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Juez de Puno admiten proceso de amparo de las comunidades quechuas de Atuncolla por no realizar consultar previa en concesión minera no metálica.

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Hernán Porto

A través de la resolución N° 02-2017 de 27 de setiembre del presente año, la jueza Martha Irene Aguilar Castillo, de Segundo Juzgado Civil de Puno, admite el proceso de amparo, presentado por las comunidades del distrito de Atuncolla, provincia de Puno, en contra del Instituto Geológico Minero Metalúrgico – INGEMMET, Empresa CAL y CEMENTO SUR S.A. Los campesinos piden la nulidad de la concesión minera “Acumulación Puno” por la omisión del derecho a la consulta previa a las poblaciones de la zona. En sus primeras palabras ante la admisión del proceso el presidente de la comunidad de San José Principio Santa Cruz, Anastasio Zapana Gutiérrez, manifestó “Está muy bien, porque estuvimos preocupados toda la población por las concesiones que afectan nuestros terrenos, ya que nosotros vivimos de nuestros animales, tenemos nuestros alfalfares en toda la pampa de Atuncolla”

Las poblaciones afectadas por las concesiones meneras no metálicas

A pesar de los avances de las 11 comunidades de Atuncolla el año pasado, que recibieron la sentencia histórica a favor de la defensa de los derechos de las comunidades originarias, los pobladores del distrito de Atuncolla de la provincia de Puno ahora tienen una nueva preocupación de una posible afectación de las tierras comunales por la empresa de Cemento Sur S.A.A. (ahora CALCESUR). Como se recuerda, en una reunión informativa en el salón municipal del distrito de Atuncolla el día 23 de noviembre del año pasado, se dio a conocer sobre la afectación de concesión minera en la zona, ante la presencia de sub prefecto distrital de Atuncolla, Leocadio Paredes Benavente, Gerente de la Municipalidad de Atuncolla, Cristóbal Yugra Villanueva, Director de Derechos Humanos y Medio Ambiente, y las comunidades afectadas por la concesión minera de Cemento Sur.

En su momento los participantes expresaron sus preocupaciones a las autoridades ediles presentes; refiriéndose al respecto el Gerente Municipal del distrito Atuncolla que: “A veces, cuando existe una intervención de un proyecto minero de cualquier índole, se requiere de una aprobación del impacto ambiental, muchas veces estos tipos de impactos ambientales se aprueban en un salón y muchas veces no se informa (...) Años anteriores hemos visto como en lugares aledaños la polvareda tapaba los pastos…” También se dirigió el Sub prefecto distrital, Leocadio Paredes Benavente, indicando que: “Cada gobierno viene con sus propias políticas y se debe tomar en cuenta a las poblaciones que vivimos en zonas rurales”. Asimismo un poblador que se ha identificado como trabajador de Cemento Sur indicó: “Cemento Sur engaña a los pobladores de las comunidades de San José de Principio y Buena Vista, Buena Vista San Francisco, ya que posiblemente estarían conversando con algunos pobladores de la zona para el ingreso de la empresa al lugar y estarían engañando con la compra de terrenos a 40 céntimos de sol el metro cuadrado y con unos arreglos de las viviendas a cambio de que la comunidad deje pase libre a los operarios de la empresa Cemento Sur”. En la misma reunión fue desmentido dicha afirmación por los pobladores de la Comunidad de San José de Principio.

En la actualidad la región Puno existen 1679 concesiones tituladas y 1140 concesiones en el proceso de trámite y 40 concesiones extinguidas; mientras que en la provincia de Puno existen 140 concesiones titulas, 69 concesiones en proceso de trámite, y, finalmente, en el distrito de Atuncolla existe 2 concesiones tituladas y 1 en proceso de trámite. (datos de a principio de este año)

En el año 2002 la empresa CALCESUR realizó trámites ante la Dirección General de Concesiones Mineras entidad perteneciente al Instituto Nacional de Concesiones y Catastros Mineros, para agrupar las diversas concesiones mineras que poseía en ese entonces denominadas: América, Arequipa, Puno, Cuzco, Ayacucho, Apurímac, Fernando, Anita Nº 2, Pacho, Gransur, Tacna, Moquegua, Rumi I, Rumi II, Inti II, Pukara I, Pukara II, Inka I, Inka II, Inti I, Hatun Colla II y Arapa. A todas estas concesiones las denominó “Acumulación Puno” con una extensión de 7,741.65 hectáreas que abarca los distritos de Atuncolla de la provincia de Puno y Caracoto de la provincia de San Román, el mismo que fue publicada en el diario El Peruano con fecha 9 de agosto de 2002.

