en una herramienta de persecución penal de la ciudadanía organizada que cuestione el modelo económico. La historia reciente de criminalización de la protesta social, de abuso frente a líderes estudiantiles y movimientos que se organizaron para defender sus derechos laborales, nos demuestra los altísimos riesgos que implica otorgar excesiva discrecionalidad a los agentes estatales para la detención de personas.

Esta iniciativa, surgida del fujimorismo y la bancada de gobierno, recibió apoyo unánime del Congreso en la primera votación de diciembre de 2016 en el marco del periodo anual de sesiones 2016-2017, quedando pendiente su segunda votación en el siguiente periodo anual 2017-2018, según manda el artículo 81 del Reglamento del Congreso. Sin embargo, a pesar que dicho periodo empezará recién el 28 de julio de 2017, esta votación figura en la agenda del Pleno desde la semana pasada.

Demandamos al gobierno, y en especial al Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, así como a la Defensoría del Pueblo, pronunciarse pública y urgentemente sobre este asunto. Asimismo, exigimos a las y los congresistas respetuosos de las obligaciones internacionales del Estado en materia de derechos humanos y comprometidos con la garantía de estos, rechazar esta medida, impedir su votación ilegal y desarrollar iniciativas legislativas que ataquen el problema de fondo de seguridad ciudadana sin populismos penales que pongan en riesgo la vigencia irrestricta de derechos fundamentales.

De igual manera, alertamos a la comunidad internacional de los pasos que se están dando en el país para agravar un régimen que persigue penalmente a quienes se organizan para defender sus derechos, cuestionan y protestan, pasos que son propiciados de manera conjunta por un Congreso de la República con una mayoría de 72 congresistas fujimoristas y por el Poder Ejecutivo.

Lima, 19 de abril de 2017

Coordinadora Nacional de Derechos Humanos

Escuela de Líderes y Lideresas Indígenas de la Región Puno

Hoy continúa con la Escuela de Líderes y Lideresas Indígenas de la Región Puno, donde se tratarán de la minería y proceso de amparo y entre otros, ya que ayer 21 de abril se abordaron los temas de convenio 169 de la OIT, procesos de consulta previa, derechos de las comunidades y de los pueblos indígenas. En la actividad participan las organizaciones de base de distintas provincias de la región Puno y dicho evento se realiza en las instalaciones de la Dirección Agraria.


Today continues the School of Leaders and Women Leaders Indigenous Puno region , where they were treated in the mining and process protection and among others , since yesterday April 21 topics Convention 169 of the OIT , consultation processes were addressed , rights of communities and indigenous peoples. In the activity grassroots organizations from different provinces in the Puno region and this event it is held on the premises of the Agricultural Directorate participate.