Posteriormente, la empresa solicitó exclusión de la concesión de Rumi I (747.18 hectáreas) que finalmente la “Acumulación Puno” cuenta con un área de 6,994.47 hectáreas y las zonas afectadas del distrito de Atuncolla son: Colca Chupa, Puteani Pata, Caracora, Pampa Mayo, Cerro Collana, Chucchutane, Vaquería, Panchita, Pipiache, Cerro Titili, Jepa, Ajollane, Asnochupa, Tijicancha, Quebrada Palcamayo y Pampas Hierro. En total serían 9 comunidades nuevas afectadas por la concesión cementera.

Los pobladores realizan agricultura en la zona.

Análisis de la concesión

¿Por qué CALCESUR ocupa y adquiere concesión en los territorios comunales de Atuncolla? La posición del Ministerio de Energía y Minas y del Instituto Geológico Minero Metalúrgico es que no hay obligación de que consultar a las comunidades originarias respecto a la dación de títulos de concesiones mineras. Por otro lado, existen las normas internacionales que rigen dentro del territorio nacional por ratificación del Estado peruano. Es por ello, aplicando en base al favorecimiento de políticas estatales de inversión privada en actividades extractivas, el Estado perueno viene violando sistemáticamente en los derechos de las comunidades originarias.

Por su parte, Cristóbal Yugra manifestó refiriéndose a la sentencia de las 11 comunidades de Atuncolla “Han hecho un hito a nivel nacional y que beneficia a todas las zonas quechua, aymaras, shipibos, Ashánincas y otros (...) Es un regalo al Perú ya que con la sentencia podría beneficiar a las comunidades afectadas por la empresa cementera en un eventual proceso judicial por la afectación a derecho a la consulta previa a las comunidades quechuas.”

Es por eso, que desde Atuncolla emplazan al estado peruano, ya que las normas internacionales protegen a las comunidades campesinas originarias como el Convenio 169 de la Organización Internacional de Trabajo (OIT), La Declaración Universal de los Derechos Humanos otorgado por Organización de las Naciones Unidas (ONU), la Declaración Americana sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas aprobado por la Organización de los Estados Americanos (OEA) y la Declaración de las Naciones Unidas sobre los derechos de los pueblos indígenas (ONU) y entre otros.

En eventuales emisiones futuras de concesiones mineras, si el estado continúo aplicando las Normas y los Decretos Supremos que no se ajustan a las normas internacionales, lo que va ocurrir es que se siga atropellando los derechos de las comunidades – simplemente con las concesiones que se emitieron sin consultar a las poblaciones rurales ha estado afectando a los derechos de las comunidades campesinas originarias.

Entonces, CALCESUR estaría afectando a las áreas agrícolas, ríos, caminos y poblaciones rurales. Sin embargo, en el legajo de CALCESUR indica que en las zonas de concesión existe: río, relativa zona agropecuaria, carretera pavimentada, posible área urbana de expansión de Caracoto y no tienen ordenanza municipal.

Además, las zonas concesionadas de CALCESUR ya están generando utilidades, porque habría sido realizado hipoteca minera por 16`700,00.00 (Dieciséis millones setecientos mil dólares americanos) poniendo de garantía la concesión minera no metálica “Acumulación Puno” al banco CITIBANK N.A.  Dicha inscripción registral se habría realizado en SUNARP Oficina Registral de Arequipa en fecha 06 de setiembre del 2012.

Dos años más tarde (2014) la hipoteca minera “Acumulación Puno” ha sido ampliando más 2`008,769.40 (Dos millones ocho mil setecientos sesenta y nueve dólares americanos) en el mismo banco CITIBANK N.A. con sede en la ciudad de Lima, hecho que fue realizado el 02 de mayo del 2014 en la Oficina Registral de Arequipa.

Finalmente, la hipoteca minera de “Acumulación Puno” ascendería a 18´708,769.40 (Dieciocho millones setecientos ocho mil setecientos sesenta y nueve dólares americanos)

Los pobladores se didican a la anadería en la zona.

Tres títulos

En la actualidad el terreno estaría sobreponiéndose hasta tres títulos como: título de la propiedad de la comunidad, título de concesión de la minera CALCESUR y una posible propiedad individual de algún comunero. Siendo así, un título de un campesino no puede ser más que el título de la comunidad, ni el título de las concesiones mineras. Por lo tanto, la asamblea de la comunidad puede anular los títulos o testimonios que posee una sola persona dentro del territorio de la comunidad. La idea es que los pobladores de las comunidades que no se dejen sorprender con la compra de terrenos individuales por parte de las empresas extractivas.

Los pobladores han iniciado una acción de amparo con las nueve comunidades que estarían afectados por la concesión de Cemento Sur en el distrito de Atuncolla: Chejollani, Carocoro, Caracoyo, Buena Vista, San José de Principio, Buena Vista San francisco y entre otros.

Protestas de los comuneros del distrito de Caracoto

Por otro lado, el rechazo de los pobladores de la comunidad campesina Canchi Chico del distrito de Caracoto, provincia de San Román-Juliaca, también repudian la concesión de sus terrenos a la empresa CALCESUR (Cementos Sur). Como se recuerda el año pasado los comuneros de esta zona encabezados por su presidente Osvaldo Yana Yana, se movilizaron por las diversas arterias e improvisaron un mitin en la plaza de la ciudad de Juliaca, donde pidieron que se anule la concesión ya que estaría poniendo en riesgo la producción agraria como cañihua, izaño y quinua y otros.

Cemento Sur (CALCESUR) es parte del GRUPO GLORIA

La empresa Cal & Cemento Sur S.A. pertenece al Grupo Gloria S. A. y es una de las 100 empresas multilatinas más grandes de América en el segmento de alimentos, ya que en los últimos tiempos ha estado adquiriendo muchas empresas dentro y fuera del país. Por ejemplo, las alianzas dadas con Votorantim y Grupo Gloria acaban de comprar en Perú la empresa Cementos Otorongo de capitales portugueses.

El Grupo Gloria luego de adquirir por 300 millones de dólares la Sociedad Boliviana de Cementos (SOBOCE) ahora prevé invertir en cuatro cementeras en Bolivia a través de su cementera Yura con la ampliación de cementos de Viacha, Warnes, El Puente y Emisa con una inversión de 250 millones de dólares.

Además, Yura de capitales de Grupo Gloria adquirió el 63.5% de la Unión Cementera Nacional (UCEM) de Ecuador que invertirá 230 millones de dólares.

Grupo Gloria y su producción de etanol, energía y azúcar

Por otra parte, el Grupo Gloria adquirió por US$108 millones por los activos para la producción de etanol en el Perú de Maple Energy, que comprenden 10.000 hectáreas de plantaciones en Piura, una planta de etanol y otra de cogeneración eléctrica, para integrarlos al negocio de etanol que opera en Casagrande y Cartavio, ambas en región de La Libertad. Se conoce que en el 2006 adquirió el 57% de las acciones de la Casa Grande a través de la empresa Corporación Azucarera del Perú S. A. A.

La especialidad de Grupo Gloria

El Grupo Gloria, mediante Gloriaecuador S.A. empresa subsidiaria de José Rodríguez Banda S.A. adquirió el 75% de las acciones de la empresa láctea Lechera Andina S.A. – Leansa de Ecuador. También cerró una exitosa transacción mediante la cual la Compañía Regional de Lácteos y Alimentos de Colombia S.A., empresa subsidiaria de José Rodríguez Banda S.A. – Grupo Gloria, adquirió el 100% de las acciones de la empresa láctea Algarra S. A. de Colombia. Además, la empresa Gloria controla el mayor paquete de acciones de la empresa láctea PIL Andina situada en Santa Cruz, Cochabamba y La Paz en Bolivia.

 

Descargue la admisión de proceso

https://drive.google.com/open?id=0Bwr00pba_rfbU3Atem1GNF83ME0